STC12579-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12579-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-22-14-000-2021-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de agosto de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pablo Rafael Buelvas Almeira contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculado el Centro de Desarrollo Tecnol\u00f3gico del Cesar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental de petici\u00f3n, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abla entrega en forma completa, de la informaci\u00f3n solicitada\u2026\u00bb <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que dentro del juicio de reorganizaci\u00f3n del Centro de Desarrollo Tecnol\u00f3gico del Cesar que se adelanta ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, elev\u00f3 petici\u00f3n con miras a obtener informaci\u00f3n, entre otras cosas, del estado del proceso, de las obligaciones y pagos pendientes, un informe del estado financiero del aludido Centro y si exist\u00edan irregularidades por parte de ese ente. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el estrado acusado ten\u00eda hasta el 12 de julio de 2021 para contestar la petici\u00f3n, empero, no exist\u00eda pronunciamiento de fondo que satisficiera dicha solicitud; y que se desconoc\u00edan los precedentes jurisprudenciales, la Carta Pol\u00edtica, la Ley 1755 de 2015, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar indic\u00f3 que no hab\u00eda transgredido prerrogativa fundamental alguna; que no era procedente el derecho de petici\u00f3n en actuaciones judiciales, en tanto que las partes e intervinientes estaban sujetos a las reglas de procedimiento, con arreglo a las normas propias de cada juicio; que en todo caso la Secretaria le hab\u00eda dado respuesta a la solicitud presentada, adem\u00e1s que adjuntaba el auto que resolv\u00eda una reposici\u00f3n, en donde contestaba algunos de los requerimientos formulados; y que las decisiones emitidas se ajustaban a la Constituci\u00f3n y a la Ley, sin que existiera omisi\u00f3n en su obligaci\u00f3n de pronunciarse. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que durante el tr\u00e1mite de la tutela ces\u00f3 la conducta que dio origen a la petici\u00f3n de resguardo, pues el despacho acusado atendi\u00f3 la petici\u00f3n, por lo que exist\u00eda carencia actual de objeto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que el fallo de primer grado se fund\u00f3 en la respuesta extempor\u00e1nea, empero, la misma era escueta y \u00abpara salir del paso\u00bb; y que merec\u00eda una decisi\u00f3n de fondo, pues la contestaci\u00f3n brindada no era satisfactoria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la solicitud presentada por el promotor ante el estrado acusado, no constituye el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
3. En todo caso, entendida la petici\u00f3n como solicitud dirigida al despacho acusado conforme con el art\u00edculo 115 del C\u00f3digo General del Proceso, la misma fue debidamente atendida por la Secretaria, sin que esta sea la v\u00eda para cuestionar dicho oficio, mismo que no constituye decisi\u00f3n dentro del proceso, a donde debe acudir a exponer sus inconformidades. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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