STC12459-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12459-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03209-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Alberto Mercado Lemus contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice conculcados por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado, hasta la audiencia del 28 de septiembre de 2018, inclusive\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Fiduciaria de Occidente SA promovi\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria contra Luis Alberto Mercado Lemus, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 5 de febrero de 2020, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado. <\/p>\n
2.2. Admitida la alzada y sustentada por el enjuiciado, el ad quem querellado decret\u00f3 una prueba de oficio con auto del 6 de octubre de 2020 y, una vez allegado dicho elemento de juicio, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 14 de octubre de 2020, la agreg\u00f3 al expediente, as\u00ed como tambi\u00e9n la puso en conocimiento de las partes. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, el Tribunal criticado resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n, mediante providencia del 18 de noviembre de esas mismas calendas (2020), que confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del amparo que el despacho judicial accionado, desconoci\u00f3 \u00abel procedimiento del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020\u00bb, pues al haberse decretado una prueba de oficio, debi\u00f3 proceder a \u00abfijar fecha para audiencia\u00bb, conforme lo ordena la citada norma en su inciso 31, lo que no hizo, pues incorporado el medio de convicci\u00f3n a las diligencias, se dict\u00f3 sentencia por escrito, lo que le impidi\u00f3 controvertirlo. <\/p>\n
2.5. De otro lado, destac\u00f3 que se cumple con el requisito de inmediatez \u00abbajo el entendido que [el] aviso [para adelantar la entrega del bien objeto de reivindicaci\u00f3n], fue fijado\u2026 el\u2026 31\/08\/2021\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. Banco Comercial Av Villas SA precis\u00f3 que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela desconoce el principio\u2026 de inmediatez\u00bb, por lo que pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
3. Hernando Pe\u00f1a Mart\u00ednez, quien dijo fungir como \u00abapoderado judicial de Fiduciaria de Occidente\u00bb, sin que allegara mandato que lo facultara para representarla en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del prenotado requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que la sentencia cuestionada data del 18 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Entonces, entre dicha fecha (18 de noviembre de 2020) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 2 de septiembre de 2021, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, importante es resaltar que la Sala no encuentra de recibo la justificaci\u00f3n que adujo el actor para intentar excusar la anotada tardanza, en el sentido de expresar que la afectaci\u00f3n que pregona ha perdurado en el tiempo, comoquiera que hasta agosto de este a\u00f1o se iniciaron las diligencias tendientes a efectivizar la entrega ordenada en la sentencia que accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n promovida en su contra. <\/p>\n
Ello en la medida en que lo aqu\u00ed cuestionado por el tutelante, es que el fallador de segunda instancia dict\u00f3 sentencia sin convocar a audiencia, actuaci\u00f3n que se consolid\u00f3 con el proferimiento del anotado fallo, el 18 de noviembre de 2020, sin miramiento de la data en la cual ha de cumplirse la reivindicaci\u00f3n confirmada con esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Dispone la citada norma que: \u00abSi se decretan pruebas, el juez fijar\u00e1 fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictar\u00e1 sentencia. La sentencia se dictar\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
4 <\/p>\n
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