STC12506-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12506-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01481-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el asunto censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La entidad querellante, actuando por medio del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, patrimonio p\u00fablico, igualdad en las actuaciones judiciales y seguridad jur\u00eddica\u00bb y, en consecuencia, pidi\u00f3: <\/p>\n
\u00abi) Dejar sin efectos la decisi\u00f3n laboral del 17 de marzo de 2021 dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de descongesti\u00f3n No. 3, en el proceso laboral 201600304 por la flagrante v\u00eda de hecho y el abuso palmario del derecho en raz\u00f3n al reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a favor de la se\u00f1ora Sandra Patricia Pardo Herrera, quien no cumpli\u00f3 la totalidad de los requisitos se\u00f1alados en la vigencia de la Convenci\u00f3n colectiva 2001-2004. <\/p>\n
ii) Ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada no casar la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Popay\u00e1n de fecha 3 de julio de 2018 y en consecuencia se nieguen las pretensiones del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional a la se\u00f1ora Sandra Patricia Pardo Herrera por encontrar demostrado que NO reuni\u00f3 la totalidad de los requisitos se\u00f1alados en la Convenci\u00f3n colectiva 2001-2004 antes del 31 de octubre de 2004 data de l\u00edmite de su vigencia\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria, demand\u00f3: \u00abEn caso de que esa Magistratura no acceda a lo anterior en raz\u00f3n a no estar superado el requisito de la subsidiariedad, solicitamos: Primero: Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos deprecados y, Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se SUSPENDA de manera transitoria la sentencia del 17 de marzo de 2021, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de lo reclamado, se\u00f1al\u00f3 que la Magistratura censurada cas\u00f3 la sentencia dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Popay\u00e1n y revoc\u00f3 la de 8 de marzo del mismo a\u00f1o emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, en el juicio laboral que Sandra Patricia Pardo Herrera adelant\u00f3 en su contra para, en su lugar, \u00abcondenarla a reconocer y pagar a Pardo Herrera la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a partir del 1\u00b0 de abril de 2015 en cuant\u00eda inicial de $3.008.285 (\u2026), $266.301.505, por retroactivo de las mesadas pensionales causadas y exigibles desde el 1 de abril de 2015 hasta la fecha de este fallo (\u2026) previamente la entidad deber\u00e1 indexar cada una de las mesadas pensionales, a partir de la fecha de su exigibilidad individual y hasta la fecha del pago efectivo, de conformidad con la f\u00f3rmula indicada en la parte considerativa, de manera que se garantice el pago de su valor real y actualizado\u00bb (17 mar. 2021). <\/p>\n
En su criterio, con tal determinaci\u00f3n \u00abse configuraron las causales especiales de procedibilidad denominadas defecto procedimental f\u00e1ctico, material o sustantivo, violaci\u00f3n de la constituci\u00f3n y desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto la Convenci\u00f3n Colectiva de 2001-2004 exig\u00eda para efectos del reconocimiento pensional 20 a\u00f1os de servicio y para el caso de las mujeres 50 a\u00f1os de edad. La se\u00f1ora Pardo Herrera cumpli\u00f3 los 50 a\u00f1os de edad exigidos hasta el 27 de febrero de 2014 y para ese momento no exist\u00eda esa Convenci\u00f3n en raz\u00f3n a la finalizaci\u00f3n de su vigencia la cual fue determinada hasta el 31 de octubre de 2004, lo que hace que para la situaci\u00f3n particular de la demandante esta no fuera beneficiaria de la misma (\u2026) por consiguiente, la sentencia demandada constituye un abuso del derecho y compone un perjuicio para el erario y la sostenibilidad financiera del sistema pensional al reconocerse el pago de una mesada pensional cuya titular no ostenta el derecho para tal efecto desconociendo los par\u00e1metros del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de descongesti\u00f3n n\u00b0 3 se opuso a la prosperidad del amparo, toda vez que \u00abel alcance de la norma convencional en la que se sustenta la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada (art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 firmada entre el ISS y el sindicato que agrupaba a sus trabajadores) fue recientemente fijado por esta Corporaci\u00f3n en la sentencia CSJ SL3343-2020, en consecuencia, para la Corte deriva que el derecho pensional puede ser adquirido por los ex trabajadores que al momento del retiro tengan acreditado el tiempo de servicios pero no la edad, pues, si bien el art\u00edculo convencional alude a trabajadores oficiales, ello no excluye del beneficio a quienes tuvieron tal condici\u00f3n, pero arribaron a la edad anunciada con posterioridad a la finalizaci\u00f3n de sus contratos, dicha circunstancia no desvirt\u00faa la calidad que una vez tuvieron: la de trabajadores oficiales al servicio de la entidad que, en \u00faltimas, es lo que exige la norma referida, m\u00e1xime, cuando este derecho pensional se concede para compensar el desgaste f\u00edsico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos a\u00f1os de servicio. Por ello, la Sala considera que el eje central de tal prestaci\u00f3n es el tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral. La edad simplemente corresponde a una conducta futura, connatural al ser humano, un requisito de exigibilidad, el cual fue cumplido con posterioridad a su desvinculaci\u00f3n. Si bien la actora caus\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n el 21 de noviembre de 2009 y el derecho se hizo exigible al cumplir los 50 a\u00f1os, su pago s\u00f3lo procede a partir del 1 de abril de 2015, fecha en la que se retir\u00f3 del servicio\u00bb. <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal de Popay\u00e1n manifest\u00f3 que en segunda instancia \u00ababsolvi\u00f3 de todas las pretensiones de la demanda a la UGPP al considerar que no se daban los presupuestos para ordenar el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n pretendida, providencia que contiene las razones que motivaron a adoptar la decisi\u00f3n ya conocida\u00bb. <\/p>\n
La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la Rep\u00fablica, requirieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico indic\u00f3 que \u00absi bien no tiene legitimidad en la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial planteada, respalda las razones y pretensiones tanto principales como subsidiarias de la accionante\u00bb. <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales P.A.R.I.S.S. expres\u00f3 que \u00abcarece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con los derechos pensionales reconocidos en su calidad de empleador, siendo por tanto la UGPP la Entidad actualmente encargada de administrar las mencionadas obligaciones\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL Y R\u00c9PLICA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el auxilio ante el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario y residual, comoquiera que \u00abla entidad demandante no ha ejercido la acci\u00f3n correcta para lograr un pronunciamiento acerca de la incompatibilidad de la mesada pensional cuestionada y no se observa un abuso del derecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional \u2013 definitiva o transitoria \u2013 en lo que respecta a su reconocimiento\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 la tutelante insistiendo en las alegaciones inaugurales, agregando que, \u00absi bien es cierto cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, este mecanismo judicial no logra ser el adecuado para proteger los recursos del sistema general de pensiones de forma r\u00e1pida y efectiva como s\u00ed es posible hacerlo en el desarrollo de la acci\u00f3n de tutela ya que, aunque el a quo no lo perciba, en este caso se present\u00f3 la existencia de un abuso palmario del derecho con la decisi\u00f3n adoptada el 17 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral No. 3, lo que trae como consecuencia la afectaci\u00f3n directa a los recursos p\u00fablicos con ocasi\u00f3n de un reconocimiento pensional que no se encuentra ajustado a derecho y que configura un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
Sandra Patricia Pardo Herrera suplic\u00f3 que \u00abse confirme la decisi\u00f3n de primera instancia, declarando la improcedencia de la tutela por no cumplirse los presupuestos de procedencia de la tutela contra sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, es claro que el resguardo formulado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP -, se orienta a criticar el veredicto que \u00ab[cas\u00f3] la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro del proceso adelantado por Sandra Patricia Pardo Herrera contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP\u00bb, para, entre otras cosas, condenarla a \u00abreconocer y pagar\u00bb a favor del extremo activo \u00abla pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional (art\u00edculo 98 convenci\u00f3n colectiva 2001-2004) a partir del 1 de abril de 2015, en cuant\u00eda inicial de $3.008.285, junto con los incrementos anuales a lugar (\u2026) pagar la suma nominal de $266.301.505, por retroactivo de las mesadas pensionales causadas y exigibles desde el 1 de abril de 2015 hasta la fecha de este fallo\u00bb, pues aprecia que dicho pronunciamiento se edific\u00f3 en evidentes v\u00edas de hecho vulneradoras de sus privilegios supralegales, al desconocer que Sandra Patricia Pardo Herrera no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos en la Convenci\u00f3n Colectiva. <\/p>\n
Sobre el particular, observa esta Sala, acorde con lo se\u00f1alado por la el a quo, que el ruego carece del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que contra la decisi\u00f3n emitida por la Sala acusada puede instaurar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, seg\u00fan el cual, <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 20. REVISI\u00d3N DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERI\u00d3DICAS A CARGO DEL TESORO P\u00daBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA P\u00daBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
La revisi\u00f3n tambi\u00e9n procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n judicial o extrajudicial. <\/p>\n
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso, y <\/p>\n
b) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al reconocimiento pensional convencional, la Sala ha dicho, que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo (\u2026). <\/p>\n
La entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003 para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01, reiterada STC6282-2021). <\/p>\n
2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino que tienen las administradoras de pensiones para interponer el mecanismo \u00abextraordinario de revisi\u00f3n de las decisiones judiciales\u00bb que hayan reconocido pensiones a su parecer con abuso del derecho, seg\u00fan los art\u00edculos 30 y 32 de la Ley 712 de 2001, establecen que el aludido medio de defensa judicial se puede instaurar en un t\u00e9rmino que no exceda de cinco (5) a\u00f1os a partir de la sentencia laboral recurrida, lapso que se encuentra vigente, pues la resoluci\u00f3n objeto de controversia se profiri\u00f3 el 17 de marzo de 2021. <\/p>\n
3. Tampoco es viable acceder al pedimento subsidiario de la precursora, en el sentido que \u00absean amparados sus derechos transitoriamente y como consecuencia se suspenda de manera transitoria la sentencia del 17 de marzo de 2021 hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb, porque no est\u00e1n satisfechos los requisitos que la Jurisprudencia Constitucional estableci\u00f3 para la procedencia excepcional de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb en eventos en los que se advierta \u00abun abuso palmario del derecho\u00bb, en las Sentencias SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, que se relacionan brevemente as\u00ed: <\/p>\n
Se verifica el \u00ababuso palmario del derecho\u00bb y, en consecuencia, la salvaguarda se torna viable, cuando <\/p>\n
\u00ablas autoridades judiciales demandadas elevaron el monto de la pensi\u00f3n reconocida a XXX de $3.935.780 pesos m\/cte. a $14.140.249 pesos m\/cte. con fundamento en una vinculaci\u00f3n precaria en encargo que tuvo la mencionada ciudadana como fiscal delegada ante un tribunal superior de distrito judicial por 1 mes y 6 d\u00edas, per\u00edodo en el cual se increment\u00f3 considerablemente su asignaci\u00f3n salarial y recibi\u00f3 una bonificaci\u00f3n por gesti\u00f3n judicial, que a la postre tambi\u00e9n fue tenida [en] cuenta para efectuar la liquidaci\u00f3n de la mesada prestacional\u00bb (Sentencia SU-427 de 2016). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, en eventos en los que los \u00abreconocimientos prestacionales logrados mediante un abuso del derecho evidente, amerita que ante casos de graves cuestionamientos jur\u00eddicos frente a un fallo judicial que impone el pago de prestaciones peri\u00f3dicas a la UGPP\u00bb. En conclusi\u00f3n, no cualquier aumento pensional es susceptible de configurar un \u00ababuso del derecho evidente o palmario\u00bb, car\u00e1cter que se restringe a aquel que pueda considerarse \u00abgrave\u00bb (Sentencia SU-395 de 2017). <\/p>\n
Igualmente, en la SU-631 de 2017 se se\u00f1alaron como criterios para identificar un \u00ababuso palmario del derecho\u00bb: \u00ab(i) que se presenten incrementos pensionales ileg\u00edtimos que resultan mensualmente tan cuantiosos, que indudablemente desfinanciar\u00e1n al sistema pensional, (ii) que no exista una correspondencia entre el reconocimiento pensional y la historia laboral del beneficiario, que permite suponer que el incremento que favoreci\u00f3 al interesado es excesivo; y (iii) que la conducta de quien busca el beneficio pensional est\u00e9 dirigida a buscar en forma evidente, inconfundible y a ultranza una ventaja irrazonable o un incremento monetario significativo en comparaci\u00f3n con otros afiliados sin arreglo a la normativa vigente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario al parecer de la UGPP, no se evidencia que en la decisi\u00f3n cuestionada se pueda contemplar \u00abuna situaci\u00f3n de abuso del derecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb, por el contrario, se itera, cuenta con otro mecanismo judicial como lo es el \u00abrecurso extraordinario de revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual se muestra id\u00f3neo y efectivo para cuestionar providencias judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en \u00ablas irregularidades alegadas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el amparo como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable, en tanto no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para probarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, dado que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2039-2020). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12506-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC12506-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01481-01 (Aprobado en Sala de veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57721","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57721","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57721"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57721\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57721"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57721"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57721"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}