STC12515-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12515-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00269-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Isabel Mojica Garz\u00f3n contra el Juzgado \u00danico de Familia de Soacha, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a \u00abla informaci\u00f3n\u00bb, al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso de sucesi\u00f3n de la causante Argenia Garz\u00f3n Vda. de Cantor, de radicado No. 2020-00154-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado \u00danico de Familia de Soacha \u00abfijar fecha y hora para llevar a cabo diligencia de inventarios y aval\u00faos (\u2026) admitir la demanda reivindicatoria acumulada en contra de Luis Enrique Jim\u00e9nez (\u2026) y la demanda acumulada de rendici\u00f3n de cuentas en contra del abogado Iv\u00e1n Ferreira\u00bb; y, de otro lado, que se vincule al tr\u00e1mite a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial \u2013Seccional Cundinamarca, \u00abcon quien se est\u00e1 tramitando vigilancia judicial administrativa, sino tambi\u00e9n a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, donde igualmente se est\u00e1 solicitando la respectiva investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro del referido juicio el Juzgado accionado no se ha pronunciado frente a la mencionada demanda acumulada, \u00aba pesar de que han transcurrido m\u00e1s de nueve (9) meses\u00bb, del mismo modo, no ha recibido respuesta a la solicitud que elev\u00f3 el 20 de septiembre de 2020 para que se se\u00f1ale fecha para la diligencia de inventarios y aval\u00faos, solicitudes que reiter\u00f3 el 26 y 27 de octubre de 2020, respectivamente; igual omisi\u00f3n, dice, se presenta frente a la demanda acumulada de rendici\u00f3n de cuentas que elev\u00f3 contra Iv\u00e1n Ferreira, siendo entonces sistem\u00e1tica la desatenci\u00f3n del juzgado a sus requerimientos, lo que en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado de Familia de Soacha corrobor\u00f3, que all\u00ed cursa el decurso criticado por esta v\u00eda, donde \u00abpor raz\u00f3n de suspenderse los t\u00e9rminos en la primera instancia, por tramitarse recurso de apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo, el suscrito juez se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno, frente a otras peticiones elevadas por interesados en la causa, entre el 15 de febrero y 13 de mayo de 2021\u00bb; no obstante, posteriormente neg\u00f3 la solicitud de la aqu\u00ed interesada para que \u00abse requiera a un heredero a rendir cuentas dentro del proceso sucesorio\u00bb; dem\u00e1s asever\u00f3, que \u00abno es cierto que la referida se\u00f1ora Mojica Garz\u00f3n haya solicitado acumular demanda reivindicatoria, pues no encontramos en el expediente tal solicitud\u00bb <\/p>\n
b. El Procurador 61 Judicial II de Familia se\u00f1al\u00f3, que en el presente tr\u00e1mite deber\u00e1 sopesarse si la tardanza en que ha incurrido la sede judicial accionada es injustificada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la promotora, con sustento en que, si bien se fij\u00f3 fecha para adelantar la diligencia de inventarios y aval\u00faos, se indic\u00f3 que se realizar\u00eda a las \u00abdiez de la noche, lo cual no es coherente para llevar a cabo diligencias judiciales\u00bb, as\u00ed mismo no se alleg\u00f3 copia de las providencias donde se cumpliera lo reclamado en la solicitud de amparo, de otro lado, el Tribunal a quo no se manifest\u00f3 sobre la demanda reivindicatoria acumulada que present\u00f3 desde septiembre de 2020 y que no ha tenido pronunciamiento del estrado accionado, ni sobre su solicitud de vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente asunto, la ciudadana Isabel Mojica Garz\u00f3n pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, que se ordene al Juzgado \u00danico de Familia de Soacha, dentro del proceso de sucesi\u00f3n de la causante Argenia Garz\u00f3n Vda. de Cantor, i); si bien se se\u00f1al\u00f3 fecha para la diligencia de inventarios y aval\u00faos, se fij\u00f3 para \u00abuna hora inusual, 10 de la noche\u00bb; ii) no se allego al presente tr\u00e1mite copia de las providencias donde se materializ\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos que se alegaron vulnerados; iii) no se estableci\u00f3 por que el estrado accionado no se ha pronunciado sobre la demanda reivindicatoria acumulada; iv) No se vincul\u00f3 al presente decurso a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ni a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisado el expediente digital, las documentales allegadas y el informe presentado por el Juzgado estrado accionado, observa la Corte que habr\u00e1 de confirmarse la determinaci\u00f3n constitucional de primera instancia, teniendo en cuenta lo siguiente, a saber: <\/p>\n
3.1. Constata la Sala que mediante auto del 13 de julio del corriente a\u00f1o, la prenombrada autoridad se manifest\u00f3 sobre las dos primeras solicitudes que eleva la aqu\u00ed accionante en este escenario, decidiendo: \u00abSe\u00f1\u00e1lese como fecha y hora, el d\u00eda veintitr\u00e9s (23) de noviembre del a\u00f1o en curso, a las 10:30 PM, para llevar a cabo la diligencia de Inventarios y Aval\u00faos de que trata el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso. Se le hace saber a los interesados que, la audiencia se realizar\u00e1 a trav\u00e9s de la plataforma TEAMS, para lo cual se enviar\u00e1 la correspondiente invitaci\u00f3n a los correos electr\u00f3nicos indicados en el presente asunto. Las partes deber\u00e1n enviar el acta de inventarios y aval\u00faos al correo institucional de este Despacho judicial (jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co), cinco (5) d\u00edas antes de la correspondiente audiencia, como tambi\u00e9n, al correo electr\u00f3nico de la contraparte\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, al encontrarse agotada la primera de las solicitudes constitucionales de la actora, desde antes de ser emitido el fallo constitucional de primera instancia el pasado 22 de julio pasado, porque el estrado accionado fij\u00f3 fecha para la mencionada actuaci\u00f3n procesal, no cabe duda que se cumpli\u00f3 con el prop\u00f3sito perseguido con la tutela, raz\u00f3n por la que ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC0436-2021). <\/p>\n
Ahora, si la actora tiene alg\u00fan reparo con dicha decisi\u00f3n judicial, particularmente, por haberse fijado la diligencia para una hora \u00abinusual\u00bb, le compet\u00eda elevarlo a trav\u00e9s de los medios legales que en el marco del referido proceso tuvo o tiene a su disposici\u00f3n, lo \u00faltimo en caso de tratarse de un error de digitaci\u00f3n (art. 286 del C. G. el P.), sin que pueda el juez constitucional interferir en lo decidido por el juez natural del asunto, dada la residualidad y subsidiariedad que caracterizan a este mecanismo, pues \u00ab(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ STC477-2021). <\/p>\n
3.2. La segunda queja constitucional tambi\u00e9n se negar\u00e1, por improcedente, ya que la gestora est\u00e1 en la posibilidad de conocer los prove\u00eddos dictados dentro del proceso cuestionado mediante la revisi\u00f3n directa del expediente, claro est\u00e1, atendiendo las particularidades que se presentan con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio de justicia principalmente de manera virtual, o, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020, puede encontrar vinculadas las decisiones a los estados electr\u00f3nicos donde respectivamente se hayan notificado, cometido para el cual no resulta procedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la residualidad y subsidiariedad que caracterizan al presente mecanismo de protecci\u00f3n de derechos fundamentales, que imponen al interesado agotar los medios ordinarios que tenga a su alcance, antes de acudir al escenario constitucional, dado que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC2451-2021). <\/p>\n
3.3. La protecci\u00f3n invocada por la gestora, con sustento en que el juzgado accionado no ha emitido pronunciamiento frente a la demanda reivindicatoria acumulada que afirm\u00f3 haber presentado dentro del juicio del ep\u00edgrafe, tambi\u00e9n est\u00e1 destinada al fracaso, por la inexistencia de la vulneraci\u00f3n fundamental alegada al respecto, ya que, durante el presente tr\u00e1mite se logr\u00f3 establecer que el precitado ruego no fue elevado por \u00e9sta dentro del mencionado proceso, pues, tal como lo manifest\u00f3 la autoridad accionada al intervenir durante este tr\u00e1mite: \u00abno es cierto que la referida se\u00f1ora Mojica Garz\u00f3n haya solicitado acumular demanda reivindicatoria, pues no encontramos en el expediente tal solicitud. En un memorial menciona el apoderado que ha ejercido acci\u00f3n reivindicatoria, pero no indica en que despacho judicial. En este despacho no ha sido impetrada acci\u00f3n reivindicatoria por parte de la quejosa\u00bb, afirmaci\u00f3n que, aunada a que la promotora no aport\u00f3 soporte alguno de su dicho, le permite a la Corte colegir que no existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte del Despacho accionado que amerite la intervenci\u00f3n excepcional e impostergable del juez de tutela. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares perfiles al de ahora la Sala consider\u00f3 que \u00ab[a]nte eventos como el narrado, el resguardo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto que \u00e9stos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
De esta manera, queda en evidencia la conducta del convocante, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como soporte de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f31 la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ STC899-2021). <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
3.4. Finalmente, la vinculaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n al presente tr\u00e1mite, fue negada por el a quo constitucional en prove\u00eddo del 24 de agosto pasado, tras considerar que \u00ablas pretensiones y hechos condensados en la demanda de amparo formulada circundaban \u00fanicamente sobre la mora judicial denunciada sobre el proceso de sucesi\u00f3n 2020-00157-00 a cargo del Juzgado de Familia de Soacha, de ah\u00ed que la vinculaci\u00f3n de las autoridades discurridas en precedencia no se tornaba obligatoria, al no tener ning\u00fan inter\u00e9s leg\u00edtimo en el expediente de resguardo\u00bb, postura que esta Corte comparte, al ciertamente ser evidente, que dichas autoridades no est\u00e1n inmiscuidas en alguno de los hechos sustento de la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada, por lo que que la emisi\u00f3n del respectivo fallo era viable sin su intervenci\u00f3n en este decurso, de ah\u00ed que su ausencia no es motivo v\u00e1lido para invalidar la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el sentido del fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedido lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
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STC12515-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC12515-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00269-02 Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57727","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57727","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57727"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57727\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}