STC12559-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12559-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2021-00200-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Javier Villamizar Ar\u00e9valo frente al fallo proferido el 29 de julio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, Rosa Mar\u00eda Carrillo Garc\u00eda, Henry Cuellar y Miguel Orlando Mora Fern\u00e1ndez, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y \u00abpropiedad\u00bb, presuntamente vulnerados por los accionados al mantener retenido y no entregarle el rodante de su propiedad. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, ordenar i) a Rosa Mar\u00eda Carrillo Garc\u00eda, entregarle el \u00abveh\u00edculo de placas CRL 639\u2026, de conformidad con lo ordenado por parte del Juzgado\u00bb, ii) \u00abal encargado del parqueadero ubicado en la Calle 15 # 13 \u2013 67[,] Barrio el Contento, ya sea\u2026 Henrry (sic) Cuellar\u2026 [o] Miguel Orlando Mora Fern\u00e1ndez, que se abstenga de ejercer de manera arbitraria la posesi\u00f3n del veh\u00edculo, as\u00ed como cualquier tipo de oposici\u00f3n frente a [su] entrega\u00bb; iii) al estrado judicial encausado, dar \u00abtr\u00e1mite al incidente sancionatorio elevado en contra de\u2026 Rosa Carrillo\u00bb y emitir \u00abuna orden de acompa\u00f1amiento policial a efectos que se garantice la entrega del veh\u00edculo\u00bb; adem\u00e1s, compulsar \u00abcopias tanto a la fiscal\u00eda, como al Consejo Seccional de la Judicatura para que se investiguen las aparentes, irregularidades en las que incurre tanto la auxiliar de la justicia Rosa Carrillo, como\u2026 Henry Cuellar\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para desatar el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que Bancolombia promovi\u00f3 contra el accionante, entre otras actuaciones, tras haberse librado mandamiento de pago el 2 de agosto de 2012, ordenado seguir la ejecuci\u00f3n el 28 de octubre de 2014, secuestrado el rodante de placas CRL-639 el 22 de julio de 2015 -quedando a cargo de la accionada Carrillo Garc\u00eda, como secuestre- e, incluso, corrido traslado, el 14 de septiembre de 2016, de la cuenta de cobro presentada por Carlos Luis Cuellar Mantilla -administrador del parqueadero en que qued\u00f3 el rodante- por el servicio de parqueadero prestado (por la suma parcial de $5.985.000, con corte al 31 de agosto de ese a\u00f1o); con auto del 12 de agosto de 2019 se termin\u00f3 el juicio por desistimiento t\u00e1cito, a la vez que se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, sin condena en costas. Decisiones todas que cobraron ejecutoria sin objeci\u00f3n alguna por parte de los interesados. <\/p>\n
2.2. El tutelante se quej\u00f3 de que a pesar de la claridad de la situaci\u00f3n y del hecho que \u00abel juzgado actu\u00f3 de manera diligente y expidi\u00f3 los oficios respectivos a las autoridades correspondientes\u00bb, le ha sido imposible que la secuestre Carrillo Garc\u00eda le haga entrega del automotor, sin que exista orden judicial alguna que autorice su retenci\u00f3n, sumado a que, \u00aben d\u00edas pasados, h[a] recibido llamadas por parte de una persona quien se identifica con el nombre de \u201cJavier\u201d, quien asegura ser el due\u00f1o del parqueadero donde se encuentra retenido el veh\u00edculo, en las que [l]e solicita el pago de la suma de\u2026 ($14.000.000), por supuestos gastos de parqueadero\u00bb, condicionando a su satisfacci\u00f3n la devoluci\u00f3n del rodante, exigencia que considera irregular e indebidamente coadyuvada por la auxiliar de la justicia. <\/p>\n
Afirm\u00f3 haber expuesto todo lo anterior en conocimiento del Juzgado e, incluso, solicitarle iniciar incidente sancionatorio contra la secuestre, sin obtener soluci\u00f3n de fondo frente a sus ruegos, y que entre las irregularidades detectadas hall\u00f3 que el accionado Henry Cuellar, adem\u00e1s de ser el propietario del parqueadero, es empleado de la rama judicial, y que la auxiliar de la justicia \u00abpresent\u00f3 una cuenta de cobro firmada por\u2026 Miguel Orlando Mora, asegurando ser el administrador del parqueadero\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 comprender que \u00abexista un cobro por concepto\u2026 del parqueadero donde estuvo el carro durante tanto tiempo, pero tambi\u00e9n\u2026[,] que\u2026 deba efectuarse de forma legal, con los sustentos normativos precisos, y con una causa l[\u00ed]cita, pues este parqueadero\u2026 resulta ser un lote bald\u00edo, el cual ni siquiera se identifica en su entrada con alg\u00fan nombre preciso, y tampoco se conoce raz\u00f3n social alguna de la cual tener claridad a la persona que realiza el cobr\u00f3 de dineros\u00bb; de donde, concluy\u00f3, se est\u00e1 \u00abfrente a una artima\u00f1a fraguada por parte de los involucrados para retener el veh\u00edculo hasta que llegue el momento en que pongan al d\u00eda su \u201cempresa\u201d y se pida como cautela el mismo, circunstancia que atenta en contra de la lealtad procesal, y de la cual se presume una mala fe en las funciones y deberes encomendados en los involucrados\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Miguel Orlando Mora Fern\u00e1ndez indic\u00f3 ser arrendatario del parqueadero dentro del cual se halla, \u00aben excelentes condiciones\u00bb, el automotor del quejoso; que econ\u00f3micamente depende de los ingresos derivados del servicio de guarda de veh\u00edculos que all\u00ed presta; que siempre reconoci\u00f3 como due\u00f1o del inmueble donde aquel funciona, a Carlos Luis Cuellar Mantilla, quien falleci\u00f3 el 15 de abril del a\u00f1o pasado; que no se ha opuesto a la entrega del rodante pero s\u00ed exigido que previamente se cancele lo debido por los m\u00e1s de ocho a\u00f1os del servicio de parqueo; que por solicitud de la secuestre expidi\u00f3 una cuenta de cobro por ese concepto; y que enter\u00f3 de toda esta situaci\u00f3n a Henry Cuellar, porque \u00abes claro que\u2026 es el hijo del difunto due\u00f1o y por ende heredero determinado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a historiar las actuaciones all\u00ed surtidas, de las cuales se desprende que el rodante efectivamente no ha sido entregado al reclamante, que la secuestre aport\u00f3 \u00abla cuenta de cobro expedida por el administrador del parqueadero\u00bb y a la vez que inform\u00f3 que el accionante no se present\u00f3 a la cita que le puso para materializar la pretendida entrega. <\/p>\n
3. Rosa Mar\u00eda Carrillo Garc\u00eda rog\u00f3 declarar improcedente el resguardo porque \u00aben ning\u00fan momento se le han violado los derechos invocados al demandado\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 no haber faltado a sus funciones y que ha estado dispuesta a entregar el carro al tutelante pero quien lo ha impedido \u00abes el encargado del parqueadero que [l]e exige el pago del mismo\u00bb. <\/p>\n
4. Henry Alberto Cuellar Boada solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal porque \u00abno h[a] vulnerado derecho fundamental alguno al actor, m\u00e1xime cuando ni siquiera lo cono[ce] o h[a] hablado con \u00e9l, pues si bien\u2026 le fue informado que [\u00e9l] era el supuesto due\u00f1o [se refiere al parqueadero], es porque\u2026 para [la] comunidad del barrio\u2026 era [su] padre el due\u00f1o de dicho bien, as\u00ed mismo, para\u2026 Miguel Mora, y que al momento de fallecer [su] padre, consideran que [\u00e9l] al ser el \u00fanico hijo conocido en [el] sector, [es] el nuevo due\u00f1o del mismo, hecho que\u2026 escapa de la realidad, puesto que no [lo es]\u2026 [y] dicho predio est\u00e1 en proceso de iniciar sucesi\u00f3n entre los propietarios y herederos determinados e indeterminados\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo accedi\u00f3 parcialmente al resguardo, ordenando al Juzgado criticado proceder \u00aba pronunciarse frente a la solicitud remitida por la parte accionante v\u00eda correo electr\u00f3nico el\u2026 15 de junio del presente a\u00f1o\u00bb, respecto a la iniciaci\u00f3n del incidente sancionatorio en contra de la secuestre; pero, en lo dem\u00e1s, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n, al advertir la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados porque, en lo medular: <\/p>\n
\u2026el Despacho judicial accionado ha adelantado el tr\u00e1mite procesal correspondiente, siguiendo los lineamientos legales, garantiz\u00e1ndole a las partes el debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, emitiendo los pronunciamientos respectivos a trav\u00e9s de los cuales resolvi\u00f3 los diferentes pedimentos que fueron interpuestos por las partes, entre ellos el atinente a la entrega material del automotor\u2026, pues a trav\u00e9s de los prove\u00eddos de\u2026 9 de junio y 7 de julio del presente a\u00f1o, requiri\u00f3 a la auxiliar de la justicia que ostenta la calidad de secuestre, a fin de que realizara la entrega material del citado veh\u00edculo, notific\u00e1ndole en debida forma la decisi\u00f3n para que de esta forma cumpliera con el rol que le compete, de igual forma ante la manifestaci\u00f3n que hiciera la secuestre en el memorial que remitiera v\u00eda correo electr\u00f3nico el d\u00eda 12 de julio de 2021, profiri\u00f3 el prove\u00eddo de fecha 21 del citado mes y a\u00f1o, a trav\u00e9s del cual puso en conocimiento de las partes lo manifestado por la se\u00f1ora Carrillo Garc\u00eda, sin que estas hubieran realizado manifestaci\u00f3n alguna o hubieren interpuesto recurso alguno. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el quejoso insistiendo en sus planteamientos iniciales y aduciendo, en concreto, que sus alegaciones centrales no fueron estimadas, dej\u00e1ndose de atender el fondo de la controversia suscitada, la cual se concentra, en \u00faltimas, en la concertada, por parte de los accionados, e \u00abindebida aprehensi\u00f3n\u00bb de que est\u00e1 siendo objeto su veh\u00edculo, pues no pesa ninguna medida cautelar sobre el mismo ni existe orden judicial alguna que la valide; situaci\u00f3n que, contrario a lo dicho en el fallo opugnado, no se repara con la simple emisi\u00f3n de algunos autos de tr\u00e1mite por parte del juzgado, frente a los que, por dem\u00e1s, ha exteriorizado su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, de entrada, advierte su fracaso y, por ende, la forzosa confirmaci\u00f3n del fallo emitido por el a-quo constitucional, dado que la cuestionada falta de entrega del rodante reclamado por el quejoso, en este espec\u00edfico asunto, no se muestra conculcadora de sus garant\u00edas esenciales sino consecuencia l\u00f3gica de la actuaci\u00f3n surtida en el juicio recriminado. <\/p>\n
2.1. En efecto, lo primero que debe se\u00f1alarse es que el accionante no interpuso ning\u00fan tipo de recurso frente a las diferentes decisiones adoptadas en el asunto atacado, especialmente contra los prove\u00eddos de 14 de septiembre de 2016 y 12 de agosto de 2019, mediante los cuales, en su orden, se corri\u00f3 traslado de la cuenta de cobro por concepto de parqueadero que con corte al 31 de agosto de 2016 se aport\u00f3 al proceso y se termin\u00f3 \u00e9ste por desistimiento t\u00e1cito, sin condena en costas; de donde se extracta que era conocedor, sin oposici\u00f3n, de lo liquidado por concepto de parqueadero hasta esa fecha, y de que, a pesar de ello, no tuvo inconveniente alguno en que el juicio se finiquitara sin que a ninguno de los extremos procesales se le impusiera asumir las costas y gastos derivados del mismo. <\/p>\n
De ese modo, resulta inviable cualquier tipo de se\u00f1alamiento o cuestionamiento por parte del accionante frente a lo definido en esos autos y que, en concreto, para \u00e9l como ejecutado, implica solventar los gastos que imponga la materializaci\u00f3n del levantamiento de las cautelas porque, se itera, ninguna objeci\u00f3n present\u00f3 frente a la determinaci\u00f3n que prescindi\u00f3 de imponer condena en costas, siendo evidente, como insistentemente lo ha sostenido la Sala, que el descuido en el empleo de las herramientas ordinarias de defensa que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb que tuvo para cuestionar los prove\u00eddos en cita: <\/p>\n
2.2. Precisado lo anterior, es patente que en este caso, como ya ha tenido la oportunidad de indicarlo la Sala al ocuparse de situaciones equivalentes, la negativa a entregar el veh\u00edculo al ejecutado en el proceso en cuesti\u00f3n, hasta que cancele los gastos derivados del servicio de parqueadero que se le ha prestado, no vulnera sus derechos esenciales, en tanto constituye el justo ejercicio del derecho de retenci\u00f3n derivado del contrato de dep\u00f3sito con ocasi\u00f3n de la guarda del automotor, m\u00e1xime cuando, por lo menos en lo tocante con los causados seg\u00fan la cuenta de cobro presentada ante el juzgado acusado, con corte a agosto del a\u00f1o 2016, no existe discusi\u00f3n, comoquiera que, puesta en conocimiento de las partes, se repite, no fue motivo de objeci\u00f3n o reproche alguno. <\/p>\n
2.2.1. Al respecto, en un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el de ahora y que, mutatis mutandis, le resulta aplicable, in extenso, dej\u00f3 dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u2026la Corte encuentra que en el presente caso la demanda de tutela no puede abrirse paso, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
4.1. El art\u00edculo\u2026 167 de la Ley 769 de 2002 (C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre), establec\u00eda que \u00ab[l]os veh\u00edculos que sean inmovilizados por orden judicial deber\u00e1n llevarse a parqueaderos cuya responsabilidad ser\u00e1 de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Rama Judicial. Las autoridades de tr\u00e1nsito no podr\u00e1n inmovilizar en los parqueaderos autorizados, veh\u00edculos por acciones presuntamente delictuosas\u00bb. <\/p>\n
En desarrollo de tal precepto, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidi\u00f3 el Acuerdo 2586 de 20041, en cuyos seis primeros c\u00e1nones, se dispuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPRIMERO.- Las autoridades encargadas de inmovilizar veh\u00edculos en virtud de orden impartida por Jueces de la Rep\u00fablica, con el fin de materializar sobre ellos medidas cautelares, deber\u00e1n llevarlos inmediatamente los aprehendan, a un parqueadero que se encuentre debidamente registrado ante la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, dependiente de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, del lugar donde se produzca la inmovilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Par\u00e1grafo.- El desconocimiento del presente reglamento por parte del funcionario encargado de cumplir la orden judicial, ser\u00e1 puesto en conocimiento de los respectivos superiores jer\u00e1rquicos de aquel, para efectos de que se adelanten las correspondientes acciones. <\/p>\n
SEGUNDO.- Los propietarios de establecimientos comerciales destinados al parqueo de veh\u00edculos, sean personas naturales o jur\u00eddicas, que se interesen en recibir estos bienes, deber\u00e1n registrarse previamente ante las Direcciones Seccionales de Administraci\u00f3n Judicial, acreditando e informando lo siguiente: <\/p>\n
a) Certificado de inscripci\u00f3n del comerciante persona natural, o certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la persona jur\u00eddica, expedido por la respectiva c\u00e1mara de comercio. <\/p>\n
b) Certificado de inscripci\u00f3n del estable-cimiento o establecimientos de comercio destinados al parqueo de veh\u00edculos, expedido por la respectiva c\u00e1mara de comercio. <\/p>\n
c) Nombre, identificaci\u00f3n, domicilio, direcci\u00f3n y tel\u00e9fono de quien formula la solicitud. <\/p>\n
d) Ciudad, direcci\u00f3n, tel\u00e9fono y nombre del establecimiento o establecimientos respecto de los cuales se solicita el registro. <\/p>\n
e) P\u00f3liza de seguro tomada por la persona, natural o jur\u00eddica, que haya solicitado la inscripci\u00f3n, por un monto m\u00ednimo de quinientos (500) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, que cubra la p\u00e9rdida y los da\u00f1os que puedan sufrir los veh\u00edculos en el establecimiento o establecimientos que hayan sido inscritos, con una vigencia igual o superior a la del registro de que trata el art\u00edculo sexto del presente Acuerdo. <\/p>\n
f) Los dem\u00e1s requisitos que para el funcionamiento de establecimientos comerciales destinados al parqueo de veh\u00edculos exijan la ley y las normas del orden distrital o municipal. <\/p>\n
Par\u00e1grafo.- Para efectos de lo anterior, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial elaborar\u00e1 y distribuir\u00e1 a las Direcciones Seccionales de Administraci\u00f3n Judicial, el formato que debe utilizarse, con la indicaci\u00f3n de la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que los interesados deben aportar y suministrar. <\/p>\n
TERCERO.- Para efectos de acceder al registro, los solicitantes deber\u00e1n acogerse a las tarifas que anualmente, mediante Resoluci\u00f3n, fije la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. Dichas tarifas ser\u00e1n el resultado de un estudio promedio de mercado y se tasar\u00e1n por meses, con la posibilidad de fraccionamiento por d\u00edas, teniendo en cuenta el tiempo que el veh\u00edculo dure en el establecimiento. Dichas tarifas s\u00f3lo aplicar\u00e1n para los efectos del presente Acuerdo. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1\u00ba.- Las respectivas tarifas se aplicar\u00e1n del 1\u00ba de enero al 31 de diciembre de cada a\u00f1o. Par\u00e1grafo 2\u00ba.- La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial fijar\u00e1 las tarifas, a m\u00e1s tardar el 30 de noviembre del a\u00f1o inmediatamente anterior. <\/p>\n
CUARTO.- El hecho del registro conlleva para los solicitantes la aceptaci\u00f3n de que los veh\u00edculos que se reciban en tal virtud, est\u00e1n exclusivamente a disposici\u00f3n del Juzgado, Despacho del Magistrado o Corporaci\u00f3n Judicial que orden\u00f3 su inmovilizaci\u00f3n, de tal manera que s\u00f3lo por decisi\u00f3n de \u00e9stos, podr\u00e1 autorizarse nuevamente su movilizaci\u00f3n. <\/p>\n
QUINTO.- El Juzgado, Despacho del Magistrado o Corporaci\u00f3n Judicial que tenga a su cargo la disposici\u00f3n del veh\u00edculo y haya ordenado su inmovilizaci\u00f3n, dispondr\u00e1 en la diligencia de secuestro y antes de colocar el bien a cargo del secuestre, que se cancele la remuneraci\u00f3n que corresponde a la utilizaci\u00f3n del parqueadero. Dichos gastos ser\u00e1n a cargo del demandante, sin perjuicio de convenio entre las partes sobre el particular, as\u00ed como tampoco de lo referente a la regulaci\u00f3n de costas. <\/p>\n
SEXTO.- El registro tendr\u00e1 una vigencia de un a\u00f1o e ir\u00e1 del 1\u00ba de enero al 31 de diciembre de cada a\u00f1o\u00bb (subrayas de la Sala). <\/p>\n
Al respecto, la Sala en varios pronunciamientos2 sostuvo que el mandato aludido le otorgaba la competencia al juez natural de la controversia para resolver los asuntos concernientes con el ingreso y la salida de los automotores depositados en los parqueaderos autorizados, lo cual significaba, desde luego, que contaba con la atribuci\u00f3n de verificar que la liquidaci\u00f3n del estacionamiento por el servicio de aparcamiento se encontrara acorde con las tarifas reguladas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, \u00abliquidar el valor cobrado por servicio de aparcamiento, establecer el responsable del pago, y en caso de no estar ajustado a las tarifas de ley, compulsar copias de lo actuado a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y dem\u00e1s \u00f3rganos de control; igualmente de ser viable con la colaboraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial [de cada localidad], hacer efectiva la p\u00f3liza de seguro que aport\u00f3 el susodicho establecimiento para lograr su registro\u00bb. (subraya la Sala, STC1066-2019). <\/p>\n
4.2. Sin embargo, el art\u00edculo 336 de la Ley 1955 de 20193 derog\u00f3 expresamente el canon 167 de la Ley 769 de 2002, por ende, en virtud del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 66 de la Ley 1437 de 2011, los Acuerdos 2586 de 2004 y PSAA14-10136 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura perdieron fuerza ejecutoria porque desapareci\u00f3 el fundamento jur\u00eddico de su expedici\u00f3n, esto es, la facultad de las Direcciones Ejecutivas de la rama judicial en materia de designaci\u00f3n de parqueaderos y tarifas cuando los automotores son inmovilizados por orden judicial. En tal virtud, tampoco es procedente aplicar los precedentes jurisprudenciales memorados, se reitera, porque los asuntos all\u00ed tratados estaban regulados bajo el imperio de la legislaci\u00f3n derogada. <\/p>\n
4.3. En este orden de ideas, resulta necesario para la Corte realizar las siguientes precisiones a fin de establecer a qui\u00e9n corresponde asumir el pago del servicio de parqueadero cuando los coches son inmovilizados por orden judicial. <\/p>\n
4.4. En primer lugar, el art\u00edculo 361 del C\u00f3digo General del Proceso establece que las costas est\u00e1n \u00abintegradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso\u00bb; son expensas, verbigracia, el arancel judicial \u00abrelacionado con copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones, notificaciones y similares\u00bb (art. 362, ib\u00eddem) y los honorarios de los auxiliares de la justicia; de otra parte, las costas tambi\u00e9n comprende, en general, \u00ablos gastos que es preciso hacer para obtener la declaraci\u00f3n o ejecuci\u00f3n judicial de un derecho\u00bb4, o sea que est\u00e1n excluidos los costos que \u00abno son consecuencia directa del proceso propiamente dicho\u00bb5, por tal raz\u00f3n, el numeral 3\u00b0 del canon 366 ejusdem manda que para la liquidaci\u00f3n de tal \u00edtem, se deber\u00e1 incluir \u00abel valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los dem\u00e1s gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido \u00fatiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley\u00bb. <\/p>\n
Para la doctrina, son \u00abgastos\u00bb \u00fatiles o necesarios \u00abcuando sin ellos la actuaci\u00f3n de la ley en favor de la parte favorecida no hubiere sido posible, de modo que al no hacerse ellos, el proceso, incidente o recurso no se hubiera desenvuelto favorablemente para el vencedor\u00bb6. <\/p>\n
Con vista en lo anterior, habr\u00e1 de concluirse que los gastos ocasionados con la inmovilizaci\u00f3n de un veh\u00edculo (gr\u00faa, parqueadero, etc.) como consecuencia de la pr\u00e1ctica de medidas cautelares, tienen la categor\u00eda de necesarios, pues con la materializaci\u00f3n del embargo y aprehensi\u00f3n de la cosa, el demandante o ejecutante ver\u00e1 realizado el derecho pretendido con el litigio. Entonces, los conceptos aludidos deben liquidarse dentro de las costas del proceso y su pago estar\u00e1 a cargo de la parte vencida, conforme lo previsto en el numeral 1\u00b0 del canon 365 de la nueva ley de enjuiciamiento civil. <\/p>\n
4.5. Ahora bien, el servicio de estacionamiento es un contrato de dep\u00f3sito, en virtud del cual, \u00abse conf\u00eda una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie\u00bb (art\u00edculo 2236 del C\u00f3digo Civil) y se perfecciona con la entrega de la cosa. En materia, mercantil esa clase de acuerdo es remunerado (art\u00edculo 1170 del C\u00f3digo de Comercio) y el depositario, esto es, la persona encargada del cuidado de la cosa, tiene derecho a retenerla con el fin de garantizar \u00ablas sumas l\u00edquidas que le deba el depositante, relacionadas directamente con el dep\u00f3sito\u00bb (art\u00edculo 1177, ejusdem). <\/p>\n
4.6. En el presente caso, la vulneraci\u00f3n alegada es inexistente, si en cuenta se tiene que el proceso ejecutivo singular termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n, de ah\u00ed que, conforme a lo expuesto en l\u00edneas anteriores, le corresponde al deudor cancelar los gastos del tr\u00e1mite, entre los cuales se encuentran, el servicio de parqueadero y de gr\u00faa del veh\u00edculo objeto de las medidas cautelares practicadas. De otro lado, no se puede acceder a la pretensi\u00f3n de entrega del veh\u00edculo, toda vez que el estacionamiento\u2026 est\u00e1 haciendo uso leg\u00edtimo del derecho de retenci\u00f3n sobre el bien depositado conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1177 del Estatuto Mercantil anteriormente citado. Lo anterior, sin perjuicio de que el Juzgado accionado proceda a revisar o a liquidar los valores por concepto de servicios de parqueadero y de gr\u00faa, si a ello hubiese lugar, tal y como lo estim\u00f3 el a quo constitucional. <\/p>\n
4.7. Finalmente, frente a la petici\u00f3n del gestor del amparo tendiente a que se tenga en cuenta la sentencia T-1000-01 de la Corte Constitucional, basta con se\u00f1alar que la determinaci\u00f3n all\u00ed adoptada es \u00abinter partes [y] no [tiene] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [el interesado] en este tr\u00e1mite\u00bb (STC1021-2019). Con todo, en dicho pronunciamiento la Corporaci\u00f3n aludida concedi\u00f3 el amparo al tener por demostrado la existencia de un perjuicio irremediable, situaci\u00f3n que no se encuentra acreditada en el presente tr\u00e1mite y mucho menos se vislumbra la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital del actor o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas con la actuaci\u00f3n censurada (CSJ STC15348-2019, 13 nov., rad. 2019-00085-01). <\/p>\n
2.2.2. As\u00ed, al no existir ninguna afectaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales del censor, muy a pesar de sus alegaciones, carece de objeto impartir una orden que acoja sus pretensiones, pues la criticada falta de entrega del rodante, de momento, no luce arbitraria. <\/p>\n
En ese sentido, tiene por sentado esta Corte que \u00ab[s]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Finalmente, si el inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido la autoridad judicial o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, en especial, seg\u00fan su dicho, la auxiliar de la justicia y el \u00abpropietario\u00bb del parqueadero; otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En torno a ello, de vieja data tiene dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Lo consignado impone ratificar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Aclarado mediante Acuerdo PSAA14-10136 de 2014. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC5255-2016, STC2994-2017, STC5564-2017 y STC8765-2017. <\/p>\n
3\u0002 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. <\/p>\n
4\u0002 Hernando Morales Molina. (1983). Curso de Derecho Procesal Civil. Bogot\u00e1 D.C.: ABC-Bogot\u00e1. <\/p>\n
5\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Op. Cit. <\/p>\n
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STC12559-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12559-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2021-00200-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Javier Villamizar Ar\u00e9valo frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57764","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57764\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}