STC12507-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC12507-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2021-00177-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la tutela que Medimas E.P.S. S.A.S. le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a la Cl\u00ednica Medilaser S.A., el Banco Cooperativo Coopcentral, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Salud Social en Salud \u2013 ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad\u00bb, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara al estrado fustigado \u00abdejar sin valor ni efecto el auto del 21 de julio de 2021 y el oficio circular 1631 del 29 de julio de 2021 proferido dentro del proceso ejecutivo con radicaci\u00f3n 41001310300220190015000 (acumulado # 5)\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra y a favor de la Cl\u00ednica Medilaser S.A., con fundamento en varias \u00abfacturas de venta generadas como consecuencia de la prestaci\u00f3n de servicios de salud\u00bb y decret\u00f3 el embargo de sus cuentas bancarias hasta por la suma de \u00ab$18.334.226.000\u00bb (19 feb. 2020). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que enviado el oficio circular n\u00ba 10 (26 may.), el Banco Coopcentral inform\u00f3 que la ejecutada registraba dos cuentas de ahorros respecto de las cuales al momento de su apertura se estipul\u00f3 que los dineros que se manejaran por medio de ellas \u00abgozan de la prerrogativa especial de inembargabilidad por tratarse de recursos que provienen del Sistema General de Seguridad Social en Salud\u00bb y, por tanto, remiti\u00f3 al despacho confutado la documentaci\u00f3n que \u00abacreditaba el car\u00e1cter inembargable de los recursos, con el fin que (\u2026) los analice y determine la eventual continuidad de la medida de embargo\u00bb, de acuerdo con el art\u00edculo 594 del C.G.P. (21 jul.). <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el juez desconoci\u00f3 dicho precepto al no pronunciarse acerca de la configuraci\u00f3n de alguna de las excepciones legales a la regla de inembargabilidad, dentro de los tres d\u00edas siguientes a la aludida misiva y, por tanto, las medidas cautelares deb\u00edan tenerse como \u00abrevocadas\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 21 de julio de 2021, el estrado cuestionado requiri\u00f3 a los bancos a los que comunic\u00f3 las cautelas, advirti\u00e9ndoles que \u00ablos dineros embargados en el presente asunto son embargables toda vez que est\u00e1n destinados al pago de los servicios de salud prestados\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que dicha actuaci\u00f3n constituye v\u00eda de hecho, en la medida que desconoci\u00f3 el precedente y \u00abrevivi\u00f3\u00bb una \u00aborden de embargo sobre recursos inembargables\u00bb provenientes del Sistema de Seguridad Social en Salud, que perdi\u00f3 valor y efecto, dado que el administrador de justicia no insisti\u00f3 en la materializaci\u00f3n de la medida dentro de la oportunidad concedida y bajo el procedimiento previsto para ello en el aludido canon. <\/p>\n
2.- La Superintendencia Nacional de Salud y la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica pidieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Cl\u00ednica Medilaser S.A. se opuso al auxilio, por improcedente, ya que: 1) \u00ab[D]ebido al c\u00famulo de trabajo ocasionado por la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos (\u2026), las nuevas condiciones de trabajo en casa y a la dificultad en la conectividad ocasionada por los limitados equipos de computo de los despachos judiciales, que impide una oportuna y adecuada revisi\u00f3n del enorme expediente, la decisi\u00f3n tard\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de lo establecido en el (\u2026) art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que de acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 2013 no es obice para tener por revocada per se la medida cautelar\u00bb, 2) \u00ab[L]a providencia que orden\u00f3 el requerimiento gano firmeza cuando la ac\u00e1 actora permiti\u00f3 que el t\u00e9rmino de ejecutoria transcurriera en silencio\u00bb y, 3) La \u00aborden cautelar\u00bb es viable, puesto que se configura la \u00abexcepci\u00f3n\u00bb al principio de inembargabilidad, \u00aben tanto existe identidad material entre las obligaciones objeto de ejecuci\u00f3n y la destinaci\u00f3n legal y constitucional de los recursos objeto de embargo. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, que tiene sustento en la normatividad y jurisprudencia decantada sobre la embargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud cuando se pretende el pago de acreencias que tienen origen en la prestaci\u00f3n de servicios de salud. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n asegur\u00f3 que: i) Se \u00abtiene comprobado que los recursos objeto de embargo provienen del Sistema General de Participaciones Sector Salud y el objeto del proceso ejecutivo cuestionado son deudas procedentes de la prestaci\u00f3n de servicios de salud al r\u00e9gimen subsidiado de los beneficiarios de la accionante, por ende, hay una relaci\u00f3n directa entre el objeto de la reclamaci\u00f3n y las prestaciones en salud, por ende, se considera la posibilidad de procedencia del embargo reprochado (\u2026)\u00bb y, ii) Al \u00abexistir la orden [de embargo] junto con la justificaci\u00f3n de la excepci\u00f3n, no puede entenderse que se haya revocado la medida, ante la insistencia del Juzgado de cumplimento de la orden judicial, cuando los que omiten cumplirla, no acatan con las condiciones establecidas en el inciso segundo del par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 de CGP\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal de Neiva desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que no se satisface el presupuesto de la subsidiaridad, al paso que: a) La interesada no interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n frente a los interlocutorios que decretaron medidas cautelares (19 feb. 2020) y requirieron a los bancos para materializar los embargos (21 jul. 2021) y, b) El reparo relacionado con que \u00abel Juez accionado no se pronunci\u00f3 dentro del t\u00e9rmino que (\u2026) establece (\u2026) el par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 del C. General del Proceso, sobre excepci\u00f3n alguna a la regla de inembargabilidad\u00bb, ha de dilucidarse en el \u00abproceso respectivo\u00bb y ante el juez natural. <\/p>\n
4.- Medimas E.P.S. S.A.S. impugn\u00f3, reiterando los argumentos del escrito genitor, destacando que \u00abmediante control de legalidad [solicit\u00f3 al juzgador] la revisi\u00f3n de las actuaciones, sin lograr revertir su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que el auxilio no puede abrirse paso, por las razones que a continuaci\u00f3n se enlistan <\/p>\n
1.1.- Se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, el requisito temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Ello, en vista que, examinado el expediente rebatido, se logr\u00f3 establecer que, entre el prove\u00eddo que decret\u00f3 medidas cautelares (19 feb. 2020) y la radicaci\u00f3n del libelo superlativo (17 ag. 2021), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y (5) meses; esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha expresado que <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC4535-2020). <\/p>\n
De manera que, si la quejosa se demor\u00f3 en activar este dispositivo, de su mutismo deriv\u00f3 tal secuela, m\u00e1xime cuando no adujo ni demostr\u00f3 circunstancia alguna que permita tener por superado el aludido \u00abpresupuesto temporal\u00bb. <\/p>\n
1.2.- De otro lado, y en punto a los cuestionamientos que se plantean contra la providencia de 21 de julio pasado, por medio de la cual se requiri\u00f3 a las entidades bancarias para cumplir la orden de embargo expedida el 19 de febrero de 2020, se vislumbra que no se satisface la exigencia de la \u00absubsidiaridad\u00bb, al paso que tal resoluci\u00f3n qued\u00f3 en firme, al no ser impugnada por la gestora, a pesar que contra la misma cab\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, de acuerdo con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la actora tuvo la oportunidad de esgrimir ante el juzgador reprochado las disconformidades que plantea en este sendero especial, y no lo hizo, ya que dej\u00f3 fenecer la posibilidad para contradecir el mencionado auto. De ah\u00ed que, ante el desaprovechamiento de esa herramienta, deba soportar las resultas adversas que dicha conducta conlleva. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, al respecto, esta Sala tiene decantado, que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026) (STC6663-2018, citada en STC6916-2020). <\/p>\n
Ello, porque <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020). <\/p>\n
1.3.- Aunado a lo anterior, en atenci\u00f3n a que se observa que la rogativa elevada por la impulsora en aras que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva efectuara \u00abcontrol de legalidad por [el] decreto de medida cautelar improcedente\u00bb (18 ag. 2021), se encuentra pendiente de resolver, esta Sala colige que Medimas E.P.S. S.A.S. ha de esperar a que el despacho cognoscente desentra\u00f1e tal pedimento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la ayuda se torna prematura, comoquiera que, mientras no se profiera la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda y ejerzan los recurso que contra la misma resulten viables, no es procedente incursionar en este \u00e1mbito residual, ya que ello implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los falladores ordinarios, ya que tal discusi\u00f3n ha de ser dilucidada en primer lugar en el proceso civil, sin que a trav\u00e9s de este sendero extraordinario pueda invadirse orbitas son ajenas a su resorte. <\/p>\n
2.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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