STC12453-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12453-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02941-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Fernanda Calder\u00f3n y Jos\u00e9 Augusto Tamara Garrido contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Floridablanca, el Congreso de la Rep\u00fablica, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes de los procesos objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, familia y vida, que dicen vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se les brinde acceso \u00aba la justicia \u2018penal o policiva, a la cual tiene derecho un ciudadano\u2019, para proteger el delito de maltrato animal suscitado por otro ciudadano al atropellar a un canino no darle atenci\u00f3n m\u00e9dica, recaer en omisi\u00f3n de socorro y por \u00faltimo se produjera la muerte de Ritter \u201c[su] hijo perruno\u2019\u00bb, se les otorgara protecci\u00f3n legal, constitucional y judicial a los derechos de dicho canino en conexidad con los de sus due\u00f1os y se les permita el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Subsidiariamente, se exhortara al Congreso de la Rep\u00fablica con miras a que se incluya \u00abla modificaci\u00f3n e inclusi\u00f3n de los animales en el soat como seres propenso[s] a la accidentabilidad toda vez que para estos eventos se hace necesario, como seguro amparador de hechos fortuitos en accidente de tr\u00e1nsito, al ser un hecho de salubridad publica, recurrente y sobre el cual no existe fundamento legal o jurisprudencial\u00bb y se \u00abtome a consideraci\u00f3n la creaci\u00f3n del tipo penal y sea anexado dentro de\u2026 ley 1774, como formas de coerci\u00f3n frente al delito de los animales\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indicaron los accionantes que su perro muri\u00f3 \u00abcon ocasi\u00f3n de un hecho fortuito, el d\u00eda 25 de junio de 2021, producto de un accidente de tr\u00e1nsito\u00bb, el que estaba avaluado en 2 millones; que la persona involucrada en el hecho no se detuvo a auxiliarlo, darle primeros auxilios o brindar su transporte hac\u00eda una veterinaria; y que se incurri\u00f3 en una omisi\u00f3n de socorro, la que se encuadraba dentro del tipo penal de maltrato animal. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1alaron que la relaci\u00f3n afectiva con los animales generaba v\u00ednculos, por lo que se perdi\u00f3 la vida de un miembro de su familia; y que las muertes de animales dom\u00e9sticos, producto de accidentes de tr\u00e1nsito, originaba un problema de salud p\u00fablica, pues al cad\u00e1ver no se le daba la atenci\u00f3n adecuada. <\/p>\n
2.3. Sostuvieron que los gastos en los que incurrieron ascendieron a $500.000 y el dolor que sienten era \u00abcasi imposible tasarlo\u00bb; que se deb\u00eda legislar sobre el animalicidio y la inclusi\u00f3n en el soat de los animales; y que la \u00abfalta de aplicabilidad de una ley, origin\u00f3 esta tutela\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agregaron que la Procuradur\u00eda y la Fiscal\u00eda deb\u00edan iniciar las vigilancias del caso y el Congreso de la Rep\u00fablica incluir a los animales en el soat, as\u00ed como legislar sobre el animalicidio y la omisi\u00f3n de socorro. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Superior de la Judicatura solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno y dentro de sus funciones legales no le correspond\u00eda intervenir en una denuncia de maltrato animal, ni en las decisiones judiciales. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que no le constaban los hechos narrados; que la accionante interpuso una solicitud de vigilancia administrativa, la que le fue asignada a la Procuradur\u00eda Provincial de Bucaramanga, encontr\u00e1ndose pendiente de resoluci\u00f3n; que el 6 de septiembre de los corrientes se le inform\u00f3 a la peticionaria que su queja era objeto de estudio jur\u00eddico y que una vez se adoptara una decisi\u00f3n se le comunicar\u00eda; que la parte actora hab\u00eda interpuesto tutela anterior, a la que fue vinculada y refiere sobre los mismos supuestos f\u00e1cticos alegados, sin que advirtiera nuevos argumentos o pruebas; que al caso le ha impartido el tr\u00e1mite contemplado en la Constituci\u00f3n y en la ley; que no ha vulnerado derecho fundamental alguno; que no se cumpl\u00edan los presupuestos del Decreto 2591 de 1991 y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga inform\u00f3 que no avoc\u00f3 conocimiento de la tutela 2021-00406, sino que dispuso su remisi\u00f3n por competencia. Asimismo, adujo que la acci\u00f3n constitucional de radicado 2021-00397 fue denegada por hecho superado, pues el despacho acusado dio tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de resguardo interpuesta; que no transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno; y que la determinaci\u00f3n adoptada no se apoyaba en argumentos caprichosos. Remiti\u00f3 los expedientes criticados. <\/p>\n
4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de lo acontecido en los tr\u00e1mites constitucionales 2021-00069 y 2021-00203 e indic\u00f3 que en esa \u00faltima tutela dict\u00f3 sentencia el 11 de agosto de 2021, en donde resolvi\u00f3 sobre la unificaci\u00f3n de las acciones excepcionales y declar\u00f3 improcedente el resguardo impetrado; que las actuaciones surtidas se ajustaron a las previsiones del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Envi\u00f3 copia de las actuaciones censuradas. <\/p>\n
5. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la Alcald\u00eda Municipal de Floridablanca refiri\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n remiti\u00f3 la queja instaurada por Maria Fernanda Calderon contra Briguitte Lysseth Duarte Jaimes por la muerte de su canino en un accidente de tr\u00e1nsito ocurrido en fecha 25 de junio de 2021; que no se pod\u00eda dar tr\u00e1mite a una acci\u00f3n policiva o penal, pues la conducta de Duarte Jaimes no se enmarcaba dentro de las contempladas en los art\u00edculo 6 de la Ley 84 de 1989 y 5 de la Ley 1774 de 2016, en tanto que se trat\u00f3 de un accidente de tr\u00e1nsito, que no de una conducta de maltrato animal; que dicho comportamiento daba origen a una demanda de responsabilidad civil extracontractual ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, con independencia de que no se hubiese detenido el veh\u00edculo a verificar el estado del canino; que para que se configurara el maltrato animal se requer\u00eda de una conducta intencional, dolosa, de causar da\u00f1o al animal, y que en este caso el hecho se catalogaba como un accidente, por lo que su tr\u00e1mite le correspond\u00eda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda Cinco de la Unidad de Intervenci\u00f3n Temprana de Floridablanca sostuvo que el 28 de junio de 2021 recibi\u00f3 y cre\u00f3 la denunciada formulada por la gestora por el delito de maltrato animal; que luego de realizar el an\u00e1lisis sobre la tipicidad de la conducta denunciada, los hechos y los elementos materiales aportados encontr\u00f3 que la misma era atipica, siendo una situaci\u00f3n que escapaba de la \u00f3rbita penal, pues \u00abest[\u00e1n] frente a un hecho, en virtud del cual la denunciante, aduce que producto de la negligencia y omisi\u00f3n de socorro de su denunciada, su mascota perdi\u00f3 la vida, luego de la ocurrencia de un accidente\u00bb, por lo cual la inactiv\u00f3 mediante resoluci\u00f3n de archivo de 1\u00ba de julio de 2021, decisi\u00f3n debidamente notificada al d\u00eda siguiente; que no se transgredi\u00f3 el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues la misma fue asignada a un fiscal de intervenci\u00f3n temprana y estudiada; que los hechos no hac\u00edan parte del \u00e1mbito criminal, pues no se adecuaban al tipo penal del art\u00edculo 339 A del C\u00f3digo Penal sobre maltrato de animales; que la misma promotora inform\u00f3 que la muerte de su mascota fue producto de un accidente, por lo que \u00abexiste una presunta responsabilidad de tipo civil, la cual deber\u00e1 ser debatida ante la jurisdicci\u00f3n pertinente\u00bb; que en la referida conducta penal no se admit\u00eda la modalidad culposa; que si bien los animales recib\u00edan especial protecci\u00f3n contra el sufrimiento y dolor, no ten\u00edan la categor\u00eda de personas dentro del ordenamiento jur\u00eddico, por lo que lo acontecido no se adecuaba en el tipo penal de omisi\u00f3n de socorro; que adem\u00e1s le advirti\u00f3 a la gestora que deb\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n civil, por ser la competente para determinar la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios materiales y morales solicitados; y que no transgredi\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
7. El Congreso de la Rep\u00fablica asever\u00f3 que no era el competente para conocer de los requerimientos ni pretensiones de los accionantes, pues contaban con otros mecanismos de defensa \u00abcomo el derecho de petici\u00f3n ant[e] las autoridades competentes y si opta por el proceso legislativo mediante la iniciativa popular\u00bb. Solicit\u00f3 su exclusi\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
8. Briguitte Lysseth Duarte Jaimes manifest\u00f3 que estuvo involucrada en el accidente en el que lamentablemente ocurri\u00f3 la muerte de un perrito; que sinti\u00f3 el resalto e inmediatamente cuando se baj\u00f3 del carro vi\u00f3 al perrito, el que se encontraba sin ning\u00fan tipo de protecci\u00f3n, correa de seguridad y sin sus due\u00f1os; que luego salieron estos \u00faltimos y la \u00abempezaron a tilda[r] con la palabra asesina y lanzar[l]e insultos fuertes con groser\u00edas delante de [su] hija de 7 a\u00f1os\u00bb; que les expres\u00f3 que fue un accidente, pero continuaron con los insultos, al punto que salieron su mam\u00e1 y hermana, a quienes tambi\u00e9n denigraron; que se sinti\u00f3 vulnerada y su familia se qued\u00f3 a cargo de la situaci\u00f3n, por lo que se subi\u00f3 al carro y se fue del lugar para protegerse; que le inform\u00f3 a su aseguradora lo acontecido, pues su veh\u00edculo cuenta con seguro todo riesgo y soat; que formul\u00f3 denuncia en la Fiscal\u00eda por injuria y calumnia, en tanto que los accionantes empezaron a publicar en sus redes sociales la foto de cuando se bajo del carro, con la palabra asesina, haciendo que se replicara continuamente tanto en p\u00e1ginas de animales como en el grupo de seguridad del barrio, sin tener en cuenta que lo ocurrido fue un accidente, que no fue ocasionado por su responsabilidad si no porque el perro no contaba con correa de seguridad ni estaba acompa\u00f1ado por su due\u00f1o; que siempre ha estado atenta a los requerimientos de las autoridades competentes, siendo esta acci\u00f3n la \u00fanica que le han notificado; que tuvo la intenci\u00f3n de socorrer al perrito, pero se fue ante las amenazas y fuertes palabras que recibi\u00f3, pues ten\u00eda miedo que tomaran represar\u00edas contra su integridad f\u00edsica; y que solicitaba la desestimaci\u00f3n de las pretensiones, pues si bien es d\u00edficil la p\u00e9rdida de un integrante de la familia, ello se pudo evitar teniendo el cuidado pertinente con el animal. <\/p>\n
9. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda que el objeto del presente reclamo recae sobre las decisiones emitidas dentro de las acciones de tutelas que conocieron las autoridades judiciales accionadas, pretendiendo que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examinen las mismas. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, se observa que se encuentra pendiente que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional decida si va a revisar o no la actuaci\u00f3n aqu\u00ed criticada. <\/p>\n
De manera que \u00abcomo el tr\u00e1mite censurado se encuentra pendiente de la eventual revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, es ante dicha Corporaci\u00f3n que\u2026 podr\u00eda acudir e insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u00bb (CSJ STC, 6 mar. 2009, rad. 2008-00489-01; reiterada en la STC5674, 8 may. 2014, rad. 2014-00062-01). <\/p>\n
4. De otro lado, advierte la Corte que la solicitud de amparo tambi\u00e9n est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que los gestores hubiesen agotado los mecanismos de defensa que tienen a su alcance. <\/p>\n
En efecto, la parte accionante, cumpliendo con los requisitos exigidos para el efecto, cuenta con la posibilidad de acudir ante los juzgadores civiles para instaurar las acciones que consideren pertinentes con miras a obtener la reparaci\u00f3n patrimonial que pretende, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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