STC12407-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12407-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03279-00 <\/p>\n
Y la acumulada 11001-02-03-000-2021-03278-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que aluden los escritos iniciales. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra la Notar\u00eda \u00danica de Puerto Pr\u00edncipe, con radicado No. 2021-00099-01. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior Antioquia, \u00abque sea ella la que informe un extracto de la sentencia en prensa nacional a su cargo y costo\u00bb, e informar por qu\u00e9 en fallo que emiti\u00f3 dentro del asunto \u00abno cita sentencias de la H CSJ SCC a fin de ampararse en posturas del superior jer\u00e1rquico y funcional y no del C. de Estado, quien no es ni lo uno ni lo otro, y s\u00f3lo es \u00f3rgano administrativo\u00bb; en la demanda acumulada pidi\u00f3 que se ordene a la Colegiatura que \u00abimponga costas a la entidad accionada a [su] favor\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos, aduce en compendio, que dentro del referido proceso el Tribunal convocado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 21 de julio de 2021 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, Antioquia, para en su lugar, el 3 de septiembre siguiente acceder a sus pretensiones; no obstante, \u00abcree poder imponer la carga de informar un extracto de la sentencia a [su] cargo y costa\u00bb, sin tener en cuenta que \u00abes la parte accionada la que le corresponde dicha carga\u00bb, as\u00ed mismo, no orden\u00f3 costas a su favor, en desconocimiento de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso; y por \u00faltimo, dice, \u00abes lamentable\u00bb que en dicho fallo de no se citan decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sino del Consejo de Estado, situaciones por las cuales solicita la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 10 de septiembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, por separado, limitaron su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digitalizada de las actuaciones que surtieron dentro del referido proceso. <\/p>\n
b). La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Superintendencia de Notariado y Registro, pidi\u00f3 que se desvincule a la entidad del presente tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, no sin antes precisar que la publicaci\u00f3n del extracto de la sentencia emitida dentro del asunto, no es una obligaci\u00f3n del actor, pues se le indic\u00f3 que \u00abpodr\u00e1\u00bb hacerlo. <\/p>\n
c). A la fecha de registro del fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por regla, es improcedente frente a decisiones judiciales, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos ordinarios para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Gerardo Alonso Herrera Hoyos cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, la sentencia emitida el 3 de septiembre del a\u00f1o que avanza por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, que dej\u00f3 sin valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 21 de julio anterior por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, Antioquia, para entonces, acceder parcialmente a sus pretensiones, en el marco de la acci\u00f3n popular que interpuso frente a la Notar\u00eda \u00fanica de Carolina del Pr\u00edncipe, pues en su criterio, debi\u00f3 condenarse en costas a la demandada por haber prosperado los pedimentos de su acci\u00f3n; el costo de la publicaci\u00f3n de la parte resolutiva de la decisi\u00f3n en un medio de comunicaci\u00f3n de amplia circulaci\u00f3n le corresponde asumirlo a su contraparte y no a \u00e9l, y, la Colegiatura accionada debe informarle por qu\u00e9 no cit\u00f3 en su fallo pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, sino del Consejo de Estado. <\/p>\n
3. Para la Corte tienen relevancia para la presente decisi\u00f3n, los siguientes hechos extra\u00eddos de la revisi\u00f3n del proceso digital cuestionado, a saber: <\/p>\n
3.1. Mediante el precitado fallo de primer grado, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, Antioquia, resolvi\u00f3 \u00abDeclarar probadas las excepciones formuladas por el apoderado de la Superintendencia de Notariado y Registro (\u2026)\u00bb, en consecuencia \u00abnegar las pretensiones de la presente acci\u00f3n popular\u00bb <\/p>\n
3.2. La decisi\u00f3n fue apelada por el aqu\u00ed interesado, y revocada el 21 de julio pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, para as\u00ed, \u00abamparar el derecho e inter\u00e9s general al acceso de los servicios p\u00fablicos de las personas con discapacidades auditivas visuales, y a que su prestaci\u00f3n sea eficiente y oportuna (\u2026)\u00bb; se resolvi\u00f3 tambi\u00e9n \u00absin condena en constas en ambas instancias\u00bb y \u00abcomunicar la parte resolutiva de la presente providencia a trav\u00e9s de las p\u00e1ginas web de la Rama Judicial, Notar\u00eda accionada y Alcald\u00eda de Carolina del Pr\u00edncipe y, el actor popular podr\u00e1 efectuar la publicaci\u00f3n en un medio de comunicaci\u00f3n de amplia circulaci\u00f3n, a su elecci\u00f3n y cargo econ\u00f3mico\u00bb. <\/p>\n
En sustento de las dos \u00faltimas determinaciones, se expuso en la considerativa de la sentencia que \u00abno se condenar\u00e1 en costas en ninguna de las instancias, por cuanto si bien las pretensiones de la demanda prosperaron de manera parcial, el actor popular no demostr\u00f3 las erogaciones que solvent\u00f3 para el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional, ni tampoco se evidenci\u00f3 un \u201cesfuerzo dedicado a la causa\u201d pues, no se present\u00f3 ni a la audiencia especial de pacto de cumplimiento, ni a las audiencias de pr\u00e1ctica de pruebas. Por lo que no se condenar\u00e1 por dicho concepto\u00bb; y que, \u00abse ordenar\u00e1 la comunicaci\u00f3n de la parte resolutiva de la presente providencia a trav\u00e9s de las p\u00e1ginas web de la Rama Judicial, Notar\u00eda accionada y Alcald\u00eda de Carolina del Pr\u00edncipe, asimismo se acceder\u00e1 a la solicitud del actor popular de efectuarse la publicaci\u00f3n de la parte resolutiva de esta sentencia, en un medio de comunicaci\u00f3n de amplia circulaci\u00f3n, a elecci\u00f3n del actor popular quien deber\u00e1 sufragar los gastos de dicha publicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n, y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n del Tribunal Superior de Antioquia en cuanto a las costas procesales, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo por esta v\u00eda reclamado, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, ya que la Colegiatura convocada sustent\u00f3 su determinaci\u00f3n a ese respecto, simplemente, en que las costas no se hab\u00edan causado, motivo que expresamente autoriza el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, que al respecto establece que \u00absolo habr\u00e1 lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n\u00bb, y dentro del proceso o si se quiere, en este escenario, no se demostr\u00f3 la generaci\u00f3n de tales gastos. <\/p>\n
5. En un asunto de contornos similares expuso la Sala que, \u00aben lo atinente a que \u00ab\u2026No hay lugar a condenar en costas en segunda instancia porque no se causaron\u2026\u00bb, se advierte que tal determinaci\u00f3n no luce arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se adopt\u00f3 a partir de los postulados normativos que regulan la materia, en especial las previsiones del canon 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No puede olvidarse que la condena en costas est\u00e1 prevista por el legislador como un mecanismo sancionatorio a cargo de la parte vencida en el juicio o que, entre otros eventos, se le resuelva desfavorablemente la apelaci\u00f3n, para restituir al vencedor aquellos costos que hubiera tenido que asumir con ocasi\u00f3n del pleito y en la medida de su comprobaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, si en la segunda instancia el colegiado determin\u00f3 que no se causaron costas, resulta razonable la no imposici\u00f3n de las mismas. Proceder que no comporta defecto alguno con entidad suficiente para trasgredir los derechos fundamentales del convocante, que imponga la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de tutela, al obedecer a la interpretaci\u00f3n de las probanzas allegadas al plenario y las disposiciones que regulan la materia\u00bb (STC4369-2021). <\/p>\n
6. Del mismo modo, la publicaci\u00f3n de la parte resolutiva del comentado fallo en un medio de amplia circulaci\u00f3n, a elecci\u00f3n y cargo del aqu\u00ed interesado, no constituye una afrenta a las prerrogativas superiores de \u00e9ste, no solo porque no existe mandato legal que regle la manera de realizar dicha publicaci\u00f3n y menos a\u00fan que proh\u00edba hacerla de la manera como se dispuso en el asunto, sino adem\u00e1s, porque en la parte resolutiva del fallo cuestionado, qued\u00f3 redactada como potestad del gestor realizar la publicaci\u00f3n, al indicarse que la \u00abpodr\u00e1 efectuar\u00bb, por lo que, en \u00faltimas, el perjuicio que dice le genera dicha orden, por significarle un costo econ\u00f3mico, depender\u00e1 de si opta o no por realizar la publicaci\u00f3n, lo que entonces impide predicar vulneraci\u00f3n alguna debido al particular. <\/p>\n
7. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por el se\u00f1or Herrera Hoyos, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura criticada se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
8. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por el actor no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
9. Finalmente, frente a la solicitud del actor encaminada a que se le exija al Tribunal accionado exponer las razones por las cuales no cit\u00f3 en su fallo pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, sino del Consejo de Estado, basta se\u00f1alar que el presente mecanismo est\u00e1 instituido para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, m\u00e1s no para prop\u00f3sitos informativos como los pretendidos por aqu\u00e9l. <\/p>\n
10. As\u00ed, estas las anteriores consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda pretendida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado el fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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