STC12522-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12522-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01099-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lilia Beatriz S\u00e1nchez Salamanca contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Trece de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, as\u00ed como las partes e intervinientes en la causa penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial a la \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb, que consider\u00f3 quebrantada por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del procedimiento judicial seguido en su contra por el delito de abuso de confianza calificado y agravado, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2013-00252-00. <\/p>\n
Reclama entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que a trav\u00e9s de esta senda excepcional \u00abse decrete la nulidad del tr\u00e1mite por lo menos hasta el traslado del art\u00edculo 400 para que en garant\u00eda del ejercicio de este derecho pueda presentar pruebas a mi favor y presentarme en mi propio juicio\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que por el referido punible fue condenada en primera instancia mediante sentencia del 25 de noviembre de 2015, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Barranquilla a cuarenta y ocho (48) meses de prisi\u00f3n, oportunidad en la que adem\u00e1s le fue negada la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y concedida la prisi\u00f3n domiciliaria, dijo que esa decisi\u00f3n fue confirmada en su integridad el 21 de marzo de 2017 por el Tribunal convocado, y desde el 3 de marzo anterior se encuentra purgando dicha pena. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, al interior del juicio, no fue debidamente representada por su apoderado de oficio, pues \u00e9ste no actu\u00f3 con diligencia, en t\u00e9rminos generales porque no despleg\u00f3 una estrategia de defensa \u00abacorde con la realidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica\u00bb e incluso dej\u00f3 pretermitir el t\u00e9rmino para acudir en casaci\u00f3n, sin contar en que ejecutoriado el fallo no le explic\u00f3 las \u00abobligaciones a cumplir para hacer efectiva la prisi\u00f3n domiciliaria que se me hab\u00eda otorgado\u00bb, las cuales desconoc\u00eda por completo; adicionalmente, dijo, no fue debidamente convocada a la fase de instrucci\u00f3n, desconociendo el motivo por el cual su defensor \u00abno intent\u00f3 comunicarse\u00bb; sin embargo, asegur\u00f3 que present\u00f3 sus \u00abpropias alegaciones en audiencia p\u00fablica\u00bb y apel\u00f3 \u00abla sentencia condenatoria\u00bb, vicisitudes todas \u00e9stas que, asegura, viabilizan la intervenci\u00f3n del juez de tutela con miras a restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
a. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla pidi\u00f3 denegar el amparo, al considerar que dentro del asunto se respetaron las garant\u00edas esenciales de la quejosa, e, incluso, \u00abla irregularidad sustancial por violaci\u00f3n del derecho de defensa a que hace alusi\u00f3n en los hechos de la demanda la accionante como posible elemento vulnerador, fu\u00e9 (sic) objeto de decisi\u00f3n dentro del cap\u00edtulo de nulidades de la Sentencia emitida por \u00e9ste Tribunal, respetando en todo momento el debido proceso y el derecho a la defensa\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Trece de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, tras hacer un recuento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del asunto, reclam\u00f3 la negativa del auxilio por carecer del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
c. Rub\u00e9n Dar\u00edo Ceballos Mendoza, apoderado de la parte civil reconocida en el proceso penal, pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo pues consider\u00f3 que de modo alguno el mecanismo de amparo pod\u00eda ser usado como una tercera instancia, cuando dejaron de utilizarse los mecanismos de defensa con los que contaba para combatir las decisiones que se calificaron de lesivas a sus intereses, m\u00e1xime si se reparaba en la demora con la que la quejosa acudi\u00f3 a esa senda excepcional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras extra\u00f1ar cumplidos los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad que gobiernan este tr\u00e1mite preferente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora del auxilio, insistiendo en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial. Adicionalmente, dijo que no era de recibo considerar que no acudi\u00f3 con premura al tr\u00e1mite, pues solo tuvo \u00abconocimiento de la sentencia de segunda instancia en mi contra, cuando fui capturada\u00bb y del puntual contenido de aqu\u00e9lla, una vez recibi\u00f3 copias del proceso, esto es, en febrero actual, data \u00e9sta \u00faltima a partir del cual deb\u00eda contabilizarse el t\u00e9rmino respectivo; y frente a la ausencia del requisito de subsidiariedad, insisti\u00f3 en que estuvo desprovista de una adecuada defensa t\u00e9cnica, lo que finalmente repercuti\u00f3 en el inoportuno uso de los mecanismos extraordinarios puestos a su alcance, para combatir las decisiones da\u00f1osas a sus intereses. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, la ciudadana Lilia Beatriz S\u00e1nchez Salamanca se queja, en lo fundamental, del fallo de 21 de marzo de 2017 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 25 de noviembre de 2015 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de esa misma ciudad, a trav\u00e9s de la cual fue condenada a cuarenta y ocho (48) meses de prisi\u00f3n y multa de cuarenta (40) SMLMV como responsable del punible de abuso de confianza calificada agravada, pues en su particular criterio, lo decidido carece de validez al no haber contado con una real defensa t\u00e9cnica dentro del juicio, aunado a las irregularidades en su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, al paso que no se combati\u00f3 la decisi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada. En efecto, como qued\u00f3 visto, la \u00faltima de esas decisiones, correspondiente a la sentencia del del Tribunal Superior de Barranquilla con la que se confirm\u00f3 la condena en contra de la quejosa, data del 21 de marzo de 2017; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 27 de mayo de 2020, es decir, transcurridos cuatro (4) a\u00f1os y dos (2) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de la actora es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 dentro del referido juicio, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de la \u00faltima actuaci\u00f3n all\u00ed adoptada, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que de modo alguno pueda aceptarse que s\u00f3lo tuvo conocimiento del asunto cuando luego de materializada su captura, recibi\u00f3 copias del fallo, esto es, en el mes de febrero de la calenda que avanza, pues conforme dan cuenta las piezas procesales allegadas de forma digital, se desprende que la ahora reclamante rindi\u00f3 declaratoria dentro de la causa, e incluso, seg\u00fan su dicho, present\u00f3 sus \u00abpropias alegaciones en audiencia p\u00fablica\u00bb y apel\u00f3 directamente la sentencia condenatoria, situaci\u00f3n que adem\u00e1s desdibuja la presunta irregularidad frente a su vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC9424-2021). <\/p>\n
4. Adicionalmente, como se dijo, revisado el escrito de tutela y las documentales allegadas al expediente digital, tambi\u00e9n se advierte el incumplimiento del presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, la actora dej\u00f3 de aprovechar el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque si el descontento de la se\u00f1ora S\u00e1nchez Salamanca se soporta, b\u00e1sicamente, en lo determinado por el juez cognoscente al interior de la causa penal donde result\u00f3 condenada, sin mediar una debida defensa, ha debido formular, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero no procedi\u00f3 as\u00ed, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto dentro del proceso, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 con la t\u00e9cnica necesaria, las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n
La Sala en supuestos similares al aqu\u00ed estudiado ha indicado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC7574-2021). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, frente al puntal de la queja relacionado con la ausencia \u00abde defensa t\u00e9cnica\u00bb al interior del litigio en comento, las diligencias informan que desde el momento mismo en que se le vincul\u00f3 a la actuaci\u00f3n penal, la tutelante cont\u00f3 con un profesional del derecho que defendi\u00f3 sus intereses, con quien no solo se agotaron las diversas etapas procesales, sino que se realizaron acciones de participaci\u00f3n y contradicci\u00f3n que se consideraron pertinentes; de este modo, para la Sala afirmarse que existe vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa t\u00e9cnica que se ejerce mediante abogado, no puede simplemente se\u00f1alarse la ausencia de actos tales como la interposici\u00f3n de recursos, la presentaci\u00f3n de alegatos, la solicitud de pruebas, etc., con un absoluto abandono del cargo, pues si bien \u00e9stas suelen coincidir con aquellas manifestaciones de la actividad defensiva, no constituyen en estricto sentido, en la mayor\u00eda de los casos, m\u00e1s que aparentes expresiones del ejercicio de la defensa que no siempre es posible confundir con el derecho mismo, ya que \u00e9ste puede presentarse de diversas formas como estrategia defensiva, sin que ello de modo alguno pueda compararse con la evidente desatenci\u00f3n irresponsable de los compromisos inherentes al defensor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cabe precisar que el concepto de derecho de defensa no se puede construir en la abstracta anticipaci\u00f3n del resultado absolutorio del juicio, sino que se soporta en las posibilidades reales de contradicci\u00f3n de los cargos imputados, lo que adem\u00e1s, depende en buena medida de la informaci\u00f3n que sobre el asunto le suministre el procesado, o de un silencio que impida la deducci\u00f3n de situaciones, a la espera entonces de que sea el Estado quien cumple cabalmente con la carga de probar el hecho y la responsabilidad, por lo que, entonces, la garant\u00eda de una defensa id\u00f3nea no siempre se materializa bajo la apariencia de inactividad, m\u00e1xime cuando la observancia de dicha garant\u00eda no se garantiza \u00fanicamente con la participaci\u00f3n activa que el defensor despliegue, sino tambi\u00e9n con la actividad del procesado, quien dentro de sus conocimientos en derecho, puede intervenir al interior de la causa adelantada en su contra interponiendo los recursos procedentes. <\/p>\n
Entonces, no cabe duda que la gestora del amparo adem\u00e1s de denunciar las omisiones del defensor, debe demostrar la trascendencia que la conducta de \u00e9ste tuvo en la decisi\u00f3n final, o c\u00f3mo una distinta implicar\u00eda una suerte tambi\u00e9n diferente para ella, an\u00e1lisis que la ciudadana Lilia Beatriz lejos estuvo de realizar, por lo que al quedar hu\u00e9rfana de sustentaci\u00f3n la censura elevada por la pretensora frente al abogado, vedado queda el juez constitucional para intervenir, en tanto que no puede asumir como propio la misi\u00f3n encomendada al abogado en cuanto a decidir de manera aut\u00f3noma qu\u00e9 acciones debe desplegar en cada asunto en aras de garantizar la defensa y el derecho de las garant\u00edas superiores de quien es objeto de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito posible lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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