STC12409-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12409-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03364-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que Bancolombia S.A. le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Quinto Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Neiva, extensiva a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Neiva, al Consejo Seccional de la Judicatura – Sala Administrativa de la misma municipalidad, y a los intervinientes en el juicio n\u00b0 41001310300520130025600. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Bancolombia S.A., actuando mediante apoderado, pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara: (i) Al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva remitiera de manera inmediata el consecutivo de la referencia al superior, para tramitar el recurso de apelaci\u00f3n concedido desde el a\u00f1o 2019; (ii) A la Magistratura convocada, que una vez reciba el infolio, resuelva la alzada \u00absin dilaciones en el tiempo\u00bb y, (iii) Se impartan las medidas necesarias para salvaguardar los derechos reclamados. <\/p>\n
En compendio, se\u00f1al\u00f3 que inici\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva mixta contra Brook Quimberly Rubiano Cachaya, en la que le fue adjudicado el inmueble trabado en la Litis (17 jul. 2019), interlocutorio que \u00e9ste apel\u00f3 y, pese al env\u00edo de la encuadernaci\u00f3n al ad quem, a la fecha de interposici\u00f3n del resguardo no ha sido solventada. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Tribunal pidi\u00f3 al a quo \u00abcopia de la demanda y sus anexos, as\u00ed como el auto que libr\u00f3 el mandamiento de pago\u00bb (11 mar. 2020), y as\u00ed lo reiter\u00f3 el 7 de julio siguiente, pero al no ser atendida la directriz, dispuso la devoluci\u00f3n del legajo (18 feb. 2021). <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que el Juzgado \u00abdesatendi\u00f3\u00bb el requerimiento del Tribunal, transcurriendo m\u00e1s de diecisiete (17) meses desde la primera exigencia, lo que motiv\u00f3 la formulaci\u00f3n de vigilancia judicial ante el Consejo Seccional de la Judicatura Sala Administrativa (17 ag. 2021). <\/p>\n
3.- A la fecha de estudiar este proyecto no se allegaron respuestas de los convocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de justicia – 270 de 1996 – impuso a los jueces el ineludible deber de \u00abevitar la lentitud procesal\u00bb (art. 153, n\u00fam. 20), y los c\u00f3digos de procedimiento refuerzan ese objetivo al contemplar distintos mecanismos destinados a asegurar el cabal cumplimiento de los plazos razonables de duraci\u00f3n de las actuaciones jurisdiccionales, como \u00abgarant\u00eda esencial\u00bb de los justiciables en el marco de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho (canon 120 ib\u00eddem). <\/p>\n
De suerte que, est\u00e1 proscrita cualquier dilaci\u00f3n o pasividad infundada en los litigios, porque incide directa o indirectamente en los atributos b\u00e1sicos de las partes y terceros que acuden a la \u00abadministraci\u00f3n de justicia\u00bb en procura de una resoluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. <\/p>\n
En tal sentido, ha sido pac\u00edfica la jurisprudencia de esta Corte, al predicar que <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC5481-2020, reiterada STC11505-2020 y STC9004-2021). <\/p>\n
2.- En el sub lite, atendiendo el hecho que, dentro del plazo concedido en el auto admisorio, los accionados no se pronunciaron sobre los supuestos f\u00e1cticos de la demanda, se aplicar\u00e1 la presunci\u00f3n de veracidad prevista en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, entendiendo que la indefinici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en el ejecutivo n\u00ba 2013-00256 quebranta las garant\u00edas fundamentales del promotor. <\/p>\n
En efecto, est\u00e1n acreditadas dos circunstancias particulares que ameritan la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
La primera, que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva adjudic\u00f3 el bien embargado y secuestrado a Bancolombia S.A. (17 jul. 2019), decisi\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n, lo que motiv\u00f3 el arribo del expediente al ad quem, quien luego de recibirlo (5 mar. 2020), \u00abrequiri\u00f3\u00bb en dos ocasiones al a quo (11-03 y 07-07-2020), de conformidad con el art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso, quien no atendi\u00f3 dichos exhortos. <\/p>\n
La segunda, que el Tribunal al no tener respuesta alguna, devolvi\u00f3 las diligencias (18 feb. 2021), sin que ning\u00fan tr\u00e1mite se hubiera surtido hasta la radicaci\u00f3n del ruego. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el funcionario de primer grado desacat\u00f3 la solicitud del Superior de enviar determinadas piezas procesales, inobservando la forma y t\u00e9rmino legal que para ello prev\u00e9 el estatuto procedimental (art. 324), y como \u00e9ste sin fundamento normativo alguno y sin ejercer los poderes de instrucci\u00f3n y correccionales que la ley le otorga para obtener del juez de primera instancia el cumplimiento de lo ordenado (art.44), lo devolvi\u00f3 pasados once (11) meses, trece (13) d\u00edas de ser radicado en esa Colegiatura, emerge un retraso injustificado, que conlleva la \u00abparalizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso\u00bb (art. 42.1), impidiendo resolver la alzada en forma oportuna. <\/p>\n
Adicionalmente, como ninguna manifestaci\u00f3n hicieron los despachos acusados en este decurso supralegal, se otorgar\u00e1 la salvaguarda para que en un t\u00e9rmino perentorio se cumplan las cargas que a cada uno corresponde. <\/p>\n
3.- En lo que tiene que ver con la aspiraci\u00f3n contra la Magistratura atacada, encaminada a que se dirima la apelaci\u00f3n \u00absin dilaciones en el tiempo\u00bb, la Sala, consecuente con lo ya advertido y, ante la evidente tardanza, en tanto la misma fue concedida desde el 17 de julio de 2019, dispondr\u00e1 que una vez retorne el \u00ablegajo\u00bb al Tribunal, \u00e9ste deber\u00e1 definirla respetando los t\u00e9rminos fijados en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, que para el caso, trat\u00e1ndose de \u00abautos\u00bb, es de diez (10) d\u00edas. <\/p>\n
4.- Son estas razones las que conllevan a conceder la ayuda suplicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso invocada por Bancolombia S.A., frente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Quinto Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Neiva. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena al citado Juzgado que, en el t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al enteramiento de esta providencia, remita a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva las diligencias que sean necesarias para resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra el auto de 19 de julio de 2019, en el proceso n\u00b0 41001310300520130025600, incluyendo las requeridas por esa Corporaci\u00f3n el 11 de marzo y 7 de julio de 2020. <\/p>\n
De igual forma, se dispone que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, una vez retorne el legajo, resuelva el recurso de apelaci\u00f3n dentro del plazo consagrado en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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