STC12245-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12245-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03014-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Alirio Serna Aristiz\u00e1bal contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial y, el Juzgado Sexto Civil del Circuito, ambos de Medell\u00edn. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las dependencias jurisdiccionales acusadas. <\/p>\n
De modo concreto, que se les ordene a estas \u00faltimas, dejar sin ning\u00fan valor y efecto todo lo tramitado dentro del dossier de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea n.\u00b0 \u00ab2021-00246\u00bb. <\/p>\n
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2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
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1. Ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medell\u00edn se surti\u00f3 la demanda descrita a espacio, impulsada por el titular del resguardo contra Edificio Firenze P.H., en procura de que se declarara la \u00abNULIDAD ABSOLUTA\u00bb de las determinaciones adoptadas en la junta general ordinaria de copropietarios de la parte enjuiciada, celebrada el 25 de marzo de la anualidad en curso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dicho libelo fue rechazado por el despacho judicial cognoscente con auto de 21 de junio de los corrientes por haber operado el \u00abfen\u00f3meno jur\u00eddico de la caducidad\u00bb; pronunciamiento ratificado por la Sala Civil del Tribunal Superior a trav\u00e9s de providencia calendada el 3 de agosto postrero, en sede de apelaci\u00f3n interpuesta por el extremo demandante.1 <\/p>\n
<\/p>\n
3. El promotor del amparo critic\u00f3, en compendio, que los dispensadores de justicia encartados desecharan su texto demandatorio acorde a lo previsto en el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que \u00abPRIMERO EN EL TIEMPO FUERON LOS ESTATUTOS DEL EDIFICIO\u00bb demandado (a\u00f1o 2005), cuerpo reglamentario que en el precepto 56 prev\u00e9 la opugnaci\u00f3n de los actos de asamblea dentro de los dos (2) meses siguientes posteriores \u00abA LA PUBLICACI[\u00d3]N DE LA RESPECTIVA ACTA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte acab\u00f3 por admitir el libelo supralegal luego de subsanarse, libr\u00f3 las comunicaciones de rigor y, adem\u00e1s, llam\u00f3 a rendir los informes de que trata el canon 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn defendi\u00f3 la pertinencia de su determinaci\u00f3n y adjunt\u00f3 enlace del expediente disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad se opuso al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el an\u00e1lisis, de cara a la resoluci\u00f3n a tomar en el sub examine, lo acaparar\u00e1 el auto proferido por el Tribunal requerido el 3 de agosto pasado, al ser el que en apelaci\u00f3n acab\u00f3 por definir el debate sobre el rechazo de la demanda de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea del aqu\u00ed quejoso. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo estrictamente medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[E]stablece el art\u00edculo 90 del C. General del P.: \u201cEl juez rechazar\u00e1 la demanda, cuando carezca de jurisdicci\u00f3n o de competencia, o cuando est\u00e9 vencido el t\u00e9rmino de caducidad para instaurarla\u2026\u201d\u2026 <\/p>\n
Seg\u00fan las pretensiones esgrimidas en la demanda, la parte actora busca el decreto de nulidad absoluta de las decisiones adaptadas en asamblea de copropietarios celebrada el 25 de marzo de 2021 por haberse omitido requisitos y formalidades legales y el reglamento de propiedad horizontal, tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 382 del Estatuto Procesal Civil vigente en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cLa demanda de impugnaci\u00f3n de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directivo de personas jur\u00eddicas de derecho privado, solo podr\u00e1 proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deber\u00e1 dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el t\u00e9rmino se contar\u00e1 desde la fecha de la inscripci\u00f3n\u2026\u201d… Es cierto adem\u00e1s que dicha norma no sufri\u00f3 modificaci\u00f3n alguna respecto de la que contemplaba el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Ahora bien, de la norma transcrita se desprende un t\u00e9rmino muy perentorio de dos meses siguientes a la fecha del citado acto en los cuales se puede intentar la impugnaci\u00f3n de las decisiones que en ellas se tomen, dando solamente una opci\u00f3n adicional, que tiene aplicaci\u00f3n cuando se requiere de formalidades y hay necesidad de inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Como se trata de una[s] asambleas realizadas en una copropiedad, es la ley 675 de 2001 la que regula el tema. En el art\u00edculo 47 se lee: \u201cACTAS. Las decisiones de la asamblea se har\u00e1n constar en actas firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deber\u00e1 indicarse si es ordinaria o extraordinaria, adem\u00e1s la forma de la convocatoria, orden del d\u00eda, nombre y calidad de los asistentes, su unidad privada y su respectivo coeficiente, y los votos emitidos en cada caso. En los eventos en que la Asamblea decida encargar personas para verificar la redacci\u00f3n del acta, las personas encargadas deber\u00e1n hacerlo dentro del t\u00e9rmino que establezca el reglamento, y en su defecto, dentro de los veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de la respectiva reuni\u00f3n. Dentro de un lapso no superior a veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de la fecha de la reuni\u00f3n, el administrador debe poner a disposici\u00f3n de los propietarios del edificio o conjunto, copia completa del texto del acta en el lugar determinado como sede de la administraci\u00f3n, e informar tal situaci\u00f3n a cada uno de los propietarios. En el libro de actas se dejar\u00e1 constancia sobre la fecha y lugar de publicaci\u00f3n. La copia del acta debidamente suscrita ser\u00e1 prueba suficiente de los hechos que consten en ella, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. El administrador deber\u00e1 entregar copia del acta a quien se la solicite. PAR\u00c1GRAFO. Todo propietario a quien se le niegue la entrega de copia de acta, podr\u00e1 acudir en reclamaci\u00f3n ante el Alcalde Municipal o Distrital o su delegado, quien a su vez ordenar\u00e1 la entrega de la copia solicitada so pena de sanci\u00f3n de car\u00e1cter policivo\u201d. <\/p>\n
[E]l art\u00edculo 49 [de la norma en cita,] establece: \u201cIMPUGNACI\u00d3N DE DECISIONES. El administrador, el Revisor Fiscal y los propietarios de bienes privados, podr\u00e1n impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal.\u201d <\/p>\n
De manera que, es clara la modificaci\u00f3n que introdujo el C\u00f3digo General del proceso que en el tema viene rigiendo desde el a\u00f1o 201[6], fecha en que empez\u00f3 a regir, donde adem\u00e1s establece que dichas decisiones pueden ser impugnadas en el t\u00e9rmino de 2 meses contados a partir de la celebraci\u00f3n de la asamblea respectiva, quedando establecido que lo que se impugna es la decisi\u00f3n como tal, no el acta; en tanto fue derogado el inciso 2 que establec\u00eda un conteo en forma diferente a la que se indic\u00f3. Ese t\u00e9rmino no ofrece ninguna duda y no admite ninguna interpretaci\u00f3n diferente, porque tambi\u00e9n es claro que seg\u00fan las disposiciones del art\u00edculo 47 ya transcrito, all\u00ed se habla es de las formalidades que se requieren para la elaboraci\u00f3n de actas respecto a la celebraci\u00f3n de la asamblea, si es ordinaria o extraordinaria, la forma de convocar, el orden del d\u00eda, entre otras; as\u00ed como la posibilidad de encargar personas para la redacci\u00f3n del acta y el t\u00e9rmino en que deben hacerlo, y la forma de entregarlo a los propietarios, incluso en el par\u00e1grafo establece los pasos a seguir en el evento de que no se entreguen las copias. <\/p>\n
De otro lado, afirma el impugnante que no se tuvo en cuenta el art\u00edculo 56 del reglamento de propiedad horizontal en el cual se lee: \u201cImpugnaci\u00f3n de decisiones. El administrador y los propietarios de los bienes privados, podr\u00e1n impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando las decisiones no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de propiedad horizontal. La impugnaci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 intentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la comunicaci\u00f3n o publicaci\u00f3n de la respectiva acta. Ser\u00e1 aplicable para el efecto del presente art\u00edculo, el procedimiento consagrado en el art\u00edculo 194 del c\u00f3digo de comercio o en las normas o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen\u201d; pacto que tampoco puede tenerse en cuenta debido a que la norma en que se fund\u00f3\u2026, se encuentra derogada y en todo caso dicho reglamento fue realizado el a\u00f1o 2005, anterior a las modificaciones ya indicadas. Adicionalmente las disposiciones del c\u00f3digo general son normas de orden p\u00fablico y de estricto cumplimiento (Art. 13) y el reglamento de propiedad horizontal no puede establecer maneras diferentes para contabilizar los t\u00e9rminos procesales (Art. 118). De otro lado, es preciso indicar que el par\u00e1grafo de la ley 675 de 2001 establece en el art\u00edculo 5\u00ba \u201c… En ning\u00fan caso las disposiciones contenidas en los reglamentos de propiedad horizontal podr\u00e1n vulnerar las normas imperativas contenidas en esta ley y, en tal caso, se entender\u00e1n no escritas\u201d. <\/p>\n
[As\u00ed las cosas,] las decisiones que se tomaron en la asamblea que se tildan de vulneradoras de los derechos del demandante tuvieron su realizaci\u00f3n el d\u00eda 25 de marzo de 2021, fecha a partir de la cual se deb\u00eda contabilizar el t\u00e9rmino de caducidad ya indicado y seg\u00fan el acta de reparto de la Oficina Judicial que reposa en el expediente digital, fue del 18 de junio \u00faltimo (fuera del t\u00e9rmino\u2026), no siendo de recibo las afirmaciones del impugnante pretendiendo anteponer disposiciones del reglamento de propiedad horizontal que claramente est\u00e1n en contrav\u00eda con las disposiciones vigentes, m\u00e1s a[\u00fa]n cuando la misma ley 675 citada, trae regulaci\u00f3n al respecto, no existiendo ninguna duda en la norma a aplicar, m\u00e1xime que la asamblea fue realizada en vigencia de la ley tantas veces citada\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal acusado confirm\u00f3, en apelaci\u00f3n, el rechazo de la demanda por \u00e9l instaurada (acorde al canon 90 del C\u00f3digo General del Proceso), al estimar operada la \u00abcaducidad\u00bb de la acci\u00f3n impugnativa seg\u00fan el art\u00edculo 382 de la misma obra, en tanto que el libelo de marras fue impetrado m\u00e1s all\u00e1 de dos (2) meses despu\u00e9s de \u00abla fecha del acto respectivo\u00bb \u2013esto es, la asamblea de copropietarios\u2013, de donde tampoco era factible conferir aplicaci\u00f3n a la previsi\u00f3n 56 del \u00abreglamento de propiedad horizontal\u00bb del edificio, si de relieve se pone que, a la postre, las normas sobre el procedimiento \u00abson (\u2026) de orden p\u00fablico y de estricto cumplimiento (Art. 13)\u00bb2. <\/p>\n
Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobarlos de plano o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 01050). <\/p>\n
Total, es tema averiguado que divergir del fundamento de un pronunciamiento judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, entonces, resolver adversamente, por lo consignado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, deniega el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Recurso concedido por el juez a-quo en prove\u00eddo de 1\u00b0 de julio \u00eddem, en el que previamente decidi\u00f3 no reponer el auto que rechaz\u00f3 la demanda (la reposici\u00f3n fue interpuesta por la misma parte apelante). <\/p>\n
2\u0002 Tambi\u00e9n del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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STC12245-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12245-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03014-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de quince de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Alirio Serna Aristiz\u00e1bal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57645","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57645","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57645"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57645\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}