STC12565-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12565-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n incoada por Hotel Juan Mar\u00eda Ltda. frente al fallo proferido el 19 de julio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa y \u00abacceso a la justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por la autoridad encausada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, \u00ab[s]e deje sin efectos el auto\u00bb emitido el 24 de junio de 2021 y, \u00aben su lugar[,] se ordene al juzgado accionado otorgarle a [ese] proceso, el tr\u00e1mite de un\u2026 verbal al que alude el art. 268 CGP (sic), con las audiencias a las que alude el art\u00edculo 372 y s.s.\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de esta causa son los que as\u00ed se sintetizan: <\/p>\n
2.1. En el juicio incoado por la Organizaci\u00f3n Sayco Acinpro contra la accionante para hacer efectivo el pago de las percepciones pecuniarias por la ejecuci\u00f3n p\u00fablica de obras musicales, el 24 de junio de 2021, entre otras disposiciones, el estrado acusado convoc\u00f3 a \u00abaudiencia integral\u00bb a las partes y a sus apoderados para el 14 de septiembre posterior, \u00abcon el fin de adelantar todas las actividades previstas en los art[s]. 372 y 373 del C.G. del P., \u2026tal y como lo dispone el art. 392 ib\u00eddem\u00bb, y decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de las pruebas pedidas por aqu\u00e9llas; decisiones que mantuvo el 2 de agosto \u00faltimo al desatar el recurso de reposici\u00f3n propuesto por la reclamante, a la vez que le deneg\u00f3, por improcedente, la concesi\u00f3n del subsidiario de apelaci\u00f3n que plante\u00f3. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela, adujo la accionante que con esas decisiones se incurri\u00f3 en defectos procedimental absoluto y f\u00e1ctico. <\/p>\n
Lo primero, por darle un tr\u00e1mite inadecuado de verbal sumario al asunto, cuando es claro que debe adelantarse por la cuerda del verbal, circunstancia que le impide tachar de falsos o desconocer, en la oportunidad establecida por el numeral 10\u00ba del canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso, las documentales tra\u00eddas por su antagonista, al no ser decretadas en la audiencia inicial sino fuera de ella; situaci\u00f3n derivada de la supuesta presencia de una inexistente antinomia y de una errada aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba del precepto 390 ib\u00eddem, \u00abque remite a los procesos de derechos de autor regulados por el art\u00edculo 243 de la Ley 23 de 1982\u00bb, sin observarse que esa norma la derog\u00f3 expresamente la regla 37 de la Ley 1915 de 2018 y confundiendo \u00ablos derechos de autor con los\u2026 de los consumidores\u00bb. <\/p>\n
Lo segundo, porque en el decreto probatorio, por solicitud de su antagonista, erradamente se incluyeron entre las documentales \u00abunas planillas de visita o auto declaraci\u00f3n\u00bb, las cuales debieron ser rechazadas por \u00abin\u00fatiles y superfluas, adem\u00e1s de inconducentes e il\u00edcitas\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tulu\u00e1 pidi\u00f3 \u00abnegar la acci\u00f3n de tutela impetrada, por improcedente y por cuanto los defectos endilgados por el actor no aparecen acreditados dentro del plenario\u00bb, sumado a que ese estrado \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor, ni de las partes en el proceso cuestionado, toda vez que\u2026 frente a las\u2026 decisiones tomadas en el auto controvertido, sin mayores apuntalamientos, se encuentra que no obedecen a un simple capricho, ni tampoco se erigen como acciones arbitrarias que constituyan una v\u00eda de hecho violatoria de los derechos fundamentales del aqu\u00ed accionante; por el contrario, la decisi\u00f3n fue tomada con sustento y aplicaci\u00f3n razonable de la normatividad y jurisprudencia vigente, tal y como se advierte del cuerpo mismo de la providencia\u00bb. <\/p>\n
2. La Organizaci\u00f3n Sayco Acinpro deprec\u00f3 \u00abse declare la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en el caso bajo estudio, toda vez que, no existe, derecho al debido proceso, ni derecho fundamental alguno violado, en la medida en que precisamente se est\u00e1 en el marco de un proceso judicial que prev\u00e9 los mecanismos procesales de defensa para cada una de las partes, que son los contenidos en el C\u00f3digo General del Proceso, y no, la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo al considerar agotada la discusi\u00f3n en cuanto a la aducida errada aplicaci\u00f3n del canon 390 del C\u00f3digo General del Proceso que plante\u00f3 la reclamante, comoquiera que \u00abest\u00e1 claro que la vulneraci\u00f3n que alega\u2026 ya fue presentada ante el juez constitucional en el mecanismo de amparo con rad. 2020-00174-00 y si bien -en ese escenario- se desisti\u00f3 de esa puntual pretensi\u00f3n, lo cierto es que la deserci\u00f3n que, en esa ocasi\u00f3n se present\u00f3, tiene efectos de cosa juzgada, resultando improcedente incoar una nueva acci\u00f3n de tutela con base en los mismos hechos y derechos, sin existir argumentos justificados\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, lo referente al rito dado al proceso atacado se mostraba irrelevante porque, \u00abcontrario a lo expuesto en el libelo inicial, en los juicios verbales y verbales sumarios no se altera o se restringe, entre uno y otro, la posibilidad de tachar de falsos los documentos presentados con la demanda, atendiendo la oportunidad procesal prevista en el art. 269 del CGP: La parte a quien se atribuya un documento, afirm\u00e1ndose que est\u00e1 suscrito o manuscrito por ella, podr\u00e1 tacharlo de falso en la contestaci\u00f3n de la demanda, si se acompa\u00f1\u00f3 a esta, y en los dem\u00e1s casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba\u00bb; y si bien, \u00abun aspecto que s\u00ed podr\u00eda considerarse sensible es el desconocimiento del principio de la doble instancia en este tipo de asuntos; no obstante, auscultado el proceso objeto de cuestionamiento, se observa que la juez de la causa no ha desconocido tal prerrogativa, incluso, en prove\u00eddo\u2026 de agosto 2 de 2021 aclar\u00f3 que este es uno de los casos que se surte por el procedimiento verbal sumario, pero con doble instancia\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, en lo tocante con el decreto probatorio, tambi\u00e9n encontr\u00f3 inviable el ruego tutelar porque, adem\u00e1s de no advertirse \u00abun yerro may\u00fasculo\u00bb frente al particular, lo cierto es que \u00abla inconformidad del actor con los elementos probatorios que present\u00f3 el demandante es asunto que compete dilucidar a la juez de la causa, quien en la sentencia deber\u00e1 otorgar el valor probatorio a las pruebas documentales decretadas\u00bb; prematuridad que igualmente hall\u00f3 presente en cuanto al juicio mismo, porque de resultar adverso a la censora el fallo que all\u00ed se dicte en primer grado, \u00abpodr\u00e1 formular el respectivo recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, aunque solamente respecto a los relacionados con el defecto procedimental en que afirma incurri\u00f3 la juzgadora acusada al dar al asunto fustigado el tr\u00e1mite de un juicio verbal sumario cuando ha debido ser el de un verbal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo an\u00e1lisis, circunscrita la Sala a los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que fuerza refrendar el fallo opugnado, comoquiera que, adem\u00e1s de que, en verdad, la discusi\u00f3n planteada en torno al procedimiento dado al juicio recriminado deb\u00eda entenderse clausurada con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional que de este mismo linaje y por tal aspecto impulso con anterioridad la quejosa, lo que, acorde con el precepto 38 del Decreto 2591 de 1991, le imped\u00eda acudir nuevamente a esta acci\u00f3n excepcional a cuestionar ese supuesto; lo cierto es que, en todo caso, en el prove\u00eddo de 2 de agosto de 2021, mediante el cual el Juzgado convocado mantuvo su decisi\u00f3n del 24 de junio anterior, explic\u00f3 suficiente y razonadamente los motivos para resolver en la forma en que lo hizo. <\/p>\n
2.1. En efecto, en el mentado auto, tras aludir al contenido de los preceptos 318, 319, 372, 373 y 392 del C\u00f3digo General del Proceso, recapitul\u00f3 as\u00ed \u00ablos reparos expuestos por el recurrente en lo\u2026 tocante a citar a audiencia integral de que trata el art\u00edculo 392 del C.G.P., toda vez que se le imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite de un proceso verbal sumario a un procedimiento que debe decidirse a trav\u00e9s del procedimiento verbal, tr\u00e1mite brindado al proceso, llevando con ello a una violaci\u00f3n al debido proceso por cuanto que se le cercena el derecho a tachar o desconocer unas pruebas documentales obrantes en la demanda\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, anot\u00f3 ratificar sus \u00abconsideraciones\u2026 en cuanto a que la cuerda procesal corresponde a la del proceso verbal sumario, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 390 del C.G.P.\u00bb, y enfatiz\u00f3 que \u00abesta interpretaci\u00f3n no menoscaba el derecho al debido proceso que echa de menos el recurrente, puesto que el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 20 del C.G.P. prescribe que los Jueces Civiles del Circuito conocen en primera instancia de los asuntos relativos a las controversias de derechos de autor; lo que si bien en principio controvierte el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 390 pluricitado, tal antinomia se supera desde una lectura armoniosa del Estatuto Procesal y a trav\u00e9s del prisma de los principios de interpretaci\u00f3n normativa, ejercicio intelectivo que permite concluir razonablemente, tal y como lo expone el profesor Marco Antonio \u00c1lvarez, que este es uno de los casos que se surte por el procedimiento verbal sumario, pero con doble instancia\u00bb. <\/p>\n
Luego, afianz\u00f3 esas observaciones consignando que: <\/p>\n
\u2026esta litis, debe tramitarse por el verbal sumario, con la claridad que excepciona, la regla general de tener una \u00fanica instancia, pues en el caso de derechos de autor, el proceso verbal sumario tiene doble instancia, interpretaci\u00f3n que en Sentencia del 25 de noviembre de 2020 y 31 de mayo de 2021, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, consider\u00f3 no desproporcionada ni irrazonable, a partir de la premisa que en la actualidad los procesos suscitados en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual son de competencia exclusiva de los Jueces Civiles del Circuito en primera instancia as\u00ed como los asuntos relacionados con cobro de honorarios por representaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n, adem\u00e1s de las obligaciones contra\u00edas que se tramitan como procesos verbales sumarios. <\/p>\n
Con lo anterior, se encuadran las fundamentaciones para que la fase oral del tr\u00e1mite se lleve a cabo en una sola audiencia, de conformidad con el art\u00edculo 392 del C.G.P., desarrollando las actividades contempladas en los art\u00edculos 372 y 373 del C.G.P. en una diligencia integral, a la par, el mismo art\u00edculo ordena que en el mismo auto en el que el juez cite audiencia decretara las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere, tal como el despacho procedi\u00f3 a hacer en el auto que hoy se recurre. <\/p>\n
Tal proceder, se reitera, en nada mengua las garant\u00edas de las partes, ni contraria lo enunciado en la decisi\u00f3n proferida por el superior funcional, pues no se cercena ninguna oportunidad procesal, solo que el presente asunto se concentra en una sola audiencia, por lo que tal y como se se\u00f1ala el art\u00edculo 392 pluricitado, las pruebas se deben decretar en el auto que fije la diligencia. <\/p>\n
Ahora bien, si en gracia de discusi\u00f3n, miramos el par\u00e1grafo del art\u00edculo 372 del C.G.P., este contempla la posibilidad de que en los procesos verbales, si el juez lo considera pertinente o a solicitud de parte, se practique una sola audiencia, pues se repite, este procedimiento en nada cercena el debido proceso, ni el derecho de defensa del demandado, pues en primer t\u00e9rmino es la misma ley la que ha dado este procedimiento sub generis, de por si, a este litigio y en segundo lugar porque si bien, las etapas para el proceso verbal sumario se llevaran concentradas, no quiere decir esto, que se omitan oportunidades procesales; a la par, este proceder, se itera, es autorizado igualmente en el proceso verbal, por lo que no es obligatorio en este proceso, llevar a cabo dos audiencias como lo entiende el recurrente, m\u00e1xime si nos encontramos en un litigio al que debe d\u00e1rsele la cuerda del verbal sumario en su PROCEDIMIENTO, pero que admite DOBLE INSTANCIA, como dilucido el superior funcional en sede de s\u00faplica. <\/p>\n
Se repet\u00ed pues, que sea a trav\u00e9s de audiencia integral o inicial y -si bien es cierto la competencia de esta clase de procesos se radica en primera instancia en el Juez Civil del Circuito, como lo refrendo el Superior funcional-, esto no es \u00f3bice para se\u00f1alar que el procedimiento que se le deba dar es el verbal[,] sumado a que el actor ha contado con todas las oportunidades para tachar o desconocer los documentos, desde el momento en que se le corri\u00f3 traslado de la demanda. Y es que, sea que hablemos de verbal sumario o verbal, el momento procesal oportuno para la tacha o desconocimiento es la contestaci\u00f3n de la demanda, pues la oportunidad a la que alude el apoderado actor no est[\u00e1] contemplada en la fase de la audiencia inicial ni en otro momento como lo pretende el apoderado actor. <\/p>\n
Con todo, se advierte que no hay lugar a modificaci\u00f3n alguna en lo que al tr\u00e1mite se trata, adem\u00e1s, porque, la determinaci\u00f3n de darle el conducto procesal verbal sumario no se llev\u00f3 a cabo en la providencia recurrida, sino que fue anterior, por lo que estos cuestionamientos son evidentemente extempor\u00e1neos\u2026 (se destac\u00f3). <\/p>\n
2.2. De esta manera, se advierte que las decisiones criticadas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la inconforme, muy a pesar de sus alegaciones, en verdad, no es m\u00e1s que una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad convocada interpret\u00f3 las reglas que hall\u00f3 aplicables al asunto espec\u00edfico y expuso, con suficiencia, los motivos para dar por sentado, de acuerdo a los precedentes y la doctrina sobre la materia, que \u00abeste es uno de los casos que [el tr\u00e1mite] se surte por el procedimiento verbal sumario, pero con doble instancia\u00bb, con lo cual, contrario a lo erradamente aducido por la actora, \u00abno se cercena ninguna oportunidad procesal, solo que el presente asunto se concentra en una sola audiencia, por lo que tal y como se se\u00f1ala el art\u00edculo 392 pluricitado, las pruebas se deben decretar en el auto que fije la diligencia\u00bb, aunado a que, se itera, \u00abel actor ha contado con todas las oportunidades para tachar o desconocer los documentos, desde el momento en que se le corri\u00f3 traslado de la demanda\u00bb, de no olvidar que, \u00absea que hablemos de verbal sumario o verbal, el momento procesal oportuno para la tacha o desconocimiento es la contestaci\u00f3n de la demanda, pues la oportunidad a la que alude el apoderado actor no est[\u00e1] contemplada en la fase de la audiencia inicial ni en otro momento\u2026\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para respaldar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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