STC12490-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12490-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01812-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de septiembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Inversiones C&R S.A.S. contra la Superintendencia de Sociedades; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de insolvencia de La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. \u2013en liquidaci\u00f3n-. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandatario judicial, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos de 8 de junio y 27 de julio de 2021, mediante los cuales la Delegatura para Procesos de Insolvencia de la accionada, se neg\u00f3 a excluir del inventario de bienes de la concursada, un inmueble que, aunque a\u00fan le pertenece formalmente a esta \u00faltima, fue objeto de un contrato de compraventa celebrado entre ellas desde el 3 de febrero de 2016, \u00e9poca en la que incluso le fue entregada la tenencia material del predio a la convocante. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, aleg\u00f3 que la referida negociaci\u00f3n, si bien no es apta por s\u00ed sola para transferir el dominio del fundo sobre el cual recae, si resulta suficiente para que el activo no forme parte de la masa patrimonial que ser\u00e1 objeto de liquidaci\u00f3n, puesto que la sociedad perdi\u00f3 el t\u00edtulo que la acreditaba como due\u00f1a. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la firmeza de las decisiones objeto de censura (cuya insuficiente motivaci\u00f3n, tambi\u00e9n cuestion\u00f3) hacen muy improbable que logre consolidar la propiedad del fundo en su favor, puesto que en ese juicio solo se le ha reconocido la calidad de acreedora quirografaria y las deudas de mayor grado son de cuant\u00edas muy elevadas. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; manifest\u00f3 que la salvaguarda no satisface el presupuesto de subsidiariedad y enfatiz\u00f3 que la decisi\u00f3n que censura la accionante armoniza con el ordenamiento jur\u00eddico, por lo que no habilita la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
2. El agente liquidador de La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. \u2013en liquidaci\u00f3n judicial- y Emporio Empresarial del Meta S.AS., se opusieron a la prosperidad del resguardo, arguyendo que la providencia objeto de censura no involucra una v\u00eda de hecho y que la actora simplemente pretende torpedear un procedimiento que se ha seguido con los lineamientos que para el efecto previ\u00f3 el legislador. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda por estimar razonable la argumentaci\u00f3n sobre cuya base se finc\u00f3 la providencia objeto de censura. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la actora insistiendo en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la autoridad encartada se neg\u00f3 a excluir del inventario de bienes de la concursada el inmueble cuya adjudicaci\u00f3n persigue la convocante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la autoridad querellada precis\u00f3 inicialmente que \u00abEl art\u00edculo 4 de la Ley 1116 de 2006, establece que, en virtud del principio de universalidad, la totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciaci\u00f3n. Este principio cobra importancia si se tiene en cuenta que, otro de los principios fundantes del r\u00e9gimen de insolvencia es la igualdad, seg\u00fan la cual, debe darse un tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que, \u00abAl respecto se advierte que las promesas de compraventa de locales comerciales suscritas por el deudor son fuente de obligaciones personales y en consecuencia los derechos que se derivan de los mismos son cr\u00e9ditos a ser reclamados dentro del proceso concursal. En ese sentido si se adoptar\u00e1n las medidas solicitadas por estos acreedores, se estar\u00eda vulnerando la prelaci\u00f3n legal de acreedores con mejor derecho, as\u00ed como el principio de igual de otros acreedores de quinta clase cuyos cr\u00e9ditos tienen la misma prelaci\u00f3n y que deben ser atendidos con cargo a la masa de bienes. Como consecuencia de lo anterior, se negar\u00e1n tambi\u00e9n las solicitudes de levantamiento de medidas cautelares y cancelaci\u00f3n de grav\u00e1menes que recaen sobre esos inmuebles, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, en aras de proteger la masa liquidable y los intereses de los acreedores, el art\u00edculo 48 de la Ley 1116 de 2006 prev\u00e9 que sobre todos los bienes del deudor se decretar\u00e1n y practicar\u00e1n las medidas cautelares a que haya lugar. En el mismo sentido, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 55 de la Ley 1116 de 2006, este Despacho negar\u00e1 las solicitudes de exclusi\u00f3n de los locales comerciales y oficinas del Centro Comercial La Primavera de la masa de activos de la concursada, puesto que, como se se\u00f1al\u00f3, no se trata de aquellos que, por v\u00eda de excepci\u00f3n, deban ser escriturados a sus promitentes compradores, sino que los inmuebles son de propiedad de la concursada, tal como se lee en los certificados de tradici\u00f3n y libertad de cada uno de esos bienes. No sobra advertir que la existencia de las reclamaciones de cr\u00e9dito por parte de los acreedores es una clara se\u00f1al de su conocimiento respecto de la propiedad por parte de la deudora sobre esos inmuebles y su carga de reclamar sus derechos dentro del proceso concursal\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al resolver los recursos de reposici\u00f3n formulados por los interesados en la exclusi\u00f3n de bienes (incluida la aqu\u00ed accionante) la entidad accionada recalc\u00f3 que \u00ab\u2026el juez del concurso no se ocupa de hacer declaraciones sobre la existencia o validez de los contratos. 5. En ese sentido, y contrario a lo afirmado por los recurrentes, los pronunciamientos del juez del concurso no involucran de ninguna forma el an\u00e1lisis de los elementos de los contratos de promesa de venta o compraventa, pues no se trata de un asunto que se debata dentro del proceso de liquidaci\u00f3n. (\u2026). En consecuencia, el juez del concurso no est\u00e1 facultado para declarar el incumplimiento, nulidad, rescisi\u00f3n, entre otras, de los referidos contratos de promesa de compraventa. 7. Cosa distinta que, aun partiendo de la validez de los contratos, el juez del concurso encuentre que existen obligaciones pendientes de pago al momento del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, motivo por el cual dichas obligaciones quedan sometidas al proceso concursal. 8. As\u00ed mismo, se advierte que la decisi\u00f3n de no excluir los bienes prometidos en compraventa o sobre los que se celebr\u00f3 contrato de compraventa, no tiene ninguna relaci\u00f3n con que exista alguna circunstancia especial que d\u00e9 lugar a la nulidad o ineficacia del contrato. (\u2026). Por el contrario, este Despacho ha reconocido pleno valor a los contratos de promesa de venta y a los de compraventa al momento de calificar los cr\u00e9ditos reclamados por esos acreedores durante el proceso de reorganizaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual fueron incluidos dentro de la providencia de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de votos\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, insisti\u00f3 en que \u00abEn materia de transferencia de bienes por actos entre vivos, ha sido pac\u00edfico en el derecho colombiano la aplicaci\u00f3n del sistema de t\u00edtulo y modo desarrollada a partir de los art\u00edculos 740 y subsiguientes del C\u00f3digo Civil. 13. Este sistema consiste en que, para que se transfiera v\u00e1lidamente la propiedad u otro derecho real, deben coincidir dos actos: i) El t\u00edtulo que usualmente corresponde al acto jur\u00eddico en el cual se concreta el intercambio de voluntades entre las partes y que incorpora las obligaciones a las que se sometieron; y ii) El modo, que corresponde al mecanismo por medio del cual el vendedor ejecuta la obligaci\u00f3n de dar a favor del comprador y, en consecuencia, permite la transferencia del derecho real que se transfiere. <\/p>\n
En ese sentido, el t\u00edtulo o contrato s\u00f3lo es fuente de obligaciones entre las partes, generando un derecho personal a favor del comprador y a cargo del vendedor. Una vez, el vendedor cumple con su prestaci\u00f3n y transfiere la propiedad del bien a favor del comprador, es que \u00e9ste puede considerarse como verdadero due\u00f1o del mismo, con todas las facultades que le otorga el derecho de dominio sobre el bien adquirido no solo frente al vendedor sino tambi\u00e9n frente a terceros (derecho real) \u2026En consecuencia, mientras la escritura contentiva del contrato de compraventa no se inscriba en el registro de instrumento p\u00fablicos, el comprador s\u00f3lo cuenta con un derecho personal respecto del deudor en insolvencia, para que \u00e9ste cumpla con la tradici\u00f3n. En consecuencia, se trata de una obligaci\u00f3n personal la cual se traduce en un derecho de cr\u00e9dito que, adicionalmente, ha sido reconocido dentro del proceso fallido de reorganizaci\u00f3n. 20. En consecuencia, se desestiman los argumentos expuestos por los recurrentes orientados a sostener que el otorgamiento de la compraventa era suficiente para ser considerados propietarios. 21. En ese sentido tampoco se pueden estimar las solicitudes de exclusi\u00f3n al amparo del art\u00edculo 55 de la Ley 1116 de 2006, pues no se aport\u00f3 prueba sumaria de la propiedad a favor de quien requiere la exclusi\u00f3n. Por el contrario, las pruebas en el proceso son claras, quienes solicitan la exclusi\u00f3n no son propietarios, por serlo la sociedad deudora, propietaria inscrita. 22. En adici\u00f3n a lo anterior, tampoco pueden ser tenidos en cuenta como poseedores, argumento que igualmente presentan como sustento del recurso, pues al haber recibido los bienes como consecuencia de un t\u00edtulo no traslaticio de dominio (la promesa) o conociendo plenamente que no se ha producido el registro de la escritura p\u00fablica, es claro que reconocen dominio ajeno o, por lo menos, que tienen claro que a\u00fan no tienen todos los requisitos para adquirir el dominio de los bienes\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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