STC12467-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12467-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03345-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Rodr\u00edguez Rojas contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de San Gil y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y m\u00ednimo vital, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado accionado \u00abla terminaci\u00f3n inmediata del proceso de radicado 686793103002-2018-00124-00 correspondiente al Ejecutivo [por \u00e9l] incoado\u2026 el\u2026 22 de noviembre de 2018, contra\u2026 Francisco de Paula Dur\u00e1n Naranjo (Q.E.P.D.), fallecido el 10 de julio de 2018\u00bb y, en consecuencia, se disponga \u00abel levantamiento de medidas cautelares decretadas en [su] contra\u2026 provenientes del incidente de regulaci\u00f3n de costas\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se ordene \u00abla compulsa de copias por las presuntas infracciones disciplinarias, administrativas y penales que resulten del an\u00e1lisis de los hechos de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 el actor que formul\u00f3 demanda ejecutiva en contra de \u00abFrancisco de Paula Dur\u00e1n Naranjo (q.e.p.d.), con miras a obtener el pago de una obligaci\u00f3n contenida en una letra de cambio, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, quien el 4 de marzo de 2019 libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de \u00ablos legatarios del se\u00f1or Francisco de Paula Dur\u00e1n Naranjo y dem\u00e1s herederos indeterminados del se\u00f1or Dur\u00e1n Naranjo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 que pese al error cometido por el Juzgado al disponer la orden de apremio en contra de los legatarios del causante, quienes comparecieron al juicio tras alegar ser herederos de Dur\u00e1n Naranjo en el proceso sucesorio de aqu\u00e9l, \u00abacord\u00f3 con [ellos] el pago de [sus] honorarios\u2026, motivo por el cual anunci[\u00f3] el desistimiento del proceso, pues no hab\u00eda lugar a seguir con un proceso\u2026 seguido contra los legatarios por disposici\u00f3n del Juzgado sin raz\u00f3n legal y segundo, ya se [le] hab\u00eda ofrecido el pago\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 6 de noviembre de 2020 el Juzgado acept\u00f3 el desistimiento de las pretensiones, condenando al ejecutante en costas procesales, se\u00f1alando agencias en derecho; el d\u00eda 26 del mismo mes y a\u00f1o aprob\u00f3 liquidaci\u00f3n en costas, fijando como agencias en derecho $6.600.000; determinaci\u00f3n que, el 26 de abril de 2021 modific\u00f3 el Tribunal, incrementando a $13.610.784 las referidas agencias en derecho. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, el apoderado de la parte ejecutada present\u00f3 \u00abejecuci\u00f3n del auto de modificaci\u00f3n de costas\u00bb, por lo que el Juzgado, el 22 de junio de 2021, libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 medidas cautelares. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, deduce, el despacho err\u00f3 al librar el mandamiento de pago en contra de \u00ablos legatarios del se\u00f1or Francisco de Paula Dur\u00e1n Naranjo y dem\u00e1s herederos indeterminados del se\u00f1or Dur\u00e1n Naranjo\u00bb, pues con el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda hizo alusi\u00f3n a los herederos, y no a los legatarios, habida cuenta que lo perseguido es una \u00abdeuda hereditaria\u00bb, sin embargo, el estrado judicial no repar\u00f3 en dicho desafuero. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que el Tribunal, al resolver sobre las agencias en derecho, no advirti\u00f3 \u00abel yerro monumental respecto de las calidades de los demandados (Legatarios)\u00bb, pues la demanda \u00abnunca [la present\u00f3] contra los legatarios, que despu\u00e9s de varias inadmisiones se vincul\u00f3 a los legatarios por pedimento del despacho es cuesti\u00f3n diferente\u00bb, por lo que \u00abal parecer el plenario no fue consultado\u00bb; de ah\u00ed que tampoco hab\u00eda lugar a modificar tal condena. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que no hab\u00eda lugar iniciar un juicio ejecutivo por las costas, seguido de otro proceso del mismo linaje; que al ser un nuevo proceso deb\u00eda notificarlo al correo electr\u00f3nico, conforme lo dispuesto en el decreto 806 de 2020, m\u00e1xime cuando en el registro SIRNA est\u00e1 su direcci\u00f3n electr\u00f3nica; sumado a que el mandamiento de pago que se libr\u00f3 en su contra, no se le enter\u00f3 debidamente, toda vez que \u00abes un nuevo proceso sujeto al rigorismo definido por el CGP para los procesos ejecutivos, con notificaciones, excepciones, incidentes, embargos, etc\u00bb. <\/p>\n
2.8. Indic\u00f3 que la solicitud de amparo es procedente, pues en el proceso \u00abperdi\u00f3 toda oportunidad de defensa\u00bb, que se enter\u00f3 del juicio ejecutivo \u00abcuando la polic\u00eda nacional aprehendi\u00f3 el veh\u00edculo\u2026 en acatamiento a la medida cautelar decretada\u2026 consistente en el embargo de la posesi\u00f3n del referido veh\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que tanto el Tribunal como el Juzgado accionado, \u00abson sujetos pasibles de causar un presunto da\u00f1o como el irrogado\u2026 y que, cuando ello ocurra, ser\u00e1 la acci\u00f3n constitucional de tutela la que determine y proteja la violaci\u00f3n de derechos fundamentales como el debido proceso, defensa entre otros\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte avoc\u00f3 el conocimiento de la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil manifest\u00f3 que el juicio criticado se adelant\u00f3 en aplicaci\u00f3n de las normas dispuestas en el C\u00f3digo General del Proceso, con respeto al derecho de defensa y contradicci\u00f3n; que en la audiencia del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso le indic\u00f3 al promotor que \u00abal existir proceso de sucesi\u00f3n del causante Francisco de Paula Dur\u00e1n Naranjo (q.e.p.d.) se deb\u00eda dirigir la acci\u00f3n contra los herederos reconocidos en aquel, como lo eran los legatarios, decisi\u00f3n que fue debidamente notificada en Estrados, sin recursos\u00bb; que aceptado el desistimiento conden\u00f3 en costas y fij\u00f3 agencias en derecho; destac\u00f3 que el proceso ejecutivo incoado por las costas y agencias en derecho est\u00e1 en curso, donde el actor puede acudir a proponer incidentes, peticiones y recursos en pro de sus defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de San Gil inform\u00f3 que el 26 de abril de 2021 resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n del auto, devolviendo las diligencias al a quo el 21 de mayo siguiente; remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n proferida en esa instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso bajo estudio, se advierte que las quejas se centran en (i) el auto 4 de marzo de 2019 con el que el Juzgado libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de \u00ablos legatarios del se\u00f1or Francisco de Paula Dur\u00e1n Naranjo y dem\u00e1s herederos indeterminados del se\u00f1or Dur\u00e1n Naranjo\u00bb, pues la acci\u00f3n no fue promovida en contra de los legatarios; (ii) el auto de 26 de abril de 2021 por medio del cual el Tribunal modific\u00f3 el valor de las agencias en derecho de primera instancia a $13.610.784, sin tener en cuenta que el juicio no lo promovi\u00f3 en contra de los legatarios del causante, por lo que no hab\u00eda lugar a modular tal condena; y, (iii) el tr\u00e1mite impartido en el juicio ejecutivo incoado en su contra por las costas del proceso, pues, no es procedente iniciar un proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n de otro del mismo linaje; adem\u00e1s, no se sigui\u00f3 el rigorismo del decreto 806 de 2020, pues la demanda deb\u00eda remitirse a su correo electr\u00f3nico, sumado a que, la notificaci\u00f3n del mismo deb\u00eda surtirse bajo las normas del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Respecto del primero de los reproches, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo de 4 de marzo de 2019 con el que el Juzgado libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de \u00ablos legatarios del se\u00f1or Francisco de Paula Dur\u00e1n Naranjo; y la interposici\u00f3n de la tutela el 10 de septiembre de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
4. Por otra parte, respecto del segundo reparo, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado, en el prove\u00eddo 26 de abril de 2021, que modific\u00f3 el que dict\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, el 26 de noviembre anterior, expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba viable modificar la condena impuesta por agencias en derecho, respecto de lo cual consign\u00f3 que: <\/p>\n
…de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 de la Sala Administrativa aludido, las agencias en derecho en los procesos ejecutivos de mayor cuant\u00eda deber\u00e1n fijarse en atenci\u00f3n a las previsiones del Art. 5\u00ba Num. 4\u00ba en su literal c. El texto es el siguiente: <\/p>\n
\u201cDe mayor cuant\u00eda. Si se dicta sentencia ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n, entre el 3% y el 7.5% de la suma determinada, sin perjuicio de lo se\u00f1alado en el par\u00e1grafo quinto del art\u00edculo tercero de este acuerdo. <\/p>\n
Si se dicta sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado, entre el 3% y el 7.5% del valor total que se orden\u00f3 pagar en el mandamiento de pago.\u201d <\/p>\n
En la situaci\u00f3n en examen la parte recurrente se doli\u00f3 de que las agencias en derecho ciertamente estuvieron subvaluadas, habida cuenta dos de los \u201ccriterios\u201d, para su fijaci\u00f3n. Estos relacionados con el monto de la ejecuci\u00f3n y las gestiones profesionales cumplidas durante el proceso. En relaci\u00f3n con lo primero, alude que se inco\u00f3 una demanda ejecutiva por un monto de $220.000.000.oo., pero con intereses de plazo desde el 28 de diciembre de 2014 hasta el 16 de julio de 2016 y a su vez, intereses moratorios desde esta \u00faltima fecha hasta el auto que acept\u00f3 el desistimiento de las pretensiones, raz\u00f3n por cual la ejecuci\u00f3n para el momento en que fue desist\u00eda ascend\u00eda al monto de $593.487.033.oo., en tal sentido, el monto de $6.600.000.oo., que se se\u00f1alaron como agencias en derecho no corresponden a los par\u00e1metros fijados en el respectivo Acuerdo previsto para estos fines. <\/p>\n
La revisi\u00f3n del presente proceso deja ver que la ejecuci\u00f3n fue incoada el veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). La pretensi\u00f3n ejecutiva se orient\u00f3 a que se librara el mandamiento de pago por el monto del capital consignado en una letra de cambio por valor de $220.000.000.oo. A su vez, por intereses compensatorios comerciales desde el veintiocho (28) de diciembre de dos mil catorce (2014) al quince (15) de julio de dos mil diecis\u00e9is (2016), as\u00ed como los moratorios comerciales a partir de esta fecha y hasta su pago. En tal sentido se libr\u00f3 el mandamiento de pago. <\/p>\n
Por su lado, las gestiones que adelant\u00f3 el profesional del derecho que represent\u00f3 los intereses jur\u00eddicos de la parte ejecutada se contrajeron sucintamente a las siguientes actuaciones que obran en el \u201cCuaderno Principal\u201d: <\/p>\n
La contestaci\u00f3n de la demanda de varios de los herederos determinados, incluyendo la formulaci\u00f3n de varias excepciones de m\u00e9rito, la cual se hizo dentro del t\u00e9rmino correspondiente para que se surtiera su tr\u00e1mite. A esta tambi\u00e9n se alleg\u00f3 diversa documentaci\u00f3n. <\/p>\n
Diversos oficios relacionados con el cumplimiento de cargas procesales. Estos para efectos del tr\u00e1mite de la tacha de falsedad y respecto de diversos diligenciamientos para los mismos fines. <\/p>\n
Participaci\u00f3n en las audiencias del trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) y del veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020). <\/p>\n
Con posterioridad la parte actora desisti\u00f3 de la demanda ejecutiva. Se denota que no termin\u00f3 el tr\u00e1mite de las excepciones de m\u00e9rito con decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Para este estrado judicial ciertamente el Juzgado de primera instancia err\u00f3 al fijar las agencias en derecho el monto cuestionado, esto es, en la suma de $6.600.000., que equivalen al 3% del capital cobrado, porque en su lugar, debi\u00f3 tener en cuenta que la cuant\u00eda de un proceso ejecutivo se determina no solo con el capital, sino tambi\u00e9n con los intereses causados o que se pretendan hasta el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda para el caso del cobro de sumas de dinero a trav\u00e9s del proceso ejecutivo. Por lo mismo, los intereses que causan con posterioridad no tienen tal incidencia. <\/p>\n
Se reitera que, la demanda fue presentada a estrados judiciales el veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Y de conformidad con las pretensiones se invoc\u00f3 lo siguiente: Librar mandamiento de pago por la suma de $220.000.000.oo., m\u00e1s intereses comerciales de plazo desde el 28 de diciembre de 2014 al 15 de julio de 2016. A su vez, intereses comerciales moratorios desde el 16 de julio aludido, hasta el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda y los que se causaron con posterioridad. <\/p>\n
De tal aspecto entonces se deriva que el monto de lo as\u00ed pretendido, hasta el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda y para efectos de la cuant\u00eda del proceso, llegaba a la suma de $453.692.800.oo, sumando el capital, m\u00e1s intereses de plazo y de mora comerciales, seg\u00fan tasas consultas en la web de la Superfinanciera. Ciertamente esta suma deb\u00eda tenerse como \u201ccriterio\u201d, para la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho en los t\u00e9rminos denotados, raz\u00f3n por cual se colige que el Juzgado err\u00f3 al fijarse solo a partir del monto del capital cobrado, habida cuenta que la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica determina que el monto de $6.600.000.oo., constituye el 3% de $220.000.000.oo <\/p>\n
Lo anterior conlleva igualmente a la Sala a colegir que, tampoco podr\u00eda avalarse el criterio del recurrente que presenta una tabla de los intereses causados con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda y hasta el desistimiento de la demanda, para que la ejecuci\u00f3n bordea los seiscientos millones de pesos y con base en este monto hacer la fijaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, ciertamente debe denotarse por la Sala que el apoderado de los demandados present\u00f3 diversas actuaciones relevantes y orientadas a derrotar las pretensiones incoadas y que ciertamente el proceso tuvo tiempo considerable en tr\u00e1mite, el cual super\u00f3 el a\u00f1o. Estas, adem\u00e1s se constituyen en otro \u201ccriterio\u201d a ser ponderado para los efectos de la fijaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Por consiguiente, las agencias en derecho se fijan en un porcentaje del 3% de la cuant\u00eda del proceso, porcentaje que no ser\u00e1 modificado toda vez que no fue objeto de cuestionamiento. Esto es, del monto sumado para estos efectos, que como qued\u00f3 denotado asciende a la suma de $13.610.784. Tal porcentaje se contrae a la suma de capital, m\u00e1s intereses de plazo y moratorios hasta el momento de presentar la demanda, tal y como qued\u00f3 a tras se\u00f1alado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 las disposiciones que regulan las agencias en derecho, concluyendo que, el a quo no hab\u00eda tenido en cuenta, de un lado, el monto total de lo pretendido como criterio para fijar las agencias en derecho; y, por otra parte, por las actuaciones relevantes adelantadas al interior del mismo, sumando al tiempo que estuvo en tr\u00e1mite, situaciones que deb\u00edan ser ponderadas al momento de fijar las agencias en derecho; de ah\u00ed que lo pertinente era modificar la condena atendiendo tales par\u00e1metros, destacando que, lo relativo a la supuesta irregularidad de que el juicio se inicio en contra de los legatarios, que no de los herederos, es una situaci\u00f3n que no fue alegada ante el colegiado. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
5. Ahora, en cuanto a la queja frente al tr\u00e1mite impartido en el juicio ejecutivo incoado en su contra por las costas del proceso, pues, no es procedente iniciar un proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n de otro del mismo linaje; adem\u00e1s, no se sigui\u00f3 el rigorismo del decreto 806 de 2020, pues la demanda deb\u00eda remitirse a su correo electr\u00f3nico, sumado a que, la notificaci\u00f3n del mismo deb\u00eda surtirse bajo las normas del C\u00f3digo General del Proceso, la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente. <\/p>\n
En efecto, revisados los elementos de juicio que reposan en la actuaci\u00f3n, se advierte que el tutelante no ha pretendido ante el fallador natural lo ac\u00e1 expuesto, pues, una vez se enter\u00f3 de la existencia de dicho juicio ejecutivo acudi\u00f3 directamente a la acci\u00f3n de tutela, sin asistir previamente ante el fallador natural, relievando que, seg\u00fan lo informado dicho asunto est\u00e1 en tr\u00e1mite, en el que solo se ha proferido mandamiento de pago y el decreto de cautelas. <\/p>\n
Entonces, no observa la Sala que el gestor haya concurrido al aludido proceso y propuesto los mecanismos pertinentes para controvertir la situaci\u00f3n que por v\u00eda constitucional aleg\u00f3, siendo ese el escenario propicio para hacerlo. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir esos otros medios judiciales para remediar la situaci\u00f3n planteada en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del actor, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
6. Finalmente, frente a las supuestas irregularidades del proceso que, en sentir del quejoso, requieren ser investigados penal y disciplinariamente, es menester precisar que si aqu\u00e9l considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular en el tr\u00e1mite que fustiga, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00321-01). <\/p>\n
7. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12467-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12467-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03345-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Rodr\u00edguez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57685","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57685"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57685\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}