STC12575-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12575-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01678-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de agosto de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabio Ortiz Ariza contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los Juzgados Catorce, Veintid\u00f3s y Cuarenta y Cuatro Civiles Municipales, Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos del mismo lugar, as\u00ed como los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abrehacer la actuaci\u00f3n procesal desde el tiempo de su nulidad\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Fabio Ortiz Ariza promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Gerardo Amado Chamorro, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bogot\u00e1, el que el 28 de mayo de 2019 emiti\u00f3 sentencia en la que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb, decisi\u00f3n que apelada fue confirmada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad el 13 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el 25 de noviembre de 2015 se libr\u00f3 mandamiento de pago, en el que se dispuso la notificaci\u00f3n del extremo demandado conforme con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma derogada, por lo que se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho; y que el ejecutado se notific\u00f3, a trav\u00e9s de curadora ad-litem, el 13 de marzo de 2019, quien formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que se dispuso la respectiva medida cautelar, empero, se le inform\u00f3 que el bien estaba embargado por cuenta del Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogot\u00e1, por lo que su abogada realiz\u00f3 las diligencias tendientes al levantamiento de dicha medida, empero, el ejecutado y all\u00ed demandado abusivamente retir\u00f3 los oficios, por lo que se tuvieron que emitir unos nuevos. <\/p>\n
2.4. Adujo que se evidenciaba que el mencionado retiro del oficio por Gerardo Amado Chamorro gener\u00f3 dilaci\u00f3n en el registro del embargo; y que lo acontecido mostraba que desde el 27 de noviembre de 2016 el ejecutado conoc\u00eda de la existencia del proceso, pero evadi\u00f3 su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que se efectu\u00f3 el secuestro del bien, el que no tuvo oposici\u00f3n alguna; que procur\u00f3 diligentemente el enteramiento del extremo pasivo; que la sentencia de primer grado declar\u00f3 prospera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, decisi\u00f3n confirmada por el superior, sin embargo, los fallos \u00abdesbordaron sus argumentaciones de manera excesiva en la parte f\u00e1ctica y sustancial, insertando normas jur\u00eddicas que no fueron motivo de reproche\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.6. Asever\u00f3 que su apoderada descorri\u00f3 el traslado oportunamente; que no se dict\u00f3 auto de pruebas, pues la falladora de primer grado profiri\u00f3 sentencia anticipada, sin procurar la comparecencia del ejecutado; que el estrado del circuito acusado no revis\u00f3 el cuaderno de medidas cautelares; y que los juzgadores no revisaron detenidamente el expediente. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el 13 de marzo de 2019 se notific\u00f3 personalmente el curador ad-litem, quien en tiempo propuso excepciones de m\u00e9rito; que el 28 de mayo de 2019 emiti\u00f3 fallo, en el que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por el ad-quem; que no se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho; que no se transgredi\u00f3 ninguna garant\u00eda esencial; que la determinaci\u00f3n emitida ten\u00eda fundamento en las normas y leyes que reg\u00edan la materia, sin que la misma resultara arbitraria. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que el 13 de noviembre de 2020 dict\u00f3 sentencia de segunda instancia, confirmando la de primer grado; que analiz\u00f3 los argumentos expuestos por la parte apelante; que no conculc\u00f3 derecho alguno; y que no observaba el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal del mismo lugar refiri\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso criticado, empero, lo remiti\u00f3 el 8 de noviembre de 2013 al Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, raz\u00f3n por la que no emiti\u00f3 las decisiones criticadas. Deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. Mario Alberto Romero Gonz\u00e1lez, quien dice actu\u00f3 como apoderado de Fabio Ortiz Ariza, se pronunci\u00f3 frente a los hechos y manifest\u00f3 que coadyuvaba las alegaciones. <\/p>\n
5. Gerardo Amado Chamorro adujo que el accionante narraba hechos del proceso 2004-546, el que termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito y en el que retir\u00f3 unos oficios de desembargo por ser el demandado, lo que no guardaba relaci\u00f3n con lo acontecido en el juicio 2015-01671, pues no conoc\u00eda que existiera otra actuaci\u00f3n en su contra; que la buena fe se presum\u00eda, por lo que si el promotor pensaba lo contrario, debi\u00f3 alegarlo en su momento procesal; que no era aceptable pretender anular lo actuado cuando el actor tuvo la oportunidad de exponer sus defensas y reclamos; que el tr\u00e1mite procesal civil es de impulso de las partes, por lo que los litigantes deben estar atentos a los retrasos en los que se incurra y ponerlos de presente mediante memoriales; y que no era viable revivir t\u00e9rminos procesales. <\/p>\n
6. El Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues no incurri\u00f3 en ninguna irregularidad en el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues transcurrieron ocho meses despu\u00e9s de la emisi\u00f3n de la \u00faltima actuaci\u00f3n, la sentencia de segunda instancia de 13 de noviembre de 2020, sin que demostrara circunstancia que justifique la demora, lo que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable del amparo. <\/p>\n
La parte accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que el presupuesto de la inmediatez debi\u00f3 contabilizarse a partir de la ejecutoria del auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase el fallo de segundo grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el proferimiento de la \u00faltima decisi\u00f3n criticada, esta es, el fallo de segunda instancia de 13 de noviembre de 2020; y la interposici\u00f3n de la tutela el 5 de agosto de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Es de advertirse que no son de recibo los argumentos con los que el gestor pretende superar el anotado presupuesto, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de las decisiones que denuncia como vulneradoras de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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