STC12464-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12464-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03311-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Javier G\u00f3mez Ortiz contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2015-00150. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con las sentencia de 7 de abril de 2017 (frente a la cual se formul\u00f3 una solicitud de aclaraci\u00f3n que se deneg\u00f3 en prove\u00eddo de 6 de abril de 2021), mediante la cual el tribunal encartado revoc\u00f3 la prosperidad (parcial) de las pretensiones y, en su lugar, deneg\u00f3 integralmente la demanda (por pago total de la obligaci\u00f3n), apoy\u00e1ndose para ello en una equivocada liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que all\u00ed se pretend\u00eda recaudar. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto lo decidido por el tribunal y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Albeimar Rodr\u00edguez Sierra (demandado en la ejecuci\u00f3n que aqu\u00ed interesa) defendi\u00f3 la legalidad de las providencias objeto de censura y enfatiz\u00f3 que la solicitud de amparo pretende revivir una discusi\u00f3n que ya fue cabalmente zanjada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales all\u00ed invocadas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la sentencia de segunda instancia objeto de censura se dict\u00f3 el 7 de abril de 2017, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 10 de septiembre de 2021, es decir, m\u00e1s de 4 a\u00f1os despu\u00e9s. <\/p>\n
Cabe resaltar que si bien es cierto la magistratura accionada solo vino a resolver el pasado 6 de abril la solicitud de \u00abaclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n\u00bb que el accionante formul\u00f3 frente a dicha providencia el 20 de abril de 2017 (seg\u00fan lo informa el sistema de consulta digital de la Rama Judicial), ello no altera el an\u00e1lisis que acaba de hacerse sobre la tempestividad del resguardo, dado que tal petici\u00f3n no iba encaminada a revocar el fallo sino a determinar su alcance. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales comprometidos, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse particularmente con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo, pero en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la parte actora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Anotaci\u00f3n final. <\/p>\n
Si se asumiera que la solicitud de aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n elevada por el ejecutante le impidi\u00f3 a este acudir antes a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, tampoco en ese escenario podr\u00eda salir avante la solicitud de amparo en estudio, puesto que la providencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la magistratura encartada desestim\u00f3 (por pago total) la demanda ejecutiva, se finc\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
V\u00e9ase que, en el prove\u00eddo del pasado 6 de abril, la cuestionada magistratura indic\u00f3 al ejecutante (a tono con lo expuesto en su sentencia de 7 de abril de 2017), que \u00abcorresponder\u00eda revisar la liquidaci\u00f3n elaborada para tasar la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 72 de la Ley 45 de 1990, que decant\u00f3 en la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por pago total, emergiendo que la liquidaci\u00f3n presentada por el solicitante y la valoraci\u00f3n desarrollada, no atienden al sentido de lo decidido en la sentencia de segunda instancia, e incurre en una imprecisi\u00f3n que desestructura todo el fundamento de su solicitud de correcci\u00f3n. <\/p>\n
La parte demandante destaca la proximidad que existe entre el inter\u00e9s efectivo mensual definido por la Superintendencia Financiera de Colombia como tasa de usura y el recaudado 2.5%, se\u00f1alando que la diferencia oscila en el 0.2% mensual, sin embargo, la decisi\u00f3n de segunda instancia precis\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que ante la demostraci\u00f3n de los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerse en la sentencia, salvo las expresamente se\u00f1aladas. No puede omitirse en el presente asunto que el demandante confes\u00f3 haber recibido intereses convencionales hasta diciembre AC 41001 31 03 004 2015 00150 01 3 de 2014, los que acorde con los aportados t\u00edtulos valores se causaron desde el 01 de octubre de 2012, y el confesado monto de 2.5% es superior al fijado como l\u00edmite por la Superintendencia Financiera para el cobro del inter\u00e9s remuneratorio y moratorio en el alegado periodo, en el que la tasa m\u00e1xima ascendi\u00f3 a 1,59, como se evidencia con las diferentes Resoluciones expedidas entre el 28 de septiembre de 2012 y el 30 de diciembre de 2014, que se relacionaron en el anexo n\u00famero 1 del acta de la presente audiencia y que har\u00e1 parte de acta\u201d. <\/p>\n
Tal como fue liquidado, el periodo en el cual se confes\u00f3 haberse recaudado un inter\u00e9s por encima de los l\u00edmites legales, fue antes del vencimiento de las obligaciones exigidas, es decir, cuando se causaron los intereses de plazo que se debieron liquidar hasta la tasa m\u00e1xima fijada para el inter\u00e9s bancario corriente, por ser ese el l\u00edmite para el inter\u00e9s remuneratorio, por lo cual, era esa tasa, y atendiendo su fluctuaci\u00f3n trimestral, el par\u00e1metro para establecer lo cobrado en exceso y no la tasa de usura propuesta por el solicitante de la correcci\u00f3n y adici\u00f3n, descart\u00e1ndose por tanto, la incursi\u00f3n en un error aritm\u00e9tico. Resulta pertinente solicitar precisi\u00f3n en las razones de la decisi\u00f3n, cuando se aprecie una verdadera desconexi\u00f3n entre lo motivado y lo fallado, esto, para atender el segundo punto de correcci\u00f3n y adici\u00f3n, pues se tiene que lo relativo a la imputaci\u00f3n de los abonos fue una tem\u00e1tica abordada en la sentencia que desat\u00f3 la alzada, por lo cual se trata de una discrepancia jur\u00eddica de un aspecto que no se orienta a obtener un mejor entendimiento de la sentencia de segunda instancia, sino a plantear un cuestionamiento de la tesis desarrollada en la decisi\u00f3n, lo que no es susceptible de adecuaci\u00f3n. Resaltado lo anterior, se descarta que la Sala hubiese incurrido con el fallo de segunda instancia, en un yerro que afectaran la certeza de las razones de la decisi\u00f3n o de lo resuelto, igualmente, en la omisi\u00f3n de un pronunciamiento que deb\u00eda tener lugar en esta instancia, debi\u00e9ndose recalcar que el prop\u00f3sito de los institutos procesales implementados, son de subsanaci\u00f3n y no de reconsideraci\u00f3n, por lo cual se resolver\u00e1 desfavorablemente la solicitud de correcci\u00f3n y adici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda por echarse de menos el presupuesto de inmediatez que la informa y porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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