STC12226-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12226-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01690-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 19 de agosto de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mauricio Ditta Remolina contra la Delegatura para procesos de Reorganizaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los asuntos cuestionados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vivienda, vida en condiciones dignas, igualdad y petici\u00f3n, que dice vulneradas por la autoridad convocada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos [la decisi\u00f3n proferida en audiencia del] 15 de junio de 2021, por medio de la cual la [accionada] neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n [que present\u00f3]\u2026 y se decrete la nulidad de lo actuado\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que se \u00abproceda a rehacer la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n del cr\u00e9ditos del proceso de reorganizaci\u00f3n [cuestionado] de manera que [su] cr\u00e9dito\u2026 sea incluido como de segunda clase\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante la autoridad accionada se adelanta el proceso de reorganizaci\u00f3n de Qbica Constructores SAS, tr\u00e1mite en el que se reconoci\u00f3 a Mauricio Ditta Remolina como acreedor de la prenotada sociedad. <\/p>\n
2.3. El 12 de marzo de 2019, Mauricio Ditta Remolina formul\u00f3 objeci\u00f3n al mencionado proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de derechos de voto, que se tuvo por extempor\u00e1nea con prove\u00eddo dictado en audiencia del 15 de junio de 2021, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el mencionado acreedor, recurso que fue desestimado en esa misma audiencia. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que \u00aben virtud del art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, dentro del control de legalidad que le asiste al juez del concurso realizar a los procesos, es claro que [sus] acreencias\u2026 deben graduarse y calificarse en segunda clase\u00bb, por lo que su recurso de reposici\u00f3n debi\u00f3 prosperar, con miras a corregir el yerro que se cometi\u00f3 en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n, toda vez que all\u00ed se le catalog\u00f3 como de quita categor\u00eda. <\/p>\n
2.5. De otro lado, precis\u00f3 que el 10 de junio de los corrientes, solicit\u00f3 a la accionada la correcci\u00f3n del error antes mencionado, en ejercicio del control de legalidad de que trata el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, sin haber recibido respuesta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Delegatura para procesos de Reorganizaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades destac\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 29 de la Ley 1116 de 2006 establece un t\u00e9rmino\u2026 de 5 d\u00edas para que, quienes lo consideren pertinente, se opongan al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto\u00bb, oportunidad de la que hizo uso, extempor\u00e1neamente, el tutelante, toda vez que \u00abobjet\u00f3 el proyecto hasta el mes de marzo de 2019, es decir, casi 2 meses despu\u00e9s de haberse vencido el t\u00e9rmino legal en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que \u00abcuando un acreedor objeta el proyecto de manera inoportuna, como en el presente caso, no es una carga del juez del concurso subsanar la negligencia manifiesta de las partes\u2026, para estudiar de fondo o acceder con peticiones propias de la etapa del traslado y resoluci\u00f3n de objeciones presentadas al proyecto\u00bb, so pretexto del ejercicio del control de legalidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abno se re\u00fanen los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra actuaciones judiciales, puesto que al menos el de evidente relevancia constitucional no aparece satisfecho\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor insisti\u00f3 en que su cr\u00e9dito debi\u00f3 calificarse como de segunda clase y no de quinta, yerro que, en su concepto, debi\u00f3 ser corregido por la autoridad convocada; as\u00ed como tambi\u00e9n reiter\u00f3 que su solicitud de 10 de junio no ha sido resuelta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, revisada la demanda de tutela y el escrito de impugnaci\u00f3n, se verifica que la misma se enfila, esencialmente, a cuestionar la calificaci\u00f3n que de la acreencia de Mauricio Ditta Remolina, se efectu\u00f3 en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos presentado en el juicio cuestionado, pues considera el tutelante que su obligaci\u00f3n debi\u00f3 catalogarse de segunda clase y no de quinta, como se consign\u00f3 en el prenotado instrumento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye la Sala que la solicitud de resguardo es inviable, habida cuenta que el promotor del amparo dej\u00f3 de proponer, dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 291 de la ley 1116 de 2006, la correspondiente objeci\u00f3n frente al proyecto de reconocimiento y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto presentados, siendo ese el escenario propicio para debatir en qu\u00e9 \u00abclase\u00bb deb\u00eda ser calificado su cr\u00e9dito. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Ahora, en lo que ata\u00f1e a la decisi\u00f3n adoptada por la querellada el 15 de junio de los corrientes, a trav\u00e9s de la cual se neg\u00f3 el \u00abcontrol de legalidad\u00bb que reclam\u00f3 el quejoso, con miras a corregir el yerro en el que, seg\u00fan \u00e9l, se incurri\u00f3 en el proyecto de reconocimiento y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, se advierte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que dicha determinaci\u00f3n no denota arbitrariedad, porque el estrado querellado expres\u00f3 las razones por las que resultaba inviable la correcci\u00f3n que reclam\u00f3 el quejoso, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 es una de las cargas de las partes consultar el expediente y atender las etapas procesales, en este caso, propias del proceso de reorganizaci\u00f3n\u2026, en ese sentido la\u2026 ley 1116 de 2006 contempla, en su art\u00edculo 26, las posibilidades que tienen los acreedores que objetaron inoportunamente el proyecto. Ahora bien, respecto al control de legalidad, no puede ser utilizado por las partes para que el juez resuelva un incumplimiento de las cargas procesales de las partes\u2026 <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la autoridad criticada interpret\u00f3 el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso y concluy\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos all\u00ed consagrados para ejercer el denominado control de legalidad, comoquiera que lo pretendido por el actor era subsanar una situaci\u00f3n imputable a su propio descuido, al no formular, en tiempo, la correspondiente objeci\u00f3n frente al proyecto de reconocimiento y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. <\/p>\n
Tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Finalmente, encuentra la Sala que el pedimento que pregona desatendido el querellante, esto es, el presentado el 10 de junio de 2021, result\u00f3 decidido con la citada decisi\u00f3n de 15 de junio, atendiendo que, precisamente, lo pretendido por el actor en dicha petici\u00f3n era la correcci\u00f3n oficiosa del proyecto de reconocimiento y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, en ejercicio del control de legalidad, cuesti\u00f3n que, como se verific\u00f3 previamente, fue resuelta por la autoridad criticada. <\/p>\n
5. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 29. OBJECIONES. <Art\u00edculo modificado por el art\u00edculo 36 de la Ley 1429 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Del proyecto de reconocimiento y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto presentados por el promotor, se correr\u00e1 traslado en las oficinas del juez del concurso por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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