STC12483-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12483-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2021-00275-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 24 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Asociaci\u00f3n Pro Defensa de la Urbanizaci\u00f3n Villa Leidy contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de su representante legal, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al no brindar la informaci\u00f3n requerida para acceder al expediente contentivo de proceso adelantado en su contra. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, Leidy Julieth Torres Ramos, quien adujo fungir como representante legal de la Asociaci\u00f3n Pro Defensa de la Urbanizaci\u00f3n Villa Leidy, dijo que \u00abpara la primera semana de febrero de 2021\u00bb se le notific\u00f3 una medida cautelar decretada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en proceso liquidatorio radicado bajo el n\u00b0 2020-00163, y ante ello, \u00absolicit\u00e9 [el 17 de febrero de 2021] copia de la demanda (\u2026) sin que a la fecha se me expida\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 16 de abril de 2021 el juzgado le indic\u00f3 \u00abque mi email era otro, lo cual era obvio pues la asociaci\u00f3n tiene un correo distinto al m\u00edo, no obstante, me solicitaron igualmente que allegara copia de mi c\u00e9dula, lo cual realic\u00e9, sin lograrse que con ello se me expidiera la copia, por lo que remit\u00ed email requiri\u00e9ndola el 22 de abril, 11 de junio y 22 de junio del 2021, d\u00e1ndose respuesta el 30 de junio de 2021 mediante auto que manifiesta \u201cnotificarme en forma personal de la demanda\u201d y me remiti\u00f3 no a mi correo sino al de la asociaci\u00f3n, un link donde dice que reposa el expediente\u00bb, empero, el \u00ablink no funcion\u00f3 [y por ello] nunca se ha logrado acceso al expediente\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abante la imposibilidad de acceder de manera virtual al expediente y conocer el cuerpo de la demanda, que por dem\u00e1s se est\u00e1 promoviendo por una persona que fue excluida de la asociaci\u00f3n (\u2026), se solicit\u00f3 al juzgado se me concediera cita para asistir personalmente a la notificaci\u00f3n y no se me concedi\u00f3, sino que se me remiti\u00f3 el link sobre el que no se ha podido tener acceso por el bloqueo que presenta, y del que se remiti\u00f3 evidencia mediante email al juzgado, sin tenerse respuesta a la fecha [9 de agosto de 2021]\u00bb <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse disponga se me notifique a mi direcci\u00f3n email, acreditada al despacho, la respectiva copia de la demanda, para efectos de conocer la misma y ejercer mi derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que en relaci\u00f3n con el \u00abproceso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Prodefensa de la Urbanizaci\u00f3n Villa Leidy, promovido por Marco Heber Nieto D\u00edaz (\u2026), Leidy Julieth Torres Ramos ha presentado diferentes solicitudes atinentes a la notificaci\u00f3n personal del proceso (\u2026), no obstante, las mismas fueron despachadas desfavorablemente a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 20 de mayo \u00faltimo, considerando que la peticionaria fue suspendida provisionalmente de su cargo en atenci\u00f3n a la medida cautelar decretada el 3 de diciembre de 2020 y registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la citada asociaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Marco Heber Nieto D\u00edaz, demandante en el litigio objeto de cuestionamiento, se opuso a lo pretendido al aducir que \u00abla actual representante de la asociaci\u00f3n se encuentra suspendida provisionalmente (\u2026), lo mismo que los miembros de la junta directiva (\u2026). Se trata de una demanda de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n judicial de asociaci\u00f3n, la cual se rige por el art\u00edculo 526 del C\u00f3digo General del Proceso [y que] en junio 30 de 2021, Leidy Julieth Torres Ramos fue notificada personalmente, y no ha cumplido con la orden de informar a los socios sobre la existencia y acreditaci\u00f3n [por lo que] una vez cumpla con este requerimiento, mi abogado deber\u00e1 enviarle el traslado de la demanda conforme lo ordena el decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio al observar que la decisi\u00f3n del 3 de diciembre de 2020, consistente en la suspensi\u00f3n provisional de la representante legal de la asociaci\u00f3n demandada y tambi\u00e9n de los miembros de la junta directiva, \u00abconstituye v\u00eda de hecho al no estar debidamente motivada (\u2026), pues no explic\u00f3 la juzgadora, como era su deber, la necesidad, efectividad, proporcionalidad y alcance de la medida cautelar decretada, as\u00ed como quien asumir\u00eda la vocer\u00eda de la persona jur\u00eddica demandada en tanto se estaban suspendiendo a todos los miembros de la junta directiva\u00bb. En tal virtud, tutel\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, ordenando al querellado \u00abdejar sin efecto el auto de 3 de diciembre de 2020, as\u00ed como todas las actuaciones que de ellos se deriven y vuelva nuevamente a pronunciarse en relaci\u00f3n con las medidas cautelares solicitadas al interior del proceso (\u2026), precisando los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos -especialmente las disposiciones contenidas en el art\u00edculo 590 del CGP-\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor de la acci\u00f3n liquidatoria bajo examen constitucional, criticando que se ordenara cancelar la medida cautelar, \u00abpor cuanto habilitar en sus funciones a la presidenta o representante legal de la asociaci\u00f3n la habilita para continuar trasgrediendo los estatutos\u00bb, en tanto que estos establecen el periodo de la junta directiva \u00abpor un a\u00f1o, pudiendo ser reelegidos por un periodo igual\u00bb y la quejosa \u00ablleva ya cuatro a\u00f1os sin convocar a elecciones perpetu\u00e1ndose en su cargo y cometiendo toda clase de arbitrariedades\u00bb. Asever\u00f3 tambi\u00e9n que debe aplicarse el art\u00edculo 526 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abantes del traslado de la demanda el juez ordenar\u00e1 al representante legal de la sociedad que de manera inmediata informe a todos los socios la existencia del proceso\u00bb, lo cual ha sido desatendido por la querellante, y acot\u00f3 que para la notificaci\u00f3n de la demandada en el referido pleito, es necesario observar lo previsto en el art\u00edculo 291 del estatuto adjetivo as\u00ed como el canon 8\u00b0 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la accionante, al negar su concurrencia al litigio incoado en su contra como consecuencia de la medida cautelar de suspensi\u00f3n de la representaci\u00f3n legal. <\/p>\n
2. De los fallos de tutela ultra y extra petita. <\/p>\n
El planteamiento del objeto de la presente acci\u00f3n tiene lugar porque si bien el reproche de la actora se circunscribe, como se anot\u00f3 en el respectivo ac\u00e1pite, a que se tutele el derecho de petici\u00f3n o de informaci\u00f3n, en tanto no se le ha corrido traslado de la demanda de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n radicado bajo el n\u00b0 2020-00163, es deber del juez del amparo realizar un estudio panor\u00e1mico del caso y adoptar las medidas que estime pertinentes para resguardar las garant\u00edas superiores, puesto que \u00aben sede de tutela est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (CSJ STC, 15 mar. 2011, exp. 00003-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido el precedente constitucional se\u00f1ala que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dada la naturaleza de la presente acci\u00f3n, la labor del juez no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no s\u00f3lo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significar\u00eda que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violaci\u00f3n, o amenaza de violaci\u00f3n de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podr\u00eda ordenar su protecci\u00f3n, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello equivaldr\u00eda a que la administraci\u00f3n de justicia tendr\u00eda que desconocer el mandato contenido en el art\u00edculo 2\u00ba superior y el esp\u00edritu mismo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho\u00bb (CC T-310\/95). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario determinar si se lesionaron las garant\u00edas fundamentales derivadas del debido proceso que le asiste a la demandada en el referido liquidatorio, principalmente las prerrogativas a la defensa y la contradicci\u00f3n, al no permitirle ejercer como parte dentro del litigio, en raz\u00f3n a los efectos de la medida cautelar de suspensi\u00f3n de la representaci\u00f3n legal, tanto de la presidenta como de quienes estar\u00edan llamados a sustituirla por ser miembros de la junta directiva. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se recuerda que seg\u00fan la decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, la tutela contra decisiones jurisdiccionales solamente procede cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, y de esa manera se hace indispensable restablecer el orden jur\u00eddico. Ello, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Entonces, aunque los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento legal, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC10401-2021, 18 ago. 2021, rad. 02199-00). <\/p>\n
3.2. En el caso bajo examen, observa la Sala que al decretar la medida cautelar objeto de censura por esta excepcional v\u00eda, ciertamente la c\u00e9lula judicial accionada incurri\u00f3 en yerros espec\u00edficos de procedibilidad del amparo, concretamente el procedimental absoluto y el de insuficiencia de motivaci\u00f3n para adoptar la referida decisi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, al ordenar \u00abla suspensi\u00f3n provisional\u00bb de la representante legal de la Asociaci\u00f3n Pro Defensa de la Urbanizaci\u00f3n Villa Leidy en cabeza de la se\u00f1ora Leidy Julieth Torres Ramos, as\u00ed como de \u00ablos miembros de la junta directiva\u00bb, quienes ante \u00ablas faltas temporales o absolutas\u00bb de la titular son los llamados a reemplazarla, el juzgado dej\u00f3 ac\u00e9fala a la asociaci\u00f3n y por ende sin representante a la parte demandada en el proceso, implicando que esta no pueda hacer uso de sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n como garant\u00edas fundamentales del debido proceso. <\/p>\n
Con el anterior proceder, el accionado desconoci\u00f3 la esencial prerrogativa consagrada en el canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y tambi\u00e9n los postulados que rigen la capacidad para ser parte y el derecho a ejercer contestaci\u00f3n como leg\u00edtimo contradictor contemplados en el C\u00f3digo General del Proceso, todo ello por desbordar su facultad de decretar una cautela, pues seg\u00fan los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del literal c) del art\u00edculo 590 de la normativa en comento: <\/p>\n
\u00abPara decretar la medida cautelar el juez apreciar\u00e1 la legitimaci\u00f3n o inter\u00e9s para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneraci\u00f3n del derecho. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el juez tendr\u00e1 en cuenta la apariencia de buen derecho, como tambi\u00e9n la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estima procedente, podr\u00e1 decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecer\u00e1 su alcance, determinar\u00e1 su duraci\u00f3n y podr\u00e1 disponer de oficio o a petici\u00f3n de parte la modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n o cese de la medida cautelar adoptada\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que al disponer la suspensi\u00f3n en el ejercicio de sus funciones de todo aquel que podr\u00eda representar legalmente a la entidad demandada, la dej\u00f3 sin vocer\u00eda en el proceso, lo cual no solamente se muestra desproporcionado sino abiertamente improcedente por re\u00f1ir con las preceptivas que ampara la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Ahora, en lo atinente a la r\u00e9plica que realiza el impugnante, es importante precisar que si bien el art\u00edculo 526 del estatuto adjetivo se\u00f1ala que \u00abantes del traslado de la demanda el juez ordenar\u00e1 al representante legal de la sociedad que de manera inmediata informe a todos los socios la existencia del proceso\u00bb, la aplicaci\u00f3n de tal disposici\u00f3n est\u00e1 supeditada a que haya un representante legal en ejercicio de sus funciones, por lo que se infiere que si en el caso bajo estudio no lo hay en virtud a la consecuencia de la medida cautelar, se est\u00e1 ante una imposibilidad jur\u00eddica de atender dicha norma. <\/p>\n
3.3. Sin ahondar en otras tem\u00e1ticas, de lo antedicho emerge la configuraci\u00f3n de un defecto procedimental absoluto y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la concurrencia de la parte demandada, el cual se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, pues all\u00ed se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Del mismo modo, como efectivamente lo adujo y concluy\u00f3 el tribunal a-quo, se est\u00e1 ante un yerro de falta de motivaci\u00f3n, comoquiera que para ordenar la medida cautelar en cuesti\u00f3n, al juzgado encartado le bast\u00f3 que el interesado la pidiera y prestara la cauci\u00f3n exigida, pero omiti\u00f3 analizar \u00abla necesidad, efectividad, efectividad y proporcionalidad\u00bb de la misma, as\u00ed como el alcance que para los fines del proceso ten\u00eda acceder favorablemente al pedimento del actor. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho defecto, de vieja data la Corte Constitucional, al ejercer el respectivo control a la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, respecto del art\u00edculo 55, sostuvo: \u00ab(\u2026) no cabe duda que la m\u00e1s trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideraci\u00f3n (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposici\u00f3n que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma di\u00e1fana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto\u00bb (CC T-233\/07). Se subraya. <\/p>\n
Para esta Sala, el defecto en comento se produce cuando el juez accionado no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, lo que lleva a que deba realizarse un nuevo abordaje y definici\u00f3n del caso, en tanto que: \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, \u201c\u2026la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n\u201d\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2013, rad. 00208-01, citada entre otras en STC5051-2021, 6 may. 2021, rad. 00076-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha reiterado que \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00), y que \u00abla imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u00bb (CSJ STC7221-2017, 24 may. 2017, rad. 00123-01, citada en STC1903-2021, 1\u00b0 mar. 2021, rad. 00210-00, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido, se impone ratificar el fallo proferido por la colegiatura de primera instancia, precisando que la concesi\u00f3n del resguardo se funda en la incursi\u00f3n del accionado en los defectos procedimental absoluto y falta de motivaci\u00f3n. Por tanto, se avala la orden impartida por el a-quo, consistente en que el juzgado proceda a estudiar nuevamente la petici\u00f3n de medida cautelar, disponiendo sobre el particular lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12483-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12483-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2021-00275-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57700","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57700"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57700\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}