STC12455-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12455-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03071-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Patricia Coneo Romero contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salud, vida, seguridad social e igualdad, as\u00ed como los principios de transparencia, imparcialidad y buena fe, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Patricia Coneo Romero y Miguel Angel Gonz\u00e1lez Bado promovieron juicio de responsabilidad m\u00e9dica contra Saludcoop EPS, Cl\u00ednica Julio Medrano Le\u00f3n – en liquidaci\u00f3n, Carlos Mart\u00ednez de la Hoz, Luis Enrique Su\u00e1rez Serrano y Jes\u00fas Darlo Cepeda Mesa, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla y posteriormente al Juzgado Doce hom\u00f3logo, el que dict\u00f3 sentencia el 19 de febrero de 2016 denegando las pretensiones de la demanda. Esta decisi\u00f3n fue apelada y confirmada el 30 de julio de 2019 por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
2.2. La parte demandante formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, el que fue denegado, por lo que interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja, manteni\u00e9ndose dicha decisi\u00f3n y orden\u00e1ndose la expedici\u00f3n de las copias respectivas, sin embargo, en auto de 21 de julio de 2020 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema declar\u00f3 prematuro el recurso, dispuso devolver la actuaci\u00f3n para que se determinara en debida forma el inter\u00e9s para recurrir y se procediera como correspond\u00eda. Asimismo, en auto de la misma fecha, la aludida Corporaci\u00f3n se abstuvo de efectuar pronunciamiento respecto de las copias de la queja allegadas directamente por los demandantes de manera provisional, pues las mismas no proven\u00edan del Tribunal Superior. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, en auto de 27 de abril de 2021 la autoridad judicial ahora acusada deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n; y el 18 de mayo siguiente desestim\u00f3 una solicitud de nulidad, decisi\u00f3n que se mantuvo el 4 de agosto del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que no se hab\u00eda encontrado la verdadera cuant\u00eda para la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n, insistiendo en la prueba pericial, empero, el inter\u00e9s para recurrir pod\u00eda hallarse en las circunstancias particulares que rodean la litis; que la Corte Suprema de Justicia encontr\u00f3 elementos variables que pod\u00edan modificar dicho inter\u00e9s, empero, el Tribunal acusado se limit\u00f3 a cuantificar los da\u00f1os y perjuicios morales, por lo que su conclusi\u00f3n fue la denegaci\u00f3n de la concesi\u00f3n del recurso. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que en virtud de una tutela pudo acceder a la segunda instancia, pero con resultados adversos a los principios rectores de la justicia; y que si bien la Corte Suprema de Justicia conoci\u00f3 de un recurso de queja, el Tribunal no atendi\u00f3 el tr\u00e1mite de la casaci\u00f3n ni acat\u00f3 las decisiones de su inmediato superior. <\/p>\n
2.6. Adujo que solicit\u00f3 se decretara la nulidad parcial de la actuaci\u00f3n, sin embargo, fue desestimada la misma; que la Corporaci\u00f3n acusada no remiti\u00f3 las copias del proceso para el tr\u00e1mite de la queja, sin que le correspondiera impulsarlo al recurrente; y que el tr\u00e1mite de casaci\u00f3n se declar\u00f3 prematuro por esta \u00faltima Colegiatura, disponiendo su devoluci\u00f3n. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que no se resolvi\u00f3 de fondo la admisibilidad del recurso, sino que se declar\u00f3 prematuro para que se determinara en debida forma el inter\u00e9s para recurrir y procediera como corresponde; que en providencia de 27 de abril de los corrientes se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso, por lo que advert\u00eda una animadversi\u00f3n, a lo que se sumaba la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica impetrada frente a la denegaci\u00f3n de la nulidad que formul\u00f3. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que como no se accedi\u00f3 a dicha petici\u00f3n de invalidez, el recurso de queja se encontraba vigente para su tr\u00e1mite ante la Corte \u00abpor ministerio de ley\u00bb; que desde su procedimiento quir\u00fargico su patolog\u00eda empeoraba, sin contar con atenci\u00f3n a su salud ni tratamiento por las consecuencias de aquella intervenci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que la tutela no pod\u00eda sustituir las instancias ordinarias, por su car\u00e1cter residual y subsidiario; y que no incurri\u00f3 en violaci\u00f3n de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. Saludcoop EPS en liquidaci\u00f3n adujo que la gestora se hizo parte del proceso liquidatorio adelantado, presentando reclamaci\u00f3n, la que fue debidamente calificada y graduada en Resoluci\u00f3n 1960 de 2015; y que no exist\u00eda omisi\u00f3n que generara la vulneraci\u00f3n de prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que el 30 de julio de 2019 dict\u00f3 sentencia confirmatoria del fallo de 11 de febrero de 2016; que el tr\u00e1mite del recurso se hizo bajo los lineamientos de la Constituci\u00f3n y la ley; y que no conculc\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es improcedente, comoquiera que la promotora desaprovech\u00f3 el mecanismo de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, pues no formul\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio queja frente al prove\u00eddo de 27 de abril de 2021, con el que se resolvi\u00f3 denegar la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
3. De otro lado, concluye la Corte que el resguardo tambi\u00e9n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad respecto la queja formulada frente al prove\u00eddo de 4 de agosto de 2021, con el que se confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la nulidad, pues no luce arbitrario, en tanto que all\u00ed se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Los art\u00edculos 35 (inciso segundo) y 331 (inciso primero) del C\u00f3digo General del Proceso C.G.P. establecen que\u2026 De las disposiciones transcritas se desprende la necesidad de la concurrencia de varios requisitos para la procedencia del recurso de s\u00faplica, entre ellos\u2026 <\/p>\n
Apreci\u00e1ndose en este asunto que la providencia recurrida es efectivamente un auto adoptado exclusivamente por el Magistrado Sustanciador, en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, en la que a trav\u00e9s del auto de 18 de mayo de 2021, se decidi\u00f3 rechazar de plano la solicitud de nulidad. Y, dado que es susceptible de apelaci\u00f3n el auto que niegue o resuelva una nulidad procesal en primera instancia, resulta pertinente el actual recurso de s\u00faplica. <\/p>\n
3\u00ba) el memorial de nulidad se fundamente en la alegaci\u00f3n del Art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, numeral 2, que establece\u2026 <\/p>\n
Siendo su soporte factico, la afirmaci\u00f3n de que en el caso presente no se le ha dado tr\u00e1mite al recurso de queja que la actora formul\u00f3 en contra del auto del auto de 2 de diciembre de 2019, que inicialmente le neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado, por lo que se concluye que se \u201c\u2026 le est\u00e1 pretermitiendo su correspondiente instancia\u201d <\/p>\n
Ha de entenderse que pretermitirse \u00edntegramente una instancia, es que un funcionario omita dar curso a la totalidad de un tr\u00e1mite que debe concluir con una sentencia que resuelva de fondo lo correspondiente al derecho sustancial en litigio, ello no acontece cuando se omite realizar un tr\u00e1mite accesorio o parcial en el decurso de un proceso. Para estas ultimas eventualidades, se debe haber consagrado por el legislador esa situaci\u00f3n como una causal especifica o concreta como cuando se omiten los t\u00e9rminos para las pruebas o los alegatos de conclusi\u00f3n como se indica en los numerales 5\u00ba y 6\u00ba del referido art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En la sentencia de Casaci\u00f3n de fecha 28 de abril de 2015, criterio ratificado y citado en la sentencia de 28 de septiembre de 2020, dado que la norma en comento tiene la misma redacci\u00f3n tanto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, su sentido no ha cambiado con la entrada en vigencia del nuevo estatuto procesal, expres\u00f3\u2026 Y posteriormente indic\u00f3 que\u2026 <\/p>\n
1.3. El art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el derecho de toda persona a recibir un debido proceso, garant\u00eda que se refleja en la \u00abobservancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil precept\u00faa que los procesos civiles \u00abtendr\u00e1n dos instancias, a menos que la ley establezca una sola\u00bb que armoniza con la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 31 del ordenamiento superior referente a que toda sentencia judicial \u00abpodr\u00e1 ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley\u00bb\u2026 <\/p>\n
La primera, que se surte ante el juez del conocimiento, comprende toda la actuaci\u00f3n que va desde la presentaci\u00f3n de la demanda (arts. 2 y 75 del C.P.C.) y se extiende hasta que es proferida la providencia que dirime la relaci\u00f3n litigiosa (arts. 302 y 304); en tanto que la segunda comienza con la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra ese pronunciamiento (arts. 351 y 352) o con la orden de que se consulte el mismo con el superior funcional (art. 386), y concluye con la sentencia que resuelve alguno de esos grados de conocimiento (arts. 29, 302, 360 y 386 ejusdem). <\/p>\n
Lo anterior en el caso de que el proceso no concluya por alguna de las causas anormales de terminaci\u00f3n previstas en la ley. <\/p>\n
1.4. El desconocimiento que da lugar a la causal de nulidad consagrada en el ya citado numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se presenta, entonces, cuando es omitida la totalidad de los actos procesales comprendidos entre los se\u00f1alados hitos que marcan el inicio y la terminaci\u00f3n de cada una de las instancias. <\/p>\n
De ese modo, no es cualquier anormalidad en la actuaci\u00f3n la que estructura el motivo de anulaci\u00f3n, pues el legislador estableci\u00f3 aquel para el evento de que se pretermitiera \u00ab\u00edntegramente\u00bb una de las instancias del proceso, lo que excluye la omisi\u00f3n de t\u00e9rminos u oportunidades, o aun la irregularidad de prescindir de una parte de la instancia, porque es de tal entidad el exabrupto que previ\u00f3 el ordenamiento positivo, que es necesario que la presencia de ese vicio altere en gran medida el orden del proceso fijado en la ley. <\/p>\n
La pretermisi\u00f3n de una actuaci\u00f3n espec\u00edfica o de varias, en tanto no correspondan a toda la instancia, no es cuesti\u00f3n que d\u00e9 lugar a la nulidad que se comenta, sin desconocer, claro est\u00e1, que tal situaci\u00f3n constituye un defecto procesal y que, por lo mismo, es preciso evitarla, y en caso de haberse presentado, procede su correcci\u00f3n a trav\u00e9s de los mecanismos procesales adecuados.\u201d <\/p>\n
Por lo que, en principio, el que se hubiera podido omitir el tr\u00e1mite de un recurso de Queja por la falta de la remisi\u00f3n de las copias correspondientes a la Sala de Casaci\u00f3n Civil no queda incluido en la causal de la \u201cpretermisi\u00f3n integra de una instancia\u201d reguladas en ese segundo numeral del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que la parte recurrente realmente sustent\u00f3 su petici\u00f3n de nulidad en una circunstancia f\u00e1ctica que no est\u00e1 procesalmente consagrada como una causal de nulidad. Razones por las cuales se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n adoptada\u2026 en la providencia de fecha 18 mayo de 2021\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria de la nulidad formulada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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