STC12451-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12451-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02377-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dick Laurence Puentes Acosta contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, los Juzgados Primero Promiscuo de Familia de El Espinal y Promiscuo de Familia de El Guamo, la Defensor\u00eda y Procuradur\u00eda de Familia de El Espinal, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Espinal \u00abdejar sin valor y efecto la providencia proferida\u2026 el 20 de mayo de 2021\u2026 dentro del proceso ejecutivo de alimentos promovido por JINNA PAOLA ARANDA GARZON contra DICK LAURENCE PUENTES ACOSTA\u2026 bajo radicaci\u00f3n 2018-00260 mediante la cual orden\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada del proceso por desistimiento de las pretensiones de la demanda por parte de la demandante, \u00fanica y exclusivamente en relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n de no condenar en costas y perjuicios a la ejecutante, y en relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n consistente en virtud de la cual orden\u00f3 la entrega de t\u00edtulos judiciales constituidos al interior del proceso judicial a la ejecutante JINNA PAOLA ARANDA GARZON y que en otro tiempo correspond\u00edan al proceso con radicaci\u00f3n 2016-00073 tramitado en el juzgado promiscuo de familia de Guamo Tolima\u2026\u00bb <\/p>\n
Asimismo, pidi\u00f3 \u00abse compulsen copias ante la fiscal\u00eda general de la naci\u00f3n para que se investiguen las conductas punibles sobre las cuales hayan podido incurrir cada uno de los accionados y dem\u00e1s vinculados forzosamente a la actuaci\u00f3n judicial de tutela en su calidad de leg\u00edtimos contradictores\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jinna Paola Aranda Garz\u00f3n en representaci\u00f3n de su menor hija, present\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Dick Laurence Puentes Acosta, con fundamento en una liquidaci\u00f3n efectuada al interior del proceso de revisi\u00f3n de cuota alimentaria adelantado a favor de la infante, pues conforme las cuotas causadas por alimentos y las pagadas acorde a las consignaciones realizadas por cuenta de la pagadur\u00eda del demandado, exist\u00edan obligaciones pendientes; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo (Tolima) con radicaci\u00f3n n\u00b0 2016-00073, que el 2 de septiembre de 2016 dispuso orden de apremio \u00abincluyendo las mesadas que en lo sucesivo se causen hasta cuando se verifique su pago total (Art. 431 [CGP])\u00bb. <\/p>\n
2.2. En el tr\u00e1mite, en aplicaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de competencia establecida en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, el conocimiento del asunto pas\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Espinal, autoridad que, tras diversas decisiones constitucionales, avoc\u00f3 conocimiento con radicaci\u00f3n n\u00b0 2018-00260; el 20 de mayo de 2021 la ejecutante desisti\u00f3 de las pretensiones, tras advertir que lo procedente, para satisfacer sus peticiones, era iniciar un incidente contra el pagador, solicitud coadyuvada por el defensor de familia. <\/p>\n
En diligencia de la misma fecha, el despacho acept\u00f3 el desistimiento, al tiempo que no conden\u00f3 en costas y dispuso remitir los t\u00edtulos al Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo; determinaci\u00f3n que mantuvo al desatar el remedio horizontal presentado por el accionante, concediendo el recurso de apelaci\u00f3n formulado subsidiariamente. <\/p>\n
El 13 de julio de 2021 el Tribunal inadmiti\u00f3 la alzada, al considerar que, en atenci\u00f3n del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, el asunto era de \u00fanica instancia. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, refiere, no se aplic\u00f3 debidamente las disposiciones contenidas en los c\u00e1nones 314 y 316 \u00eddem, toda vez que \u00abes deber del juez imponer la condena en costas y perjuicios, pues no se puede premiar la actitud caprichosa de una parte que mantuvo sometido a su contraparte mediante embargos a su sueldo afect\u00e1ndose su m\u00ednimo vital durante casi 5 a\u00f1os\u00bb; adem\u00e1s, que la falladora \u00abpara favorecer a la demandante le ordena entregar los t\u00edtulos, lo que equivale a decir que la decisi\u00f3n de desistimiento es un auto de seguir adelante ejecuci\u00f3n, pues solamente en firme el auto o la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u2026 es que el operador judicial podr\u00eda ordenar la entrega de t\u00edtulos judiciales a la ejecutante, situaci\u00f3n que no se predica en el sub judice pues el proceso termin\u00f3 por desistimiento de las pretensiones izado por la ejecutante en audiencia, sin consenso del ejecutado pues es la misma juez con el concurso del defensor de familia del espinal quienes acordaron y dispusieron la entrega de t\u00edtulos judiciales a la demandante obrando contra legem\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que la condena en costas era procedente tras aceptar el desistimiento de las pretensiones, m\u00e1xime cuando \u00abla condena se impone es la demandante no a las personas que esta representa\u00bb; adem\u00e1s, reiter\u00f3, que la entrega de t\u00edtulos debi\u00f3 proceder a su favor, y no a favor de la parte ejecutante. <\/p>\n
2.5. Manifest\u00f3 que el Tribunal quebrant\u00f3 sus prerrogativas, pues con auto de 13 de julio de 2021 \u00abcoadyuva las v\u00edas de hecho del inferior\u00bb, toda vez que al advertir tales irregularidades, debi\u00f3 emitir un pronunciamiento de fondo, sin embargo, \u00abmantiene latente la violaci\u00f3n al debido proceso previsto en el art\u00edculo 29 constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que en la audiencia de 20 de mayo de 2021 el estrado de El Espinal \u00abinform\u00f3 que s\u00f3lo exist\u00edan dep\u00f3sitos judiciales hasta por valor de $6.500.000 aproximadamente, cuando lo cierto es que desde el mes de octubre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2020 en la n\u00f3mina de empleado\u2026 como secretario del juzgado tercero promiscuo municipal de guamo\u2026 se [le] efectu\u00f3 ese descuento de la nomina de empleado por concepto de embargo para ejecutivo de alimentos, por consiguiente el saldo debe ser mucho mayor\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte avoc\u00f3 el conocimiento de la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que con auto de 16 de septiembre de 2021 \u00aborden\u00f3 devolver los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial remitidos indebidamente a este despacho por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Espinal (Tol.), teniendo en cuenta que estos son producto de la orden de embargo ordenada al interior del proceso ejecutivo de alimentos con radicaci\u00f3n 73 268 31 84 001 2018 00260 00, que se tramitaba en ese despacho y por lo tanto, le corresponde a esa autoridad judicial decidir sobre el destino de estos dineros, dado que dichos dep\u00f3sitos judiciales no corresponden a ning\u00fan proceso que se tramite ante este despacho y corresponden exclusivamente al proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Espinal (Tol) y dado que este despacho no ha ordenado el embargo o retenci\u00f3n de esas sumas de dinero ni sus remanentes con destino a alg\u00fan proceso que se tramite ante este despacho judicial y menos a\u00fan si el referido despacho judicial de Espinal (Tol), a pesar de ordenar la terminaci\u00f3n y archivo definitivo del proceso ejecutivo \u201cpor desistimiento de las pretensiones de la demanda\u201d, inexplicablemente y sin explicaci\u00f3n alguna o razonable, mantuvo vigentes las medidas cautelares decretadas dentro del mismo\u00bb; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, pues perdi\u00f3 la competencia para conocer del proceso que origin\u00f3 la tutela y es el juzgado de El Espinal a quien le corresponde adoptar las decisiones que en derecho correspondan. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Personer\u00eda Municipal de El Espinal indic\u00f3 que no ha tenido ninguna participaci\u00f3n en el proceso criticado, por lo que desconoce los hechos; que se acoge a lo decidido. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Espinal limit\u00f3 su actuar a suministrar los datos para enteramiento de la solicitud de amparo; asimismo, remiti\u00f3 el link para consultar el expediente objeto de queja constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Dick Laurence Puentes Acosta alleg\u00f3 el auto de 16 de septiembre de 2021 emitido por el Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo, con el que devuelve los t\u00edtulos a su hom\u00f3logo de El Espinal; destac\u00f3 que dicho prove\u00eddo \u00abdemuestra parte de los hechos y omisiones expuestas en el reclamo constitucional, pues efectivamente no hab\u00edan trasladado esos dep\u00f3sitos judiciales a pesar de ya no existir dicho proceso en dicho despacho judicial y los traslada para la cuenta judicial del juzgado 1 promiscuo de familia de espinal Tolima para el ejecutivo 2018-00260 que orden\u00f3 el desistimiento de las pretensiones pero que no conden\u00f3 en costas y perjuicios y de manera abusiva orden\u00f3 la entrega de dep\u00f3sitos judiciales a la ejecutante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Defensor\u00eda de Familia adscrito al Centro Zonal Espinal de la Regional Tolima del ICBF refiri\u00f3 que actu\u00f3 en pro de las garant\u00edas de la adolescente, en aplicaci\u00f3n de lo reglado de la ley 1098 de 2006; que la afirmaciones del actor en la solicitud de amparo en su contra, son temerarias, sumado a que no es la autoridad competente para adoptar decisiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado, en el prove\u00eddo 13 de julio de 2021, que inadmiti\u00f3 la alzada que formul\u00f3 el gestor contra la decisi\u00f3n de 20 de mayo anterior, expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba inviable estudiar la misma, respecto de lo cual consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el sub lite, el ejecutado fustiga por v\u00eda de apelaci\u00f3n el auto proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Espinal, mediante el cual se decreta la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo adelantado en su contra, asunto que si bien, en principio, es susceptible de dicho remedio procesal conforme a lo dispuesto en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. Lo cierto es que, no puede observarse de forma aislada esta normativa teniendo en cuenta la clase de proceso que aqu\u00ed se adelanta, pues obs\u00e9rvese que el legislador dentro del ac\u00e1pite de las competencias, en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 21 del Estatuto Adjetivo Civil, se\u00f1al\u00f3 que son asuntos que conocen los jueces de familia en \u00fanica instancia los correspondientes a la \u201cfijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos, de la oferta y ejecuci\u00f3n de los mismos y de la restituci\u00f3n de pensiones alimentarias\u201d (subraya fuera de texto original). <\/p>\n
Circunstancias aqu\u00ed anotada que impide que el numeral 7 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso sea aplicado en esta clase de asuntos como lo tuvo la Juez Primero Promiscuo de Familia del Espinal en auto del 20 de mayo de 20221, ya que por expresa disposici\u00f3n normativa el tema debatido es de \u00fanica instancia y por ende no puede ser analizado por esta Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, raz\u00f3n la cual debe inadmitirse la alzada y ordenarse su devoluci\u00f3n al Juzgador de origen para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite procesal correspondiente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 las disposiciones especiales en los procesos ejecutivos de alimentos, concluyendo, que al ser asuntos de \u00fanica instancia, la apelaci\u00f3n formulada no era procedente, de ah\u00ed que el Tribunal carec\u00eda de competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto. <\/p>\n
3. Asimismo, frente a la ausencia de condena en costas a la ejecutante, tras aceptar el desistimiento de las pretensiones, la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente, pues la decisi\u00f3n del fallador no se avizora arbitraria, al margen de que se comparta. <\/p>\n
En efecto, la juzgadora de El Espinal accionada refiri\u00f3 que no hab\u00eda lugar a dicha condena, habida cuenta de que el acceso a la administraci\u00f3n de justicia es gratuito; que si el proceso avanz\u00f3 fue porque el actor y su apoderado, ambos profesionales en derecho, no advirtieron las irregularidades del juicio; sumado a que acceder a dicha condena ir\u00eda en contra de las prerrogativas de la menor, pues finalmente dicha sanci\u00f3n ser\u00eda en contra de ella (minuto 35:05 y siguientes); de ah\u00ed que, no hab\u00eda lugar a proceder a dicha sanci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
4. Por otra parte, frente a la supuesta orden de entrega de los t\u00edtulos a favor de la ejecutante, advierte la Corte que el amparo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta de que se torna prematuro, en la medida en que, lo dispuesto por la falladora encausada fue la remisi\u00f3n de tales t\u00edtulos al Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo, de donde claramente se extrae a\u00fan no se ha dispuesto sobre la entrega de los mismos, destacando, por dem\u00e1s, que el despacho receptor, tal como lo inform\u00f3 el accionante en el curso de la tutela, devolvi\u00f3 dichos t\u00edtulos al estrado de El Espinal por ser quien debe decidir sobre el destino de estos, por lo que, se itera, a\u00fan no se ha dispuesto sobre los mismos. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como no existe decisi\u00f3n sobre la disposici\u00f3n de dichos t\u00edtulos, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
5. Por otro lado, en relaci\u00f3n con la solicitud probatoria tra\u00edda en esta instancia, destaca la Sala que su pr\u00e1ctica resultaba innecesaria para resolver el asunto, pues la censura recay\u00f3 sobre la actuaci\u00f3n surtida por los falladores accionados, del cual, con suficiencia, da cuenta el expediente contentivo del mismo, que fue remitido para consulta digital, lo que torn\u00f3 improcedente decretarlas, de acuerdo a lo reglado en el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la no obligaci\u00f3n de disponer la pr\u00e1ctica de pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u2026el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u201d (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016, rad. 2016-00122-01). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Finalmente, frente a las supuestas irregularidades del proceso que, en sentir del quejoso, requieren ser investigados penal y disciplinariamente, es menester precisar que si aqu\u00e9l considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular en el tr\u00e1mite que fustiga, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00321-01). <\/p>\n
<\/p>\n
8. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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