STC12527-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12527-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00988-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gilma Gonz\u00e1lez Benavidez contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo laboral a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la defensa y a la seguridad social, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la decisi\u00f3n dictada en sede de casaci\u00f3n dentro del juicio ordinario laboral que promovi\u00f3 en contra de la Previsora Vida S.A, Compa\u00f1\u00eda de Seguros y la se\u00f1ora Milena G\u00f3mez Yunda, con el fin de lograr el reconocimiento y pago del 50% de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, causada por el fallecimiento de Arc\u00e1ngel Clavijo Valencia, su \u00abc\u00f3nyuge y posterior compa\u00f1ero permanente\u00bb, a partir del 8 de noviembre de 2003, junto con los incrementos pensionales, los intereses moratorios, la indexaci\u00f3n, lo que resultare probado y las costas. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, \u00abdej[ando] sin efecto la sentencia CSJ SL3946 – 2019, 15 may. 2020, radicado n\u00ba 61784, con el objeto de que se emita un nuevo pronunciamiento, en el que se acoja la tesis establecida en el cambio jurisprudencial rotulado SL1730-2020 del 3 de junio de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que luego del fallecimiento del se\u00f1or Clavijo Valencia, con quien contrajo matrimonio cat\u00f3lico el 25 de marzo de 1972 (v\u00ednculo que ces\u00f3 en sus efectos civiles en sentencia del 18 de noviembre de 1997, solamente, dice, para \u00abproteger los bienes de la familia\u00bb, en tanto que la convivencia se mantuvo en el tiempo), puso en marcha el memorado litigio, el cual correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Veintitr\u00e9s Laboral Adjunto del Circuito de Santiago de Cali, despacho que en sentencia del 30 de septiembre de 2011, desestim\u00f3 las pretensiones elevadas; que inconforme con esa determinaci\u00f3n la apel\u00f3 sin \u00e9xito, pues la Sala Laboral del Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial la mantuvo inc\u00f3lume, en prove\u00eddo del 28 de septiembre de 2012, luego de esgrimir al efecto, que si bien de conformidad a lo normado en el canon 13 de la Ley 797 de 2003, la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite debe demostrar la convivencia con el causante por un tiempo no inferior a cinco a\u00f1os, en cualquier \u00e9poca antes del fallecimiento, \u00absiempre y cuando exista sociedad conyugal no disuelta\u00bb, este requisito se hall\u00f3 incumplido, pues, adem\u00e1s de la memorada sentencia de cesaci\u00f3n, la sociedad conyugal se declar\u00f3 disuelta y liquidada mediante Escritura P\u00fablica No. 4878 del 21 de diciembre de 1992, protocolizada en la Notar\u00eda Once del C\u00edrculo de Cali. <\/p>\n
Indica que as\u00ed las cosas, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, el cual fue zanjado por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Especializada en lo Laboral de la Corte, de manera adversa a sus intereses, lo que ocasion\u00f3 la presentaci\u00f3n de una acci\u00f3n constitucional de este mismo linaje1, a trav\u00e9s de la cual aleg\u00f3 que con tal determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, adem\u00e1s de haberse desconocido el precedente jurisprudencial aplicable a la materia, amparo que fue denegado en primer grado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al establecer que el criterio adoptado por la autoridad criticada, se calificaba como razonable, mediante fallo adiado 31 de marzo de 2020, confirmado en sede de impugnaci\u00f3n por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, bajo el mismo rasero, en prove\u00eddo STC5512-2020 del 12 de agosto postrero. <\/p>\n
Comenta que pese a lo anterior, acude nuevamente a la presente v\u00eda residual, porque existe un \u00abhecho sobreviniente\u00bb que muta todo el panorama, ello si en cuenta se tiene, que la Sala Permanente de lo Laboral de la Corte mediante decisi\u00f3n SL1730 del 3 de junio de 2020, cambi\u00f3 la postura que se ven\u00eda implementando en los casos como el suyo, \u00abprecisando que el requisito de la convivencia de 5 a\u00f1os para reconocer pensi\u00f3n de sobreviviente aplica \u00fanicamente en casos de fallecimiento de pensionado y no de afiliado, en cuyo caso la exigencia es la relativa a la existencia de la familia. Ello significa que el deceso de Arc\u00e1ngel Clavijo Valencia, se produjo sin ser a\u00fan pensionado, esto es, que era afiliado y todav\u00eda no gozaba de pensi\u00f3n, se impone aplicar a [su] favor (\u2026) la nueva jurisprudencia\u00bb, circunstancia que, asevera, la habilita para presentar, una vez m\u00e1s, la protecci\u00f3n del bien jur\u00eddico invocado. <\/p>\n
a. La Directora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social (UGPP), dijo que la decisi\u00f3n de la que se duele a quejosa, no revela ning\u00fan asomo de arbitrariedad, sumado al hecho de que la acci\u00f3n de amparo no puede convertirse en una tercera instancia, tal y como lo pretende aqu\u00e9lla. <\/p>\n
b. De otro lado, la Subdirectora Econ\u00f3mica del Fondo de Previsi\u00f3n Social del Congreso de la Rep\u00fablica, adem\u00e1s de defender la legalidad de las determinaciones adoptadas en las distintas instancias en el marco del juicio laboral base de la s\u00faplica, expuso que, en \u00faltimas, no puede alegarse la existencia de un perjuicio irremediable, pues lo cierto es que el deceso del causante Arc\u00e1ngel Clavijo Valencia, ocurri\u00f3 hace m\u00e1s de 17 a\u00f1os. <\/p>\n
c. Por su parte, la titular del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente digital contentivo de las actuaciones censuradas, dijo atenerse a \u00ablo que se encuentre probado\u00bb. <\/p>\n
d. A su turno, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la capital vallecaucana, estim\u00f3 que la protecci\u00f3n reclamada debe ser declarada improcedente, por incumplimiento del presupuesto de la inmediatez que la gobierna, en tanto que la providencia emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, fue dictada el 17 de septiembre de 2019. Adem\u00e1s, aleg\u00f3 que el ruego es temerario, pues la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Benavidez, con antelaci\u00f3n, interpuso una acci\u00f3n de esta misma naturaleza y por los mismos hechos, desatada en primer grado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y, en sede de impugnaci\u00f3n, por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
e. La vinculada Milena G\u00f3mez Yunda, a trav\u00e9s de su abogada de confianza y en apretada s\u00edntesis, solicit\u00f3, en suma, la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida, en vista de la razonabilidad de la decisi\u00f3n de no casar la sentencia de segunda instancia, pronunciada a la luz del juicio ordinario laboral varias veces citado. <\/p>\n
f. Finalmente, Colpensiones y el PAR ISS coincidieron en solicitar su desvinculaci\u00f3n del asunto, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, luego de esgrimir al efecto, que ninguna injerencia tienen en las solicitudes elevadas por la accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar, prima facie, que el presente ruego no puede calificarse como temerario, \u00abpues, tal y como lo afirm\u00f3 la libelista, a trav\u00e9s de apoderado especial, en este evento surgi\u00f3 un hecho novedoso (variaci\u00f3n jurisprudencial), lo cual conduce a inferir razonablemente que la causa petendi de la primera demanda de tutela y de la segunda difieren, al punto que lo solicitado en esta ocasi\u00f3n es la aplicaci\u00f3n de ese precedente\u00bb. <\/p>\n
Sentado lo anterior, hizo \u00e9nfasis en que \u00abel suceso que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (permanente) haya variado su precedente, en pronunciamiento CSJ \u2018SL1730-2020 del 3 de junio de 2020\u2019, sobre los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en concreto cuando el causante no era pensionado, sino afiliado, no viabiliza la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Pues, el mencionado cambio ocurri\u00f3 con posterioridad a la sentencia CSJ SL3946-2019, 17 sept. 2019, radicado n\u00ba 61784, que defini\u00f3 el proceso adelantado por la actora. Tal situaci\u00f3n descarta la configuraci\u00f3n del defecto alegado como causal de procedibilidad especifica. <\/p>\n
N\u00f3tese que el fallo de casaci\u00f3n cuestionado, que dispuso mantener inc\u00f3lume lo decidido por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Cali, para la \u00e9poca en que fue proferido, estuvo acorde con la jurisprudencia sobre la tem\u00e1tica, la cual se mantuvo pac\u00edfica hasta antes de ese viraje. Incluso, esa providencia se sustent\u00f3 en ella apropiadamente (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245, CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605, CSJ SL4925-2015 y CSJ SL1399-2018). <\/p>\n
En cuanto a que la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral presuntamente desconoci\u00f3 el precedente constitucional (la parte demandante no indic\u00f3 cu\u00e1l), con el aludido veredicto, resulta v\u00e1lido precisar que el fallo cuestionado tambi\u00e9n se bas\u00f3 en varios pronunciamientos judiciales emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (permanente), los cuales contemplaban lo contrario. As\u00ed, puede deducirse, en sana l\u00f3gica, que, en cuanto a la tem\u00e1tica debatida, para la fecha en que fue expedido el pronunciamiento CSJ SL3946-2019, 17 sept. 2019, radicado n\u00ba 61784, exist\u00eda una pluralidad de interpretaciones y la escogencia de una de ellas, debidamente sustentada, conforme ocurri\u00f3 en este caso, no constituye, per se, lesi\u00f3n a las prerrogativas y garant\u00edas judiciales de las partes e intervinientes en un proceso. <\/p>\n
Para afianzar lo anterior, ha de indicarse que en pronunciamiento SU 149\/2021, la Corte Constitucional recogi\u00f3 la postura de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para precisar que no es adecuado distinguir entre los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes de los afiliados al sistema de pensiones y de los pensionados, para decir que los primeros no tienen que acreditar un tiempo m\u00ednimo de convivencia para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. Por tanto, se ratifica que para ambos casos el tiempo m\u00ednimo es de cinco a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; agregando que el a quo constitucional no analiz\u00f3, en debida forma, los argumentos expuestos acerca de la indebida valoraci\u00f3n que se hizo de las pruebas allegadas, por parte de la Sala criticada, en el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 sobre el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, realizando un simple estudio formal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto, se observa que la censura de la se\u00f1ora Gilma Gonz\u00e1lez Benavides Cano est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, autoridad que, en pronunciamiento SL3946 del 17 de septiembre de 2019 (radicado interno 61784), dispuso no casar la providencia censurada, dentro del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 frente a la Previsora Vida S.A, Compa\u00f1\u00eda de Seguros y la se\u00f1ora Milena G\u00f3mez Yunda, con el fin de lograr el reconocimiento y pago del 50% de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, causada por el fallecimiento de su \u00abc\u00f3nyuge y posterior compa\u00f1ero permanente\u00bb, se\u00f1or Arc\u00e1ngel Clavijo Valencia, pues en su criterio, debe aplicarse a su caso el m\u00e1s reciente precedente jurisprudencial adoptado por la Sala Permanente, el cual resulta m\u00e1s favorable a sus intereses. <\/p>\n
3. Sin embargo, extrae la Sala de la revisi\u00f3n del escrito tutelar, las documentales allegadas, y los informes presentados a las presentes diligencias, que la decisi\u00f3n de primer grado deber\u00e1 mantenerse, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Sin duda alguna, acert\u00f3 el juez de tutela de primer grado al se\u00f1alar, que la presente demanda de amparo no puede calificarse de temeraria, si en cuenta se tiene que en esta oportunidad, la queja gravit\u00f3, como deb\u00eda ser, en un hecho sobreviniente a la resoluci\u00f3n de la acci\u00f3n que de este mismo linaje ya intent\u00f3 la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Benavidez, amparo que fue denegado en primer grado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, luego de advertir a trav\u00e9s de fallo adiado 31 de marzo de 2020, que los motivos en los que se sustent\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n atacada para no casar la decisi\u00f3n blanco del recurso extraordinario, eran plausibles y se ajustaban a una de las tesis adoptadas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, respecto de la tem\u00e1tica discutida; tal decisi\u00f3n, fue mantenida en sede de impugnaci\u00f3n por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, bajo similares criterios, en prove\u00eddo STC5512 del 12 de agosto postrero. <\/p>\n
As\u00ed entonces, no puede pretender la quejosa, tal y como lo exterioriz\u00f3 en el escrito de impugnaci\u00f3n, que la jurisdicci\u00f3n, en sede de tutela, vuelva a realizar un an\u00e1lisis de los yerros que supuestamente vician la sentencia SL3946-2019 (17 de septiembre), los cuales, sirvieron precisamente de fundamento, para la interposici\u00f3n de la primigenia demanda de amparo, entre otras razones, en virtud del postulado de \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb, m\u00e1xime cuando, el expediente no fue seleccionado para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional (15 dic. 2020)2, exclusi\u00f3n donde se desprende la \u00abinmutabilidad\u00bb que ampara a la decisi\u00f3n ejecutoriada de segundo grado y que impide volver a discernir sobre los aspectos all\u00ed definidos. <\/p>\n
En este sentido la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo (…) ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental\u00bb. (CSJ STC9729-2021). <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n contraria quebrantar\u00eda el principio de seguridad jur\u00eddica por abrir paso a un espiral infinito de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la soluci\u00f3n del conflicto por cuanto generalmente la decisi\u00f3n adversa suscita la motivaci\u00f3n de buscar una decisi\u00f3n acorde a ese inter\u00e9s jur\u00eddico econ\u00f3mico no logrado. <\/p>\n
3.2. Dejado en claro lo anterior, debe decirse que el presente ruego incumple con el presupuesto de la prontitud que gobierna este tipo de acciones especial\u00edsimas, pues el precedente jurisprudencial del que se solicita su aplicaci\u00f3n, por ser m\u00e1s beneficioso a su caso y haber recogido la postura antes adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, fue pronunciado el 3 de junio de 2020, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 14 de mayo de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, sin que se tenga justificaci\u00f3n razonable respecto de tal desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que la parte interesada act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de once (11) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n de fondo que se constituy\u00f3 como hecho in\u00e9dito para acudir nuevamente a la senda constitucional, sin que \u00e9sta solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados por la no aplicaci\u00f3n de tal postura, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2021). <\/p>\n
3.3. Ahora en lo que tiene que ver con la postura acogida por la Corporaci\u00f3n convocada en la sentencia SL1730-2020 del 3 de junio de 2020, relacionada con los requisitos para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, basta decir que, ello de manera alguna convierte la motivaci\u00f3n que sirvi\u00f3 de apoyo para el fallo criticado en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues el nuevo criterio tuvo lugar con posterioridad a la terminaci\u00f3n del asunto confutado, es decir, luego de haberse zanjado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora Gilma, sin que adem\u00e1s, se precisara que dicha determinaci\u00f3n tuviese efectos retroactivos respecto de otros asuntos. <\/p>\n
3.4. De otra parte, cabe recordar, que esta herramienta excepcional fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, y no para invocar pretensiones de \u00edndole patrimonial o de contenido eminentemente econ\u00f3mico, m\u00e1xime cuando no se demostr\u00f3, como se dijo, un da\u00f1o irreparable a la gestora; as\u00ed lo explic\u00f3 en pasada oportunidad la Corte cuando se\u00f1al\u00f3 que \u00abesta v\u00eda excepcional no es adecuada para estudiar las reclamaciones patrimoniales deprecadas por el interesado, salvo que se estructure un perjuicio irremediable, circunstancia que no se acredit\u00f3 en el sub lite\u00bb (reiterada entre otras, en CSJ STC5513-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Rad. 11001-02-04-000-2019-01620-01 <\/p>\n
2\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2021-09-15&radi=Radicados&palabra=GONZ%C3%81LEZ+BENAVIDES&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
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STC12527-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC12527-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00988-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57736","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57736"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57736\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}