STC12222-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12222-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03162-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Vivianne Ximena Rozo Almanza contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil; tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado 42\u00b0 Civil del Circuito de esta misma capital, as\u00ed como R&U Constructores S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, el respeto de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la dependencia jurisdiccional acusada. <\/p>\n
De modo concreto, que se ordene dejar sin ning\u00fan valor y efecto lo dirimido desde esa corporaci\u00f3n, en segunda instancia, dentro del dossier ejecutivo singular n.\u00b0 \u00ab2016-00197\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes, los que enseguida se develan: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado 42\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se surti\u00f3 la demanda de ejecuci\u00f3n descrita l\u00edneas arriba, impulsada por R&U Constructores S.A.S. contra la titular del resguardo, en procura de que se librara mandamiento de pago por la suma de capital contenida en un pagar\u00e9, m\u00e1s los intereses moratorios. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la contienda all\u00ed desatada provino sentencia el 15 de octubre de 2019, la cual dispuso seguir adelante el cobro y desestimar las excepciones de m\u00e9rito, ratificada por el Tribunal requerido mediante fallo calendado el 5 de marzo de la anualidad en curso, por apelaci\u00f3n de la parte ejecutada (aqu\u00ed tutelante). <\/p>\n
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4. Sostuvo haber intentado el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb frente a la sentencia de alzada, \u00ab(para agotar todos los medios de defensa judicial)\u00bb, pero fue desechado, por \u00abimprocedente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte acab\u00f3 por admitir el libelo supralegal, expidi\u00f3 las comunicaciones de rigor y, adem\u00e1s, llam\u00f3 a rendir los informes de que trata el canon 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado 42\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la pertinencia de las decisiones adoptadas al interior del juicio disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el an\u00e1lisis, de cara a la resoluci\u00f3n a tomar en el sub examine, lo acaparar\u00e1 la sentencia proferida por el Tribunal requerido el 5 de marzo pasado, al ser la que, en \u00faltimas, alberga el objeto de las censuras. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo estrictamente medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)El art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil expresa que el mandato es un negocio jur\u00eddico por el cual \u201cuna persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario\u201d, acto que puede concederse mediante \u201c(\u2026) escritura p\u00fablica o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y a\u00fan por la aquiescencia t\u00e1cita de una persona a la gesti\u00f3n de sus negocios por otra (\u2026)\u201d a voces del canon 2149 de la misma codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: \u201c(\u2026) Desde el punto de vista jur\u00eddico, la noci\u00f3n de mandato viene asociada a la idea de favor o de encargo, ya sea que el colaborador act\u00fae en nombre propio o en nombre de quien requiere del auxilio ajeno. Se trata, entonces, de un instrumento de integraci\u00f3n y colaboraci\u00f3n que facilita satisfacer intereses del comitente, en cuyo beneficio se realizan actos que por circunstancias de diversa \u00edndole, no puede o no desea llevar a cabo \u00e9l directamente. Tal herramienta permite, pues, que a trav\u00e9s de una superposici\u00f3n personal, un sujeto de derecho realice una gesti\u00f3n por o para otro, ya como simple benevolencia, ora a cambio de una contraprestaci\u00f3n\u201d [CSJ SC, 27 mar. 2012, rad. 2003-00178-01]. <\/p>\n
Ahora bien, el mandato puede ser espec\u00edfico cuando abarca \u201c (\u2026) uno o m\u00e1s negocios especialmente determinados (\u2026) \u201d; o general, si se otorga para \u201c(\u2026) todos los negocios del mandante (\u2026)\u201d, incluso si se estipula \u201c(\u2026) una o m\u00e1s excepciones determinadas (\u2026)\u201d, conforme lo dispone el art\u00edculo 2156 de la ley civil. <\/p>\n
En lo concerniente a la gesti\u00f3n que puede desarrollar el mandatario a trav\u00e9s de un poder general, la jurisprudencia ha explicado que \u00e9ste permite ejecutar actos de administraci\u00f3n, \u201c(\u2026) pero no lo faculta para los dispositivos salvo que en dicho poder se otorgue autorizaci\u00f3n expresa para ejecutar determinada clase de actos, como vender, hipotecar, etc.\u201d [CSJ SC, 26 feb. 1913]. <\/p>\n
Del examen de la prueba documental, surge evidente que mediante escritura p\u00fablica N\u00b0 626 del 30 de marzo de 2015, expedida en la Notar\u00eda 34 de Bogot\u00e1, la ejecutada facult\u00f3 al se\u00f1or Henry Alexander S\u00e1nchez Novoa, a fin de que en su condici\u00f3n de mandatario administrara el bien ubicado en la carrera 68 N\u00b0 175-80, habi\u00e9ndolo autorizado, adem\u00e1s, para el recaudo de intereses, frutos y productos; la celebraci\u00f3n de cualquier contrato necesario para la administraci\u00f3n del bien; la transferencia del predio a cualquier t\u00edtulo; la suscripci\u00f3n u otorgamiento de garant\u00edas hipotecarias, prendarias o personales de cualquier tipo o naturaleza jur\u00eddica respecto del bien; y, la cancelaci\u00f3n de grav\u00e1menes, limitaciones o medidas cautelares (fls. 14 a 17, Cd. 1). <\/p>\n
Quiere ello decir, sin duda alguna, que el se\u00f1or Henry Alexander S\u00e1nchez Novoa gozaba de plena facultad para solicitar el cr\u00e9dito en nombre de la mandante, con respaldo en el inmueble de su propiedad, acto que fue materializado con la suscripci\u00f3n del pagar\u00e9 y el contrato de mutuo que reposan a folios 3 a 6 del cuaderno principal. <\/p>\n
Ahora, a pesar que la tesis defensiva fue insistente en afirmar que el referido instrumento p\u00fablico se sign\u00f3 bajo \u201cpresi\u00f3n y enga\u00f1o\u201d porque la otorgante supon\u00eda que se trataba de un poder especial y no general, por medio del cual se autorizaba la solicitud de un pr\u00e9stamo por una cifra inferior, ha de advertirse que ning\u00fan trabajo probatorio despleg\u00f3 para corroborar tal circunstancia, por lo que, en verdad, los vicios que alega se supeditaron a la simple ret\u00f3rica de parte que la dejan en un escenario meramente dial\u00e9ctico pero sin el soporte f\u00e1ctico anunciado[.] <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Frente al negocio jur\u00eddico que dio origen a la suscripci\u00f3n del t\u00edtulo valor, las pruebas documentales dan cuenta que consisti\u00f3 en un pr\u00e9stamo en el que se ofreci\u00f3 como garant\u00eda de pago el inmueble de titularidad de la pasiva, tal y como consta en el contrato de mutuo comercial de fecha 10 de abril de 2015, as\u00ed como en el recibo de caja expedido en la misma fecha, suscrito por el mandatario\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[D]ebe decirse que m\u00e1s all\u00e1 de la destinaci\u00f3n que se pretend\u00eda dar al cr\u00e9dito, ya sea al pago de la hipoteca que presuntamente afect\u00f3 el bien o cualquier otro designio, lo cierto es que la convocada no logr\u00f3 desvirtuar que obtuvo la contraprestaci\u00f3n alegada; por el contrario, en su declaraci\u00f3n refiri\u00f3 que ten\u00eda plena convicci\u00f3n en que su mandatario recibi\u00f3 el dinero y que, debido a ello, el se\u00f1or S\u00e1nchez Novoa suscribi\u00f3 en su favor un pagar\u00e9 por la suma de $ 1.734.000.000, cartular que fue cobrado por v\u00eda compulsiva y cuenta con sentencia favorable a la hoy ejecutada conforme a la documental visible a cuaderno 6\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento jur\u00eddico, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, la accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal acusado confirm\u00f3, en apelaci\u00f3n, la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n impulsada por R&U Constructores S.A.S. en contra de ella, al estimar que el mandatario general \u00abgozaba de plena facultad para solicitar el cr\u00e9dito en [su] nombre\u00bb, conforme al poder general conferido mediante escritura p\u00fablica de 30 de marzo de 2015, encontr\u00e1ndose as\u00ed directamente obligada. <\/p>\n
Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobarlos de plano o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 01050). <\/p>\n
Total, es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, per se en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 00125-01; reiterado en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, entonces, resolver adversamente, por lo diserto en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, deniega el resguardo aclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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