STC12568-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12568-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01289-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 10 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fernando Cachaya Rocha contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Penal del Tribunal Superior y los Juzgados Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, todos de Neiva, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n1, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Neiva y la Polic\u00eda Nacional2, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las Fiscal\u00edas Cuarta Local del CAVIF y Diecis\u00e9is Seccional de Neiva, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. El actor funda la queja en los hechos que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Fue condenado por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, dentro de la actuaci\u00f3n distinguida con radicaci\u00f3n 1995-05286, la cual se encuentra archivada comoquiera que, mediante auto de 29 de agosto de 2007, la autoridad judicial que ten\u00eda a su cargo la ejecuci\u00f3n de la pena decret\u00f3 su extinci\u00f3n por prescripci\u00f3n, ordenando la cancelaci\u00f3n de las \u00f3rdenes de captura expedidas y la comunicaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento procesal penal. <\/p>\n
2.2. Contra el gestor se adelanta actualmente un proceso por el delito de inasistencia alimentaria, bajo el n\u00famero radicaci\u00f3n 2015-04387. <\/p>\n
2.3 En dicho asunto el juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Neiva emiti\u00f3 sentencia condenatoria el 8 de octubre de 2019, que fuera confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de aquel distrito judicial el 24 de febrero de 2020. <\/p>\n
2.4 Ejecutoriada tal determinaci\u00f3n (2 de marzo de 2020), la actuaci\u00f3n fue remitida a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la aludida poblaci\u00f3n, correspondiendo su conocimiento al segundo de dicha especialidad; por su parte, ante la c\u00e9lula judicial falladora se adelanta el incidente de reparaci\u00f3n integral promovido por la v\u00edctima. <\/p>\n
2.5 Por virtud de una acci\u00f3n de tutela interpuesta por Cachaya Rocha, la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal en fallo STP5204-2021 (6 de abril), removi\u00f3 la ejecutoria de la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Neiva el 24 de febrero de 2020 y orden\u00f3 la rehabilitaci\u00f3n del t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n del recurso procedente. <\/p>\n
2.6 El quejoso formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual se encuentra actualmente en curso ante esta Corte, a la espera de la calificaci\u00f3n sobre su admisibilidad. <\/p>\n
3. El actor hace descansar su reclamo, b\u00e1sicamente en que, pese a que la decisi\u00f3n condenatoria emitida dentro del proceso 2015-04387 a\u00fan no ha alcanzado firmeza, sigue vi\u00e9ndose reflejada en el certificado de antecedentes penales que expide la Polic\u00eda Nacional3 y en las bases de datos de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n4 y de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil5; adem\u00e1s, el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Neiva contin\u00faa tramitando el incidente de reparaci\u00f3n integral, sin estar habilitado para ello. <\/p>\n
Asimismo, reprocha que en la plataforma de consulta de procesos del portal electr\u00f3nico de la Rama Judicial contin\u00fae siendo accesible al p\u00fablico la informaci\u00f3n relativa al proceso 1995-05286, aun cuando han transcurrido alrededor de 14 a\u00f1os desde que se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la condena. <\/p>\n
4. Sostiene que el acceso indiscriminado a tal informaci\u00f3n repercute negativamente en su vida laboral y crediticia en tanto, por lo que solicita: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ordene a la Rama Judicial, a los administradores de las Bases de Datos Web de la Rama Judicial, al Juzgado 2 de EPMS de Neiva, a la Polic\u00eda Nacional, especialmente a la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e INTERPOL, o \u00e1rea administrativa que corresponda, que\u2026 elimine el registro de antecedentes penales de los radicados \u2026201504387 y \u2026199505286, o en su defecto restringa el acceso p\u00fablico desde la web de la Rama Judicial para que, no sea visualizado de manera indiscriminada, desde la web Consulta de Procesos y Consulta de Antecedentes Penales de la Polic\u00eda Nacional, por terceros sin inter\u00e9s leg\u00edtimo, ni expreso mandato legal. <\/p>\n
(\u2026) Ordene al Honorable Tribunal Superior de Neiva y al Juzgado 9 Penal Municipal de Conocimiento de Neiva, que\u2026 procedan a la actualizaci\u00f3n de los registros web, de los radicados \u202620150438701 y \u202620150438700, respectivamente, para que conste que el fallo condenatorio en mi contra, no se encuentran en firme\u2026 Igualmente, que\u2026 libren los oficios respectivos para que, mi informaci\u00f3n personal registrada en las bases de datos de la Rama Judicial, Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Polic\u00eda Nacional, INTERPOL, Registradur\u00eda Nacional, Migraci\u00f3n Colombia, Procuradur\u00eda General, Centrales de Riesgo CIFIN, TransUnion y Datacr\u00e9dito, y dem\u00e1s entidades a quienes hayan librado oficios en el pasado, que afecten mi informaci\u00f3n personal, mi libre movilidad, el acceso a cr\u00e9ditos, empleos o contratos, rectifiquen y actualicen mi informaci\u00f3n personal para que corresponda a: \u201cno tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales\u201d (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) Ordene al Juzgado 2 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, a actualizar mis datos de contacto, a eliminar los registros de antecedentes penales en mi contra, a remitirme comunicaciones a direcciones actualizadas ya informadas por m\u00ed debidamente, a dar prelaci\u00f3n al uso medios electr\u00f3nicos para contactarme o enviar comunicaciones de cualquier tipo, a informarme un n\u00famero telef\u00f3nico fijo y\/o celular, donde efectivamente contesten y pueda ser atendido en el futuro de ser necesario, a contestar y resolver de fondo, todas las peticiones planteadas por m\u00ed, en varios correos electr\u00f3nicos que he enviado y de los cuales jam\u00e1s he obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
(\u2026) Ordene al Se\u00f1or Juez Noveno Penal Municipal de Conocimiento de Neiva, a declarar la nulidad de todo lo actuado a la fecha, dentro del proceso de Incidente de Reparaci\u00f3n Integral con RAD. 2015-04387 y que desista de continuar con el tr\u00e1mite del mismo. Igualmente, a actualizar los registros web relativos al Rad. 2015-04387-00 y 2015-04387-01. <\/p>\n
(\u2026) Ordene a CIFIN, TransUnion y Datacr\u00e9dito, la certificaci\u00f3n total, actual y completa, de toda mi informaci\u00f3n crediticia. <\/p>\n
(\u2026) Ordene un resarcimiento econ\u00f3mico inmediato y justo, a quienes corresponda, por todos los perjuicios irremediables por discriminaci\u00f3n, acceso al m\u00ednimo vital, a empleo, da\u00f1os a mi honra, buen nombre, principio de inocencia, da\u00f1os morales, econ\u00f3micos, f\u00edsicos y mentales, que he padecido y sigo padeciendo, por causa de la publicaci\u00f3n, circulaci\u00f3n y acceso indiscriminados de terceros sin inter\u00e9s leg\u00edtimo, a mi informaci\u00f3n personal restringida, desactualizada e inexacta, por no corresponder a la realidad actual, convirti\u00e9ndose as\u00ed, en el principal factor determinante, para que me sea imposible el acceso a empleos, a convocatorias p\u00fablicas y privadas, a un m\u00ednimo vital, al trabajo, a la libre circulaci\u00f3n, a la no discriminaci\u00f3n, a mi buen nombre, a mi honra, etc. [SIC]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Los magistrados integrantes de la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Neiva pidieron desestimar el resguardo, por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, pues \u00abel quejoso soslay\u00f3 presentar solicitud\u2026 a los \u00f3rganos encargados de registrar las anotaciones de la sentencia[,] tampoco acredit\u00f3 haber radicado alguna queja ante la delegada para la Protecci\u00f3n de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio\u00bb, adem\u00e1s que tampoco formul\u00f3 petici\u00f3n alguna para la correcci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de los registros relativos al proceso 2015-04387. <\/p>\n
2. El Juez Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Neiva se\u00f1al\u00f3 que la elaboraci\u00f3n de las comunicaciones que ordena el art\u00edculo 166 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, as\u00ed como las relativas a la p\u00e9rdida de la ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Superior, seg\u00fan lo ordenado por esta Corte a trav\u00e9s de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, es un asunto que ata\u00f1e al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de esa ciudad. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite surtido en el incidente por desacato, dijo que el quejoso no ha formulado petici\u00f3n alguna en tal sentido; no obstante, en la siguiente audiencia a celebrarse \u00abse adoptar\u00e1 la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u2026 [e] igualmente se actualizar\u00e1 el registro en el sistema Siglo XXI conforme a lo decidido en dicha audiencia\u00bb. Por lo anterior, pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n\u2026 por cuanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno\u2026\u00bb <\/p>\n
3. Por conducto de su asistente jur\u00eddico, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva tambi\u00e9n solicit\u00f3 ser apartado del tr\u00e1mite constitucional habida consideraci\u00f3n que \u00abno vigila sanci\u00f3n penal alguna impuesta a Fernando Cachaya Rocha\u2026 como quiera que en fallo de tutela STP5204 del 6 de abril de 2021, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n penal, dej\u00f3 sin efecto la ejecutoria del fallo de condena\u2026\u00bb por lo que se dispuso la devoluci\u00f3n inmediata del expediente \u00abal juzgado de conocimiento\u2026 as\u00ed como la finalizaci\u00f3n del expediente en el software de gesti\u00f3n, actos cumplidos por el Centro de Servicios Administrativos\u2026 con oficio 3678 del 28 de junio de 2021\u00bb. <\/p>\n
En torno a la pretensi\u00f3n de \u00abeliminaci\u00f3n del registro de los procesos radicados N\u00b0 \u2026201504387 y \u2026199505286 o en su defecto se limite el acceso p\u00fablico desde la p\u00e1gina web\u00bb sostuvo que no exist\u00eda solicitud concreta formulada por el quejoso; empero, por auto de 29 de junio de 2021 orden\u00f3 el \u00abocultamiento o anonimizaci\u00f3n [solo] del proceso \u2026201504387\u00bb, siendo que la actuaci\u00f3n relativa al otro asunto fue devuelta al fallador para su archivo definitivo desde el 14 de septiembre de 2007. <\/p>\n
4. La Juez coordinadora del Centro de Servicios para el Sistema Penal Acusatorio de Neiva manifest\u00f3 que, por requerimiento del Juzgado Noveno Penal Municipal de Conocimiento, derivado del cumplimiento del fallo STP5204-2021, expidi\u00f3 los oficios 3782 a 3785 dirigidos a las mismas autoridades a las que se les comunic\u00f3 la sentencia condenatoria, informando que dicha providencia no hab\u00eda alcanzado firmeza, los cuales fueron remitidos tanto de manera f\u00edsica como electr\u00f3nica. <\/p>\n
5. Un funcionario adscrito a la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo por cuanto las actuaciones desplegadas por ese organismo se encuentran ajustadas a derecho, en la medida que el registro obrante en el certificado de antecedentes refleja la situaci\u00f3n actual del gestor comunicada por las autoridades judiciales, sin que a la fecha exista \u00abacto administrativo o reporte por parte de la autoridad competente ordenando la eliminaci\u00f3n del registro por dejar sin efectos la ejecutoria, en segunda instancia, en cuanto se obtenga se proceder\u00e1 con el registro de este cancelando y actualizando as\u00ed el certificado\u00bb. <\/p>\n
6. La directora de Control Disciplinario Interno y la subdirectora de Gesti\u00f3n Documental de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como el Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, solicitaron denegar el amparo en lo que tiene que ver con esas dependencias, dada la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
7. La Fiscal Diecis\u00e9is Seccional de Neiva, adscrita a la Unidad de Fe P\u00fablica y Patrimonio econ\u00f3mico se refiri\u00f3 a la noticia criminal 410016000586201800825 por el delito de ocultamiento, alteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n de elemento material probatorio, en el que figura como denunciante Fernando Cachaya Rocha. <\/p>\n
Coment\u00f3 que, en dicha actuaci\u00f3n y a instancias del interesado, se obtuvo del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Neiva copia del audio correspondiente a la vista p\u00fablica celebrada el 15 de julio de 2017 dentro del proceso 2017-016156 el que, seg\u00fan los hechos narrados por el denunciante, hab\u00eda sido manipulado irregularmente, pero que al realizar en an\u00e1lisis de dicha grabaci\u00f3n no se observ\u00f3 alteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n \u00abconsiderando la conducta at\u00edpica\u00bb. <\/p>\n
8. La Fiscal Cuarta Local adscrita al Centro de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas de Violencia Intrafamiliar de Neiva indic\u00f3 que contra el ac\u00e1 gestor se adelanta el proceso 2017-01615 por el delito de violencia intrafamiliar ante el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de dicha ciudad, que se encuentra en etapa de juzgamiento, pendiente de la realizaci\u00f3n de la audiencia preparatoria. <\/p>\n
Pidi\u00f3 \u00abrechazar la pretensi\u00f3n del accionante\u00bb toda vez que en dicha actuaci\u00f3n \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno\u2026 toda vez que en cada una de las audiencias se ha encontrado representado por un profesional del derecho que vigila sus intereses y los documentos que han sido utilizados para las diferentes diligencias son los emitidos por las autoridades respectivas\u00bb. <\/p>\n
9. El jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil impetr\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa entidad, recalcando que la informaci\u00f3n que reposa en el Archivo Nacional de Identificaci\u00f3n, \u00abbase de datos que permite conocer el estado de los documentos\u00bb, refleja la situaci\u00f3n de Cachaya Rocha de acuerdo con lo ordenado por las autoridades judiciales competentes dentro del proceso 2015-04387 y que para restablecer la vigencia del documento de identificaci\u00f3n \u00abes menester la extinci\u00f3n de la condena por parte del Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad\u2026 o en su defecto por parte del juzgado que haya ordenado el archivo definitivo del proceso\u2026 en concordancia con\u2026 los art\u00edculos 70 y 71 del C\u00f3digo Electoral\u00bb. <\/p>\n
10. El jefe de la Seccional de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda Metropolitana de Neiva indic\u00f3 que \u00abla base de datos SIPOER 2.0\u2026 est\u00e1 actualizada con la informaci\u00f3n correspondiente a\u2026 Fernando Cachaya Rocha\u2026 respecto de los procesos \u202620150438700 y \u202620150438701 [sic]\u00bb remitida por las autoridades judiciales competentes, de all\u00ed que el certificado de antecedentes judiciales indique que \u00abactualmente no es requerido por autoridad judicial alguna\u00bb. <\/p>\n
Dijo, adem\u00e1s, que en dicho sistema de almacenamiento tambi\u00e9n existe reporte de sentencias en otros asuntos penales, como el 1995-05286 por los \u00abdelitos de peculado por apropiaci\u00f3n y falsedad en documento privado\u00bb sobre el que se resalta su cancelaci\u00f3n por haber sido extinguida la condena con auto de 29 de agosto de 2007. <\/p>\n
Pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo, en lo que a esa instituci\u00f3n respecta, \u00abya que necesariamente depende de terceros para llevar a cabo la actualizaci\u00f3n del sistema\u2026 SIPOER 2.0\u00bb. <\/p>\n
11. La Personera Primera de Neiva Delegada en lo Penal, se\u00f1al\u00f3 que act\u00faa como Ministerio P\u00fablico en la causa 2017-01615 que se adelanta en el Juzgado Noveno Penal Municipal de Conocimiento contra el aqu\u00ed accionante por el delito de violencia intrafamiliar y que \u00abha realizado las intervenciones de manera transparente, con eficiencia y responsabilidad\u2026 est\u00e1n{do] amparada en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo del derecho al h\u00e1beas data del promotor respecto de las anotaciones relativas al proceso 201504387, por hecho superado, toda vez que, si bien existi\u00f3 lesi\u00f3n a dicha garant\u00eda supralegal, la misma fue conjurada con la expedici\u00f3n, por parte del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Neiva, de las comunicaciones que ordena el art\u00edculo 166 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, dirigidas a las autoridades a las que se le inform\u00f3 sobre la condena, poni\u00e9ndoles en conocimiento la p\u00e9rdida de la ejecutoria del fallo de segundo grado proferido por el Tribunal Superior de Neiva, por virtud del fallo de tutela STP5204-2021. <\/p>\n
Frente al asunto distinguido con radicaci\u00f3n 1995-05286 estim\u00f3 que no exist\u00eda la lesi\u00f3n atribuida por el quejoso habida cuenta que la anotaci\u00f3n que reposa en la base de datos que administra la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda Nacional, por los delitos de peculado y falsedad en documento privado \u00abaparece debidamente actualizada\u2026 dado que figura que no existe sentencia condenatoria vigente tras haberse declarado la extinci\u00f3n de la pena\u2026 desde el 29 de agosto de 2007\u00bb, informaci\u00f3n que tambi\u00e9n se encuentra reportada en el sistema de gesti\u00f3n Justicia Siglo XXI, y que si lo que pretende el gestor es su ocultamiento o restricci\u00f3n de acceso al p\u00fablico, \u00abdeber\u00e1\u2026 presentar la respectiva petici\u00f3n ante las autoridades judiciales que conocieron el asunto\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n que administran las centrales de riesgo crediticio como Cifin o Datacr\u00e9dito dijo que \u00ablas bases de datos que all\u00ed se manejan se alimentan, exclusivamente, con la informaci\u00f3n que reportan las empresas y entidades financieras, en relaci\u00f3n con las obligaciones crediticias de los ciudadanos\u00bb, de modo que tales registros no tienen relaci\u00f3n alguna con anotaciones generadas en virtud de sentencias proferidas por autoridades penales. <\/p>\n
Neg\u00f3 igualmente el resguardo frente a la Fiscal\u00eda Diecis\u00e9is Seccional de Neiva, en tanto que el gestor no ha solicitado a dicho despacho que le haga \u00abentrega de la copia del an\u00e1lisis de los audios de las audiencias concentradas realizadas el 15 de julio de 2017\u00bb siendo que, como se trata de un elemento material probatorio, aparentemente recaudado en una actuaci\u00f3n penal que se encuentra en fase de indagaci\u00f3n, tal asunto debe ser ventilado al interior de la misma. <\/p>\n
Declar\u00f3 tambi\u00e9n la superaci\u00f3n de la presunta infracci\u00f3n atribuida al Juzgado Noveno Penal Municipal de Neiva, como quiera que en la audiencia del pasado 26 de julio, fecha en la que se ten\u00eda previsto realizar la tercera audiencia dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral promovido en el proceso 2015-04387, se \u00abdeclar\u00f3 la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda y orden\u00f3 el archivo del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en torno a la pretensi\u00f3n indemnizatoria, recalc\u00f3 que, para la satisfacci\u00f3n de la misma, Cachaya Rocha tiene a su alcance las acciones pertinentes ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, pues \u00abla tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para reclamar el pago de obligaciones de tipo econ\u00f3mico supeditadas a litigio\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor se mostr\u00f3 inconforme con la anterior determinaci\u00f3n y la impugn\u00f3 insistiendo b\u00e1sicamente en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
Estima que, si bien algunas de sus peticiones fueron atendidas por las autoridades convocadas, la afectaci\u00f3n de sus derechos sigue latente toda vez que la Polic\u00eda Nacional ni la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil han realizado la actualizaci\u00f3n de los registros en las respectivas bases de datos, por lo que a\u00fan contin\u00faa apareciendo el antecedente penal derivado del proceso 2015-04387. <\/p>\n
Asegura que la informaci\u00f3n que reposa en las centrales de riesgo crediticio debe \u00abactualizarse\u00bb porque \u00abes de amplio conocimiento que sus bases de datos tambi\u00e9n generan consultas para entidades financieras que reportan el estado de vigencia de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda dado el convenio existente entre las centrales de riesgo y la Registradur\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Dice que \u00abpara nadie es un secreto que hoy d\u00eda dado el uso intensivo de sistemas inform\u00e1ticos y la mayor facilidad para acceder y encontrar informaci\u00f3n personal, que circula en la internet, pr\u00e1cticamente cualquier persona puede conocer con certeza o inferir, la situaci\u00f3n legal de alguien. En mi caso, mis amistades cercanas, mis hijos menores, las entidades bancarias de cr\u00e9dito y mis potenciales empleadores han conocido mi informaci\u00f3n personal desactualizada en la web, raz\u00f3n por la cual he sido objeto de discriminaci\u00f3n, reproches y descalificaci\u00f3n, pues de entrada, lo primero que manifiestan es sentirse enga\u00f1ados de mi parte, confiados en calidad y actualidad de la informaci\u00f3n que proveen en la web muchas entidades p\u00fablicas y privadas, al punto que de anda ha valido hacer aclaraciones y presentar soportes, para hacerles cambiar su posici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, la revocatoria del fallo de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. De la carencia de objeto por hecho superado <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento de este, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, el juez del tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Descendiendo al caso concreto, el examen que en esta oportunidad realizar\u00e1 la Corte, se circunscribir\u00e1 a los puntos de disenso presentados por el quejoso en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, como se indic\u00f3, la censura de Fernando Cachaya Rocha gravit\u00f3 en torno a la presunta omisi\u00f3n en que incurrieron las autoridades encargadas de administrar las bases de datos en las que reposan antecedentes penales y se registra la vigencia de sentencias condenatorias, valga decir Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda Nacional y Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, comoquiera que no han actualizado la situaci\u00f3n judicial relativa al proceso penal 2015-04387 que en su contra se adelanta por el delito de inasistencia alimentaria. <\/p>\n
Lo anterior, habida cuenta que, aun cuando la firmeza de la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Neiva en el mentado asunto, fue removida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en virtud del amparo constitucional dispensado a trav\u00e9s de la sentencia STP5204-2021, tanto en el certificado de antecedentes penales como en el comprobante de vigencia de su documento de identidad sigue figurando que \u00abactualmente no es requerido por autoridad judicial\u00bb al tiempo que su c\u00e9dula aparece \u00ab\u00abvigente con p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de derechos pol\u00edticos\u00bb. <\/p>\n
En efecto, en la contestaci\u00f3n allegada, la aludida funcionaria judicial manifest\u00f3 que, para acatar el requerimiento realizado por el Jugado Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de dicha ciudad en cumplimiento del fallo constitucional mencionado en l\u00edneas precedentes, el 4 de agosto de 2021 expidi\u00f3 los oficios 3782 a 3785 dirigidos a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a la Oficina de Cobro Coactivo de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Neiva y a la Seccional de Investigaci\u00f3n Judicial de la Polic\u00eda Metropolitana de Neiva, en los que se indica lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Comedidamente conforme a la orden dada por la Juez Coordinadora y atendiendo a lo informado por el Juzgado Noveno Penal Municipal, me permito solicitar su colaboraci\u00f3n en el sentido de retirar del sistema de antecedentes y\/o anotaciones que se realizaran dentro del proceso 410016000586201504387 en contra de Fernando Cachaya Rocha c.c. 83163160, lo anterior como quiera que mediante acci\u00f3n de tutela se orden\u00f3 conceder al mencionado se\u00f1or el recurso de casaci\u00f3n, por lo cual la sentencia ya no se encuentra ejecutoriada y en ese orden de ideas es necesario eliminar cualquier tipo de antecedente que pese en su contra por cuenta del precitado proceso (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, queda claro que, en el transcurso de la primera instancia, las autoridades judiciales accionadas efectuaron la actividad echada de menos por el quejoso, circunstancia que emerge como constitutiva del fracaso del resguardo, en la medida que, dado el contexto actual y en virtud de ello, la trasgresi\u00f3n evidenciada ha quedado conjurada, resultando inocua cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse frente a dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda claro que efectivamente existi\u00f3 lesi\u00f3n de las garant\u00edas supralegales del actor, por la tardanza en que incurrieron no solo el Juzgado Noveno Penal Municipal y el Centro de Servicios Judiciales de Neiva, sino tambi\u00e9n el Tribunal Superior de dicha ciudad, pues no fue acucioso en advertir a la autoridad judicial cognoscente sobre la remoci\u00f3n de la ejecutoria del fallo de segundo grado emitido por esa corporaci\u00f3n por virtud de la sentencia STP5204-2021. <\/p>\n
Sin embargo, dada la elaboraci\u00f3n de las comunicaciones rese\u00f1adas precedentemente y su env\u00edo a las autoridades de que trata el art\u00edculo 166 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal por parte del Centro de Servicios Judiciales de Neiva, la Sala concluye, en consonancia con la Hom\u00f3loga a quo que, sobre ese espec\u00edfico punto, existe una carencia actual de objeto por hecho superado, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, torn\u00e1ndose inane cualquier pronunciamiento del juez de tutela en ese sentido, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, sin que pueda atribuirse conducta reprochable alguna a la Polic\u00eda Nacional o a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, comoquiera que solo les fue comunicada la novedad respecto del antecedente penal, con ocasi\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Frente a la figura descrita esta Sala ha dicho \u00ab[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
Entonces, por no existir una situaci\u00f3n susceptible de ser conjurada a trav\u00e9s de esta herramienta supralegal, de acuerdo con lo decantado, se itera, la tutela deviene improcedente, por lo que habr\u00e1 de ratificarse el fallo censurado. <\/p>\n
5. Consideraciones finales <\/p>\n
Frente al cuestionamiento relacionado con la anotaci\u00f3n del proceso 1995-05286, estima la Sala que no existe lesi\u00f3n alguna pues, tal como lo concluy\u00f3 la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal y se desprende de los medios de convicci\u00f3n allegados al tr\u00e1mite, en la base de datos SIPOER 2.0, administrada por la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol claramente se indica que la sentencia condenatoria proferida en tal asunto, as\u00ed como la orden de captura expedida, se encuentra \u00abCANCELADA\u00bb por efecto de la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal dispuesta por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva mediante auto del 29 de agosto de 2017. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto de la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n personal del actor que reposa en las centrales de riesgo crediticio, resta por indicar que, como bien lo resalt\u00f3 el representante judicial de TransUnion, esas empresas se encargan de gestionar informaci\u00f3n relacionada con los sectores, financiero, real, solidario y asegurador, sin que tengan a su cargo compilar registros derivados de actuaciones penales, por lo que la presunta vulneraci\u00f3n atribuida por el quejoso no pas\u00f3 de ser una mera especulaci\u00f3n, carente de soporte f\u00e1ctico y jur\u00eddico. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado, en lo que fue objeto de impugnaci\u00f3n, dado que el hecho que origin\u00f3 la formulaci\u00f3n del resguardo y en el cual se sustent\u00f3 tanto la queja como la alzada, se encuentra superado toda vez que antes de resolverse el asunto por la Sala a quo, el Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Neiva expidi\u00f3 las comunicaciones ordenadas por el art\u00edculo 166 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y las remiti\u00f3 a las autoridades encargadas de llevar los registros de las sentencias condenatorias. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la Sala a quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Sistema de Informaci\u00f3n sobre Antecedentes Penales y Anotaciones (SIAN), Archivo Central y Direcci\u00f3n de Control Disciplinario. <\/p>\n
2\u0002 Direcci\u00f3n Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol (Dij\u00edn) y Grupo de An\u00e1lisis y Administraci\u00f3n de Informaci\u00f3n Criminal de la Sij\u00edn de Neiva. <\/p>\n
3\u0002 Aparece la frase \u00abactualmente no es requerido por autoridad judicial alguna\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Registra la interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas impuesta. <\/p>\n
5\u0002 Su documento de identidad figura \u00abvigente con p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de derechos pol\u00edticos\u00bb con \u00abfecha de afectaci\u00f3n 21\/12\/2020\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Seguido contra el ac\u00e1 accionante por el delito de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
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STC12568-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12568-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01289-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57772","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57772"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57772\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57772"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}