STC12223-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC12223-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03174-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Edificio Zappan Chic\u00f3 \u2013 Propiedad Horizontal contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abdoble instancia\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abdeclarar sin valor y efecto, el auto de fecha 20 de mayo de 2021\u2026\u00bb; que el Tribunal acusado tenga \u00aben cuenta el escrito contentivo de los reparos concretos y debidamente sustentados presentados al Despacho desde el 16 de marzo de 2020\u00bb y \u00abcon sustento en el Art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, ordenar correr traslado a la Compa\u00f1\u00eda de Construcciones Andes – Coandes SAS, sin perjuicio de la facultad oficiosa que la ley procesal le otorga para decretar la pruebas, con miras a obtener la sentencia en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Edificio Zappan Chic\u00f3 \u2013 Propiedad Horizontal instaur\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra la Compa\u00f1\u00eda de Construcciones Andes Coandes S.A., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 a la Superintendencia de Industria y Comercio, la que dict\u00f3 sentencia el 12 de marzo de 2020 denegando las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, el Tribunal criticado admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y con autos de 20 de mayo de 2021 declar\u00f3 desierta la misma y desestim\u00f3 la nulidad impetrada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que en agosto de 2019 instaur\u00f3 la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor por efectividad de la garant\u00eda legal de los 10 a\u00f1os, en virtud de las deflexiones sobre la estructura que se presentan fuera de los rangos permitidos y que afectan el comportamiento de la fachada, vigas, pisos, s\u00f3tanos e internamente de los inmuebles; y que en la audiencia de 12 de marzo de 2020 se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n y se negaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que por la pandemia se declar\u00f3 la emergencia sanitaria en el territorio nacional y se adoptaron medidas para hacerle frente al virus; que el Consejo Superior de la Judicatura suspendi\u00f3 t\u00e9rminos a partir del 16 de marzo hasta el 1\u00ba de julio de 2020, mientras que la Superintendencia convocada del 16 de marzo al 30 de mayo del mismo a\u00f1o; y que el Gobierno Nacional expidi\u00f3 el Decreto 806 de 2020, el que en el art\u00edculo 14 regula el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n contra sentencias. <\/p>\n
2.5. Adujo que en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso y dentro de los t\u00e9rminos de ley, present\u00f3 los reparos concretos debidamente sustentados contra la sentencia de primer grado, exponiendo con detalle las razones de su desacuerdo; que el 29 de julio de 2020 la Superintendencia remiti\u00f3 copia del expediente al Tribunal; que junto con su apoderada hicieron seguimiento del proceso a trav\u00e9s de la plataforma Siglo XXI, empero, al consultar el proceso con su nombre o con el radicado del a-quo, no arrojaba resultado alguno. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, enviado el 26 de octubre de 2020, le solicit\u00f3 al Tribunal querellado que todas las actuaciones que se derivaran del tr\u00e1mite fueran notificadas a los correos \u00abcontactenos@ilconsultores.com.co y edificiozappanchico@gmail.co.\u00bb, por lo que dicha Corporaci\u00f3n le inform\u00f3 el n\u00famero para consulta de proceso, as\u00ed como le remiti\u00f3 el respectivo link. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el n\u00famero con el que se registr\u00f3 el proceso en el Tribunal, no correspond\u00eda con el de la Superintendencia, adem\u00e1s que en el nombre del demandante se omiti\u00f3 una letra, lo que imped\u00eda su b\u00fasqueda, pese a ser la \u00fanica forma de consultar las diligencias; que se transgredi\u00f3 el principio de confianza leg\u00edtima, pues la consulta en Siglo XXI, no contiene informaci\u00f3n veraz y precisa; y que por lo anterior se vio obligado a enviar un correo averiguando por el estado del proceso, \u00abencontr\u00e1ndose con la mala fortuna que el Tribunal Superior ya se hab\u00eda pronunciado sobre la admisi\u00f3n del recurso y hab\u00eda corrido traslado para su sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que el 15 de septiembre de 2020 se admiti\u00f3 la alzada y se conmin\u00f3 al apelante a presentar la sustentaci\u00f3n del recurso dentro de los cinco d\u00edas siguientes, pese a que en el expediente ya reposaba el memorial con los reparos concretos y su sustentaci\u00f3n desde el 16 de marzo de 2020; y que como no se enter\u00f3 de dicha providencia, no pudo presentar nuevamente memorial reiterando sus argumentos, declar\u00e1ndose as\u00ed desierto el recurso. <\/p>\n
2.9. Afirm\u00f3 que el anotado auto de 15 de septiembre de 2020 no fue notificado en debida forma y que aunque el C\u00f3digo General del Proceso, ni el Decreto Legislativo 806 de 2020, exig\u00edan remitir por correo electr\u00f3nico las providencias que se emitieran, el objeto de los procedimientos era la materializaci\u00f3n del derecho sustancial, por lo que interpuso un incidente de nulidad con fundamento en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, el que con prove\u00eddo de 20 de mayo de 2021 fue denegado. <\/p>\n
2.10. Manifest\u00f3 que se encontraba ante una situaci\u00f3n excepcional generada por la pandemia, en la que se adopt\u00f3 una normativa procesal transitoria, sin embargo, la autoridad acusada emiti\u00f3 sus decisiones con excesivo rigorismo; que se desconoci\u00f3 que ya hab\u00eda presentado la sustentaci\u00f3n; que la Corte Suprema de Justicia hab\u00eda concedido el amparo cuando el escrito se hallaba dentro del expediente; que se encontraban frente a la protecci\u00f3n de derechos que ten\u00eda como consumidor inmobiliario; y que el defectuoso tr\u00e1mite surtido justificaba la intervenci\u00f3n del juzgador de tutela. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que se remit\u00eda a las consideraciones expuestas en las decisiones criticadas. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Industria y Comercio refiri\u00f3 que no le correspond\u00eda emitir pronunciamiento, pues las quejas se dirig\u00edan a la actuaci\u00f3n del Tribunal querellado; que si bien la parte accionante present\u00f3 reparos de manera verbal y posteriormente los aport\u00f3 de forma escrita, ello no la exim\u00eda de la obligaci\u00f3n de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico; que se garantiz\u00f3 el debido proceso; que durante todo el tr\u00e1mite actu\u00f3 eficazmente para proteger y promover los derechos de las partes, en observancia a los postulados de la Ley 1480 de 2011 y el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es improcedente, comoquiera que el promotor desaprovech\u00f3 el mecanismo ordinario de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, pues guard\u00f3 silencio frente a los prove\u00eddos de 20 de mayo de 2021, con los que se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n y se desestim\u00f3 la nulidad impetrada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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