STC12578-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12578-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01783-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 31 de agosto de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Orlando Garc\u00eda Dom\u00ednguez y Edilma Gabriela Salamanca Bonilla contra el Juzgado 29 Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del resguardo reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abdebido proceso sin dilaciones injustificadas\u00bb, que dicen vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidieron \u00ab[decretar] la aplicaci\u00f3n del art 121 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Jairo Orlando Garc\u00eda Dom\u00ednguez y Edilma Gabriela Salamanca Bonilla promovieron demanda declarativa contra la Iglesia Central Denominaci\u00f3n Centro Misionero Bethesda, que fue admitida con prove\u00eddo del 8 de febrero de 2019, decisi\u00f3n notificada a la enjuiciada en octubre de esas calendas. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el 7 de abril de 2021, los demandantes solicitaron, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, que el juzgado accionado declarara su p\u00e9rdida de competencia y remitiera el asunto al estrado que segu\u00eda en turno, petici\u00f3n que reiteraron el 3 de mayo y el primero de junio siguiente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que se re\u00fanen \u00ablos presupuestos exigidos en [el citado art\u00edculo 121] para que la [sede judicial acusada] pierda competencia, por no haber proferido sentencia\u2026, dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la demandada\u00bb, motivo por el cual \u00abest\u00e1 en derecho solicitar las garant\u00edas del debido proceso decretando la aplicaci\u00f3n del art. 121 del C.G.P\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Jhon Edwin Castro Rinc\u00f3n, quien funge como apoderado judicial de los actores en el proceso cuestionado, pidi\u00f3 conceder el resguardo. <\/p>\n
2. El Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tras precisar que \u00abno ha vulnerado derecho constitucional fundamental alguno\u00bb, destac\u00f3 que \u00abno [se] configura mora judicial atribuible a esta sede judicial\u00bb, comoquiera que a ra\u00edz de la pandemia originada por el virus Covid-19 \u00ab\u2026el despacho se dio a la tarea de digitalizar todos los expedientes a su cargo con el fin de procurar una mejor prestaci\u00f3n del servicio a los usuarios\u00bb, actividad que tuvo demoras, por cuanto \u00abno todos los colaboradores del despacho pod\u00edan acudir a la sede judicial del juzgado, lo que evidentemente dificult\u00f3 la tarea\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abvarios integrantes enfermaron de Covid 19\u2026\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, manifest\u00f3 que la solicitud a trav\u00e9s de la que se deprec\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia, con soporte en lo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abfue resuelta mediante auto del 19 de agosto del corriente a\u00f1o\u00bb, por lo que solicit\u00f3 negar el amparo \u00abpor hecho superado\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado V\u00edctor Vel\u00e1squez Reyes, quien obra como apoderado de la Iglesia Central Denominaci\u00f3n Centro Misionero Bethesda en el asunto fustigado, sin que allegara mandato para representarla en este tr\u00e1mite, solicit\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por \u00abhecho superado\u00bb, toda vez que \u00abla situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 la proposici\u00f3n de la tutela fue resuelta, en el entendido que se dio impulso al expediente, atendiendo las solicitudes elevadas por el extremo actor y profiriendo los autos que en derecho correspond\u00eda\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, \u00abfrente al segundo t\u00f3pico de la queja constitucional, esto es, que no se haya declarado la p\u00e9rdida de competencia\u00bb, concluy\u00f3 que el reclamo: <\/p>\n
\u2026 carece del presupuesto de subsidiariedad\u2026, si se advierte que la parte accionante cuenta con los mecanismos de defensa adecuados (recursos ordinarios) dentro de la acci\u00f3n declarativa, para repudiar lo decidido por la sede judicial accionada en prove\u00eddos de 19 de agosto de 2021 mediante los cuales, entre otras cosas, neg\u00f3 la declaratoria de p\u00e9rdida de competencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
En s\u00edntesis, los accionantes resaltaron que \u00absi se revisan\u2026los autos proferidos por [el despacho judicial convocado], no se ci\u00f1en a lo que el art\u00edculo 121 establece\u00bb, pues se debi\u00f3 acceder a la p\u00e9rdida de competencia que reclamaron, al haber trascurrido el t\u00e9rmino establecido en la citada norma, sin que se hubiese proferido sentencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, lo cuales se enfilan a predicar que el juzgado accionado perdi\u00f3 competencia para conocer del juicio objeto de reproche constitucional, al vencerse el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, sin haberse dictado fallo de primera instancia, se advierte que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, el resguardo resulta prematuro. <\/p>\n
Ello en la medida en que, contra el prove\u00eddo de 19 de agosto de los corrientes, que neg\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia que reclamaron los quejosos, aquellos interpusieron reposici\u00f3n, fundada en hechos similares a los expuestos por v\u00eda constitucional, recurso que se encuentra pendiente de definici\u00f3n, siendo ese el escenario propicio para dilucidar la controversia que aqu\u00ed se plante\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el referido medio de defensa est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
3. Por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
4 <\/p>\n
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