STC12541-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12541-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01663-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 19 de agosto de 2021, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela promovida por Te\u00f3filo Calder\u00f3n Escand\u00f3n contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista solicit\u00f3 ordenar al estrado convocado admitir el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial bajo el radicado n\u00b0 2020-00238-00, ya que cumpli\u00f3 a cabalidad tanto los requisitos exigidos en la Ley 1116 de 2006, como los requerimientos efectuados por la titular del despacho en el auto inadmisorio (20 oct. 2020). <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso que es comerciante dedicado al transporte terrestre; sin embargo, por su estado de iliquidez incumpli\u00f3 el pago de sus obligaciones, de ah\u00ed que, present\u00f3 demanda de insolvencia empresarial, decurso que se asign\u00f3 a la agencia judicial encartada, qui\u00e9n inadmiti\u00f3 (20 oct. 2020) y posteriormente rechaz\u00f3 (12 mar. 2021), por no haber aportado la contabilidad conforme prescripciones legales (art\u00edculos 19, numeral 3\u00b0, 28, 48 y 50 del C\u00f3digo de Comercio, canon 125 del Decreto 2649 de 1993 y preceptos 10, numeral 2 y 13 de la Ley 1116 de 2006), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n (18 mar.), ya que en su calidad de persona natural comerciante est\u00e1 \u00abcobijad[o] por la Ley 1314 de 2009, y sus Decretos reglamentarios\u00bb; no obstante, el estrado convocado ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n (18 may.). Decisi\u00f3n que en su criterio vulnera sus prerrogativas fundamentales, ya que \u00abes la [\u00fa]ltima opci\u00f3n (\u2026) para recuperar y conservar [su] negocio\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad, tras remitir el link del expediente materia de escrutinio, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n surtida y pidi\u00f3 negar el amparo por infringir el requisito de residualidad. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego por carecer del presupuesto de subsidiariedad y razonabilidad. Lo primero por cuanto \u00ab(\u2026) el accionante no interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que censura, pese a que lo habilita el numeral 1\u00ba del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 321 del CGP\u00bb y, respecto del segundo aspecto encontr\u00f3 plausible la decisi\u00f3n cuestionada, am\u00e9n de indicar que <\/p>\n
(\u2026) no puede en sede de tutela, dirimir una controversia sobre cu\u00e1l es la interpretaci\u00f3n adecuada de las normas que gobiernan el proceso de insolvencia de persona natural comerciante, m\u00e1xime si con ese designio \u2013 relativo a derechos legales- no fue instrumentado el derecho de amparo, vinculado esencialmente a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb <\/p>\n
4. El quejoso impugn\u00f3 con base en los argumentos expuestos en el escrito introductorio, adem\u00e1s de indicar que el procedimiento regulado por la Ley 1116 de 2006 es un tr\u00e1mite especial y, por tanto, \u00fanicamente los eventos no regulados en aquella norma se puede aplicar el C\u00f3digo Genera del Proceso, de ah\u00ed que, el auto que rechaz\u00f3 la solicitud de inicio del proceso no es susceptible de apelaci\u00f3n, puesto que no encuadra en las 8 hip\u00f3tesis que trae el art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 116 de 2006. <\/p>\n
A su vez, solicit\u00f3 oficiar a la Junta Nacional de Contadores o \u00abuniversidades que tengan facultad de Contadur\u00eda\u00bb, para que \u00abconceptualice[n] (\u2026) si un comerciante persona natural sigue obligado a llevar contabilidad bajo los preceptos del Decreto 2649 de 1993, es decir los 5 estados financieros b\u00e1sicos, o debe acogerse a las NIIF\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego de Te\u00f3filo Calder\u00f3n Escand\u00f3n debe desestimarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado porque si bien el auto que rechaz\u00f3 la demanda de insolvencia empresarial no es susceptible de recurso de apelaci\u00f3n por expresa previsi\u00f3n legal \u2013 Cfr. art\u00edculo 6\u00b0, par\u00e1grafo 1\u00b0, de la Ley 1116 de 2006-; las reflexiones del estrado judicial fustigado aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarias o caprichosas, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Ahora bien, tras revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio, esto es, la proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad que data 28 de mayo \u00faltimo, donde deneg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado por el memorialista contra el auto de 12 de marzo del presente que rechaz\u00f3 la demanda de reorganizaci\u00f3n empresarial, por no aportar los documentos de contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, es decir, art\u00edculos 19, numeral 3\u00b0, 28, 48 y 50 del C\u00f3digo de Comercio, canon 125 del Decreto 2649 de 1993 y preceptos 10, numeral 2 y 13 de la Ley 1116 de 2006, exigencias consagradas en el auto inadmisorio (20 oct. 2020), cabe observar que no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, comoquiera que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
En punto a los reparos formulados por el interesado, relacionados con la inaplicaci\u00f3n de Decreto 2649 de 1993, por cuanto est\u00e1 \u00abcobijad[o] por la Ley 1314 de 2009, y sus Decretos reglamentarios\u00bb, estos son, 2784 de 2012, 2706 de 2012 y 3022 de 2013, ya que establecen las nuevas normas que se debe tener en cuenta para las personas que llevan contabilidad y presentan informaci\u00f3n financiera, la autoridad enjuiciada sostuvo que <\/p>\n
(\u2026) si bien el Decreto 2649 de 1993 fue derogado en su integridad por el Decreto 2270 de 2019, su art[\u00ed]culo 125 fue reproducido por el art\u00edculo 8\u00b0 del anexo t\u00e9cnico n\u00famero 6 de 2019, que dispuso: <\/p>\n
\u201cARTICULO 8\u00ba. LIBROS. Los estados financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes. <\/p>\n
Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destina, debe llevar una numeraci\u00f3n sucesiva y contin\u00faa. Las hojas y tarjetas deben ser codificadas por clase de libros. <\/p>\n
Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente econ\u00f3mico y a la de sus operaciones, se deben llevar los libros necesarios para: <\/p>\n
1. Asentar en orden cronol\u00f3gico todas las operaciones, bien en forma individual o por res\u00famenes globales no superiores a un mes. <\/p>\n
2. Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta, sus movimientos d\u00e9bito y cr\u00e9dito, combinando el movimiento de los diferentes establecimientos. <\/p>\n
3. Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de capital y las restricciones que pesen sobre ellos. 4. Permitir el completo entendimiento de los anteriores. Para tal fin se deben llevar, entre otros, los auxiliares necesarios para: a) Conocer las transacciones individuales, cuando estas se registren en los libros de resumen en forma global. b) Establecer los activos y las obligaciones derivadas de las actividades propias de cada establecimiento, cuando se hubiere decidido llevar por separado la contabilidad de sus operaciones. c) Conocer los c\u00f3digos o series cifradas que identifiquen las cuentas, as\u00ed como los c\u00f3digos o s\u00edmbolos utilizados para describir las transacciones, con indicaci\u00f3n de las adiciones, modificaciones, sustituciones o cancelaciones que se hagan de unas y otras. d) Controlar el movimiento de las mercanc\u00edas, sea por unidades o por grupos homog\u00e9neos. e) Conciliar los estados financieros b\u00e1sicos con aquellos preparados sobre otras bases comprensivas de contabilidad. (\u2026). <\/p>\n
A su vez, acot\u00f3 que <\/p>\n
Igualmente, no puede pasarse por alto que mientras estuvo vigente el art\u00edculo 125 del del Decreto 2649 de 1993 el Consejo T\u00e9cnico de la Contadur\u00eda P\u00fablica (CTCP)1 explic\u00f3 que el deber de llevar libros contables continuaba vigente frente a la Ley 1314 de 2009 y el Decreto \u00danico Reglamentario n\u00famero 2420 de 2015 (que compil\u00f3 los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009), por cuanto \u201cLas NIIF no se ocuparon de aspectos relacionados con registros contables, libros y soportes, pero debe entenderse que las operaciones que realice la entidad deben ser registradas en libros de contabilidad a trav\u00e9s de los comprobantes preparados con fundamento en los soportes de origen interno y externo.\u201d2 <\/p>\n
Adem\u00e1s, adujo que \u00ablos documentos que deben allegarse para acreditar la contabilidad regular de los negocios [debe ser] conforme a las prescripciones legales vigentes, [esto es, los art\u00edculos 48 y 50 del C. de Co\u00bb, disposiciones que hacen referencia a la \u00abconformidad de libros y papeles del comerciante a las normas comerciales \u2013 medios para el asiento de operaciones\u00bb y los \u00abrequisitos de contabilidad\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
En ese mismo sentido asever\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) [r]especto al caso objeto de estudio se\u00f1ala el art\u00edculo 10 de la Ley 1116 de 2006, que: <\/p>\n
\u201cLa solicitud de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n deber\u00e1 presentarse acompa\u00f1ada de los documentos que acrediten, adem\u00e1s de los supuestos de cesaci\u00f3n de pagos o de incapacidad de pago inminente, el cumplimiento de los siguientes requisitos: <\/p>\n
(\u2026) 2. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.\u201d <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 13 ibidem dispone que: <\/p>\n
\u201cLa solicitud de inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n por parte del deudor o de este y sus acreedores deber\u00e1 venir acompa\u00f1ada de tos <sic> siguientes documentos: <\/p>\n
1. <Numeral modificado por el art\u00edculo 33 de la Ley 1429 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los cinco (5) estados financieros b\u00e1sicos correspondientes a los tres (3) \u00faltimos ejercicios y los dict\u00e1menes respectivos, si existieren, suscritos por Contador P\u00fablico o Revisor Fiscal, seg\u00fan sea el caso, salvo que el deudor, con anterioridad, hubiere remitido a la Superintendencia tales estados financieros en las condiciones indicadas, en cuyo caso, la Superintendencia los allegar\u00e1 al proceso para los fines pertinentes. <\/p>\n
Seguidamente, el art\u00edculo 14 ibidem dispone que: <\/p>\n
Recibida la solicitud de inicio de un proceso de reorganizaci\u00f3n, el juez del concurso verificar\u00e1 el cumplimiento de los supuestos y requisitos legales necesarios para su presentaci\u00f3n y tr\u00e1mite, y si est\u00e1 ajustada a la ley, la aceptar\u00e1 dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su presentaci\u00f3n. Si falta informaci\u00f3n exigida, el Juez del Concurso requerir\u00e1 mediante oficio al solicitante para que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, complete lo que haga falta o rinda las explicaciones a que haya lugar. Este requerimiento interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos para que las autoridades competentes decidan. Desde la fecha en que el interesado aporte nuevos documentos e informaciones para satisfacer el requerimiento, comenzar\u00e1n a correr otra vez los t\u00e9rminos. <\/p>\n
Cuando el requerimiento no sea respondido oportunamente o la respuesta no contenga las informaciones o explicaciones pedidas, ser\u00e1 rechazada la solicitud. <\/p>\n
De ah\u00ed que concluy\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) contrario a lo se\u00f1alado por el repocisionista, el deber de llevar los libros de contabilidad continua vigente, por lo que para iniciar el proceso de reorganizaci\u00f3n de referencia, debi\u00f3 adjuntarse como anexo de la demanda, no solo los estados financieros b\u00e1sicos correspondientes a los tres (3) \u00faltimos ejercicios, sino tambi\u00e9n los libros de comercio en el que conste el ejercicio comercial de quien pretende someterse al r\u00e9gimen de insolvencia; documentos que fueron requeridos en la inadmisi\u00f3n de la demanda y que no fueron allegados dentro de la oportunidad procesal correspondiente. (Subrayas fuera ajenas al texto) <\/p>\n
En este orden de ideas, debe colegirse que la decisi\u00f3n reprochada dedujo que el accionante no subsan\u00f3 en su totalidad el requerimiento n\u00b0 3, efectuado en el auto admisorio, ya que no aport\u00f3 los documentos que daban cuenta de la contabilidad regular de sus negocios, no solamente conforme al art\u00edculo 125 del Decreto 2649 de 1993, al canon 8\u00ba del anexo t\u00e9cnico No. 6 del Decreto 2270 de 2019, sino tambi\u00e9n por incumplir las exigencias de los preceptos 48 y 50 del C\u00f3digo de Comercio y c\u00e1nones 13, 10 numeral 2 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que llevar contabilidad no solo es una de las obligaciones del comerciante, cuya realizaci\u00f3n est\u00e1 regulada, en general, en los art\u00edculos 48 a 60 del C\u00f3digo de Comercio, sino que, adem\u00e1s, la existencia de dicha documental (estados financieros, libros contables, soportes contables, registros contables, entre otros) sirve de base para conocer la situaci\u00f3n financiera real de quien se somete a un proceso de reorganizaci\u00f3n y adem\u00e1s brinda un panorama, en principio, fidedigno y cierto para los acreedores, lo que les permitir\u00e1 objetar el proyecto de reconocimiento y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto (art\u00edculo 29, ley 1116 de 2011) y construir el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, que por su naturaleza es democr\u00e1tico (art\u00edculo 31 ib\u00eddem). En suma, es la informaci\u00f3n contable el eje que permite la garant\u00eda de los derechos del deudor y de los acreedores en el proceso de reorganizaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no resulta desproporcionado que, en juicios de tal naturaleza, se inadmita la demanda por ausencia de dicha documental, ni el rechazo de aquella cuando la informaci\u00f3n contable no es allegada al proceso en los t\u00e9rminos previstos por la ley. <\/p>\n
En consecuencia, la decisi\u00f3n del Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre el recurrente y aquella entidad que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que el precursor no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a su ponderaci\u00f3n, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a la orden dirigida a la Junta Nacional de Contadores o Universidad(es) que tengan facultad de Contadur\u00eda, para que \u00abconceptualice[n] (\u2026) si un comerciante persona natural sigue obligado a llevar contabilidad bajo los preceptos del Decreto 2649 de 1993, es decir los 5 estados financieros b\u00e1sicos, o debe acogerse a las NIIF\u00bb, debe reiterarse que esta herramienta fue instituida para la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales de los ciudadanos, m\u00e1s no para asumir las cargas que a \u00e9stos compete cuando de impulsar gestiones ante las dem\u00e1s autoridades se trata (CSJ STC13744-2019 reiterada en CSJ STC12049-2020, CSJ STC560-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el prove\u00eddo cuestionado en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo del impugnante es anteponer su propio criterio para aniquilar el fallo que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendada la sentencia protestada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El Consejo T\u00e9cnico de la Contadur\u00eda P\u00fablica (CTCP) en su car\u00e1cter de Organismo de Normalizaci\u00f3n T\u00e9cnica de Normas de Contabilidad, de Informaci\u00f3n Financiera y de Aseguramiento de la informaci\u00f3n, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto \u00danico 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2101, 2131 y 2132 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018, en los cuales se faculta al CTCP para resolver las inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicaci\u00f3n de los marcos t\u00e9cnicos normativos de las normas de informaci\u00f3n financiera y de aseguramiento de la informaci\u00f3n, y el numeral tercero del Art\u00edculo 33 de la Ley 43 de 1990, que se\u00f1ala como una de sus funciones el de servir de \u00f3rgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos t\u00e9cnicos relacionados con el desarrollo y el ejercicio de la profesi\u00f3n. <\/p>\n