STC12550-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12550-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01733-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 17 de noviembre de 2020, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Yolanda Romero contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con vinculaci\u00f3n de las partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-012-2016-00521-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora solicit\u00f3 se ordene a la accionada \u00abdejar sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n del 18 de agosto de 2020 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP, para que se declarara la prestaci\u00f3n del servicio por m\u00e1s de 20 a\u00f1os como trabajadora oficial, as\u00ed como la suficiencia de su edad, y le reconociera la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, junto con los reajustes de ley, el retroactivo, los intereses moratorios, y dem\u00e1s emolumentos como lo determina el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva, vigente, seg\u00fan lo afirm\u00f3, hasta el 31 de diciembre de 2007, pretensiones que fueron de recibo en el Juzgado Doce Laboral del Circuito de esta ciudad (14 ag. 2017). La promotora apel\u00f3 y el Tribunal revoc\u00f3 el veredicto (26 sep. 2017), cimentado en que de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2005, la reclamante cumpli\u00f3 la edad de pensi\u00f3n el 13 de febrero de 2012, esto es, despu\u00e9s del 31 de julio de 2010, cuando la norma convencional no pod\u00eda surtir efectos. Acudi\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la Corte decidi\u00f3 no casar la sentencia juez colegiado (SL3150-2020, 18 ag.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la Magistratura de casaci\u00f3n no tuvo en cuenta el precedente constitucional e incurri\u00f3 en \u00abexceso ritual manifiesto, con apego extremo a las formas, donde deb\u00eda primar la prevalencia del derecho sustancial (\u2026)\u00bb, pues, para establecer la edad pensional \u00abnecesariamente devia(sic) valorar\u00bb las pruebas denunciadas. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 defendi\u00f3 su pronunciamiento y se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 el recurso objeto de estudio con sujeci\u00f3n a los precedentes fijados por esa colegiatura y que las resultas del mismo se debieron a \u00ablos insuperables errores t\u00e9cnicos que presentaba la demanda de casaci\u00f3n con la que se sustent\u00f3 el recurso (\u2026)\u00bb. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de este Distrito Capital hizo el recuento de lo rituado. La UGPP resisti\u00f3 los anhelos porque el juez natural de la causa determin\u00f3 que no hay lugar a ordenar el reconocimiento prestacional y que \u00abse pretende el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de Vejez Convencional sin el requisito sine qua non de haber laborado 20 a\u00f1os al servicio del Estado con 50 a\u00f1os de edad en vigencia de la convenci\u00f3n colectiva y toda vez [que] la misma termin\u00f3 el 31 de julio de 2010 \u00e9poca para la cual la recurrente contaba con 48 a\u00f1os de edad (\u2026). <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego tras considerar razonable la sentencia confutada porque la actora \u00abno cumpl\u00eda con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n convencional, es decir, 20 a\u00f1os de servicio y 50 a\u00f1os de edad; lo anterior, teniendo en cuenta que, la se\u00f1ora Yolanda Romero satisfizo el segundo presupuesto el 13 de febrero de 2012, esto es, despu\u00e9s del 31 de julio de 2010, cuando la norma convencional no pod\u00eda surtir efectos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. La quejosa recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito introductorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia reprochada no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta superlativa. <\/p>\n
Como en muchedumbre de pronunciamientos ha decantado la Corte, esta instituci\u00f3n no fue creada para replicar la actividad jurisdiccional, salvo cuando exista una irregularidad que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y el interesado as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo prudencial, siempre que no tenga ni haya desaprovechado otros instrumentos ordinarios o extraordinarios para conjurar el agravio. De ah\u00ed que, solamente \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC9877-2018, CSJ STC9600-2019, y \u00faltimamente en STC8097-2021). <\/p>\n
En el caso bajo estudio, la libelista cuestiona la providencia SL3150-2020 de 18 de agosto de 2020, donde la Sala de Descongesti\u00f3n accionada no cas\u00f3 la sentencia de 26 de septiembre de 2017, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, revocatoria del prove\u00eddo de primer grado que otorg\u00f3 a la aqu\u00ed impugnante la pensi\u00f3n de vejez convencional, porque en su criterio esa decisi\u00f3n no tuvo en cuenta el precedente constitucional, se incurri\u00f3 en \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb e indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Luego de revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho y menos el agravio de prerrogativas fundamentales, toda vez que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses de la actora, tampoco por esta circunstancia debe tildarse de arbitraria o caprichosa, menos a\u00fan si se tiene en cuenta que las razones que condujeron a desechar los cargos que en esa sede elev\u00f3 Yolanda Romero, ata\u00f1en a circunstancias de t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n o indebida estructuraci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, am\u00e9n de no acreditar los presupuestos para acceder a la pensi\u00f3n convencional en vigencia del acuerdo convencional, esto es, antes del 31 de julio de 2010, l\u00edmite temporal establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, perspectiva donde la autoridad enjuiciada al ocuparse del primero de los ataques sostuvo que: <\/p>\n
[l]a proposici\u00f3n jur\u00eddica de los dos cargos fue formulada deficientemente, en raz\u00f3n a que fueron dirigidos, respectivamente, por las v\u00edas directa e indirecta, entre otros, al \u00abno aplicar\u00bb o inaplicar \u00ablos art\u00edculos 467, 468, 469, del CST\u00bb y adem\u00e1s \u00abdejar de aplicar los art\u00edculos 27, 28 y 29 del Decreto 2013 de 2012\u00bb (f.\u00b0 10 a 11 y 17 a 18, cuaderno de casaci\u00f3n), sin que ello constituya alguna de las modalidades de violaci\u00f3n del recurso extraordinario, como es posible aprehenderlo del texto del literal a) del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 90 del CPTSS, de acuerdo con el cual, en la causal primera de casaci\u00f3n, son subconceptos de transgresi\u00f3n de la ley sustancial de alcance nacional, la infracci\u00f3n directa, la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o la aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
(\u2026) la censura encamin\u00f3 el primer cargo por la v\u00eda directa, en el cual la discusi\u00f3n debe hacerse al margen de las conclusiones f\u00e1cticas y de la actividad de valoraci\u00f3n probatoria del Colegiado, introdujo impropiamente cuestionamientos de esa \u00edndole, al invitar a la Corte a verificar el contenido del art\u00edculo 98 de la CCT e inferir de \u00e9l, i) que no establece que los requisitos pensionales de tiempo de servicios y edad deban satisfacerse antes del 31 de julio de 2010;ii) que el trabajador deba estar prestando sus servicios al ISS, al momento en que cumpla el \u00faltimo requisito; iii) que la edad es presupuesto de exigibilidad, no de causaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n convencional. <\/p>\n
No obstante, ese juez plural de descongesti\u00f3n pese a las deficiencias de t\u00e9cnica en el recurso extraordinario, explic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 467 a 469 del CST, referentes a la definici\u00f3n, contenido y forma de la CCT, error de apreciaci\u00f3n jur\u00eddica en el que no pudo incurrir, porque esas normas s\u00ed fueron aplicadas t\u00e1citamente por aqu\u00e9l, al haber estudiado el cumplimiento, por parte de la actora, de los requisitos pensionales establecidos en la convenci\u00f3n suscrita entre el ISS y su sindicato, lo cual descarta la estructuraci\u00f3n de aquel yerro de omisi\u00f3n <\/p>\n
(\u2026) el elemento de la demanda sobre el cual se discierne, la acudiente en casaci\u00f3n, en los dos ataques, denunci\u00f3 impropiamente al Colegiado de \u00abinterpretar y aplicar err\u00f3neamente los art\u00edculos 2\u00b0 y 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo\u00bb (f.\u00b0 11 y 18, ib), desconociendo que el recurso de casaci\u00f3n procede por violaci\u00f3n de normas sustantivas de alcance nacional, mas no de acuerdos colectivos de trabajo, laudos arbitrales o cualquier otra reglamentaci\u00f3n particular, los cuales solo tienen la naturaleza de prueba en el marco del recurso extraordinario. <\/p>\n
(\u2026) olvid\u00f3 que las convenciones colectivas de trabajo, no corresponden a normas sustanciales del orden nacional, pues su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n se circunscribe a quienes intervienen en aquel acuerdo, raz\u00f3n por la cual debi\u00f3 encausar el ataque por la v\u00eda indirecta, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida (\u2026). <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) junto con los argumentos f\u00e1cticos indebidamente planteados por la acusaci\u00f3n, esta vez, acorde con la senda que eligi\u00f3, tambi\u00e9n introdujo debates de exclusivo talante jur\u00eddico, relativos a: i) la intelecci\u00f3n jurisprudencial del par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, respecto del t\u00e9rmino de vigencia convencional pactado, trat\u00e1ndose de pensiones de ese origen; ii) las obligaciones que legalmente le competen a la demandada en el reconocimiento y pago de las prestaciones del ISS; iii) la imperatividad en la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad del art\u00edculo 53 de la CN; iv) el acogimiento obligatorio de los \u00abConvenios del Trabajo legalmente adoptados en Colombia y en la Recomendaci\u00f3n del Comit\u00e9 OIT, Caso No. 2434, informe 349, en el cual, al analizar las modificaciones introducidas a la Constituci\u00f3n en el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb; v) la aplicaci\u00f3n de las CCT a situaciones pensionales generadas despu\u00e9s de terminados los contratos de trabajo. <\/p>\n
En consecuencia, la acusaci\u00f3n as\u00ed presentada, devela el defecto subsiguiente de mezclar las v\u00edas de ataque propias de la causal primera, esto es, la indirecta y la directa, lo cual es t\u00e9cnicamente inaceptable, en vista de que cada una es aut\u00f3noma e independiente. <\/p>\n
As\u00ed mismo, al ocuparse del segundo cargo propuesto indic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) a pesar de estar dirigido por la v\u00eda de los hechos, en la cual la discusi\u00f3n de sujeci\u00f3n a la ley de la sentencia de segundo grado, est\u00e1 mediada principalmente por la discrepancia en torno a la forma como el Tribunal valor\u00f3 las pruebas y las conclusiones que de ello extrajo, la recurrente introdujo cuestionamientos jur\u00eddicos propios de la senda directa, pues sustent\u00f3 parte de su disentimiento, en los argumentos expuestos en el primer cargo, que fueron anteriormente descritos e incorpor\u00f3 dentro de la descripci\u00f3n de los errores de hecho, posturas jurisprudenciales e interpretativas del par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, relatadas en los numerales 5\u00b0 y 6\u00b0 (f.\u00b0 18, ibidem). <\/p>\n
Pues bien, se observa que, aunque la tutelante postul\u00f3 la casaci\u00f3n, omiti\u00f3 el cumplimiento de los requisitos t\u00e9cnicos se\u00f1alados en los art\u00edculos 87, 90 y 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, complementados por las reglas jurisprudenciales fijadas para su procedencia, pues dado su car\u00e1cter riguroso, rogado y extraordinario, estas exigencias son supuestos racionales del recurso que aseguran su debida resoluci\u00f3n y no pueden ser suplidos de manera oficiosa. <\/p>\n
Cabe resaltar en este punto, seg\u00fan ha advertido esta Corporaci\u00f3n, que en trat\u00e1ndose del \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, este: <\/p>\n
(\u2026) impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito del ataque; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al impetrar los cargos para demostrar los errores en la sentencia recurrida, no es tarea superable en esta sede, porque no se instituy\u00f3 para suplir la ineptitud del remedio. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. (CSJ STC3924-2018, reiterada en STC9052-2021). <\/p>\n
Esta postura se reiter\u00f3 en un caso de similares contornos, donde se expuso que: <\/p>\n
(\u2026) el car\u00e1cter extraordinario de tal enmienda impone al opugnante cumplir en estrictez con los requisitos tanto de fondo como formales consagrados por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales para la formulaci\u00f3n de las acusaciones en aras de demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada en esta v\u00eda supralegal ya que no es el camino para suplir la ineptitud de la \u00abdemanda de casaci\u00f3n, (CSJ STC6238-2018, citada en STC9068-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, lo dispuesto por el \u00f3rgano de cierre en materia laboral no puede calificarse como \u00abun exceso ritual manifiesto\u00bb, que se traduzca en trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas de la inconforme, toda vez que contrario a lo por ella entendido, bajo el principio de \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre las formas\u00bb no es viable desatender las exigencias que la normatividad procesal establece en algunos eventos como presupuesto esencial para el \u00abejercicio de un derecho\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, comoquiera que la providencia cuestionada en esta queja reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, am\u00e9n de resultar notorio que el anhelo de la impugnante es que prevalezca su criterio o buscar otro para aniquilar la sentencia que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo opugnado sin m\u00e1s elucubraciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC12550-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC12550-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01733-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 17 de noviembre de 2020, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57756","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57756\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}