STC12478-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12478-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00984-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo promovido por Cristian David Valencia y H\u00e9ctor Dar\u00edo Ferrer Vel\u00e1squez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso 66001610228320200264500. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado, demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas en el referido juicio. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, narraron que, en su calidad de miembros de la Polic\u00eda Nacional, les formularon cargos por concusi\u00f3n ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Pereira, por hechos ocurridos el 2 de octubre de 2020 en un ret\u00e9n o puesto de control. Posteriormente, la Fiscal\u00eda Veintiocho Seccional de esa ciudad present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n que correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Penal del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
En audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, adelantada el 13 de abril de 2021, el apoderado de los procesados impugn\u00f3 la competencia del a quo para conocer de la actuaci\u00f3n, al considerar que correspond\u00eda a la Justicia Penal Militar, en consideraci\u00f3n a la calidad de los investigados y a que, el d\u00eda de ellos hechos, estaban cumpliendo sus labores constitucionales y legales; adem\u00e1s, solicit\u00f3 que, en caso no de aceptarse tal impugnaci\u00f3n, se dispusiera \u00abel tr\u00e1mite que impone la regla 54 del C.P.P.\u00bb. A esa pretensi\u00f3n se opusieron la delegada de la Fiscal\u00eda y del Ministerio P\u00fablico, en tanto que el ret\u00e9n que realizaban no era legal y no desplegaron un acto propio de sus funciones. <\/p>\n
El 16 de abril de 2021, el Juzgado accionado deneg\u00f3 la impugnaci\u00f3n de competencia, porque los hechos no se realizaron en cumplimiento de sus labores, \u00abSin embargo ninguna menci\u00f3n se hizo de los elementos de prueba\u00bb, que daba cuenta de que los uniformados \u00abse encontraban prestando un servicio que les permit\u00eda y adem\u00e1s les exig\u00eda como consigna realizar consulta de antecedentes a personas, veh\u00edculos y aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, el Juzgado accionado debi\u00f3 remitir el asunto a la Corte Constitucional, para que resolviera el conflicto de competencia, en aplicaci\u00f3n del Acto Legislativo 02 de 2015 y el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, decidi\u00f3 conceder el recurso de apelaci\u00f3n, que fue desatado el 3 de mayo de 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Circuito Judicial de Pereira \u00abque no solo resuelve un recurso de apelaci\u00f3n que no proced\u00eda, sino que adem\u00e1s dirime la competencia de diferentes jurisdicciones sin facultad legal y Constitucional para ello\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, afirmaron que esa decisi\u00f3n se bas\u00f3 en \u00ablas sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia CSP AP, 17 julio de 20219, radicado 55616 y CSJ AP. 12 febrero de 2020, radicado 57032\u00bb en las que estudiaban conflictos de competencia entre la misma jurisdicci\u00f3n ordinaria y no entre diferentes jurisdicciones. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, solicitaron que se dejen sin efecto las providencias que resolvieron la impugnaci\u00f3n de competencia y se ordene a los accionadas emitir una decisi\u00f3n de reemplazo, \u00abde conformidad con el art\u00edculo 54 del C.P.P. y 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia numeral 11\u00bb, remitiendo, para ello, las diligencias a la Corte Constitucional. Adem\u00e1s, que \u00abSe exhorte al competente de dirimir el conflicto planteado, para que en su decisi\u00f3n se analicen la totalidad de los Elementos Materiales Probatorios\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira inform\u00f3 que, por auto del 3 de mayo de 2021, defini\u00f3 que en este caso particular el competente para continuar el juzgamiento de los accionantes era el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esa ciudad, no obstante, aclar\u00f3 que, en su providencia, tambi\u00e9n inst\u00f3 al Juzgado de conocimiento para que verificara si se estaba adelantando otro tr\u00e1mite ante la jurisdicci\u00f3n militar, en cuyo caso se configurar\u00eda un conflicto positivo de competencia, que deber\u00eda ser remitido al competente. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abning\u00fan \u00f3rgano Superior va a asumir el conocimiento de un incidente de conflicto de competencias, como es lo que en \u00faltimas desea el apoderado de los procesados, si previamente las autoridades involucradas no entrelazan esa confrontaci\u00f3n\u00bb, cuesti\u00f3n que no hab\u00eda ocurrido en este asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Veintiocho Seccional de Pereira destac\u00f3 que los patrulleros de polic\u00eda investigados \u00abse inventaron\u00bb un puesto de control y solicitaron dinero a un ciudadano para no inmovilizarse el veh\u00edculo que presentada SOAT vencido, por tanto, no se trata de un acto propio de sus funciones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El comandante de la Polic\u00eda Metropolitana de Pereira advirti\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio solicitado, al concluir que en las decisiones censuradas no se evidencia defecto alguno. Luego de citar los art\u00edculos 54 y 341 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y la providencia CSJ AP2863-2019, estableci\u00f3 que cuando alguna de las partes o intervinientes rechazan la competencia del juez para conocer de un determinado asunto, surg\u00edan dos posibilidades: i) que todos compartan dicha postulaci\u00f3n, caso en el que se remitir\u00e1 el asunto al que un\u00e1nimemente se considera competente y ii) que no coincidan con la proposici\u00f3n, \u00absituaci\u00f3n que da lugar a que se remita directamente el asunto al funcionario autorizado para definir competencia\u00bb; ubicando la controversia en el segundo evento, consider\u00f3 que \u00abera deber del juzgado de primera instancia remitir la actuaci\u00f3n a su superior funcional, esto es a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, para que resolviera la impugnaci\u00f3n de competencia formulada y zanjara de manera definitiva el supuesto conflicto\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que \u00abno debe confundirse (\u2026) el tr\u00e1mite que se imparte a una solicitud de impugnaci\u00f3n de competencia, con un conflicto de jurisdicciones\u00bb, pues el primero lo resuelve el superior jer\u00e1rquico del juez en la misma jurisdicci\u00f3n y el segundo la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien afirm\u00f3 que, contrario a lo interpretado por el a quo, s\u00ed se trata de un conflicto que involucra distintas jurisdicciones, pues ha reiterado que \u00e9sta le correspond\u00eda al juez penal militar y no la justicia ordinaria. <\/p>\n
Sustent\u00f3 que el Juzgado accionado, previo a declararse competente, no adelant\u00f3 ning\u00fan tipo de actuaci\u00f3n para conocer la postura de la Justicia Penal Militar y que tanto ese Juzgado como el Tribunal convocados omitieron analizar las pruebas para definir el conflicto, aspecto \u00faltimo sobre el cual no se pronunci\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende los gestores que sean amparados sus derechos fundamentales, los cuales consideran vulnerados con ocasi\u00f3n de las providencias proferidas por los Despachos censurados el 16 de abril y 3 de mayo de 2021, mediante las cuales se resolvi\u00f3 lo relativo a la competencia para conocer del asunto, sin remitirse a la Corte Constitucional para que definiera lo pertinente, dado que se trataba de un conflicto de competencias entre dos jurisdicciones. <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
3. Sobre el particular, se resalta que el ad quem, al resolver la impugnaci\u00f3n, describi\u00f3 el marco normativo para la definici\u00f3n de competencia contemplado en los art\u00edculos 54 y 341 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
En ese sentido, advirti\u00f3 que, conforme lo decant\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte1, cuando se observa la falta de competencia y ninguna de las partes se opone, se remite la actuaci\u00f3n al funcionario que se considera facultado para conocer el asunto, quien asumir\u00e1 la competencia o la rechazar\u00e1 y enviar\u00e1 las diligencias a la autoridad llamada a dirimir el respectivo conflicto. <\/p>\n
Seguidamente se\u00f1al\u00f3, que \u00abpara el caso presente es el mismo juez quien rechaza una proposici\u00f3n efectuada por la defensa en t\u00e9rminos bien singulares, porque el apoderado no est\u00e1 invocando propiamente una causal de incompetencia, sino m\u00e1s bien lo que se est\u00e1 proponiendo, repetimos no por el juez sino por una parte, es un conflicto entre jurisdicciones: ordinaria vs militar\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que, aunque los procesados hicieron alusi\u00f3n a que estaban facultados para solicitar antecedentes y registro de veh\u00edculos, se trataba \u00abde circunstancias que deber\u00e1n ser objeto de debate en sede de juicio oral, en tanto como as\u00ed lo pregona el ente acusador en su escrito acusatorio, lo acaecido refleja algo totalmente contrario a lo planteado\u00bb, despejando lo alegado por los recurrentes -ahora tutelantes-, en el sentido que un pronunciamiento de fondo sobre las situaciones f\u00e1cticas objeto de investigaci\u00f3n debe darse tras el tr\u00e1mite de las distintas etapas del juicio oral, en el momento procesal respectivo. <\/p>\n
Seguidamente, se encarg\u00f3 de desvirtuar la aplicaci\u00f3n de un precedente tra\u00eddo por los impugnantes, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal2, en el cual dispuso nulitar lo actuado y remitir el asunto a la Justicia Penal Militar, en tanto consider\u00f3 que, pese a tener connotaciones similares, en aquel juicio \u00abel policial all\u00ed investigado ejerc\u00eda junto con otros miembros de la instituci\u00f3n, funciones de control vehicular en la v\u00eda p\u00fablica, es decir, que se encontraba en servicio activo y en ejercicio de sus funciones\u00bb, circunstancias que, de acuerdo con lo referido, no se daban en el sub examine, pues se indic\u00f3 que los uniformados no ten\u00eda autorizaci\u00f3n para ejercer un puesto de control. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abla competencia para continuar con la presente actuaci\u00f3n recae en la justicia ordinaria, esto es, en el Juzgado Sexto Penal del Circuito, autoridad que deber\u00e1 continuar con el procedimiento de ley\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, ante la insinuaci\u00f3n por parte del apoderado de los acusados de que exist\u00eda una investigaci\u00f3n por los mismos hechos en los Tribunales Militares, \u00abaunque de ello no se tiene un claro conocimiento, como lo indic\u00f3 ante pregunta del a quo\u00bb, inst\u00f3 al a quo para que \u00abcon antelaci\u00f3n a dar continuaci\u00f3n a la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, verifique si en realidad ese otro tr\u00e1mite se est\u00e1 adelantando en forma independiente, porque de ser as\u00ed, lo que en derecho corresponde es que ambas actuaciones se unifiquen y se adelanten en una misma cuerda procesal\u00bb, previo al tr\u00e1mite de un conflicto de competencia ante la Corporaci\u00f3n competente. <\/p>\n
3. Para la Sala, independientemente de que la postura sea o no compartida, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas, la jurisprudencia y la normatividad que gobierna el asunto, a partir de lo cual el Tribunal consider\u00f3 que, en este caso, no se hab\u00eda presentado un conflicto de competencia por parte de dos autoridades y, en ese orden, el tr\u00e1mite era el surtido, esto es, enviar al superior jer\u00e1rquico para que definiera lo correspondiente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, precis\u00f3 que, de la lectura inicial del escrito acusatorio \u00aby sin que ello comporte ingresar en juicio de responsabilidad alguna\u00bb, no estaban dadas las condiciones para remitir el asunto a la justicia penal militar, pues los investigados \u00abno estaban facultados para realizar inmovilizaciones o comparendos de tr\u00e1nsito\u00bb, sin perjuicio de que las situaciones f\u00e1cticas que rodearon el caso sean debatidas en el curso del proceso. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los solicitantes, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Adicionalmente, ha de resaltarse que esta Sala ha establecido que la tutela no es un medio realizar una nueva valoraci\u00f3n de probatoria, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
En el presente asunto, como se indic\u00f3, la decisi\u00f3n censurada se profiri\u00f3 con base en un an\u00e1lisis razonado de las actuaciones surtidas, la normativa y la jurisprudencia considerada, de manera que no se advierte una anomal\u00eda de tal entidad que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ AP del 17 julio de 2019, proferido dentro del radicado 55616. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia CSJ SP, 02 may. 2018, Rad. 52095. <\/p>\n
<\/p>\n
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