STC12564-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12564-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-02028-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Ronald Juli\u00e1n Valdez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Puerto Tejada, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se disponga \u00abrevocar las sentencias de primera y segunda instancia\u2026\u00bb; y se le ordene a los accionados que \u00abdeclaren la nulidad de las sentencias y en su lugar se profiera uno conforme a derecho, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas por el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un juicio penal adelantado en contra de Ronald Juli\u00e1n Valdez por la comisi\u00f3n del delito de acceso carnal violento abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo con acceso carnal violento, el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Puerto Tejada profiri\u00f3 sentencia el 16 de octubre de 2019, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 264 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que tras ser apelada, fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n en fallo de 9 de junio de 2020. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que que las sentencias constitu\u00edan v\u00edas de hecho, pues no se valoraron adecuadamente las pruebas en tanto que la v\u00edctima era mayor de 14 a\u00f1os y por tanto debi\u00f3 ser absuelto; y que no estaba acreditada la teor\u00eda del caso de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y un falso raciocinio; que los medios de convicci\u00f3n mostraban que exist\u00edan contradicciones y por ende mentiras; que la v\u00edctima enga\u00f1\u00f3 a los sujetos procesales al indicar que el primer abuso fue cuando ten\u00eda trece a\u00f1os; que las circunstancias de modo y de tiempo fueron discordantes; que la valoraci\u00f3n del acervo probatorio fue arbitraria y alejada de la sana critica; y que no exist\u00eda certeza para condenarlo. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que la condena se bas\u00f3 en declaraciones de personas que no fueron testigos presenciales; que se transgredi\u00f3 el principio de presunci\u00f3n de inocencia y de responsabilidad subjetiva; que los fallos emitidos re\u00f1\u00edan con los precedentes jurisprudenciales y desconoc\u00edan los art\u00edculos 372, 380 y 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, as\u00ed como el 29 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.5. Adujo que no existi\u00f3 el delito por el que se lo acus\u00f3; que el recurso de casaci\u00f3n no era id\u00f3neo ni eficaz, adem\u00e1s que no lo agot\u00f3 por no contar con los recursos econ\u00f3micos necesarios, pues vive de lo que su compa\u00f1era permanente y familia le suministran. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n indic\u00f3 que se remit\u00eda a los fundamentos consignados en el fallo proferido. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Puerto Tejada refiri\u00f3 que conoci\u00f3 del juicio criticado; que dict\u00f3 sentencia el 16 de octubre de 2019, decisi\u00f3n que fue confirmada por su superior; que las decisiones adoptadas se encontraban enmarcadas dentro de los par\u00e1metros legales y constitucionales; y que no se cumpl\u00eda con el requisito de procedencia del resguardo de la subsidiariedad, pues el gestor no interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues no formul\u00f3 casaci\u00f3n frente a la sentencia de segundo grado; que no era de recibo la presunta falta de recursos econ\u00f3micos, pues la Defensor\u00eda del Pueblo brinda el servicio de asesor\u00eda y representaci\u00f3n gratuita, lo que no agot\u00f3; que no era aplicable el precedente invocado, pues se trataba de un caso laboral -pensi\u00f3n de invalidez, en donde no se acudi\u00f3 al recurso extraordinario por el delicado estado de salud de la all\u00ed accionante-, asunto sustancialmente diferente; y que no se demostr\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que la exigencia de la demanda de casaci\u00f3n a trav\u00e9s de la Defensor\u00eda del Pueblo constitu\u00eda un rigorismo procedimental; que dicho ente, al igual que otros despachos administrativos y judiciales, se encontraba cerrado al p\u00fablico, pues el pa\u00eds estaba en estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica, teniendo habilitada \u00fanicamente la v\u00eda telef\u00f3nica y virtual, sin que pudiera realizar ninguna actividad por encontrarse recluido; que su hermana realiz\u00f3 las averiguaciones en la Defensor\u00eda y con abogados penalistas, pero ante los altos honorarios, no pudo sufragarlos; y que subsidiariedad re\u00f1\u00eda con la prevalencia del derecho sustancial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el peticionario no interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, con miras a cuestionar los aspectos que ahora expone concretamente, los relacionados con la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria, desaprovechando as\u00ed la oportunidad para plantear los reparos por los que ahora se queja. <\/p>\n
Ciertamente, esta acci\u00f3n excepcional no es el mecanismo adecuado para elucidar aspectos como los planteados por el promotor del resguardo, cuando no se agotaron los instrumentos id\u00f3neos para ello, destacando que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas oportunidades para que expongan en el marco del proceso y ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que los mismos puedan ser soslayados so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, esta Corte consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el quejoso tambi\u00e9n tuvo la oportunidad de impetrar dicho medio extraordinario y no lo hizo, con lo que desperdici\u00f3 la oportunidad de obtener su revisi\u00f3n ante el \u00f3rgano m\u00e1ximo de la justicia ordinaria y mostr\u00f3 conformidad o desinter\u00e9s frente a la condena impuesta en segunda instancia\u2026 el accionante debi\u00f3 acudir al medio de defensa previsto en la ley penal para cuestionar el veredicto del Tribunal, habida cuenta que\u2026 no es viable acudir a esta v\u00eda especial de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, luego de desperdiciar los instrumentos procesales establecidos por el legislador\u2026 Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta improcedente (CSJ STC, 19 ag. 2011, rad. 01590-01; reiterada en STC10865-2014, 14 ag. 2014, rad. 2014-01231-01; y STC5078-2015, 29 abr. 2015, rad. 2015-00280-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, frente al argumento de que el promotor carec\u00eda de recursos econ\u00f3micos para interponer demanda de casaci\u00f3n, advierte la Corte que ello no es suficiente para acceder a la protecci\u00f3n, puesto que el ordenamiento procesal penal establece mecanismos id\u00f3neos para superar dichos inconvenientes como el acceso a los servicios de la Defensor\u00eda del Pueblo, para que all\u00ed le sea asignado un profesional del derecho de oficio que promueva las acciones legales pertinentes, destacando que quienes est\u00e1n privados de la libertad en establecimientos carcelarios y penitenciarios tienen a su alcance dicha asesor\u00eda legal, sin que se encuentre probado en el plenario que el accionante hubiese acudido a la misma y que esta se le haya negado (CSJ STC, 18 abr. 2013, rad. 2013-00171-01; reiterada en STC, 30 abr. 2014, rad. 2014-00499-01; y STC 7512-2014; entre otras). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 24 de agosto de 2021. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12564-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12564-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-02028-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57768","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57768"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57768\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}