STC12460-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12460-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03058-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos \u00aba una recta administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad y a heredar en condici\u00f3n digna, equitativa y justa\u00bb, los cuales estima trasgredidos con la sentencia de 9 de julio de 2021 (frente a la cual se formul\u00f3 una solicitud de aclaraci\u00f3n que se deneg\u00f3 en prove\u00eddo de 11 de agosto siguiente), mediante la cual el tribunal encartado confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la demanda de \u00abindignidad para suceder\u00bb que ella promovi\u00f3 contra sus hermanos, respecto de la sucesi\u00f3n de su progenitora. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s de enlistar los hechos y las pruebas que, en su criterio, impon\u00edan acoger su demanda, la actora manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en dicho pronunciamiento se incurri\u00f3 en una interpretaci\u00f3n equivocada del art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil, puesto que se le reproch\u00f3 no haber aportado una \u00absentencia penal ejecutoriada\u00bb con la que se hubiera condenado a los convocados por cometer \u00abun atentado grave a la vida, honra y bienes del causante\u00bb, pese a que justamente \u00abel fin de este proceso es hacer esa declaratoria de existencia de dicha causal para a su vez declarar la indignidad\u00bb y adem\u00e1s se efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n fragmentaria del material probatorio recaudado y del libelo introductor, puesto que all\u00ed tambi\u00e9n se invoc\u00f3 \u00abla causal de abandono\u00bb, de la que nada se dijo en el fallo. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto lo decidido por el tribunal y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El tribunal encartado envi\u00f3 el enlace que conduce al expediente sobre el que versa la solicitud de amparo. <\/p>\n
2. Los Juzgados D\u00e9cimo y Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1 hicieron un breve recuento de lo acontecido en los juicios de indignidad y de sucesi\u00f3n que incumben a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales all\u00ed invocadas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura inici\u00f3 destacando que \u00abla declaratoria de indignidad por atentados contra el difunto, no requiere, en todos los casos, de la existencia de una sentencia penal ejecutoriada, pues no todos los hechos que pueden llegar a afectar la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesi\u00f3n se trata, pueden enmarcarse dentro de un tipo penal, de modo que no pod\u00eda exig\u00edrsele a la actora una sentencia ejecutoriada en relaci\u00f3n con las conductas en las que fund\u00f3 su demanda. Sin embargo, considera la Sala que ninguna de las conductas alegadas fue acreditada y, por ende, no hab\u00eda lugar a que se declarara a los demandados indignos de suceder a la se\u00f1ora MAR\u00cdA TERESA RAM\u00cdREZ DE NOVOA\u2026\u00bb. <\/p>\n
Puesto en la tarea de analizar, una a una, las circunstancias que la actora denunci\u00f3 como constitutivas de causal de indignidad para suceder, el tribunal manifest\u00f3 que, \u00abRespecto del hecho que, aparentemente, ocurri\u00f3 en 1976, relativo a que don CARLOS ARTURO le ech\u00f3 agua caliente a la fenecida y le ocasion\u00f3 \u201cquemaduras de alto grado y cicatrices en su hombro, brazo, pecho y espalda\u201d, las declaraciones de las se\u00f1oras MAR\u00cdA ROSANA MORALES TAMAYO y LILIANA DEL CARMEN MASS HOYOS no sirven para acreditarlo, porque no tuvieron conocimiento directo de lo sucedido. Por ejemplo, la primera de las deponentes citadas manifest\u00f3 que se enter\u00f3 del suceso porque do\u00f1a MAR\u00cdA TERESA se lo cont\u00f3; afirmaci\u00f3n similar hizo la segunda declarante mencionada, quien sostuvo que al preguntarle a la fenecida sobre la causa de la cicatriz que ten\u00eda en la espalda, esta le respondi\u00f3 que fue producto del agua caliente que don CARLOS le reg\u00f3 encima Empero, no se cuenta con elementos probatorios adicionales que confirmen lo que le contaron a las testigos; m\u00e1s a\u00fan, la demandante inform\u00f3 que su progenitora no denunci\u00f3 el hecho ante las autoridades correspondientes y tampoco se alleg\u00f3 historia cl\u00ednica en la que pueda verse que, para la \u00e9poca mencionada, la fenecida tuvo quemaduras de alto grado y mucho menos se tiene noticia de las circunstancias en que se dio el hecho. En consecuencia, como dichas deponentes solo reprodujeron lo que, en vida, les coment\u00f3 la difunta, no resultan \u00fatiles al proceso, porque no existen otros medios de prueba que confirmen lo que la causante, seg\u00fan ellas, les expres\u00f3; adem\u00e1s, porque tampoco se cuenta con los suficientes elementos para establecer c\u00f3mo y por qu\u00e9 se dio la situaci\u00f3n de que se trata entre madre e hijo, esto es, si se trat\u00f3 realmente de una agresi\u00f3n o si, por el contrario, se trat\u00f3 de un accidente o si, en fin, existi\u00f3 alg\u00fan motivo que justificara la actitud del demandado en su momento\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 seguidamente que, \u00abFrente a la alegaci\u00f3n relativa a que la causa del accidente de tr\u00e1nsito que sufri\u00f3 do\u00f1a MAR\u00cdA TERESA en 1988, fue que experimentaba sentimientos de tristeza, desasosiego y alteraci\u00f3n por la salida de 2 de sus hijos de la casa, esto es, los se\u00f1ores MARTHA HELENA y CARLOS ARTURO NOVOA RAM\u00cdREZ, considera la Sala que, aunque el informe de tr\u00e1nsito estableci\u00f3 como causa probable del siniestro, la \u201cimprudencia de la lesionada porque se atraves\u00f3 en medio de los carros\u201d (fol. 640 cuad. 1), ello no es suficiente para concluir que los mencionados v\u00e1stagos atentaron, gravemente, contra la vida de su progenitora, porque si bien la demandante asegur\u00f3 que, por esa \u00e9poca, sus progenitores ten\u00edan varios conflictos familiares por la salida de sus hermanos de la casa, no puede asegurarse que el descuido mostrado al cruzar la calle, se debi\u00f3 a la intenci\u00f3n que ten\u00eda la extinta de acabar con su vida por el caos familiar que experimentaba, menos cuando las reglas de la experiencia indican que la decisi\u00f3n de los hijos de salir del hogar y compartir la vida con su respectiva pareja sentimental, constituye un acto normal de todo ser humano y, en esa medida, no puede declararse probada la causal 2\u00aa del art\u00edculo 1025 del C.C., con base en esos hechos\u00bb. <\/p>\n
Igual recalc\u00f3 que, \u00aben lo que tiene que ver con la omisi\u00f3n de socorro de los se\u00f1ores MERCEDES y CARLOS ARTURO NOVOA RAM\u00cdREZ en 2007, porque no habr\u00edan auxiliado a la causante cuando sufri\u00f3 un accidente casero y se fractur\u00f3 la cadera, porque \u201cla dejaron tendida en la cama, sola, sin prestarle socorro en forma inmediata, dej\u00e1ndola en completo abandono\u201d y que, tampoco, la ayudaron durante el postoperatorio, estima la Sala que dichos hechos no fueron probados, ya que aunque, en el interrogatorio que absolvi\u00f3, la demandante manifest\u00f3 que encontr\u00f3 a su progenitora \u201ctirada en la cama, muy cadav\u00e9rica\u201d y que do\u00f1a MERCEDES y don CARLOS no la llevaron al hospital, lo cierto es que sus dichos, en todo cuanto le beneficien a ella, no reportan utilidad alguna; al respecto, recu\u00e9rdese que si se les autorizara a las partes demostrar sus alegaciones con base en las manifestaciones que realizan en el curso del interrogatorio al que son sometidas, se les estar\u00eda permitiendo fabricar su propia prueba, lo que no est\u00e1 permitido en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, am\u00e9n de que el objeto de tal medio de prueba no es otro que el de servir de instrumento para obtener la confesi\u00f3n, la que se concreta, en los t\u00e9rminos del numeral 2 del art\u00edculo 191 del C.G. del P., en hechos que produzcan consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante o que, de alg\u00fan modo, favorezcan al extremo contrario (\u2026). As\u00ed las cosas, el Juez a quo no pod\u00eda tener como cierto el incumplimiento del deber de socorro, con base en lo que do\u00f1a ELSA MAR\u00cdA manifest\u00f3 en el interrogatorio que rindi\u00f3, m\u00e1s a\u00fan cuando en la epicrisis de la Cl\u00ednica Parten\u00f3n no se registr\u00f3 el estado cr\u00edtico que narra la actora, pues pese a que la condici\u00f3n m\u00e9dica llevaba 2 d\u00edas de evoluci\u00f3n, solo se anot\u00f3 que la fallecida tuvo \u201cuna ca\u00edda de altura\u201d, en la que se fractur\u00f3 la cadera y que, luego de la valoraci\u00f3n por ortopedia, se decidi\u00f3 someterla a una cirug\u00eda, previa realizaci\u00f3n de los procedimientos necesarios para ello\u00bb. <\/p>\n
Sobre el mismo t\u00f3pico, indic\u00f3 finalmente que, \u00abLa alegaci\u00f3n de la omisi\u00f3n de socorro durante el posoperatorio de la cirug\u00eda de cadera antes mencionada, tampoco qued\u00f3 demostrada con las declaraciones de los testigos, porque la se\u00f1ora LILIANA DEL CARMEN MASS HOYOS, cuyo testimonio se recibi\u00f3 a instancias de la actora, afirm\u00f3 que cuid\u00f3 a la causante durante la convalecencia y que, por esa raz\u00f3n, vio que don CARLOS y do\u00f1a MERCEDES s\u00ed visitaron a su progenitora y que no la trataron mal (fol. 423 del cuad. 1), narraci\u00f3n que coincide con la que efectu\u00f3 el esposo de la demandante, esto es, el se\u00f1or LUIS RAMIRO ZABALETA L\u00d3PEZ, quien asever\u00f3 que los citados demandados s\u00ed visitaron a la fenecida, pero que lo hicieron en horas en las que \u00e9l ni do\u00f1a ELSA MAR\u00cdA estaban en la casa, pues los atend\u00eda \u201cla ni\u00f1a que nos colaboraba\u201d (fol. 328 ib\u00eddem). As\u00ed las cosas, las conductas que invoc\u00f3 la demandante como base de la causal de indignidad invocada, no fueron acreditadas\u00bb. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al segundo reparo que la demandante esgrimi\u00f3 al sustentar su alzada, relativo a la valoraci\u00f3n probatoria que efectu\u00f3 el juez de primera instancia, el ad quem puntualiz\u00f3 que \u00abla actora centr\u00f3 su ataque frente a lo sucedido con dos contratos: el primero, cuyo objeto fue el veh\u00edculo de servicio p\u00fablico identificado con la placa \u00fanica nacional SDG-091 (\u2026); el segundo, consistente en la enajenaci\u00f3n del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula No. 50N-1044304, ubicado en la Urbanizaci\u00f3n Costa Azul \u201cCatalu\u00f1a\u201d, en el que la fenecida aportaba la suma de $19\u2019000.000 y figurar\u00eda como propietaria, pero se registr\u00f3 como titular del derecho de dominio al se\u00f1or JAIME BORB\u00d3N SANTOS, quien fue el empleador y la pareja sentimental de la se\u00f1ora MAR\u00cdA ISABEL NOVOA RAM\u00cdREZ. Pues bien, de los medios probatorios que obran dentro del informativo, no emergen indicios que revelen que, indiscutiblemente, la verdadera compradora de dichos bienes fue la causante y no los demandados que aparecen registrados como titulares del derecho real de dominio, en los correspondientes certificados de tradici\u00f3n y libertad; tampoco se probaron las maniobras que usaron para enga\u00f1ar a la difunta y, de esa manera, conseguir que se exteriorizara una voluntad distinta a la real. Es claro que para declarar un contrato simulado, no basta que una persona se muestre inconforme frente a su contenido, sino que debe demostrarse el pacto dirigido a aparentar un determinado negocio ante el p\u00fablico, que no habr\u00e1 de producir, en todo o en parte, los efectos que est\u00e1 llamado a generar, o el convenio encaminado a celebrar un verdadero contrato, pero que se muestra distinto frente a terceros, o la decisi\u00f3n de que una de las partes permanezca oculta y su lugar lo ocupe un tercero, denominado testaferro u hombre de paja, como reiteradamente lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00aben lo que tiene que ver con una posible apropiaci\u00f3n de dineros del se\u00f1or JOS\u00c9 ANTONIO NOVOA HERN\u00c1NDEZ, c\u00f3nyuge de la causante y de los bienes y el dinero de esta, es la opini\u00f3n de la Sala que ninguna de las conductas endilgadas fue acreditada. Lo primero, porque las se\u00f1oras MAR\u00cdA ROSANA MORALES TAMAYO y LILIANA DEL CARMEN MASS HOYOS se enteraron de que do\u00f1a MERCEDES se apropi\u00f3 de $39\u2019000.000, cuando la extinta vendi\u00f3 la casa que ten\u00eda en el barrio Muz\u00fa y que el dinero lo utiliz\u00f3 para construir y remodelar la vivienda de \u00e9sta, porque la fenecida as\u00ed se lo coment\u00f3 y, en esa medida, se trata de una versi\u00f3n proveniente, en el fondo, de la misma parte interesada, esto es, de la difunta (la aqu\u00ed demandante no es m\u00e1s que una sucesora de esta), de la cual no se puede concluir que el hecho efectivamente ocurri\u00f3, pues sus dichos no fueron corroborados mediante otros medios probatorios. Tampoco resulta \u00fatil la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 el se\u00f1or LUIS RAMIRO ZABALETA L\u00d3PEZ, acerca de que se enter\u00f3 de que, en 1993, do\u00f1a MERCEDES compr\u00f3 una casa de dos plantas en el barrio Santa Isabel y que le propuso a su progenitora que vendiera la suya y que el dinero se destinar\u00eda a construir un apartamento y un local en el primer piso de aquel inmueble, pero que lo que, finalmente, hizo la citada demandada, fue apropiarse de los recursos que recibi\u00f3 de la venta, porque en su narraci\u00f3n el testigo no explic\u00f3 la raz\u00f3n de la ciencia de sus dichos, esto es, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tales eventos habr\u00edan sucedido\u00bb. <\/p>\n
Luego de descartar la acreditaci\u00f3n, o trascendencia, de otras tantas conductas censurables que la demandante les atribuy\u00f3 a sus opositores, la magistratura precis\u00f3 que \u00abNo resulta viable imponer sanci\u00f3n alguna a los demandados por el hecho de que, durante el interrogatorio que absolvieron, hubiesen respondido acudiendo a expresiones tales como \u201cNO ES CIERTO\u201d, \u201cNO ME CONSTA\u201d, \u201cNO, ABSOLUTAMENTE NO\u201d, \u201cNUNCA\u201d, entre otras cosas, porque no se considera que hayan sido respuestas evasivas, sino que correspond\u00edan a la no aceptaci\u00f3n de las conductas endilgadas por la actora (\u2026). Y Tampoco se acredit\u00f3 lo anterior con los testimonios practicados a instancias de la demandante, porque los dichos de los testigos proven\u00edan de lo que les coment\u00f3 la causante, sin que exista otro medio probatorio que as\u00ed lo corrobore (\u2026). Finalmente, las conductas relacionadas con el posible \u201csaqueo\u201d de joyas y elementos de valor de la casa en la que viv\u00eda la progenitora de las partes despu\u00e9s de que ocurri\u00f3 su deceso, por parte de do\u00f1a MERCEDES y don CARLOS, adem\u00e1s de no estar acreditado, no podr\u00eda constituir el fundamento de la causal invocada, porque se habr\u00eda materializado despu\u00e9s de la muerte de do\u00f1a MAR\u00cdA TERESA y, en esa medida, la afrenta no recaer\u00eda en contra del patrimonio de esta, sino del de sus sucesores, hecho que no se enmarca en la hip\u00f3tesis analizada\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente al tercer reparo de la censura (concerniente al eventual silencio que el fallador de primer grado habr\u00eda guardado sobre la configuraci\u00f3n de la causal de abandono) se\u00f1al\u00f3 la colegiatura que \u00abno es cierto que el Juez a quo no se haya pronunciado sobre la misma, porque luego de hacer un recuento de cada uno de los medios probatorios obrantes en la actuaci\u00f3n, concluy\u00f3 que no estaba acreditada porque, por una parte, los documentos adosados al plenario mostraron que los demandados s\u00ed socorrieron a su progenitora y, por el otro, que los testigos habr\u00edan incurrido en varias contradicciones, an\u00e1lisis que aunque escaso, no por ello puede decirse que no existi\u00f3. Con todo, la Sala considera que no le asiste raz\u00f3n a la demandante cuando afirma que de los testimonios practicados a instancia suya, puede concluirse, sin duda alguna, el abandono al que fue sometida la fenecida por parte de los demandados, pues si bien los declarantes dijeron que la persona que se encargaba del sostenimiento de aquella era do\u00f1a ELSA, que los hijos que se radicaron en Estados Unidos de Am\u00e9rica no la llamaban y que, por esa raz\u00f3n, la causante viv\u00eda triste y afirmaba que la hab\u00edan abandonado, tambi\u00e9n lo es que, en sus relatos, todos los deponentes coincidieron en que los se\u00f1ores MERCEDES y CARLOS NOVOA RAM\u00cdREZ, de vez en cuando, visitaban a la extinta y que, ocasionalmente, recib\u00eda una llamada de los hijos que viv\u00edan en el exterior (\u2026). Frente al apoyo econ\u00f3mico, los declarantes manifestaron al un\u00edsono que, en un principio, do\u00f1a MERCEDES fue quien asumi\u00f3 pagos tales como el mercado, los pa\u00f1ales y el salario de la cuidadora de la causante; al respecto, don LUIS RAMIRO record\u00f3 un episodio en el que la citada demandada llam\u00f3 a su c\u00f3nyuge, para decirle que deb\u00edan hacer un aporte econ\u00f3mico para el sostenimiento de la fenecida y debido a que la suma era alta, el deponente no estuvo de acuerdo y reclam\u00f3 al respecto, pero la respuesta que recibi\u00f3 fue que los hermanos que se encontraban radicados en el exterior no pod\u00edan colaborar, porque su situaci\u00f3n econ\u00f3mica no era buena, de modo que, para 2009, quienes contribu\u00edan para los gastos eran \u201cElsa, Mercedes y, en algunas oportunidades, Manuel Antonio\u201d; sin embargo, posteriormente, record\u00f3 que do\u00f1a MAR\u00cdA ISABEL, enviaba \u201caportes de 50 d\u00f3lares por intermedio de Mercedes. Ahora bien, considera la Sala que la circunstancia de que do\u00f1a ELSA MAR\u00cdA, hasta el final de los d\u00edas de su progenitora, hubiese atendido varios gastos propios de esta \u00faltima, se debi\u00f3 a que, como lo afirmaron todos los testigos, administraba la mesada pensional de la fenecida, sin que se hubiese demostrado que la misma era insuficiente para tal efecto. As\u00ed las cosas, valoradas en conjunto las pruebas testimoniales recaudadas, se concluye que el socorro asistencial a la persona de la difunta, fue dado por los demandados y aunque no todos colaboraron en la misma proporci\u00f3n, seguramente ello obedeci\u00f3 a que tres de los componentes del extremo pasivo residen en el exterior, de modo que era esperable que los que viven en Colombia participaran activamente en el cuidado de la causante, siendo relevante recordar la narraci\u00f3n de don LUIS, acerca de que do\u00f1a MAR\u00cdA TERESA requiri\u00f3 ox\u00edgeno los \u00faltimos cuatro a\u00f1os de su vida y que como se presentaron varios inconvenientes con la entrega del mismo, \u201cMercedes y Elsa se dividieron las tareas para coordinar la entrega del ox\u00edgeno\u201d, pues don CARLOS no pod\u00eda apoyar esa labor, debido a que \u201candaba muy ocupado y no pod\u00eda pedir permiso\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC12460-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12460-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03058-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). ANTECEDENTES 1. En nombre propio, la actora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57679","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57679"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57679\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}