STC12584-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12584-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2021-00471-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 30 de agosto de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas del Carmen Hern\u00e1ndez Arguello contra los Juzgados Promiscuo del Circuito de M\u00e1laga y Promiscuo Municipal de Concepci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la justicia\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades acusadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene \u00abresolver el recurso de apelaci\u00f3n y, como consecuencia, admitir el proceso\u2026 de saneamiento de titulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jes\u00fas del Carmen Hern\u00e1ndez Arguello promovi\u00f3 demanda de \u00absaneamiento de titulaci\u00f3n por falsa tradici\u00f3n\u00bb contra \u00c1ngel Mar\u00eda Rojas Reyes y Carlos Julio Rond\u00f3n Ortiz, que fue inadmitida con prove\u00eddo de 11 de septiembre de 2020. <\/p>\n
2.2. Cumplido lo anterior, mediante auto del 24 de septiembre de esas calendas, se rechaz\u00f3 el mencionado libelo, al considerar el fallador de primera instancia que no se hab\u00edan subsanado los defectos advertidos en la providencia inadmisoria, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en apelaci\u00f3n el demandante, recurso concedido con determinaci\u00f3n del primero de octubre de 2020. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abel juez de origen no quiere conocer el proceso\u2026 de saneamiento de titulaci\u00f3n por falsa tradici\u00f3n\u2026, toda vez que pretende es que se realice un proceso de pertenencia, cuando\u2026 existe la evidencia para ser atendido y tramitado en debida forma\u00bb; y que exige \u00abrequisitos no contemplados en la normatividad vigente\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 su demanda, se remiti\u00f3 al superior desde octubre de 2020, sin haber sido resuelto, por lo que \u00abha radicado de manera constante [solicitudes de] impulso procesal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Concepci\u00f3n (Santander) destac\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n tomada\u2026 se apega a los lineamientos procesales establecidos, respetando el debido proceso\u2026, al paso que tambi\u00e9n fue producto de un an\u00e1lisis en conjunto del acervo probatorio acopiado, utilizando como criterios orientadores la jurisprudencia y la doctrina\u00bb; y que al promotor \u00aba\u00fan le quedan otros caminos jur\u00eddicos para obtener lo perseguido\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de M\u00e1laga destac\u00f3 que la alzada que interpuso el quejoso frente al auto de 24 de septiembre de 2020, que rechaz\u00f3 la demanda que aquel formul\u00f3 \u00aba\u00fan se encuentra al despacho para decidir lo pertinente\u00bb, pero que: <\/p>\n
\u2026 la causa de la tardanza en su resoluci\u00f3n no ha sido otra m\u00e1s que la alta carga laboral con que cuenta el despacho, atendiendo a que\u2026 gestiona procesos en primera instancia laborales, civiles, penales\u2026, acciones constitucionales, despachos comisorios, audiencias de todas las \u00e1reas de su conocimiento y adicionalmente conoce la segunda instancia de las \u00e1reas civil, laboral y penal, as\u00ed como acciones constitucionales provenientes de los Juzgados Municipales de M\u00e1laga, Capitanejo, Carcas\u00ed, Cerrito, Concepci\u00f3n, Enciso, Guaca, Macaravita, Molagavita, San Andr\u00e9s, San Miguel y San Jos\u00e9 de Miranda, gesti\u00f3n para la cual el despacho tan solo cuenta con dos sustanciadores\u2026 <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abno se infiere que [el juzgado de segunda instancia] hubiese incurrido en mora por faltar al adecuado cumplimiento de sus funciones o que la tardanza que se le enrostra se derive de razones de \u00edndole subjetivas o caprichosas que, por ende, se hubiesen podido evitar\u2026\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abexisten otros mecanismos, distintos a la acci\u00f3n de tutela, para que ejerza vigilancia y control sobre los procesos que se cursen en Despachos judiciales\u00bb, como lo es \u00abla vigilancia administrativa, mecanismo de control en la gesti\u00f3n de los procesos consagrado en la Ley 270 de 1996, y cuyo conocimiento y tr\u00e1mite corresponde a la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la judicatura\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Expres\u00f3 el tutelante que \u00abla mora en el presente proceso se trata es por una indebida interpretaci\u00f3n normativa del Juez Promiscuo de Concepci\u00f3n\u2026, quien quiere a su voluntad pretender un proceso de pertenencia\u00bb; por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se extracta que su promotor cuestion\u00f3: (i) el prove\u00eddo de 24 de septiembre de 2020, que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de \u00absaneamiento de titulaci\u00f3n por falsa tradici\u00f3n\u00bb que inco\u00f3 contra \u00c1ngel Mar\u00eda Rojas Reyes y Carlos Julio Rond\u00f3n Ortiz; y (ii) la demora que se ha suscitado en la resoluci\u00f3n de la alzada que interpuso contra el prenotado auto de 24 de septiembre. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas quejas, se advierte que el resguardo resulta prematuro, toda vez que, contra la citada providencia de 24 de septiembre de 2020, el tutelante formul\u00f3 apelaci\u00f3n, recurso que se encuentra pendiente de definici\u00f3n por parte del fallador de segunda instancia, siendo ese el escenario propicio para dilucidar la controversia que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el referido medio de defensa est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
4. Ahora, en lo que ata\u00f1e al Juzgado Promiscuo del Circuito de M\u00e1laga, considera la Sala que la demora que se ha suscitado en la resoluci\u00f3n de la alzada interpuesta contra la citada decisi\u00f3n de 24 de septiembre de 2020 compromete, sin duda, el derecho fundamental al debido proceso del promotor. <\/p>\n
Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que el juzgado accionado ha incumplido, abiertamente, los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para el tr\u00e1mite del proceso objeto de reproche constitucional, teniendo en cuenta que las diligencias fueron remitidas, para la definici\u00f3n de la alzada, desde octubre de 2020; sin embargo, a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n, no est\u00e1 acreditado que dicho recurso hubiese sido decidido. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que ha transcurrido casi un a\u00f1o desde la concesi\u00f3n de la alzada, sin que el estrado querellado hubiese emitido pronunciamiento de fondo frente a la apelaci\u00f3n que interpuso el gestor del amparo, lo cual vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que no resultan de recibo las circunstancias que esgrimi\u00f3 el Juzgado Promiscuo del Circuito de M\u00e1laga para justificar la anotada tardanza, circunscritas, b\u00e1sicamente, a su carga laboral, la cual cataloga de elevada; pues lo cierto es que la actuaci\u00f3n que se encuentra pendiente no ostenta tal dificultad, que implique que trascurra casi un a\u00f1o para su evacuaci\u00f3n, comoquiera que se trata de una apelaci\u00f3n de un auto, cuya resoluci\u00f3n no resulta tan dispendiosa. <\/p>\n
Sobre el tema en comento, la Corte, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed, en otro asunto de similares contornos, la Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, no cabe duda de que el despacho accionado ha trasgredido las garant\u00edas del accionante, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse sobre la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra el auto de 24 de septiembre de 2020, raz\u00f3n por la cual, en este aspecto, habr\u00e1 de revocarse el fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que resuelva, de fondo, el anotado medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: revocar la sentencia impugnada, en su lugar, concede parcialmente el amparo a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Jes\u00fas del Carmen Hern\u00e1ndez Arguello. En consecuencia, se ordena al Juzgado Promiscuo del Circuito de M\u00e1laga que, en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, resuelva la apelaci\u00f3n formulada contra el auto de 24 de septiembre de 2020, que rechaz\u00f3 la demanda g\u00e9nesis del proceso criticado (radicaci\u00f3n 68207-40-89-001-2020-00047). en lo dem\u00e1s, se niega el amparo reclamado. <\/p>\n
Segundo. La autoridad accionada informar\u00e1 al fallador de primera instancia sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia al juzgado accionado y al a quo constitucional. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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