STC12225-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12225-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03194-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mireya Triana de Basto contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad privada y \u00ablibertad de asociaci\u00f3n en su aspecto negativo\u00bb, que dijo vulnerados por la autoridad judicial acusada con el auto de 13 de agosto de 2021 en el juicio ejecutivo con radicado 2019-00693. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse revoque el auto proferido por el ad quem y en su lugar, el Juez de Tutela confirme el auto del 05 de diciembre de 2019, mediante el cual se libra mandamiento de pago [a su] favor\u2026 en contra del Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acac\u00edas por la suma de $2.083.724.149\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mireya Triana de Basto inco\u00f3 juicio ejecutivo contra el Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A. exigiendo la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n contenida en una sentencia emitida por la Superintendencia de Sociedades el 12 de marzo de 2019, al interior del proceso verbal sumario n\u00b0 2017-800-00190; el conocimiento le fue asignado al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, autoridad que el 5 de diciembre de 2019 libr\u00f3 mandamiento de pago y, notificada la ejecutada, formul\u00f3 reposici\u00f3n contra la orden de apremio, tras advertir que el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n no era exigible. <\/p>\n
2.2. El 24 de agosto de 2020 el Juzgado revoc\u00f3 el mandamiento de pago; determinaci\u00f3n confirmada el 13 de agosto de 2021 por el Tribunal, al considerar, en s\u00edntesis, que el fallo emitido por el despacho Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad, al interior del proceso declarativo promovido por la ac\u00e1 accionante ten\u00eda tal incidencia en el proceso cuya sentencia se pide ejecuci\u00f3n, que hac\u00eda que dicho fallo no fuera actualmente exigible, incumpliendo los presupuestos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, porque el Tribunal \u00abno tuvo en cuenta las consideraciones en la sentencia de la Superintendencia y las pruebas en el expediente del proceso ejecutivo, entre ellas, el acta de conciliaci\u00f3n prejudicial n\u00b0 2017-01-242469 de 05 de mayo de 2017 y los documentos anexos a la misma (allegados al descorrer el recurso interpuesto por la ejecutada), en los cuales consta que la\u2026 representante legal del Restaurante SI agot\u00f3 los tres (3) puntos que el Tribunal echa de menos\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que en el juicio ejecutivo reposan medios suasorios que dan cuenta de que \u00abla administraci\u00f3n del Restaurante s\u00ed agot\u00f3 el procedimiento previsto en la ley para el ejercicio del derecho de retiro; vale decir, ofreci\u00f3 las 24.499.990 acciones suscritas y pagadas por [ella] a los otros accionistas, quienes consideraron el valor fijado para las acciones como exorbitante, discrepancia que activ\u00f3 el procedimiento previsto en la ley ante la Superintendencia\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que el mandatario, al interior del juicio adelantado en el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, reconoci\u00f3 que el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 15 de la Ley 222 de 1995 se adelant\u00f3 debidamente, por lo que se debe tener en cuenta dicha manifestaci\u00f3n, al margen de lo que all\u00ed se resolvi\u00f3. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada le genera un perjuicio irremediable, por cuento el restaurante \u00abfue admitido por la Superintendencia a un proceso de liquidaci\u00f3n judicial, dentro del cual ya se agot\u00f3 el proceso de venta de los inmuebles y lo que contin\u00faa es la adjudicaci\u00f3n en cabeza de todos y cada uno de los acreedores del restaurante, calidad que, por virtud de la revocatoria del auto de mandamiento de pago, no ostenta\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 la improcedencia del resguardo, por cuanto la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia, sumado a que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades \u2013 Delegatura de Procedimientos de Insolvencia pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que la solicitud de amparo se promovi\u00f3 en contra del actuar del Tribunal, que no del tr\u00e1mite que adelant\u00f3 esa entidad; relat\u00f3 las actuaciones adelantadas al interior del proceso de insolvencia que adelanta el Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A. -en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
En escrito aparte, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso verbal sumario n\u00b0 2017-800-00190 instaurado por el Restaurante T\u00edpico Las Acacias S.A. contra la actora y otros, en el marco de la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 136 de la Ley 446 de 1998, que culmin\u00f3 con sentencia aceptando la valoraci\u00f3n de las acciones efectuadas por el perito designado; remiti\u00f3 link con el fin de consultar el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que en la decisi\u00f3n de 13 de agosto de 2021, que confirm\u00f3 la proferida el 24 de agosto anterior por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante la cual se revoc\u00f3 el mandamiento de pago, la colegiatura acusada interpret\u00f3 las normas aplicables al caso concreto y valor\u00f3 las pruebas all\u00ed recaudadas, sin que su conclusi\u00f3n resulte caprichosa o arbitraria. <\/p>\n
En efecto, tras citar las disposiciones del t\u00edtulo ejecutivo y del mandamiento de pago (arts. 422 y 430 del CGP), examin\u00f3 de manera cronol\u00f3gica los aspectos con mayor relevancia, precisando que: <\/p>\n
\u20267.1. En el mes de junio de 2016, Mireya Triana de Basto [ejecutante] junto con otras accionistas del Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A., ejercieron su derecho de \u201cretiro\u201d de la compa\u00f1\u00eda, consagrado en la Ley 222 de 1995, motivo por el cual, su representante legal ofreci\u00f3 a los dem\u00e1s socios las acciones de dichas ciudadanas, \u00faltimos estos que se abstuvieron de realizar alg\u00fan ofrecimiento, por falta de inter\u00e9s, lo que ocasion\u00f3 el respectivo \u201c reembolso\u201d a las disidentes, toda vez que en la empresa no exist\u00edan utilidades l\u00edquidas o reservas constituidas para efecto de readquirirlas. <\/p>\n
7.2. En marzo de 2017, entre otras, la se\u00f1ora Triana de Basto, demandaron a las administradoras de la sociedad [Mary Luz y Gloria Helena Montoya Parra] y solicitaron, entre otros: (i) se declarara que hab\u00edan incumplido sus deberes por no haber dado cumplimiento \u201cal procedimiento establecidos en la Ley para el ejercicio\u201d de su derecho de retiro; (ii) se les removiera de sus cargos y, iii) se le ordenara a la Junta Directiva que se reuniera y designara nuevos Gerentes y Representantes Legales \u201cquienes deber[\u00edan]\u201d cumplir con el tr\u00e1mite previsto en la Ley 222 de 1995, para el ejercicio de su derecho de retiro. <\/p>\n
7.3. Entre tanto, en junio de 2017, el Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A., a la luz de lo dispuesto en los art\u00edculos 135 y 136 de la Ley 446 de 1998, solicit\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, que, a trav\u00e9s de un proceso verbal sumario, designara un perito avaluador que se encargara de \u201cfijar el valor de las acciones\u201d pose\u00eddas, entre otras, por la se\u00f1ora Mireya Triana de Basto, en la precitada sociedad, para efecto de realizarle el reembolso -aludido en el numeral 7.1. de esta providencia- en la medida en que, previamente, \u00e9sta hab\u00eda hecho uso de su derecho de retiro y exist\u00eda una discrepancia en torno al referido quantum. <\/p>\n
7.4. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia de 12 de marzo de 2019, la Superintendencia de Sociedades acept\u00f3 \u201cla valoraci\u00f3n del perito en la que se tasa el valor de las acciones de propiedad de [\u2026] Mireya Triana de Basto en la suma de $78,70 por acci\u00f3n, la cual al ser indexada con el I.P.C. equivale a $85,05.\u201d. Asimismo, conden\u00f3 en costas a todos los intervinientes <\/p>\n
7.4.1. Para lo anterior, se consider\u00f3: (i) que la entidad se encontraba facultada \u201cpara designar peritos con el fin de fijar el valor de las acciones, cuotas o partes de inter\u00e9s en las circunstancias en las que exista discrepancia [\u2026] en los eventos del ejercicio del derecho de preferencia o reembolso de aportes\u201d como sucedi\u00f3 en el caso puesto en su conocimiento; (ii) que el perito designado valor\u00f3 las respectivas acciones; (iii) que se observaron sendas normas contables y la valoraci\u00f3n reflejaba \u201cla situaci\u00f3n financiera real de la compa\u00f1\u00eda\u201d; (iv) que \u00e9sta fue aceptada y por ello se tas\u00f3 en los valores prementados y, (v) que si bien el art\u00edculo 16 de la Ley 222 de 1995 establece que el reembolso debe realizarse dentro de un plazo de dos (2) meses siguientes al \u201cacuerdo o al dictamen pericial\u201d, para el caso concreto, se estimaba necesario ampliar lo a seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
7.5. Empero, el 23 de agosto de 2019, el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia dentro del proceso incoado por Triana de Bastos en contra de las administradoras de la sociedad [Cfr. Num. 7.2. Supra] y dispuso, en lo medular: (i) \u201cDeclarar que Mary Luz Montoya Parra infringi\u00f3 sus deberes como administradora [\u2026] al no dar cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 15 de la Ley 222 de 1995 sobre el derecho de retiro\u201d; (ii) \u201cOrdenar a la representante legal del Restaurante T\u00edpico Antioque\u00f1o Las Acacias S.A. a que dentro de los cinco d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de ejecutoria de [la] sentencia\u201d: a). \u201cofrezca a los dem\u00e1s accionistas las acciones que detentan las demandantes [\u2026] Mireya Triana de Basto, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo [precitado]\u201d b) \u201cen caso de que los dem\u00e1s accionistas no adquieren o adquieren parcialmente, las acciones ofrecidas por las demandantes referenciadas en el numeral anterior, contin\u00fae con el procedimiento\u201d y, c) \u201cen caso de llegarse al supuesto contenido en el art\u00edculo 16 de la Ley 222 [\u2026] para efecto del reembolso, se tome el mayor valor entre el valor de las acciones para la \u00e9poca en que las demandantes ejercieron el derecho de retiro y el valor de las acciones apara \u00e9poca en que los peritos efect\u00faen el aval\u00fao a que se refiere la norma\u201d. [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
7.6. C\u00f3mo se vio en los antecedentes [Num. 1.] el 1\u00b0 de noviembre de 2019, la se\u00f1ora Mireya Triana de Basto invoc\u00f3 la acci\u00f3n ejecutiva bajo estudio, con el fin de obtener el pago de $2.083\u2019724.149,00, equivalentes al valor de las \u201cacciones\u201d indicadas en el numeral 1\u00ba de la Sentencia de 12 de marzo de 2019, emitida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades, dentro del proceso verbal sumario radicado bajo el No. 2017- 800-00190, m\u00e1s los intereses moratorios sobre dicha cifra, a la tasa m\u00e1xima certificada, desde el 8 de septiembre de 2019 y hasta que se realice el pago, toda vez que, vencidos los seis (6) meses mencionados en la parte considerativa de dicha providencia, no recibi\u00f3 el pago ordenado. El mandamiento de pago fue proferido el 5 de diciembre de 2019. <\/p>\n
7.7. Conforme a lo se\u00f1alado por el apoderado judicial de la ejecutante, al momento de descorrer el recurso de reposici\u00f3n que fue interpuesto contra la orden apremio, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, fue confirmada por esta Corporaci\u00f3n el 13 de diciembre de la misma anualidad. <\/p>\n
Seguidamente, tras el relato del devenir procesal, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026si bien es cierto, que previo al fallo proferido por la Superintendencia de Sociedades, que fue tra\u00edda como base de la acci\u00f3n ejecutiva, ya se hab\u00eda intentado el tr\u00e1mite concebido en l[a] Ley 222 de 1995, en torno al ejercicio del derecho de retiro activado, entre otras, por la se\u00f1ora Mireya Triana de Basto [ejecutante] lo que impuls\u00f3 el \u201creembolso\u201d por cuenta del cual se suscit\u00f3 la supuesta discrepancia que fundament\u00f3 la demanda de designaci\u00f3n de perito incoada por la sociedad, ante la Delegatura en comento, cuyo fallo se emiti\u00f3 en marzo de 2019, no menos cierto resulta que, por cuenta de la demanda concomitantemente impetrada por las accionistas disidentes, el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, modific\u00f3 con su fallo el panorama inicialmente observado y agreg\u00f3 otros elementos jur\u00eddicamente relevantes, que debieron tenerse en cuenta por parte del extremo activo. <\/p>\n
8.1. Ciertamente, en esta decisi\u00f3n se encontr\u00f3 que, en realidad, la administradora de la sociedad no hab\u00eda cumplido con lo normado en la tantas veces recordada Ley 222, habida cuenta que: 1ro. La oferta que deb\u00eda realizar no se hizo en favor de todos los accionistas que pod\u00edan estar interesados en adquirir las acciones ofrecidas; 2do. No se evidenci\u00f3 una discrepancia sobre el precio de las mismas, dentro del t\u00e9rmino concebido en dicho plexo normativo [15 d\u00edas] y; 3ro. No se convoc\u00f3 a asamblea general de accionistas con el fin de aprobar o improbar la readquisici\u00f3n de las acciones, haciendo hincapi\u00e9 en que \u201cla presentaci\u00f3n de una demanda ante la Superintendencia de Sociedades (fol. 307) para la valoraci\u00f3n de acciones mediante la designaci\u00f3n de un perito, por si sola, no da cuenta de haber cumplido con el especial procedimiento previsto\u201d, por lo que era necesario ordenar el cabal cumplimiento de la norma. <\/p>\n
9. Claramente, de haberse aportado esta decisi\u00f3n a la presente ejecuci\u00f3n, el escenario decisorio para la primera instancia hubiese sido otro muy distinto, toda vez que no era factible sostener que la Sentencia de la Superintendencia, per se, establec\u00eda una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a cargo de la sociedad, ya que el ingrediente adicional refleja una clara condici\u00f3n que deb\u00eda agotarse, previo a arribar, nuevamente, al momento en que la valoraci\u00f3n de los peritos sirviera como sustrato para realizar u ordenar de manera coercitiva el reembolso aspirado. <\/p>\n
10. As\u00ed, emerge evidente que la sentencia tra\u00edda como base de la ejecuci\u00f3n no es aut\u00f3noma, toda vez que comparte sendos vasos comunicantes con la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta capital, ya que \u00e9sta \u00faltima, orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite que origin\u00f3 la designaci\u00f3n de los peritos que avaluaron las al\u00edcuotas cuyo pago dispuso la superintendencia. Claramente, esta \u00faltima entidad no evidenci\u00f3 las omisiones dilucidadas por el juzgado civil, por lo que -dicho sea de paso- el panorama tambi\u00e9n hubiese sido otro. <\/p>\n
11. Brota diamantino que la ejecutante estaba en la obligaci\u00f3n, no solo de verificar que, nuevamente, se agotara el tr\u00e1mite que, incluso, por cuenta de su propia demanda se orden\u00f3 reiniciar, para acudir a la ejecuci\u00f3n fallida, portando la totalidad de la documentaci\u00f3n que acreditara el verdadero incumplimiento de la ejecutada, pues, de la que trajo a colaci\u00f3n, carente de la decisi\u00f3n que tres (3) meses antes ya se hab\u00eda proferido sobre el particular, no se pod\u00edan desprender los espec\u00edficos requisitos establecidos por el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada interpret\u00f3 las normas que regulan el caso concreto y valor\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, concluyendo que, la sentencia base de ejecuci\u00f3n no era exigible, por cuanto la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite dispuesto en la Ley 222 de 1995 con el fin de impulsar el reembolso, y que fue aqu\u00e9l el que origin\u00f3 la designaci\u00f3n de peritos que avaluaron las cuotas cuyo pago dispuso la Superintendencia en el referido fallo tra\u00eddo como t\u00edtulo base de cobro, de ah\u00ed que no se cumpl\u00edan con los presupuestos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso; destacando que, no se advierte un perjuicio irremediable para la gestora, no s\u00f3lo por la ausencia de demostraci\u00f3n del supuesto detrimento que le causa, sino adicionalmente la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n (CSJ STC, 25 feb. 2016, rad. 2015-00957-01). <\/p>\n
En este orden de ideas, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC12225-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12225-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03194-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mireya Triana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57633","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57633","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57633"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57633\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57633"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57633"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57633"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}