STC12405-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12405-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03301-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c1ngela Beatriz Garc\u00eda Carmona contra Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Sabanalarga, Calda, as\u00ed como las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n excepcional que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora de la salvaguarda reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, al trabajo \u00aben condiciones justas\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n de segundo grado emitida en el marco del tr\u00e1mite que de este mismo linaje instaur\u00f3 en contra de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y el Municipio de Salamina \u2013 Caldas, con radicado No. 2021-00040-00. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se deje sin valor ni efecto el fallo dictado el 23 de julio de los corrientes, con el fin de que la Sala Civil Familia del Tribunal de Manizales aplique los precedentes emanados de la Corte Constitucional en los fallos \u00abT-340 de 2020 y T- 081 de 2021, a trav\u00e9s de las cuales se han fijado pautas en la relaci\u00f3n con aquellas personas que se encuentran en la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica en la que [ella se] encuentra\u00bb. <\/p>\n
2. Para sustentar dicha s\u00faplica, aleg\u00f3 la inconforme, que a la luz del asunto referenciado, el Juzgado Civil del Circuito de Salamina en sentencia del 15 de junio de los corrientes estim\u00f3 la salvaguarda instada, y en consecuencia, orden\u00f3 al municipio convocado que solicitara a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil el uso de listas de elegibles para el empleo nivel asistencial denominado \u00abAuxiliar Administrativo\u00bb, y que una vez otorgada esa autorizaci\u00f3n, realizara su nombramiento en tal cargo. <\/p>\n
Que inconformes con esa determinaci\u00f3n, lo accionados la impugnaron con \u00e9xito, pues la Colegiatura convocada en fallo adiado 23 de julio hoga\u00f1o la revoc\u00f3, con fundamento en que \u00abla ley 909 de 2004, dispon\u00eda, entre otras, en su art\u00edculo 31-4, que \u201ccon los resultados de las pruebas la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegaci\u00f3n de aquella, elaborar\u00e1 en estricto orden de m\u00e9rito la lista de elegibles que tendr\u00e1 vigencia de dos (2) a\u00f1os. Con esta y en estricto orden de m\u00e9rito se cubrir\u00e1n las vacantes para las cuales se efectu\u00f3 el concurso\u201d (Subraya de la Sala). Sin embargo, la aludida norma fue modificada por el art\u00edculo 6\u00b0 de la ley 1960 de 2019, por medio de la cual se dispuso que \u201ccon los resultados de las pruebas la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegaci\u00f3n de aquella, elaborar\u00e1 en estricto orden de m\u00e9rito la lista de elegibles que tendr\u00e1 una vigencia de dos (2) a\u00f1os. Con esta y en estricto orden de m\u00e9rito se cubrir\u00e1n las vacantes para las cuales se efectu\u00f3 el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad\u201d. <\/p>\n
Y es aqu\u00ed donde emerge entonces la inconformidad de la accionante, en cuanto considera que la pasiva debe dar aplicaci\u00f3n en su caso a la \u00faltima ley referenciada, para as\u00ed nombrarla en cualquier vacante definitiva en un cargo similar al ofertado que tenga la entidad, pero para la Sala resulta notoria la obligaci\u00f3n de respetar las pautas de la convocatoria y su car\u00e1cter vinculante e inmodificable, as\u00ed como el deber de hacer uso de la lista de elegibles para proveer una vacante de grado igual con la misma denominaci\u00f3n cuando lo haya previsto el legislador o as\u00ed lo contemple la 8 convocatoria. De lo contario, esto es, cambiar las reglas que han generado confianza leg\u00edtima en quienes participan, conducir\u00eda a la ruptura del principio de la buena fe y atentar\u00eda contra la igualdad, la moralidad, la eficacia y la imparcialidad, todos ellos principios que ineludiblemente rigen la actividad administrativa\u00bb. <\/p>\n
Finalmente refiere, que con dicha determinaci\u00f3n se quebrantaron sus bienes jur\u00eddicos, pues asegura, se est\u00e1 desconociendo el precedente jurisprudencial que existe sobre la materia. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 13 de septiembre de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Civil Familia de Tribunal Superior de Manizales, adem\u00e1s de indicar que la presente acci\u00f3n de amparo es improcedente porque lo que pretende invalidar es una decisi\u00f3n adoptada en un asunto de igual naturaleza y remitir el fallo objeto de estudio, dijo atenerse a los argumentos que en el mismo expuso. <\/p>\n
b. Por su parte, el apoderado judicial de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil aleg\u00f3, en suma, que \u00abexiste una ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que no es esta la entidad llamada a resolver el problema jur\u00eddico planteado por la accionante y los interrogantes plateados solo pueden aclararlos por la entidad nominadora\u00bb. <\/p>\n
c. A su turno, la Secretar\u00eda General del municipio de Salamina, Caldas, se opuso a la prosperidad del amparo inquirido, luego de se\u00f1alar al efecto \u00abque no existe violaci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales alegados (\u2026), toda vez que las pretensiones no tienen fundamento, la accionante no ciment\u00f3 adecuadamente sus argumentos para que se demuestre la violaci\u00f3n a una v\u00eda de hecho a trav\u00e9s de una sentencia judicial, pues se limita a decir que sus argumentos son los \u00fanicos que tienen asidero jur\u00eddico, pero no logra probar la v\u00eda de hecho alegada por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales \u2013 Sala Civil \u2013 Familia\u00bb. <\/p>\n
d. Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
4. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por la se\u00f1ora Garc\u00eda Carmona, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar la sentencia emitida en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala Civil Familia del Tribunal Suprior de Manizales, en la cual, se revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado, para en su lugar, desestimar la salvaguarda reclamada en el marco de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, instaurada por ella misma en contra del municipio de Salamina y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil que le result\u00f3 desfavorable, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, entonces, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, \u00faltimo escenario donde la parte interesada podr\u00e1, seg\u00fan el caso, intervenir, pues, a la fecha, aun no se ha resuelto sobre su escogencia1. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC1422-2021). <\/p>\n
6. Son entonces, las anteriores razones suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 abocado al fracaso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el asunto a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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