STC12561-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12561-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01538-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Instituto Distrital de Recreaci\u00f3n y Deporte (IDRD) frente a la sentencia de 28 de julio pasado, emitida desde el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, en la acci\u00f3n de tutela que aquella entidad impuls\u00f3 contra el Juzgado 47\u00b0 Civil del Circuito de esta misma capital; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderada, el respeto de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y \u00abpetici\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcadas por la agencia jurisdiccional requerida. <\/p>\n
En concreto, se ordene i) \u00abbrindar respuesta inmediata y de fondo\u00bb a sus solicitudes dentro del dossier de expropiaci\u00f3n n.\u00b0 \u00ab2001-11815\u00bb, instaurado por ella respecto a Country Club de Bogot\u00e1 y, ii) una \u00abinvestigaci\u00f3n\u00bb de car\u00e1cter disciplinario. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento adujo, grosso modo, haber elevado ante el despacho judicial acusado los d\u00edas 13 de enero y 2 de febrero de la anualidad en curso, mediante correo electr\u00f3nico, unos derechos de \u00abpetici\u00f3n\u00bb con el fin de que en el juicio arriba descrito se emitan \u00ablos oficios para la inscripci\u00f3n [en registro] del bien inmueble\u00bb expropiado y, asimismo, quede definido el debate en torno a \u00abLA INDEMNIZACI\u00d3N\u00bb del extremo demandado, dilatada en el tiempo por espacio de \u00ab9 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3, entonces, que a\u00fan no se le resuelven las solicitudes aludidas, en desmedro de lo previsto en el \u00abart\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n de 1991\u00bb. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado 47\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 sostuvo la consolidaci\u00f3n del \u00abimpulso procesal\u00bb echado de menos, a trav\u00e9s de prove\u00eddo que dio contestaci\u00f3n a lo peticionado. <\/p>\n
2. Country Club de Bogot\u00e1 y los dem\u00e1s involucrados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, en tanto que ya se desataron las solicitudes de la gestora, con prove\u00eddo de 23 de julio de los corrientes. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por la convocante, quien con ayuda de su abogada discrep\u00f3 de lo dirimido por el a-quo constitucional, por desconocimiento de la r\u00e9plica referente a la ausencia de respuesta del juzgado acusado frente al pedimento de \u00abINDEMNIZACI\u00d3N\u00bb, en mora durante casi una d\u00e9cada y, dada la omisi\u00f3n acerca de la investigaci\u00f3n disciplinaria rogada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Conforme al precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los instrumentos comunes de defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, tocante a la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867, reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., exp. 01762-01). <\/p>\n
Por ende, como la entidad convocante impetr\u00f3 sus solicitudes \u00abdentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial\u00bb (expropiaci\u00f3n n.\u00b0 \u00ab2001-11815\u00bb), las mismas han de ser zanjadas bajo los postulados del debido proceso, y en esa medida fue que el despacho querellado profiri\u00f3 el auto de 23 de julio postrero, d\u00e1ndoles contestaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En gracia de discusi\u00f3n, de cara al debido proceso, y circunscrita la controversia a los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, advi\u00e9rtase que el auxilio implorado de todas maneras reluce carente de ventura, en atenci\u00f3n a que, ins\u00edstase, con el prove\u00eddo arriba aludido la dependencia judicial cuestionada tom\u00f3 la determinaci\u00f3n que le correspond\u00eda con relaci\u00f3n a la mora judicial impl\u00edcitamente enrostrada, si de relieve se pone que all\u00ed se dispuso nombrar un nuevo auxiliar de la justicia para los efectos de resolver la objeci\u00f3n por error grave, impetrada por la misma tutelante contra la experticia que tas\u00f3 el monto de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
De modo, pues, que no se vislumbra, en principio, una seria vulneraci\u00f3n frente al tema, dada la emisi\u00f3n del pronunciamiento echado de menos; sin embargo, es del caso hacerle un exhorto a la titular del despacho acusado, para que en el ejercicio de su deber\/poder de direcci\u00f3n (art. 37, num. 1\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, 42, num. 1\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso), adopte las medidas que aprecie pertinentes, a fin de que culmine con la mayor prontitud posible la objeci\u00f3n por error grave en comento y, por consiguiente, la tramitaci\u00f3n de la estipulaci\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Para finalizar, baste con anotar que si la promotora considera que en la expropiaci\u00f3n disentida se han cometido conductas disciplinariamente reprobables, a su alcance est\u00e1 impetrar los mecanismos jur\u00eddicos pertinentes, asumiendo la responsabilidad derivada de tales gestiones. <\/p>\n
Es que esta magistratura, al respecto ha doctrinado: <\/p>\n
\u2026[E]s preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871 y STC14669 de 2016; STC13994-2017). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Se impone, ergo, revalidar el veredicto del tribunal a-quo, por lo aqu\u00ed consignado, aunque con el exhorto esgrimido a espacio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Pero se exhorta a la titular del juzgado accionado para que, dentro de sus posibilidades, y sobre la base del deber\/poder de direcci\u00f3n que le asiste, agilice lo referente a la objeci\u00f3n por error grave e indemnizaci\u00f3n, pendientes de resoluci\u00f3n en el proceso materia de cr\u00edtica. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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