STC12562-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12562-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00182-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Gilberto Jim\u00e9nez Quesada frente al fallo proferido el 5 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00ablibre acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales criticadas al emitir sentencias adversas a sus pretensiones en el juicio atacado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[r]evocar las sentencias proferidas por los Juzgados\u2026 [el] 20 de febrero (sic)\u2026 [y] el\u2026 28 de octubre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para definir el presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de pertenencia que el actor inco\u00f3 contra Edna Carolina Jaramillo Jim\u00e9nez respecto del predio identificado con folio inmobiliario Nro. 350-166287, al cual se acumul\u00f3 el reivindicatorio propuesto por \u00e9sta frente a aqu\u00e9l, surtidas las etapas de rigor, el 20 de enero de 2020 el Juzgado a-quo dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones del primero y favorable a las de la segunda, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el ad-quem el 28 de octubre siguiente, providencia \u00faltima respecto de la cual, el 25 de noviembre posterior, no se accedi\u00f3 a la solicitud de aclaraci\u00f3n incoada por el quejoso. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela el accionante adujo que en tal actuaci\u00f3n se incurri\u00f3 en defectos org\u00e1nico y f\u00e1ctico, lo primero, porque la sentencia de primer grado se emiti\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; mientras que, lo segundo, por el deficiente an\u00e1lisis del material probatorio, de un lado, del que daba cuenta de su condici\u00f3n de poseedor desde el mes de enero del a\u00f1o 2000 y por m\u00e1s de 10 a\u00f1os, as\u00ed como de las mejoras implantadas por \u00e9l en el predio, m\u00e1xime cuando se valor\u00f3 una prueba documental respecto de la cual el a-quo acept\u00f3 la tacha de falsedad propuesta y, por ende, no pod\u00eda ser objeto de pronunciamiento en segundo grado; y de otra parte, del que sirvi\u00f3 de soporte para fijar los frutos civiles a favor de su antagonista, en tanto que no se tuvo en cuenta que el bien pretendido en reivindicaci\u00f3n conformaba s\u00f3lo una parte de los locales entregados en arrendamiento, cuyos contratos se tuvieron en cuenta para tasar aqu\u00e9llos, sin atender la debida proporci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 atenerse a lo que se resolviera en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
3. Edna Carolina Jaramillo Jim\u00e9nez rog\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la presente acci\u00f3n\u00bb, comoquiera que lo pretendido por el quejoso, \u00abde forma temeraria[,] es el amparo de derechos derivados de violencia, efect\u00faa aseveraciones con el prop\u00f3sito de confundir e inducir en error al juzgador ocultando situaciones que son relevantes en el presente asunto\u00bb; sumado a que \u00ablas decisiones de los despachos judiciales no fueron caprichosas ni se constituy\u00f3 ninguna v\u00eda de hecho que pueda causar la revocatoria de l[a]s mismos, y la acci\u00f3n de tutela no es un grado jurisdiccional adicional que permita dejar sin efectos decisiones tomadas en derecho y con plena aplicaci\u00f3n legal y procedimental solo porque el accionante no comparte las interpretaciones legales dadas al ser adversas a este\u00bb. <\/p>\n
4. El vinculado Jos\u00e9 William Jim\u00e9nez Quesada deprec\u00f3 la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n fustigada, en amparo de sus derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto que a pesar de que \u00e9l \u00abha ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o respecto de una parte del inmueble se\u00f1alado o en disputa, del cual sigue disfrutando\u00bb, lo cierto es que \u00ab[n]i la demandante ni demandado, ni en la acci\u00f3n de dominio ni en la reivindicatoria, realizaron las gestiones necesarias y de ley, para que, quienes ten\u00edan o tienen inter\u00e9s en la sentencia judicial, se apersonaran de la situaci\u00f3n, tampoco se realiz\u00f3 la respectiva notificaci\u00f3n personal, y si bien se arrim\u00f3 como prueba del aviso informativo que se debe exhibir en el inmueble, una foto en blanco y negro, lo cierto es que all\u00ed no se verifica que tal exigencia se hubiese realizado en debida forma, tampoco existe constancia secretarial o del juez que constaten tal requisito\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar el tr\u00e1mite vinculando a Jos\u00e9 William Jim\u00e9nez Quesada, acorde con lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 21 de julio (ATC1039-2021), desestim\u00f3 el resguardo al hallar que el ad-quem acusado, \u00aba partir de la valoraci\u00f3n en conjunto exigida por el estatuto adjetivo civil, \u2026encontr\u00f3 falencias en la posesi\u00f3n alegada por el demandante, raz\u00f3n por la que no puede tildarse de arbitraria o caprichosa [su] decisi\u00f3n\u2026[,] al estar cimentada en una interpretaci\u00f3n razonable respecto a la normatividad que regula el tema, as\u00ed [esa] corporaci\u00f3n pueda no compartirla\u00bb. <\/p>\n
All\u00ed mismo, de cara \u00aba la intervenci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 William Jim\u00e9nez Quesada\u00bb, advirti\u00f3 que s\u00f3lo pod\u00eda tenerse en cuenta \u00aben lo que tenga ver con la coadyuvancia a las pretensiones del accionante en pertenencia, pues sobre la solicitud de nulidad sobre los procesos no es procedente pronunciarse seg\u00fan lo dispuesto por el inciso segundo del art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991 que reza: \u201cQuien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud.\u201d Excediendo las pretensiones del interviniente los alcances de dicha mediaci\u00f3n contenidos en la norma\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La incoaron el quejoso y el vinculado Jos\u00e9 William Jim\u00e9nez Quesada, ambos insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los cuales el primero a\u00f1adi\u00f3 que el a-quo constitucional omiti\u00f3 referirse frente al defecto org\u00e1nico que denunci\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, la salvaguarda se abre paso de manera excepcional y limitada a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo era inviable, lo que impone confirmar la decisi\u00f3n opugnada, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En cuanto a las alegaciones y solicitudes novedosamente formuladas por el vinculado Jos\u00e9 William Jim\u00e9nez Quesada al pronunciarse frente a la salvaguarda propuesta, se recuerda que el ordenamiento jur\u00eddico no lo faculta para modificar las pretensiones de la tutela y, en esa medida, la Corte no est\u00e1, como no lo estaba el a-quo constitucional, compelida a pronunciarse sobre las reclamaciones que efectu\u00f3, las cuales se fundamentan en cuestiones que no fueron planteadas en la demanda de amparo g\u00e9nesis de esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, en punto a las peticiones presentadas por los terceros intervinientes, disimiles a las expuestas en la inicial solicitud de protecci\u00f3n, como las atr\u00e1s referidas, en los siguientes t\u00e9rminos ha dejado dicho la Sala que no pueden alterar \u00e9sta y, por ende, no corresponde desatarlas de fondo: <\/p>\n
\u2026los reproches\u2026 no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, mas no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrecisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u201d. <\/p>\n
Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela. <\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad. <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (se destac\u00f3 – CSJ STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545). <\/p>\n
2.2. Superado lo anterior, respecto al reclamo propuesto por el accionante en punto a que los juzgadores acusados incurrieron en defecto org\u00e1nico por cuanto la sentencia de primera instancia fustigada se dict\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino contemplado para el efecto en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, se observa que el censor omiti\u00f3 agotar tal alegaci\u00f3n, tempestiva y adecuadamente, ante el fallador natural, comoquiera que, efectivamente, aduciendo y acreditando aquel supuesto pudo haber rogado la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n antes de la emisi\u00f3n de la referida providencia, con apoyo en la norma en comento y acorde con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-443\/19, lo cual no hizo, evidenci\u00e1ndose que ese reparo lo trae novedosamente al presente tr\u00e1mite supralegal, por lo cual, frente al mismo, nada pudo considerar el sentenciador com\u00fan. <\/p>\n
De ese modo, en cuanto a tal aspecto, la queja actual se muestra improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.3. Finalmente, en cuanto a los reparos frente a la sentencia dictada el 28 de octubre de 2020 por el Juzgado del Circuito acusado, por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de manera definitiva el asunto en cuesti\u00f3n, observa la Sala que su determinaci\u00f3n de confirmar la adoptada en primera instancia por el estrado municipal, no se muestra arbitraria, en tanto que consign\u00f3 suficiente y claramente las razones para tal proceder. <\/p>\n
Despu\u00e9s, tras exponer algunas generalidades en torno a la figura de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, resalt\u00f3 que el reclamante opt\u00f3 por la extraordinaria, que a \u00e9l correspond\u00eda acreditar los supuestos para su buen suceso y que no lo hizo, en especial, respecto a su condici\u00f3n de poseedor por el t\u00e9rmino de los diez (10) a\u00f1os exigidos en la norma correspondiente, en tanto que: <\/p>\n
\u2026desde el escrito de demanda de la acci\u00f3n de pertenencia, el se\u00f1or JIM\u00c9NEZ QUEZADA dio a conocer los aspectos f\u00e1cticos que rodearon su relaci\u00f3n con el\u2026 inmueble pretendido, dado que all\u00ed, despu\u00e9s de identificar el lote por sus linderos, procedi\u00f3 a manifestar que entr\u00f3 en posesi\u00f3n del mismo desde hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os, incluso, antes de que EDNA CAROLINA JARAMILLO lo adquiriera por compraventa. A su vez afirm\u00f3\u2026 efectuar (sic) adecuaciones y plantar mejoras con la intenci\u00f3n de arrendarlo, actividad que viene realizando desde hace 10 a\u00f1os. <\/p>\n
Sin embargo, aquellas letras chocan con las expuestas en la contestaci\u00f3n de la demanda efectuada en la acci\u00f3n de dominio, pues en esa ocasi\u00f3n dijo que\u2026 SIXTA TULIA QUEZADA de JIMENEZ fue quien estuvo en posesi\u00f3n del bien por m\u00e1s de 15 a\u00f1os\u2026, y que no fue sino hasta el a\u00f1o 2000, en enero, que aquella lo autoriz\u00f3 para que continuara la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Mas all\u00e1 de la dicotom\u00eda, lo que se advierte con mediana facilidad es que\u2026 GILBERTO\u2026 reconoc\u00eda una posesi\u00f3n previa en cabeza de SIXTA TULIA\u2026 Por consiguiente, suyo era el deber de demostrar a partir de cuando dej\u00f3 de ver a \u00e9sta como poseedora, para hacerse \u00e9l a la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan el accionante\u2026, dicha mutaci\u00f3n se dio el 15 de enero del 2000, calenda en la cual dice haber recibido la posesi\u00f3n de manos de su madre. A pesar de ello, vale resaltar que lo asegurado no encuentra apoyo en la prueba documental, y dif\u00edcilmente se puede corroborar a trav\u00e9s de los testimonios, pues ninguno presenci\u00f3 ese evento. <\/p>\n
Sobre este aspecto en particular, resulta curiosa la declaraci\u00f3n del se\u00f1or GUSTAVO JIM\u00c9NEZ, quien, al ser interrogado, manifest\u00f3 con vehemencia que siempre supo que el deseo de su madre -SIXTA TULIA- era \u201cque GILBERTO se quedara con la casa\u201d. No obstante, m\u00e1s adelante inform\u00f3 sobre algunos sucesos que mermaron la veracidad de su dicho, por ejemplo, el hecho de que haya dejado de residir en la ciudad de Ibagu\u00e9 desde 1.978 para irse a vivir al llano, y agregar que solo ven\u00eda a estas tierras una vez al a\u00f1o, en el mes de mayo para celebrar la fiesta de la madre. En suma, no tiene muy claro en qu\u00e9 momento su madre abandon\u00f3 el bien ra\u00edz objeto de este litigio y tampoco la administraci\u00f3n que aquella hac\u00eda de sus negocios, lo que impide que el despacho adquiera ese convencimiento de \u00e9l. <\/p>\n
Del mismo linaje result\u00f3 lo dicho por WINSTON GUEVARA, quien con firmeza dijo conocer a GILBERTO JIMENEZ QUEZADA desde hace 43 a\u00f1os, y tenerlo como due\u00f1o del bien desde esa fecha. Pero aquel no solo tuvo una declaraci\u00f3n abiertamente disonante, sino que dio una versi\u00f3n distinta a la que otorg\u00f3 el demandante en la pertenencia a la hora de elaborar el escrito inicial, pues recalc\u00f3 en varios apartes que cuando \u00e9l llego al, barrio, JIMENEZ QUEZADA ya viv\u00eda ah\u00ed solo. El inconveniente que surge es que, para esa fecha, 1.975, el mismo GILBERTO JIM\u00c9NEZ dijo que la poseedora era SIXTA TULIA QUEZADA de JIM\u00c9NEZ, misma que levant\u00f3 las mejoras que hubo en el bien, y lo ocup\u00f3, por lo menos hasta el a\u00f1o 2.000. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la certeza con la que se anuncia la interversi\u00f3n del t\u00edtulo por parte de JIM\u00c9NEZ QUEZADA, quien pretende el bien por el modo de la prescripci\u00f3n, yace hu\u00e9rfana de una prueba que refuerce lo mencionado por el propio poseedor. <\/p>\n
En ese sentido es clave se\u00f1alar que en este tipo de asuntos resulta basilar y definitivo que el actor lleve al convencimiento del juez el momento exacto en el que dirigi\u00f3 su voluntad hacia la obtenci\u00f3n del bien, no solo con la aprehensi\u00f3n material del mismo, sino en compa\u00f1\u00eda del elemento subjetivo, es decir, la infalibilidad de ser propietario del bien, como lo ha se\u00f1alado en m\u00faltiples ocasiones el \u00f3rgano de cierre de esta jurisdicci\u00f3n en su sala de casaci\u00f3n civil1: \u201cCuando para obtener la declaratoria judicial de pertenencia, se invoca la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio…, el demandante debe acreditar, adem\u00e1s de que la solicitud recae sobre un bien que no est\u00e1 excluido de ser ganado por ese modo de usucapir, que igualmente ha detentado la posesi\u00f3n p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida por el tiempo previsto por la ley; empero, si originalmente se arrog\u00f3 la cosa como mero tenedor, debe aportar la prueba fehaciente de la interversi\u00f3n de ese t\u00edtulo, esto es, la existencia de hechos que la demuestren inequ\u00edvocamente, incluyendo el momento a partir del cual se rebel\u00f3 contra el titular y empez\u00f3 a ejecutar actos de se\u00f1or y due\u00f1o desconociendo el dominio de aquel, para contabilizar a partir de dicha fecha el tiempo exigido de ‘posesi\u00f3n aut\u00f3noma y continua’ del prescribiente\u201d. <\/p>\n
Aunque ello era suficiente para el despacho adverso del reclamo del apelante, especialmente por las situaciones derivadas de sus propias afirmaciones, seguidamente el sentenciador agreg\u00f3 que \u00e9ste, \u00aben aras de cumplir su carga probatoria, debi\u00f3 suministrar el material necesario para que, sin hesitaci\u00f3n alguna, el juez obtuviera la consabida informaci\u00f3n, cosa que como se ver\u00e1 no sucedi\u00f3\u00bb, porque: <\/p>\n
Di\u00e1fano ha sido que, quien acude ante la administraci\u00f3n de justicia pretendiendo una declaraci\u00f3n como esta, cuenta con la libertad de valerse de cualesquiera de los medios enunciados en el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo General del Proceso para sustentar los supuestos de hecho que se presentan con el escrito de demanda, los cuales guiaran el convencimiento de quien ha sido investido para desarrollar la labor de juzgar. <\/p>\n
Aplicado lo anterior al caso de marras, GILBERTO\u2026 cont\u00f3 con la posibilidad de arrimar al cartulario todo lo que a bien tuviera para probar sus afirmaciones, pero aquel c\u00famulo, para esta instancia, resulta escaso a la hora de corroborar lo expuesto en sus escritos. <\/p>\n
Como se ha dicho reiterativamente, el actor dice haber iniciado su posesi\u00f3n desde el mes de enero del 2.000, lo cual conforme las pruebas, no fue acreditado, en tanto pudo haber demostrado con actos de se\u00f1or\u00edo posteriores, desde cuando dej\u00f3 de ser un simple tenedor, para sentirse y presentarse ante la sociedad como el verdadero due\u00f1o del inmueble. <\/p>\n
Los actos a los que se hace referencia si bien se se\u00f1alan someramente en el art\u00edculo 981 del C\u00f3digo Civil no son taxativos, de hecho, estos pueden ser variados, siempre y cuando ofrezcan la certeza necesaria para que, quien conoce del asunto a trav\u00e9s del debate probatorio, disipe o aclare cualquier duda que permee su conocimiento. <\/p>\n
El pago de servicios p\u00fablicos, impuestos, la realizaci\u00f3n de mejoras, adecuaciones, la suscripci\u00f3n de contratos de arrendamiento sobre el inmueble, y en general cualquier actividad que se pudiere esperar de un verdadero titular del derecho de dominio, son actos que pueden llegar a servir para lograr dejar sentada la mutaci\u00f3n del t\u00edtulo. <\/p>\n
No obstante, el demandante en pertenencia se limit\u00f3 a adosar algunos recibos de servicios p\u00fablicos, los cuales m\u00e1s all\u00e1 de no dar certeza de su pago, son de fechas que no reportan ninguna utilidad para ese objetivo -2012-2015-, y los que s\u00ed cuentan con sello o comprobante de pago, fueron solventados en el 2014. <\/p>\n
Aunado a ello, se adjuntaron tres contratos de arrendamiento, de los cuales. Dos de ellos datan del 2.009, y uno fue suscrito en el 2.007, a m\u00e1s de haberse aportado escritura p\u00fablica de declaraci\u00f3n de mejoras en terreno ajeno del 2.016. <\/p>\n
En ese orden de ideas, sin explayarse, es visible como, aun en el supuesto de tener al a\u00f1o 2.007 como el momento en el que JIM\u00c9NEZ QUEZADA se rebel\u00f3 contra la propietaria EDNA CAROLINA\u2026, o la poseedora que tambi\u00e9n se ha dicho al interior del debate era administradora del bien SIXTA TULIA\u2026, el tiempo transcurrido desde all\u00ed es insuficiente para adquirir por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Cabe resaltar que se nombra a EDNA CAROLINA\u2026 extrayendo un aparte de la propia declaraci\u00f3n del demandante en la pertenencia, quien le expres\u00f3 a la titular de la instancia precedente, que tuvo conocimiento de que aquella se hab\u00eda hecho con el dominio del bien inmueble por confianza. <\/p>\n
Haciendo un alto, para atender las censuras que el recurrente expuso, las cuales en gran parte tienen que ver con el tema en comento, es dable referir que es el mismo recurrente quien cita los documentos que han sido evaluados en los p\u00e1rrafos previos, los cuales, m\u00e1s all\u00e1 de la queja por la supuesta omisi\u00f3n al interior de la instancia primigenia, aun valor\u00e1ndolos, no ofrecen un panorama que conlleve a la acreditaci\u00f3n del t\u00e9rmino legal, ya que si se memora como la demanda de pertenencia, como las excepciones planteadas frente a la acci\u00f3n reivindicatoria y denominadas prescripci\u00f3n extintiva del derecho de dominio del bien objeto de reivindicaci\u00f3n y prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio del bien objeto de reivindicaci\u00f3n, datan del 2016, interregno que es visiblemente insuficiente para adquirir el bien materia de la litis. <\/p>\n
Mismo destino tienen los testimonios de quienes fueron citados dentro del sumario, no solo los arrimados por la parte demandante en la acci\u00f3n de pertenencia, sino los allegados a instancia de la demandante en la acci\u00f3n reivindicatoria. Estos, en su conjunto, m\u00e1s que esclarecer oscurecieron el convencimiento de esta sede, pues fueron incoherentes. Sus atestaciones ri\u00f1en en varios apartes con las declaraciones que hicieron quienes los trajeron al proceso, y en su gran mayor\u00eda no adquirieron el conocimiento de lo dicho por su propia percepci\u00f3n, sino por comentarios o aseveraciones de terceros. Algunos incluso no viven en la ciudad desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, pero hablan con propiedad de sucesos puntuales que no presenciaron. <\/p>\n
En esa l\u00ednea se descuelga la observaci\u00f3n que hace el apelante \u00fanico respecto del parentesco que tienen algunos de los testigos con la parte demandada en pertenencia, control que aplica tambi\u00e9n para \u00e9l, quien condujo a su hermano GUSTAVO\u2026 a declarar sobre los mismos hechos; de modo que, siguiendo la l\u00f3gica expuesta en el recurso, tambi\u00e9n se debi\u00f3 haber observado con recelo la manifestaci\u00f3n efectuada por este testigo. <\/p>\n
Centrando nuevamente la atenci\u00f3n en lo dicho por aquel, es del caso mencionar como este refiri\u00f3 que su madre -SIXTA-, en raz\u00f3n a la muerte de su padre -CORNELIO-, fue quien qued\u00f3 administrando todo, y que no ten\u00eda idea de c\u00f3mo ella manejaba sus negocios. A pesar de ello, su desconocimiento no fue \u00f3bice para asegurar que el predio en litigio fue pose\u00eddo por GILBERTO desde el 2.000 porque as\u00ed lo quiso la se\u00f1ora SIXTA, lo que con poco da cuenta de la calidad de su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
En suma, distinto a lo que pregona quien recurre, esta sede judicial considera que en el contexto en el que se presenta la disputa, al ser abiertamente un lio familiar, son los integrantes de la familia quienes m\u00e1s saben del asunto. <\/p>\n
Empero, en el caso de marras refulge algo distinto, pues cada uno tiene una versi\u00f3n diferente, la cual se contrapone no solo entre testigos, sino entre las mismas partes. <\/p>\n
De los testigos restantes, MAR\u00cdA LUISA\u2026 y HUGO ORLANDO\u2026 conocieron al poseedor desde el 2.006. <\/p>\n
La primera, lo ha tenido como due\u00f1o porque es quien le ha permitido hacerse al frente de la edificaci\u00f3n para vender tinto, y aunque quiz\u00e1 es el \u00fanico testimonio que no se halla parcializado, sus atestaciones son pobres como para corroborar una situaci\u00f3n puntual como la que se requer\u00eda acreditar. Esto, en raz\u00f3n a que su contacto con el sitio se desarrolla en la madrugada. <\/p>\n
El segundo refiri\u00f3 ser amigo del hoy poseedor, incluso que es arrendatario de aquel. Empero, el predio ocupado por \u00e9l no hace parte del inmueble, y su conocimiento sobre obras o adecuaciones realizadas por JIMENEZ QUEZADA al interior del bien ra\u00edz objeto de las pretensiones, solo aparece desde el 2.012. <\/p>\n
Analizado todo lo que rode\u00f3 la pretensi\u00f3n adquisitiva de dominio, poco queda para considerar que la decisi\u00f3n tomada por el A Quo en cuanto a no tenerla por probada fue errada, pues ciertamente los medios probatorios con los que se provey\u00f3 al administrador de justicia, fueron escasos, y en algunos aspectos inexistentes para obtener un resultado distinto. <\/p>\n
De otro lado, para desechar los argumentos de la apelaci\u00f3n encaminados a i) obtener el reconocimiento de mejoras pretendido por el quejoso y ii) cuestionar el de los frutos civiles concedido a su antagonista, de forma sint\u00e9tica pero categ\u00f3rica, exterioriz\u00f3 el sentenciador ad-quem: <\/p>\n
3.1. En lo referente a las mejoras, sin entrar en ambages, se advierte como al pretensor no le asiste raz\u00f3n en su reparo, ya que la ausencia de pretensi\u00f3n respecto de aquel t\u00f3pico, y la ostensible ausencia de prueba que permita determinar la cuant\u00eda o el tipo de obras que se adelantaron en el inmueble por parte del hoy poseedor, impidieron que el fallador contase con un elemento de juicio que le permitiera hacer una valoraci\u00f3n distinta al respecto. <\/p>\n
Aunado a ello, no se puede desconocer el dictamen pericial adosado al cartulario, el cual, vale aclarar, no fue objetado por quien hoy acude en la alzada. <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico en menci\u00f3n, refiri\u00f3 que lo construido ten\u00eda una vetustez de 20 a\u00f1os, lo que teniendo en cuenta la fecha de la experticia -12\/03\/2018-, no se aviene con las aseveraciones que ahora expone el recurrente. <\/p>\n
Para cerrar, tal y como lo consider\u00f3 en su momento la instancia primigenia, el poseedor se ve afectado por las consecuencias de ser considerado de mala fe, lo que de contera impide el reconocimiento de las mejoras \u00fatiles, tal como lo prev\u00e9 el inciso 5 del art\u00edculo 966 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.2. En lo tocante con los frutos civiles, no se advierte el yerro que pregona el apelante \u00fanico, pues m\u00e1s all\u00e1 de que esta sede no comparta la anualidad desde la que consider\u00f3 que JIM\u00c9NEZ QUEZADA era poseedor, la tasaci\u00f3n de los frutos se soport\u00f3 en dictamen pericial (se destac\u00f3). <\/p>\n
2.3.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso es una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada, con apoyo en las normas aplicables al asunto, adopt\u00f3 la decisi\u00f3n criticada, de la cual se extrae que, incluso desechando la prueba documental referida por \u00e9l, lo cierto es que aquella no pod\u00eda ser otra, destac\u00e1ndose que el ad-quem valor\u00f3 en conjunto los dem\u00e1s medios suasorios y de ellos extrajo que el censor no demostr\u00f3 su posesi\u00f3n desde la fecha que adujo sino, a la sumo, desde el a\u00f1o 2007, por lo que no cumpl\u00eda el t\u00e9rmino exigido por la ley para la prosperidad de la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio que impuls\u00f3; igualmente, respecto a las mejoras reclamadas, sumado a que no pod\u00edan reconocerse al concluirse que el actor era poseedor de mala fe, lo cierto es que advirti\u00f3 que no se alleg\u00f3 medio suasorio alguno para \u00abdeterminar la cuant\u00eda o el tipo de obras que se adelantaron en el inmueble por [su] parte\u00bb; y en punto al reconocimiento de frutos civiles concluy\u00f3 que se edific\u00f3 en el dictamen pericial adosado al plenario, mismo que no fue objetado y, expresamente, contiene la discriminaci\u00f3n porcentual aludida por el apelante; en cuyo caso tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para respaldar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC, 8 ag. 213, rad. 2004-00255-01; reiterada en SC10189, 27 jul. 2016, rad. 2007-00105-01. <\/p>\n
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STC12562-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12562-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00182-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Gilberto Jim\u00e9nez Quesada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}