STC12538-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12538-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2021-00211-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de agosto de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, y el Banco Agrario De Colombia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio ejecutivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al m\u00ednimo vital, a la dignidad humana, la \u00absolidaridad\u00bb, la vida y la \u00abintegridad personal\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, en el tr\u00e1mite de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos que all\u00ed adelant\u00f3 en contra de su ex consorte, Jos\u00e9 Francisco Ram\u00edrez Meri\u00f1o, radicado bajo el n.\u00ba 2011-00081-00. <\/p>\n
Entonces, pide en lo cardinal, que para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales se ordene al Juzgado Tercero de Familia de Valledupar, \u00abproduzca respuesta de fondo del porque no existe los t\u00edtulos judiciales respecto a la retenci\u00f3n de la mesada pensional del se\u00f1or JOS\u00c9 FRANCISCO RAM\u00cdREZ MERI\u00d1O (\u2026) por parte de Colpensiones a mi favor\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su s\u00faplica, relata que en el marco del juicio ejecutivo de alimentos que promovi\u00f3 en contra de su exc\u00f3nyuge, se decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n del 30% de la mesada pensional del ejecutado, medida que fue garantizada sin tropiezo alguno hasta el mes de febrero de 2020, cuando sin mediar raz\u00f3n alguna se dejaron de realizar los descuentos; que motivada por lo anterior, requiri\u00f3 al Despacho convocado, donde actualmente cursa el asunto, para pedir las explicaciones del caso, pero esa entidad ha hecho caso omiso a su requerimiento, desconociendo que se trata de una persona de 79 a\u00f1os, cuyo sostenimiento depende del pago oportuno de esos recursos. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO <\/p>\n
b. El Banco Agrario de Colombia S.A. reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n dentro el asunto, tras advertir que con su actuaci\u00f3n no ha quebrantado ninguna de las prerrogativas demandadas por la se\u00f1ora Acosta \u00c1vila; por dem\u00e1s, dijo que revisado el sistema \u00aben este momento se evidencian dep\u00f3sitos judiciales, donde figura como Demandante EDITH DEL CARMEN ACOSTA AVILA con C.C. 9.730.451 y como Demandado JOS[\u00c9] FRANCISCO MERINO RAMIREZ con C.C. 5.130.402, consignados a \u00f3rdenes del Juzgado 003 FAMILIA VALLEDUPAR cuenta judicial 200012033003, los cuales se encuentran en estado, pagados, con corte al 20 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
c. Del expediente digital remitido por el juez constitucional, no se advierte que los dem\u00e1s involucrados en el asunto hayan intervenido al interior de este. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar neg\u00f3 la concesi\u00f3n del resguardo, tras considerar que \u00abpara lo aqu\u00ed pretendido, el legislador en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 593 del CGP, dispuso de un tr[\u00e1]mite tendiente al cumplimiento de las medidas de embargo por parte de quien inobserva la orden de embargo dada por el juez de conocimiento. Y, aunado a ello, el mismo c\u00f3digo adjetivo revisti\u00f3 al juez natural de los poderes necesarios para hacer cumplir sus \u00f3rdenes2. En raz\u00f3n a esas facultades, fue que la juez titular del Juzgado Tercero de Familia de Valledupar, orden\u00f3 requerir al pagador de Colpensiones, para que le informar\u00e1 las razones por los cuales dej\u00f3 de cumplir la orden de embargo desde febrero del 2020, advirti\u00e9ndole adem\u00e1s que su conducta omisiva conllevar\u00eda a \u201chacerle efectiva las cuant\u00edas correspondientes, previo incidente (art. 130-1 in fine C. de la I. y A., adem\u00e1s de acarrearle la sanci\u00f3n del art\u00edculo 44-3 C. G. del P\u201d\u00bb, de modo que \u00abal observarse que la solicitud elevada por la accionante, consistente en requerir al pagador de Colpensiones, para que explique las razones de su omisi\u00f3n, fue resuelta por el juzgado accionado mediante auto del 09 de julio del 2021, y que esa situaci\u00f3n de no cumplimiento de la orden de embargo, debe ventilarse en el interior del proceso natural, como en efecto se est\u00e1 haciendo, no le queda a esta sala m\u00e1s que declarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora insistiendo en que es una persona de la tercera edad, por lo que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. Dijo adem\u00e1s, que si bien el Despacho desde el 9 de julio actual \u00aborden\u00f3 requerir al pagador de Colpensiones (\u2026) a la fecha no se ha restablecido los pagos de las mesadas mensuales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso que ahora suscita la atenci\u00f3n de la Corte, lo pretendido puntualmente por la se\u00f1ora Edith del Carmen, es que se ordene al Juzgado Tercero de Familia de Valledupar, que \u00abproduzca respuesta de fondo del porque no existe los t\u00edtulos judiciales respecto a la retenci\u00f3n de la mesada pensional del se\u00f1or JOS\u00c9 FRANCISCO RAM\u00cdREZ MERI\u00d1O (\u2026) por parte de Colpensiones a mi favor\u00bb, pues, seg\u00fan dijo, el Juzgado no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el particular. <\/p>\n
3. Con vista a la documental obrante en el plenario, y de cara al informe rendido por la sede encartada, anticipadamente advierte la Corte que la decisi\u00f3n confutada ser\u00e1 refrendada, conforme pasa a indicarse. <\/p>\n
3.1. Tal como lo inform\u00f3 el juzgado convocado, e incluso conforme se desprende de la revisi\u00f3n del micrositio web1 de la sede convocada, tal pedimento fue resuelto desde el 9 de julio de 2021, oportunidad en la cual se requiri\u00f3 a Colpensiones para que \u00abcomunique a este despacho los motivos por los cuales desde febrero de 2020 no hace los descuentos ordenados por este Juzgado mediante auto de 10 de mayo de 2013 y comunicado con oficio 0611 de 15 05 – 2013, en el sentido de descontar el 30% de los dineros que recibe el demandado JOS\u00c9 FRANCISCO RAM\u00cdREZ MERI\u00d1O con C. C. 5.130.402 los cuales debe consignar en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario de Colombia de Valledupar (20 001 20 33 003) a nombre de la se\u00f1ora EDITH DEL CARMEN ACOSTA \u00c1VILA con C. C. 49.730.451\u00bb; advirtiendo, adem\u00e1s \u00abque su conducta conlleva a hacerle efectiva las cuant\u00edas correspondientes, previo incidente (art. 130-1 in fine C. de la I. y A., adem\u00e1s de acarrearle la sanci\u00f3n del art\u00edculo 44-3 C. G. del P.\u00bb. <\/p>\n
Ante ese panorama, no advierte esta Sala un actuar caprichoso o susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de esta senda eminentemente excepcional, pues la omisi\u00f3n aqu\u00ed achacada a la C\u00e9lula judicial es inexistente, luego ninguna orden puede impartirse sobre la particular aspiraci\u00f3n de la quejosa. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que \u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u00bb (CSJ STC6265-2021). <\/p>\n
3.2. En resumen, la Corte no aprecia acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte de esa autoridad que amerite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, si se tiene en cuenta que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n echada de menos por la querellante fue emitida y notificada por estado del 10 de julio actual, encontrando que esta se surti\u00f3 dentro de los par\u00e1metros de la normatividad aplicable a fin de indagar las razones por las cuales se suspendi\u00f3 el pago de los dineros reconocidos en favor de la aqu\u00ed accionante, entonces, la impertinencia de la protecci\u00f3n suplicada, a\u00fan bajo el supuesto de que la promotora del resguardo sea una persona de la tercera edad con quebrantos de salud, luce patente. <\/p>\n
3.3. Lo anterior, sin desconocer que la quejosa cuenta con 79 a\u00f1os, y por lo tanto, es considerada como una persona de la tercera edad (CC T-013\/2020), pues esa particular condici\u00f3n por s\u00ed misma no cuenta con la entidad suficiente para ceder al requisito de la subsidiariedad que gobierna este tr\u00e1mite, luego nada obsta para que al interior del asunto, exija el pago inmediato de los dineros que considera le asisten en su favor, en estricto sentido, no se advierte la existencia de esa puntual prerrogativa (lo que aqu\u00ed se pidi\u00f3 fue la explicaci\u00f3n de las razones en el cese del pago) y es ante la autoridad convocada que debe desplegarse el tr\u00e1mite impartido por el par\u00e1grafo 2 del canon 593 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adicionalmente, la pretensora lejos estuvo de acreditar la existencia de una situaci\u00f3n actual de peligro inminente que amerite su protecci\u00f3n inmediata de forma si quiera transitoria, para flexibilizar la exigencia atr\u00e1s rese\u00f1ada, pues la se\u00f1ora Acosta \u00c1vila no demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas; en contraste, advierte la Sala que aunque dice que la cesaci\u00f3n de sus pagos se dej\u00f3 de realizar desde marzo de 2020, no se entiende la raz\u00f3n por la que solo acudi\u00f3 en tutela en agosto actual, dejando entredicho la vitalidad de ese ingreso. <\/p>\n
En casos de similares contornos, ha considerado la Sala, que \u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC3070-2020). <\/p>\n
4. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Estadoelectronico112del12dejuliode2021 <\/p>\n
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