STC12577-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12577-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00751-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Diego Fernando Sierra Casta\u00f1o frente al fallo proferido el 28 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, sin efectuar pretensi\u00f3n concreta alguna, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales, sin precisar de cu\u00e1les, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas al emitir sentencia condenatoria en la causa penal seguida en su contra. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso son los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Con sentencia del 1\u00ba de abril de 2011 la Colegiatura convocada confirm\u00f3 la dictada el 1\u00ba de octubre de 2008 por el Juzgado accionado, en la cual se conden\u00f3 al quejoso a 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n, \u00abcomo coautor de concurso homog\u00e9neo de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego\u00bb; y el 25 de mayo de 2011 \u00abadmiti\u00f3 el desistimiento del recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por el defensor de confianza del procesado\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, aleg\u00f3 el censor que fue \u00abmal condenado a la pena de 60 a\u00f1os\u00bb, sin tener en cuenta que los autores intelectuales de los homicidios, en los que \u00e9l no tuvo \u00abnada que ver\u00bb, se hicieron cargo de los mismos y los condenaron a 23 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por lo cual, a lo sumo, a \u00e9l s\u00f3lo debieron imponerle 43 o 46 a\u00f1os. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que por ser \u00abuna persona de bajos recursos\u00bb, no pudo \u00abtener un abogado[,] el cual [lo] defendiera\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira solicit\u00f3 negar el resguardo porque \u00abno ha existido ninguna vulneraci\u00f3n o transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales invocados\u00bb, en tanto que el juicio criticado \u00abse adelant\u00f3 conforme a derecho, respetando el debido proceso y el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad; lo primero, porque la decisi\u00f3n en la cual se impuso la condena cuestionada \u00abfue proferida hace m\u00e1s de 9 a\u00f1os\u00bb; y lo segundo, porque frente a dicha determinaci\u00f3n no se agot\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sumado a que los reparos tra\u00eddos en sede de tutela nunca fueron planteados ante los jueces ordinarios. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absi el accionante considera que posee elementos materiales probatorios que no exist\u00edan al momento de surtirse el proceso\u2026, los cuales versan sobre hechos que no fueron objeto debate en dicha oportunidad y que tienen la vocaci\u00f3n probatoria suficiente para demostrar su inocencia, tiene la posibilidad [de] hacer uso de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 192 y subsiguientes de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
ste ue s que, lo segundo, ciadoad de Palmira icio criticado. <\/p>\n
nte y\/o hecho exclusivo de un tercero como causal de ausencia de r <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso sin exponer los motivos de su disenso. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitada ante la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este asunto se critic\u00f3 la causa penal clausurada con el prove\u00eddo de 25 de mayo de 2011, a trav\u00e9s del cual el Tribunal convocado acept\u00f3 el desistimiento del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que propuso el accionante frente a la sentencia que el 1\u00ba de abril de ese a\u00f1o confirm\u00f3 la emitida el 1\u00ba de octubre de 2008 por el Juzgado acusado, mediante la cual se le conden\u00f3 a 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n, como responsable del concurso homog\u00e9neo \u00abde los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego\u00bb. <\/p>\n
2.1. Puestas as\u00ed las cosas, patente era la inviabilidad de la petici\u00f3n de amparo, toda vez que carec\u00eda del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de expedici\u00f3n de la \u00faltima de las providencias referidas y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela del ep\u00edgrafe transcurrieron m\u00e1s de nueve (9) a\u00f1os, super\u00e1ndose ostensiblemente el lapso de seis (6) meses que ha fijado la consistente jurisprudencia de la Corte como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas esenciales ejerza esta acci\u00f3n supralegal, sin que el quejoso demostrara o tan siquiera alegara motivo v\u00e1lido alguno para justificar tal tardanza. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. Aunado a ello, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, es evidente que la solicitud de resguardo tampoco satisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que a su alcance estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para exponer ante el juzgador natural las quejas aqu\u00ed planteadas, mecanismo del que desisti\u00f3. <\/p>\n
De ese modo, el reclamo actual tambi\u00e9n resulta improcedente porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n al interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables…-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.3. N\u00f3tese, finalmente, frente al argumento del tutelante en punto a que carec\u00eda de recursos econ\u00f3micos para contratar un profesional del derecho que lo asistiera en la referida causa penal, que ello tampoco es suficiente para el buen suceso de la salvaguarda, comoquiera que el ordenamiento procesal penal establece mecanismos id\u00f3neos para superar dichos inconvenientes, como el acceso a los servicios de la Defensor\u00eda del Pueblo, para que all\u00ed le sea asignado un profesional del derecho de oficio que promueva las actuaciones legales pertinentes, sin que est\u00e9 probado que hubiese acudido a dicha entidad y que \u00e9sta se negara a representarlo en el juicio fustigado (ver CSJ STC, 18 abr. 2013, rad. 2013-00171-01; reiterada en STC, 30 abr. 2014, rad. 2014-00499-01; y STC 7512-2014; entre otras). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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