STC12495-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12495-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-01706-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 18 de agosto de 2021 por la Sala S\u00e9ptima de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo promovido por Margarita Mar\u00eda del Socorro Upegui Ruiz contra la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades y Juan Manuel Gonz\u00e1lez Garavito. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a todos los interesados en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C., en liquidaci\u00f3n, Exp. 50.697. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que, el 26 de mayo de 2014, entre ella, como promitente compradora, y La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C., en calidad de promitente vendedora, se suscribi\u00f3 el contrato de promesa de compraventa de los locales comerciales 158 y 159, identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 230-199967 y 230-199968, por $1.550.900.00. En la misma fecha, entre la sociedad vendedora y la tutelante, en calidad de Representante Legal de la empresa Industria y Selecci\u00f3n de Granos y Cereales SAS, se suscribi\u00f3 un contrato de promesa de compraventa de los locales comerciales 160 y 161, con folios de matr\u00edcula inmobiliaria 230-199969 y 230-199970, por $1.571.960.000, pactando en ambos acuerdos, seg\u00fan otro s\u00ed, que la escritura p\u00fablica se firmar\u00eda el 7 de abril de 2017. <\/p>\n
El 28 de julio de 2017, la accionante, como Representante Legal de Industria y Selecci\u00f3n de Granos y Cereales S.A.S., cedi\u00f3 todos los cr\u00e9ditos en favor de Margarita Mar\u00eda Del Socorro Upegui Ruiz como persona natural. En virtud de lo anterior, la promotora cancel\u00f3 las sumas pactadas en las promesas referidas, por lo que ha venido ostentando la posesi\u00f3n pac\u00edfica de los inmuebles adquiridos. <\/p>\n
No obstante, antes de la firma de las respectivas escrituras, la promitente vendedora entr\u00f3 en proceso de reorganizaci\u00f3n, que fue admitido por la Superintendencia de Sociedades el 11 de julio de 2017, tr\u00e1mite en el que fue reconocida como acreedora en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n y derechos de voto, aprobado por la Superintendencia de Sociedades en audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones del 5 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Posteriormente, en audiencia del 29 de enero de 2021, se improb\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, se declar\u00f3 terminada esa etapa y se dispuso la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Sostuvo la parte actora que, dado que su pretensi\u00f3n no era el retorno del dinero, sino que los bienes fueran escriturados a su nombre, en raz\u00f3n a los compromisos adquiridos en las promesas de compraventa respectivas, present\u00f3 solicitud de exclusi\u00f3n de activos (locales 158, 159, 160 y 161), de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 55 de Ley 1116 de 2006. Tal petici\u00f3n fue resuelta por la Superintendencia de Sociedades el 8 de junio de esta anualidad, a trav\u00e9s del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, negando lo reclamado, determinaci\u00f3n confirmada el 27 de julio posterior; adem\u00e1s, se reprogram\u00f3 la diligencia de embargo para el 26 y el 27 de agosto siguiente. <\/p>\n
La actora consider\u00f3 que no se tuvo en cuenta que ella cumpli\u00f3 con todo lo pactado en los contratos de promesa de compraventa y que, por parte de la Superintendencia, no se valoraron las suficientes pruebas aportadas de ello y de la posesi\u00f3n que detentaba, vulnerando as\u00ed sus derechos, pues est\u00e1 \u00aba punto de perder todo el fruto de una vida de trabajo honrado y decente representado en los inmuebles hoy en controversia, por una caprichosa decisi\u00f3n de los accionados, siendo tan gravosa que incluso dejar\u00e1 de percibir las sumas dinerarias que de forma mensual y por concepto de arriendo de sus locales\u00bb, a pesar de que el numeral 8 del art\u00edculo 55 de la Ley 1116 de 2006 es claro en se\u00f1alar que no har\u00e1n parte del patrimonio del deudor \u00ablas especies que aun encontr\u00e1ndose en poder del deudor, pertenezcan a otra persona, para lo cual deber\u00e1 acreditar prueba suficiente\u00bb, y que el numeral 9 ibidem contempla el deber del juez del concurso de gestionar la tradici\u00f3n de los bienes al leg\u00edtimo propietario, tal como lo prescribe para los bienes destinados a la vivienda en los que se haya firmado escritura de venta que no se hubiere registrado. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 que se ordene a los accionados i) que se reconozca como propietaria, \u00abde los inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 230-199967, 230-199968, 230-199969, 230-199970 de la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Villavicencio\u00bb, ii) excluir del inventario de bienes del deudor los inmuebles anteriormente mencionados, iii) que se realice la escrituraci\u00f3n y tradici\u00f3n de esos locales; y, como petici\u00f3n subsidiaria, que se ordene \u00abACTUALIZAR los valores contenidos en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos presentada por el liquidador, y reconocer y actualizar el valor de los inmuebles de mi representada en la suma de $6.786.564.300, de conformidad con la exposici\u00f3n y pruebas que se incluyeron en memorial con radicado Nro. 2021-03-004228 del 19 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El se\u00f1or Juan Manuel Gonz\u00e1lez Garavito, liquidador de la sociedad La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. en liquidaci\u00f3n judicial, manifest\u00f3 que la acci\u00f3n pretende restarle valor jur\u00eddico a la decisi\u00f3n del 5 de noviembre de 2019, mediante la cual la Superintendencia de Sociedades gradu\u00f3 y calific\u00f3 los cr\u00e9ditos en dicho proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial. Adicionalmente, en dicha oportunidad \u00abno solo no hubo reparo alguno por parte de la aqu\u00ed accionante, sino que adem\u00e1s fue la propia accionante quien vot\u00f3 positivamente el acuerdo de reorganizaci\u00f3n propuesto en dicha instancia\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la sociedad que representa es la propietaria inscrita de los inmuebles que la accionante pretende excluir, sin embargo, destac\u00f3 que la promesa de compraventa en esa clase de procesos concursales es fuente de obligaci\u00f3n de derechos personales en virtud del reconocimiento de cr\u00e9ditos otorgado por el juez concursal y ahora por el liquidador, mediante la presentaci\u00f3n del proyecto de reconocimiento, graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, del cual apenas se corri\u00f3 traslado, raz\u00f3n por la que la tutelante tiene la oportunidad legal para objetarlo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en todo caso, ninguno de los numerales de exclusi\u00f3n citados en el art\u00edculo 55 de la Ley 1116 de 2006 se encuadran en los supuestos f\u00e1cticos narrados por la gestora. <\/p>\n
2. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia aclar\u00f3 que, \u00abdentro del proceso de liquidaci\u00f3n judicial a\u00fan no se ha agotado la etapa procesal de reconocimiento de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto. A la fecha, se encuentra en traslado, hasta el 19 de agosto de 2021, el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto presentado por el liquidador\u00bb. Afirm\u00f3 que la calidad de acreedora de la accionante fue reconocida en audiencia del 29 de octubre de 2019 en el proceso de reorganizaci\u00f3n y no de liquidaci\u00f3n judicial, en el que, adem\u00e1s, se calific\u00f3 su cr\u00e9dito como de quinta clase, seg\u00fan consta en acta del 8 de noviembre siguiente. <\/p>\n
Sobre la decisi\u00f3n de negar la exclusi\u00f3n de activos, sostuvo que se debi\u00f3 a que los acreedores solicitantes no son los propietarios de los inmuebles y, en tal sentido, se trata de una obligaci\u00f3n personal la cual se traduce en un derecho de cr\u00e9dito que, ya se reconoci\u00f3 dentro del proceso fallido de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El apoderado de Inversiones C&R S.A.S. en el proceso de reorganizaci\u00f3n sostuvo que en \u00e9ste se han defendido radicalmente los intereses de Emporio Empresarial y SAINC, acreedores de quinta clase, que representan el 50% de los cr\u00e9ditos quirografarios \u00aby temen que si firman las escrituras y registran las transferencias una parte de sus recursos se disminuir\u00e1n en las posibilidades de recuperaci\u00f3n\u00bb, riesgo que no tomaron los adquirentes de locales y oficinas, porque pagaron integralmente el precio de los inmuebles. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no existe un pasivo expreso, claro y exigible, porque la concursada no tiene un t\u00edtulo y no existe un cr\u00e9dito en favor de los adquirentes de locales y oficinas, sino obligaciones de hacer. As\u00ed, expuso que la sociedad en liquidaci\u00f3n \u00abno tiene t\u00edtulo, pero tiene el modo, los adquirentes tienen el t\u00edtulo y les falta el modo, la soluci\u00f3n es aplicar la ley: efect\u00faen las transferencias como forma de cumplir los pactos y denle continuidad a los contratos celebrados como parte del objeto social\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio solicitado, al encontrar razonables las decisiones censuradas, dado que se profirieron de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, que no establece la exclusi\u00f3n del patrimonio a liquidar de locales comerciales que hayan sido prometidos en venta a terceros y que no se hubieran perfeccionado a trav\u00e9s de suscripci\u00f3n de escritura p\u00fablica e inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la interesada no objet\u00f3 el proyecto de reconocimiento, graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto presentado por el liquidador, raz\u00f3n por la que no procede la pretensi\u00f3n de actualizar los valores contenidos en aqu\u00e9l. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien afirm\u00f3 que del proyecto de reconocimiento, graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto presentado por el liquidador de la Sociedad se corri\u00f3 traslado el 11 de agosto de 2021, raz\u00f3n por la cual, al momento de presentar la acci\u00f3n, no hab\u00eda radicado objeciones; adem\u00e1s, \u00abdicho tr\u00e1mite no tiene la virtualidad de satisfacer las obligaciones insolutas por parte de la Sociedad\u00bb, ni de excluir los bienes prometidos en venta o realizar adjudicaci\u00f3n directa, por lo que s\u00f3lo puede aspirar a que \u00abse le reconozca alguna parte de la totalidad de los dineros que fueron cancelados por concepto de la compra de aquellos\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que se configuran los elementos de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio y que lo pretendido en el tr\u00e1mite concursal, en la etapa de reorganizaci\u00f3n y ahora en la de liquidaci\u00f3n, es el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de promesa de compraventa. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que sean amparados sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las providencias proferidas por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades el 8 de junio y el 27 de julio de 2021, mediante las cuales desestim\u00f3 la solicitud de exclusi\u00f3n de algunos activos presentada en el proceso de liquidaci\u00f3n de la Sociedad La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. <\/p>\n
2. Sobre el particular se resalta que, el 27 de julio de 2021, la Superintendencia accionada resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra su decisi\u00f3n de denegar la exclusi\u00f3n de la masa de activos de la concursada, solicitada por diferentes acreedores, entre ellos, por la se\u00f1ora Margarita Mar\u00eda del Socorro Upegui Ru\u00edz. <\/p>\n
Para ello precis\u00f3, en primer lugar, que a los contratos de promesa de compraventa de bienes de propiedad de la empresa en liquidaci\u00f3n s\u00ed se les hab\u00eda reconocido pleno valor al momento de calificar los cr\u00e9ditos reclamados por esos acreedores durante el proceso de reorganizaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual fueron incluidos en la providencia de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de votos, aceptando el derecho del cr\u00e9dito que les asiste. <\/p>\n
As\u00ed mismo, destac\u00f3 que la tradici\u00f3n de los bienes inmuebles, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 740 del C\u00f3digo Civil y subsiguientes, exige el t\u00edtulo y el modo y que s\u00f3lo cuando el \u00abvendedor cumple con su prestaci\u00f3n y transfiere la propiedad del bien a favor del comprador, es que \u00e9ste puede considerarse como verdadero due\u00f1o del mismo, con todas las facultades que le otorga el derecho de dominio sobre el bien adquirido no solo frente al vendedor sino tambi\u00e9n frente a terceros (derecho real)\u00bb, tradici\u00f3n que, a la luz del art\u00edculo 756 ibidem, requiere de la inscripci\u00f3n en la respectiva oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos. <\/p>\n
Por lo expuesto concluy\u00f3 que, mientras la escritura contentiva del contrato de compraventa no se inscriba en el registro de instrumentos p\u00fablicos, el comprador s\u00f3lo cuenta con un derecho personal respecto del deudor en insolvencia. En consecuencia, se trata de una obligaci\u00f3n personal, la cual se traduce en un derecho de cr\u00e9dito que, adicionalmente, ha sido reconocido en el proceso fallido de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Y, en cuanto a lo previsto en el art\u00edculo 55 de la Ley 1116 de 2006, consider\u00f3 que no se aportaron las pruebas sumarias que acreditaban la propiedad a favor de quien solicit\u00f3 la exclusi\u00f3n, pues las allegadas daban cuenta de que la propietaria inscrita de los respectivos bienes era la sociedad La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. <\/p>\n
De otro lado, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades analiz\u00f3 la calidad de poseedores alegada por los distintos interesados en la exclusi\u00f3n de bienes inmuebles, frente a lo cual concluy\u00f3 que, \u00abal haber recibido los bienes como consecuencia de un t\u00edtulo no traslaticio de dominio (la promesa) o conociendo plenamente que no se ha producido el registro de la escritura p\u00fablica, es claro que reconocen dominio ajeno o, por lo menos, que tienen claro que a\u00fan no tienen todos los requisitos para adquirir el dominio de los bienes\u00bb. <\/p>\n
En lo relativo al deber que le asiste al juez del concurso para garantizar los derechos de los compradores de vivienda, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 51 de la Ley 1116 de 2006, puso de presente que la situaci\u00f3n contemplada en la norma se limitaba a promitentes compradores de bienes destinados a vivienda, pero que, en modo alguno, pod\u00eda hacerse extensiva a inmuebles de uso comercial. <\/p>\n
2.1. De lo anterior se vislumbra que la accionada concluy\u00f3, razonada y objetivamente, que la tutelante hab\u00eda sido reconocida v\u00e1lidamente como acreedora, reconociendo valor a los contratos de promesa de compraventa de los locales comerciales 158, 159, 160 y 161, pero que dichos bienes no pod\u00edan ser excluidos del patrimonio de la sociedad en liquidaci\u00f3n, toda vez que \u00e9sta y no la gestora figuraba como propietaria en los folios de matr\u00edculas inmobiliarias, resaltando que la tradici\u00f3n de bienes inmuebles requiere del t\u00edtulo y el modo; adem\u00e1s, se pronunci\u00f3 sobre la imposibilidad de hacer extensivo al asunto la previsi\u00f3n contenida en el numeral 8 del art\u00edculo 55 de la Ley 1116 de 2006, que contempla la exclusi\u00f3n de los inmuebles destinados a vivienda respecto de los cuales el deudor hubiere otorgado la escritura p\u00fablica de venta que no estuviere registrada, pues los reclamados por la accionante eran locales comerciales. <\/p>\n
2.2. Para la Sala, independientemente de que la postura sea o no compartida, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el proceso concursal y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2.3. Adicionalmente, ha de resaltarse que esta Sala ha establecido que la tutela no es un medio para realizar una nueva valoraci\u00f3n probatoria, pues \u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC1148-2020). <\/p>\n
3. Ahora bien, frente a la petici\u00f3n subsidiaria referente a la actualizaci\u00f3n de los valores contenidos en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos presentada por el liquidador, se observa que tal proyecto fue presentado el 10 de agosto de 2021 y se corri\u00f3 traslado de este el 11 de agosto siguiente, t\u00e9rmino durante el cual la accionante present\u00f3 objeci\u00f3n, de acuerdo con lo manifestado en su escrito de impugnaci\u00f3n1. <\/p>\n
En tal sentido, adem\u00e1s de que \u00e9ste es un asunto nuevo acaecido en el trascurso de la presente acci\u00f3n, corresponde a los jueces naturales resolver lo concerniente a los procesos a su cargo, de modo que le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al juzgador de la causa, por cuanto no puede arrogarse facultades ajenas. Y, si bien dicha objeci\u00f3n, como lo dice la tutelante, no tiene la virtualidad de excluir los ya rese\u00f1ados activos, la decisi\u00f3n adoptada frente al particular, como se indic\u00f3, no contiene anomal\u00eda que imponga la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, dado que del escrito de tutela se establecen reparos tendientes a controvertir la inclusi\u00f3n de los promitentes compradores en el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos -en tanto su cr\u00e9dito es una obligaci\u00f3n de hacer y lo que se pretende no es una obligaci\u00f3n crediticia, sino el cumplimiento de los contratos de promesa de compraventa-, se advierte que esta Sala, en sentencia STC2346-20202, al revisar los cargos contra lo decidido el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2019 en ese proceso concursal, sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEn la teor\u00eda general del derecho de quiebras se distingue, para los efectos de la debida conformaci\u00f3n de la masa concursal, entre los cr\u00e9ditos pecuniarios y los no pecuniarios. <\/p>\n
Dentro de esta \u00faltima categor\u00eda caen, no hay duda, las prestaciones de hacer, que, como luce pac\u00edfico, seg\u00fan reiterad\u00edsima jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n, de los tribunales superiores, la doctrina de los expositores nacionales, y el propio tenor de la ley [arts. 861 CC. y 1611 CC (art. 89 L. 153 de 1887)], son protot\u00edpicas del contrato de promesa de compraventa, en cuanto la obligaci\u00f3n principal del promitente vendedor radica en celebrar el negocio prometido en los t\u00e9rminos y condiciones convenidos, suscribiendo, si se trata de inmuebles, la escritura p\u00fablica respectiva. <\/p>\n
Siendo evidente, entonces, que las acreencias con fuente en las promesas de venta, pueden y deben ser incluidas dentro del patrimonio concursado, no s\u00f3lo por su naturaleza crediticia u obligacional y por el hecho de que toda prestaci\u00f3n, para ser tal, debe ser susceptible de avaluarse econ\u00f3micamente, sino, tambi\u00e9n, porque la norma positiva (arts. 24 y 25 L. 1116 de 2006) no las excluye, ning\u00fan desafuero cabe achacarle a la superintendencia atacada cuando aval\u00f3 el proyecto que en ese sentido alleg\u00f3 el promotor\u00bb. <\/p>\n
Hechas las anteriores precisiones, se itera, la determinaci\u00f3n censurada se profiri\u00f3 con base en un an\u00e1lisis razonado, de manera que no se advierte una anomal\u00eda de tal entidad que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00aby aunque al momento de presentaci\u00f3n de esta impugnaci\u00f3n ya se objet\u00f3 dicho proyecto\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia del 5 de marzo de 2020, radicado 11001-22-03-000-2019-02536-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12495-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12495-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-01706-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57712","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57712"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57712\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}