STC12224-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12224-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03177-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Andr\u00e9s Garz\u00f3n Baquero contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor de la salvaguarda reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada al dictar el fallo de segundo grado en el juicio ejecutivo criticado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la Colegiatura accionada revocar \u00abla providencia del 1 de julio de 2021\u00bb, corregir los defectos en los que incurri\u00f3 y continuar la ejecuci\u00f3n soportada en las 25 facturas aportadas como t\u00edtulos objeto de recaudo. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los que as\u00ed se sintetizan: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo impulsado por el accionante, \u00abcomo cesionario de V\u00edas A\u00e9reas Nacionales VIANA S.A.S.\u00bb, contra la \u00abUni\u00f3n Temporal AEROMAG PTG, integrada por Prospectors Aerolevantamientos e Sistemas, Sucursal Colombia, y Terraquest LTD, Sucursal Colombia\u00bb, para obtener el pago de 25 facturas cambiarias, el 30 de enero de 2019 se libr\u00f3 orden de apremio y, surtidas las etapas de rigor, el 16 de septiembre de 2020 el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, en la cual \u00ab[d]eclar\u00f3 terminado el proceso por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, al concluir que \u00abuna sucursal de una empresa extranjera, es un establecimiento de comercio, que no es sujeto de derechos y obligaciones, por lo que no pod\u00eda ser convocada al tr\u00e1mite judicial. En su lugar, deb\u00edan haber sido demandadas las sociedades no nacionales, a trav\u00e9s de sus apoderados\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 1\u00ba de julio de 2021 el Tribunal convocado modific\u00f3 esa decisi\u00f3n, en el sentido de revocar el anterior se\u00f1alamiento y, en su lugar, \u00abdeclarar probada la excepci\u00f3n de inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo propuesta por el extremo demandado\u00bb y, en consecuencia, \u00abnegar la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb, porque, en lo medular, \u00abde la informaci\u00f3n contenida en las facturas, f\u00e1cilmente se observa que en ninguno de los documentos consta el recibido, en los t\u00e9rminos exigidos por la norma\u00bb. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela el quejoso, en concreto, sostuvo que el ad-quem accionado dio por demostrado un medio exceptivo \u00absin prueba, incurriendo en v\u00edas de hecho y restantes defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento de precedente\u00bb, comoquiera que en el caso concreto pas\u00f3 por alto que se present\u00f3 la figura de la \u00abaceptaci\u00f3n t\u00e1cita de las facturas\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de tutela, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 remitirse \u00abal contenido de la sentencia dictada el 1 de julio de esta anualidad, y de la providencia que neg\u00f3 su adici\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque, aunque conoci\u00f3 en primera instancia del juicio reprochado, lo cierto es que la queja planteada en sede constitucional recae sobre la decisi\u00f3n de su superior, la que modific\u00f3 la suya y sobre la cual no tuvo ni tiene injerencia. <\/p>\n
3. El abogado Santiago Ruiz Nieto, quien dijo actuar como \u00abapoderado especial de Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas Sucursal Colombia\u2026, Terraquest Ltd Sucursal Colombia\u2026 y de la Uni\u00f3n Temporal Aeromag Ptg\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el mandato especial conferido por esos sujetos para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite excepcional, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa el fracaso de la salvaguarda propuesta, porque no luce arbitraria la sentencia del 1\u00ba de julio de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Tribunal encausado modific\u00f3 la dictada el 16 de septiembre de 2020 por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el sentido de no continuar la ejecuci\u00f3n al hallar demostrada \u00abla excepci\u00f3n de inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo propuesta por el extremo demandado\u00bb. <\/p>\n
2.1. En efecto, para lo que aqu\u00ed interesa, tras referenciar algunas generalidades en torno a los t\u00edtulos ejecutivos, la acci\u00f3n cambiaria y las excepciones viables de proposici\u00f3n frente a \u00e9sta, resalt\u00f3 que los documentos allegados como base de recaudo, para tenerse como t\u00edtulos valores, deb\u00edan satisfacer los requisitos tanto generales como espec\u00edficos que para tal prop\u00f3sito establecen, en su orden, los preceptos 621 y 774 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Por ese rumbo, resalt\u00f3 que tales \u00abexigencias espec\u00edficas para las facturas de venta son la fecha de vencimiento y de recibo de la factura con indicaci\u00f3n del nombre, o identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla, y la constancia en el original de la factura del estado de pago del precio o remuneraci\u00f3n y las condiciones del pago si fuere el caso\u00bb; y de cara al caso concreto dijo: <\/p>\n
Aunque el argumento esencial de la excepci\u00f3n formulada, fue la falta de aceptaci\u00f3n no puede pasarse por alto que para que opere cualquiera de las dos modalidades, expresa o t\u00e1cita, debe tratarse de una factura que re\u00fana la totalidad de los requisitos de los art\u00edculos 621 y 774 de la legislaci\u00f3n comercial, que ya fueron enunciados, porque su eficacia cambiaria depende de que as\u00ed acontezca; am\u00e9n que para evaluar la configuraci\u00f3n de ese fen\u00f3meno, \u00abest\u00e1 supeditada a uno de ellos, esto es, al del numeral 2\u00b0, [de la \u00faltima norma] seg\u00fan el cual, deber\u00e1 reunir, \u201c[l]a fecha de recibo de la factura, con indicaci\u00f3n del nombre o identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla seg\u00fan lo establecido en la presente ley. La anotada regla no prev\u00e9 cosa distinta al \u201crecibido de la factura\u201d, o lo que es lo mismo, a la \u201cconstancia de haberse entregado la factura al comprador\u201d\u201d1. <\/p>\n
As\u00ed, un primer aspecto que se advierte es el mencionado por la parte ejecutada diciendo que en los documentos enunciados \u201cla firma de quien lo crea es distinta a la de su representante legal\u201d, ya que \u201cen un comparativo con las dem\u00e1s facturas\u201d, se observa que, \u201cfueron suscritos por persona diferente\u201d, refiri\u00e9ndose a las facturas 4636 y 4637, emitidas por $12.800.000 y 28.578.333, pero revisadas, f\u00e1cilmente se advierte que no son las que se est\u00e1n ejecutando, en tanto fueron reemplazadas por las 4651 y 4652, situaci\u00f3n que no fue atacada por las demandadas, por lo que esta defensa no puede prosperar. <\/p>\n
Pasando al tema de la aceptaci\u00f3n de las facturas, recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 773 del C. de Co., permite que sea expresa o t\u00e1cita. \u201cLa primera acaece cuando la persona que recibe unas mercanc\u00edas o servicios hace constar expl\u00edcitamente su aceptaci\u00f3n en la factura mediante su firma y el uso de la palabra \u201cacepto\u201d u otro equivalente\u201d2. La segunda se presenta cuando \u00abno se reclama contra el contenido de la factura \u201cbien sea mediante devoluci\u00f3n de la misma y de los documentos de despacho, seg\u00fan el caso, o bien mediante reclamo escrito dentro de los tres (3) d\u00edas calendarios siguientes a su recepci\u00f3n\u201d, seg\u00fan la regla 773 del C. de Co. se \u201c(\u2026) considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio\u201d\u00bb3. <\/p>\n
Igualmente, debe diferenciarse el recibo de la mercanc\u00eda o del servicio por parte del comprador del bien o beneficiario que seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 773 \u201cdeber\u00e1 constar\u2026 en la factura y\/o en la gu\u00eda de transporte, seg\u00fan el caso, indicando el nombre, identificaci\u00f3n o la firma de quien recibe, y la fecha\u201d, del recibo de la factura, previsto en el inciso tercero, que da lugar a que se considere \u201cirrevocablemente aceptada… si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devoluci\u00f3n de la misma y de los documentos de despacho, seg\u00fan el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del t\u00edtulo, dentro de los diez (10) d\u00edas calendarios siguientes a su recepci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, luego de rese\u00f1ar algunos apartes de los preceptos 773 y 774 del C\u00f3digo de Comercio, destac\u00f3 que \u00aben ninguno de los documentos consta el recibido, en los t\u00e9rminos exigidos por la norma\u00bb; y si bien \u00ab[p]ara acreditar el requisito echado de menos, la ejecutante aport\u00f3 \u201cel certificado de entrega positivo de lnterrapidisimo # 700020294724\u201d\u2026 del 9 de agosto de 2018, en el que consta la direcci\u00f3n del destinatario\u2026, el contenido del env\u00edo: \u201c24 facturas originales, 1 resoluci\u00f3n de facturaci\u00f3n\u201d y la persona que lo recibi\u00f3\u00bb, lo cierto es que el mismo era insuficiente para tal prop\u00f3sito, porque \u00ab[a]unque\u2026 tiene la firma de quien recibe y la fecha, no da evidencia de cu\u00e1les fueron las facturas de venta remitidas a la demandada, es m\u00e1s el documento refiere a 24, cuando la ejecuci\u00f3n se reclama por 25\u00bb; por lo cual, concluy\u00f3, que \u00abla constancia no prueba la recepci\u00f3n de las facturas por las sociedades ejecutadas que permita considerarlas irrevocablemente aceptadas porque no es posible computar el t\u00e9rmino de \u201ctres (3) d\u00edas calendario siguientes a su recepci\u00f3n\u201d con que cuenta \u201cel comprador o beneficiario del servicio\u201d, para reclamar \u201cen contra de su contenido\u201d, bien sea mediante devoluci\u00f3n de la factura o reclamo escrito dirigido al emisor\u00bb (se destac\u00f3); sumado a que \u00ab[l]o mismo sucede con las comunicaciones electr\u00f3nicas del 28 de agosto de 2018, porque no suplen la constancia de recibo y tampoco identifican las que fueron enviadas por ese medio con el prop\u00f3sito de reclamar su pago\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala halla que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada, contrario a lo aducido por \u00e9l, con apoyo en las normas, doctrina y jurisprudencia que encontr\u00f3 aplicables al asunto, bajo el an\u00e1lisis conjunto de los medios suasorios recaudados, muy a pesar de las alegaciones del accionante, concluy\u00f3 que en el caso concreto no se configur\u00f3 la \u00abaceptaci\u00f3n t\u00e1cita\u00bb de las facturas porque, como viene de verse, \u00abni con la constancia de la empresa de mensajer\u00eda, ni con los correos electr\u00f3nicos enviados se satisface el requisito del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 774 del C. de Co.; en consecuencia, los documentos presentados no tienen el car\u00e1cter de t\u00edtulos-valores, en su especie de facturas de venta\u00bb; en cuyo caso tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador com\u00fan, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al particular se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo anterior para negar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no impugnarse este fallo, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC10317-2020. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC290-2021. <\/p>\n
3\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
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