STC12573-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12573-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00302-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 12 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngel Javier G\u00f3mez, Olga Luc\u00eda Quintero G\u00f3mez, Jos\u00e9 Joaqu\u00edn, Jorge Miguel, Marco Oliverio, Rosalba, Lilia Mercedes, Luis Alfonso, Luz Elvira, Blanca Stella, Olga Marleny, Miryam Amanda, Pablo Emilio y Alba Margoth G\u00f3mez Malag\u00f3n contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Cogua, as\u00ed como las partes e intervinientes en el pleito de pertenencia n\u00ba 2018-00243. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderados judiciales, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, al no acceder a sus pretensiones bajo el supuesto de que el inmueble a usucapir es bald\u00edo. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que en el proceso de pertenencia instaurado por \u00c1ngel Javier G\u00f3mez y Olga Luc\u00eda Quintero G\u00f3mez en relaci\u00f3n con un predio rural ubicado en el municipio de Cogua, se present\u00f3 oposici\u00f3n por parte de Jos\u00e9 Joaqu\u00edn, Jorge Miguel, Marco Oliverio, Rosalba, Lilia Mercedes, Luis Alfonso, Luz Elvira, Blanca Stella, Olga Marleny, Miryam Amanda, Pablo Emilio y Alba Margoth G\u00f3mez Malag\u00f3n. <\/p>\n
Informaron que mediante sentencia proferida el 10 de octubre de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cogua neg\u00f3 tanto las pretensiones de la demanda de pertenencia como la oposici\u00f3n, aduciendo que no se prob\u00f3 la posesi\u00f3n alegada; que, apelada la anterior decisi\u00f3n por los demandantes, esta fue revocada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 el 7 de mayo de 2021, para mantener la desestimaci\u00f3n de pretensiones, pero por presumir que el bien perseguido era bald\u00edo. <\/p>\n
Aseveraron que la actuaci\u00f3n defectuosa del ad quem consisti\u00f3 en establecer la imprescriptibilidad del bien solo porque \u00abel predio no cuenta con titular de derecho real de dominio\u00bb, cuando el certificado especial expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u00abpor s\u00ed solo no permite concluir que sea bald\u00edo, ya que la \u00fanica entidad competente para determinar si un predio es bald\u00edo o no, es la Agencia Nacional de Tierras\u00bb. Por tanto \u00abla juez de segunda instancia no valor\u00f3 las dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente y se limit\u00f3 a proferir una sentencia que no es ajustada a derecho\u00bb, pues debi\u00f3 \u00abtomar una decisi\u00f3n de fondo, bien sea que le diera la raz\u00f3n a la parte demandante o a la parte opositora\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, \u00abse le ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 revocar la sentencia [proferida el 7 de mayo de 2021]\u00bb, y \u00abvalorar debidamente el acervo probatorio recaudado en las presentes actuaciones, con el fin de resolver de fondo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez Segunda Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, expres\u00f3 que con la decisi\u00f3n censurada, \u00abno se han vulnerado los derechos constitucionales de los accionantes\u00bb, pues esta obedeci\u00f3 a que \u00abel juez de primera instancia desconoci\u00f3 por completo el precedente constitucional que en relaci\u00f3n con las pertenencias que involucran bienes que carecen de titular de dominio ha sentado la Corte Constitucional reiteradamente desde el a\u00f1o 2014, sin que expresara las razones que motivaran el desconocimiento del mismo\u00bb. Asegur\u00f3 que pesar, \u00aba pesar de que la Agencia Nacional de Tierras en su respuesta indica que el bien es de dominio privado en aplicaci\u00f3n de una presunci\u00f3n de derecho, tal opini\u00f3n, en los t\u00e9rminos contenidos en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, comporta un mero concepto, lo anterior, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha precisado que esa entidad es la \u00fanica competente para llevar a cabo el procedimiento de clarificaci\u00f3n de t\u00edtulos, para lo cual, debe darse inicio al correspondiente tr\u00e1mite administrativo, el cual en este asunto no se llev\u00f3 a cabo, dando como resultado, que el inmueble contin\u00fae apareciendo sin titulares de derecho de dominio, requisito indispensable para la viabilidad de estos asuntos, conforme lo indicado en l\u00edneas atr\u00e1s y lo dispuesto en el art\u00edculo 375 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras \u2013 ANT, manifest\u00f3 que de acuerdo a la competencia legal que le ha sido atribuida, de cara a lo perseguido con de la acci\u00f3n carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abya que lo que se pretende es que se decrete la nulidad del fallo de segunda instancia emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 (\u2026), por incurrir en defecto f\u00e1ctico y sustantivo, al no valorar el acervo probatorio\u00bb, y que \u00absi bien es cierto la Agencia Nacional de Tierras debe ser informada de los procesos de prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio en virtud del art\u00edculo 375 numeral 6\u00ba de la Ley 1564 de 2012, no es la llamada a determinar y proferir decisi\u00f3n dentro de dichos procesos. Decisi\u00f3n que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo \u00abpor cuanto no se evidencia dentro de la providencia atacada la existencia de ning\u00fan defecto de los se\u00f1alados en la jurisprudencia constitucional\u00bb. Para ello, precis\u00f3 que \u00abel sustento para negar prosperidad a la pretensi\u00f3n elevada en el proceso atacado, es la extensa l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en relaci\u00f3n con la presunci\u00f3n de naturaleza bald\u00eda de los inmuebles que carezcan de propietarios inscritos. Y como el certificado registral especial dio cuenta de la ausencia de persona inscrita como titular del derecho de dominio, aplicando tal presunci\u00f3n y descartando que la apertura del folio de matr\u00edcula inmobiliaria fuera suficiente para desvirtuarla, concluy\u00f3 la juzgadora de segundo grado que de las anotaciones del documento evidenciaban que la historia registral iniciaba con una venta de derechos y acciones\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el accionado \u00abdesech\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Agencia Nacional de Tierras, pues no encontr\u00f3 que su concepto se acompasara con las pruebas documentales obrantes en el expediente, advirtiendo que mientras no se llevara a cabo el procedimiento administrativo de clarificaci\u00f3n de la propiedad, el bien se presum\u00eda bald\u00edo por mandato jurisprudencial de la Corte Constitucional. (\u2026) De ese modo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la jueza accionada no resulta irrazonable ni arbitraria, ni producto de un exceso ritual manifiesto, sino que se deriva de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Ley 160 de 1994, la Ley 200 de 1936; el art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como de la sensata aplicaci\u00f3n del vinculante precedente jurisprudencial en la materia\u00bb. <\/p>\n
La interpusieron los querellantes para insistir en que, \u00aben coherencia con el acervo probatorio, est\u00e1 m\u00e1s que demostrada la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y los hechos positivos de due\u00f1o\u00bb, aunado al concepto emitido por la Agencia Nacional de Tierras en el sentido de que el inmueble objeto de usucapi\u00f3n corresponde a un \u00abbien privado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por los demandantes, principalmente las derivadas del debido proceso, al desestimar en segunda instancia las pretensiones dentro de la acci\u00f3n de pertenencia n\u00ba 2018-00243, pese a que, en su criterio, el bien objeto del litigio es susceptible de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en lo resuelto; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; y que la providencia censurada no sea sentencia de tutela; finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos espec\u00edficos: sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, carencia o deficiente motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o que se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza al reclamo constitucional y con vista en las copias de las piezas procesales adosadas al expediente, y en especial el fallo de segundo grado contra la cual se enfil\u00f3 el ataque, se establece que la denegaci\u00f3n del auxilio habr\u00e1 de ser ratificada por cuanto tal decisi\u00f3n no constituye defecto espec\u00edfico con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
3.1. En efecto, para que mediante sentencia del 7 de mayo de 2021 fueran desechados los fundamentos f\u00e1cticos y de derecho de la demanda de declaraci\u00f3n extraordinaria de prescripci\u00f3n de dominio invocada, el juez cognoscente adujo la desatenci\u00f3n de elementos esenciales de dicha acci\u00f3n, en particular, la calidad de prescriptible del bien objeto de usucapi\u00f3n, frente al cual despleg\u00f3 una actividad argumentativa fundada en las pruebas obrantes en el expediente, y con observancia en la normativa aplicable, incluyendo los pronunciamientos jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional como de esta Sala. <\/p>\n
En ese sentido, la colegiatura acusada razon\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn la actualidad, la jurisprudencia tiene sentado la imposibilidad de adquirir por usucapi\u00f3n la propiedad de bienes que carecen de titulares de derechos reales inscritos, pues se consideran imprescriptibles. <\/p>\n
En el caso, se advierte que con la demanda se aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio pretendido (fls. 3 y 4), que da cuenta de varias anotaciones que corresponden a ventas y adjudicaciones de derechos y acciones (anotaciones 1 y 2). <\/p>\n
As\u00ed mismo, de la documental allegada por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Zipaquir\u00e1 (folio 2) como de la simple revisi\u00f3n de las anotaciones contenidas en el folio de matr\u00edcula, se advierte que el mismo carece de titular dominio inscrito. <\/p>\n
El art\u00edculo 675 del C. Civil determina, que son bienes bald\u00edos, todas las tierras que se encuentran situadas dentro del territorio nacional y carecen de otro due\u00f1o. <\/p>\n
El inmueble objeto de este proceso, carece de titular de dominio inscrito, como quiera que sus anotaciones corresponden a las llamadas falsas tradiciones, por lo que, aplicando lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia T 488 de 2014, al carecer de due\u00f1o, se presume bald\u00edo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la mencionada sentencia: \u201cAs\u00ed las cosas, el yerro advertido por el registrador era evidente en tanto la decisi\u00f3n judicial reca\u00eda sobre un terreno que carec\u00eda de registro inmobiliario, por lo cual era razonable pensar que se trataba de un bien bald\u00edo. De igual manera, en la nota devolutiva se advirti\u00f3 que los ocupantes de tierras bald\u00edas, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores sino una simple expectativa, de acuerdo al marco legal vigente. Dicha argumentaci\u00f3n fue presentada oportunamente por el registrador en el acto administrativo mediante el cual se opuso inicialmente al registro.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Enseguida dijo que seg\u00fan el precedente constitucional: \u00aben estos casos se presenta una presunci\u00f3n iuris tantum que se sustenta en la interpretaci\u00f3n que la Corte Constitucional otorga a los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 200 de 1936 en sentencia T 548 de 2016, seg\u00fan la cual: \u201c…el mismo sistema jur\u00eddico ha reconocido la existencia de dos presunciones, una de bien privado y otra de bien bald\u00edo, que pareciesen generar un conflicto normativo. No obstante, cuando se analizan de forma sistem\u00e1tica permiten entrever la interpretaci\u00f3n adecuada ante la cual debe ceder nuestro sistema jur\u00eddico (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, sostuvo: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con la documental adjunta, el certificado de instrumentos p\u00fablicos da cuenta de que el inmueble objeto de titulaci\u00f3n carece de persona inscrita como titular del derecho de dominio, y por carecer de due\u00f1o debe presumirse entonces que es un bien bald\u00edo no apto de adquirirse por prescripci\u00f3n adquisitiva por ser imprescriptible. <\/p>\n
Dicha presunci\u00f3n no decae siquiera, ante la supuesta explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble, pues la carga de demostrar que es de dominio privado, recae en los demandantes, quienes, a voces de lo dicho por la nutrida jurisprudencia, no pueden reputarse como poseedores, sino como ocupantes. <\/p>\n
Por lo anterior, es claro que el juez de primer grado err\u00f3 al abordar el estudio del asunto como si el bien pretendido pudiera ser adquirido por prescripci\u00f3n, pues pese a que la documental obrante en el plenario da cuenta de que el inmueble no registra titular de dominio, arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que el predio no es de uso p\u00fablico, sin contar con elementos de juicio suficientes para soportar tal conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, el hecho de que el inmueble goce de folio de matr\u00edcula inmobiliaria, tampoco es apto para desvirtuar la presunci\u00f3n de bald\u00edo, ya que, seg\u00fan varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, el certificado exigido en el art\u00edculo 407 del C.P.C., lejos de acreditar la naturaleza jur\u00eddica del bien a usucapir, tiene como funci\u00f3n principal, establecer la historia registral de \u00e9ste y determinar qui\u00e9nes habr\u00e1n de ser llamados al litigio como parte del extremo pasivo. <\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta, que no por el hecho de que se encuentren inscritos y registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos se presumen de propiedad privada\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el pronunciamiento realizado por la entidad estatal a quien le compete referirse sobre el reconocimiento del derecho de domino del predio, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abY si bien, la juez de primera instancia acoge la respuesta suministrada por la Agencia Nacional de Tierras, donde indica que el bien materia de la litis es de dominio privado, ello no puede ser de recibo para este despacho, si se tiene en cuenta que esa postura no se acompasa con la realidad jur\u00eddica del bien, pues su historial registral da cuenta que el inmueble se encuentra inscrito, pero que nunca ha contado con titular del derecho de dominio. <\/p>\n
Ahora bien, la clarificaci\u00f3n de la propiedad, en los t\u00e9rminos y bajo los presupuestos del art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994, es un asunto que compete a la Agencia Nacional de Tierras y no a los jueces, por ende, es dicha entidad la encargada de definir la naturaleza del bien sobre el que recaen las pretensiones de la demanda, esto es, si el mismo ha salido o no del dominio del Estado, claro est\u00e1, a trav\u00e9s del procedimiento legalmente establecido para el efecto. <\/p>\n
En ese sentido, se ha pronunciado la honorable Corte Constitucional al se\u00f1alar que \u201cde tratarse de un bien bald\u00edo, la autoridad competente para pronunciarse acerca del reconocimiento del derecho de dominio sobre el predio ser\u00eda el Incoder (en liquidaci\u00f3n) ahora en la Agencia Nacional de Tierra, tal y como lo determina el numeral 11 del art\u00edculo 4 del Decreto 2363 de 2015, en concordancia con el art\u00edculo 65 de la Ley 160 de 1994.\u201d (T 548 de 2016), as\u00ed mismo, ha manifestado que \u201cal no estar acreditado que el bien objeto del proceso de pertenencia es un inmueble privado, el juez no cuenta con la competencia para conocer del asunto.\u201d (T 549 de 2016). <\/p>\n
Conforme lo anterior, observa este despacho que la juez de primer grado valor\u00f3 indebidamente las pruebas obrantes en el expediente, pues pese a que de la informaci\u00f3n registral aportada se constata que el predio carece de titular de dominio y por ende puede tratarse de un bald\u00edo, abord\u00f3 el estudio del caso, como si el predio pudiera ser susceptible de apropiaci\u00f3n por prescripci\u00f3n, lo cual contraviene entre otras, las previsiones del art\u00edculo 63 superior. <\/p>\n
Seguir\u00e1 entonces este Despacho el precedente establecido por la Corte Constitucional, que en garant\u00eda de la seguridad jur\u00eddica debe ser observados por todos los jueces de la Rep\u00fablica, para con apoyo en lo ya se\u00f1alado revocar el fallo del a quo, ante la ausencia de antecedente registral del predio materia de titulaci\u00f3n, en la medida en que el mismo carece de titular de derecho de dominio, sin que se hubiese acreditado que el mismo fuese de particulares (T-488 2014, T-548 2016 y T-549 2016)\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de lo antedicho, n\u00f3tese que sobre la presunci\u00f3n de bald\u00edo de inmuebles que no tengan antecedentes registrales y titulares de derechos reales en el certificado de libertad y tradici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n acogi\u00f3 la postura jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en el fallo T-488 de 2014, seg\u00fan dan cuenta los precedentes contenidos a partir de la sentencia STC12184-2016 del 1\u00ba de septiembre de 2016, reiterada en sendas sentencias de tutela (ver STC14399-2017, STC11189-2017, STC19654-2017, STC21541-2017, STC943-2018, STC10550-2018, STC3113-2019, STC8261-2019, STC1037-2020, STC3003-2020, STC5005-2020, STC8122-2020, STC10160-2020 y STC075-2021, entre muchas otras). <\/p>\n
3.2. Conforme a lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la soluci\u00f3n al caso que adopt\u00f3 la autoridad accionada, no determina un yerro susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este mecanismo jur\u00eddico, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, frente a la cual no resulta procedente la tutela. <\/p>\n
Se reitera que la acci\u00f3n es inviable cuando, como en este caso, la actuaci\u00f3n del enjuiciado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no es fuente del amparo, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en STC5449-2021, 14 may. 2021, rad. 00148-01). <\/p>\n
En este orden, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
N\u00f3tese que lo pretendido por los reclamantes es anteponer su propio criterio al del despacho accionado y reprochar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Atendiendo lo antes discurrido, se avalar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda, habida cuenta que la determinaci\u00f3n que los actores censuran no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante esta excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12573-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12573-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00302-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57776","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57776","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57776"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57776\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}