STC12601-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12601-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2021-00175-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de julio de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luzdaris Leonor Acosta El\u00edas contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo, los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protecci\u00f3n Social, la Gobernaci\u00f3n del Magdalena y Carlos Caicedo Omar en su calidad de Gobernador, la Secretar\u00eda de Hacienda y Tesorer\u00eda de ese departamento y Coomeva EPS S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abrevocar o dejar sin efectos jur\u00eddicos las siguientes decisiones que en el grado jurisdiccional de consulta profiri\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta y las actuaciones que dependan de estas actuaciones\u00bb, estas son, 6 de agosto, 21 de octubre y 25 de noviembre de 2020, as\u00ed como la de 27 de abril de 2021; que se disponga el cumplimiento de las providencias de 31 de octubre y 19 de diciembre de 2018, 29 de julio de 2019 y 2 de abril de 2020; que se ordene a la Gobernaci\u00f3n del Magdalena (i) \u00abrenovar el contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito con el ente territorial\u2026\u00bb; (ii) \u00abcancel[ar] las remuneraciones no percibidas entre el momento de la desvinculaci\u00f3n, 17 de septiembre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020 y del 16 de diciembre de 2020 hasta que [le] renueven el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales\u00bb, as\u00ed como \u00abentre el 1\u00ba de enero de 2019 hasta el 4 de mayo de 2020, tal como lo dispuso el fallo de fecha 2 de abril de 2020\u2026\u00bb; y (iii) \u00abcancelar una indemnizaci\u00f3n equivalente a 180 d\u00edas de honorarios, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, por violaci\u00f3n a la estabilidad ocupacional reforzada\u2026 interpretado conforme a la Constituci\u00f3n, incluso en el contexto de una relaci\u00f3n contractual de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb; que el Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple convocado \u00abinic[ie] el tr\u00e1mite del incidente de desacato conforme se solicit\u00f3\u2026 y de ser procedente modular la decisi\u00f3n calendada del 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial de los \u00f3rganos de cierre en las distintas sentencias de unificaci\u00f3n\u00bb; que le aclare el estrado del circuito acusado \u00abcon cu\u00e1l contrato laboral suscrito, entre las Gobernaci\u00f3n del Magdalena y [ella], pued[e] exigir el cobro judicial de los salarios dejados de cancelar por parte de la Gobernaci\u00f3n correspondiente desde el 1\u00ba de enero de 2019 hasta el 4 de mayo de 2020\u00bb y los accionados \u00abporque no modul\u00f3 nuevamente el fallo de tutela\u2026\u00bb y \u00abcon que fundamento cient\u00edfico cl\u00ednico deshecha lo diagnosticado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.2. Con prove\u00eddo de 29 de julio de 2019 el a-quo modul\u00f3 la orden proferida, en el sentido de disponer la renovaci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios de la all\u00ed peticionaria, en tanto no var\u00eden las circunstancias por las cuales se dispuso la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que cuenta con 56 a\u00f1os de edad, que fue diagnosticada con c\u00e1ncer invasor de c\u00e9rvix infiltrante estadio III B; que cuando se detect\u00f3 su enfermedad se encontraba vinculada a la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, la que termin\u00f3 su contrato pese a conocer su situaci\u00f3n; y que formul\u00f3 una tutela que le fue concedida disponiendo la renovaci\u00f3n de su contrato y el pago de los salarios dejados de percibir entre su desvinculaci\u00f3n y el inicio del nuevo convenio. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que posteriormente fue modulado el fallo, por lo que interpuso distintos incidentes de desacato, en donde el estrado municipal le impuso sanci\u00f3n a la Gobernadora, pero el despacho del circuito revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n con fundamento en que no se acredit\u00f3 el incumplimiento ni se aportaron nuevas pruebas, dej\u00e1ndola en una situaci\u00f3n de desamparo total. <\/p>\n
2.5. Adujo que formul\u00f3 una tutela, la que le fue denegada en primera instancia y concedida por la Corte Suprema de Justicia; que el estrado del circuito revoc\u00f3 la sanci\u00f3n y le orden\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n el cumplimiento del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, teniendo en cuenta la modulaci\u00f3n del fallo; que interpuso nuevos incidentes en los que se sancion\u00f3 a dicha entidad territorial, pero en dos oportunidades se declar\u00f3 la nulidad por el estrado del circuito querellado. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que por lo acontecido interpuso un nuevo incidente ante el Tribunal Superior por el incumplimiento del fallo emitido por la Corte, sin embargo, dicha autoridad se abstuvo de imponer sanci\u00f3n; que el estrado de peque\u00f1as causas dispuso que como prueba se le remitiera la historia cl\u00ednica y sancion\u00f3 en desacato al Gobernador, decisi\u00f3n que fue revocada por el estrado del circuito porque las condiciones en que fue concedido el resguardo hab\u00edan variado. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que reiterativamente hab\u00eda deprecado el cumplimiento del fallo, desgast\u00e1ndose f\u00edsica y emocionalmente; y que sigue padeciendo la enfermedad, no goza de la estabilidad laboral reforzada, no le han cancelado los salarios adeudados ni le han renovado el contrato. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que el 16 de febrero de 2021 su EPS emiti\u00f3 concepto m\u00e9dico que constituye una prueba certera de su salud, pues se encuentra en supervisi\u00f3n m\u00e9dica y por tanto su estabilidad reforzada se encuentra vigente; que por tal raz\u00f3n interpuso nuevo incidente de desacato ante el juzgado de peque\u00f1as causas convocado, el que en prove\u00eddo de 27 de abril de 2021 se abstuvo de darle apertura. <\/p>\n
2.9. Manifest\u00f3 que no se dio alcance adecuado a la tutela concedida; que su salud sigue siendo delicada; que no solo se deb\u00eda valorar su patolog\u00eda, sino tambi\u00e9n los controles de la misma, en tanto que puede recaer en la enfermedad; y que despu\u00e9s de varias decisiones opuestas, la direccionaban a presentar demanda ordinaria. <\/p>\n
2.10. Agreg\u00f3 que exist\u00eda una presunci\u00f3n a su favor frente al despido; que hoy no contaba con protecci\u00f3n; que su salud no hab\u00eda desmejorado por el apoyo de su familia, amigos y cr\u00e9ditos adquiridos para costear el tratamiento y traslados; que se enfrenta a una disputa legal con su EPS para la continuidad de su proceso m\u00e9dico; que el c\u00e1ncer que padece es una enfermedad catastr\u00f3fica, adem\u00e1s que tiene otras afectaciones por el estr\u00e9s constante que tiene. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta indic\u00f3 que no le constaban las circunstancias personales relativas al estado de salud y tratamientos m\u00e9dicos de la gestora; que el amparo fue transitorio y ce\u00f1ido a que se sostuvieran las condiciones de salud de la accionante; que las nulidades fueron declaradas por inobservancia de los requisitos del tr\u00e1mite incidental; que la determinaci\u00f3n adoptada obedeci\u00f3 \u00aba que se presentaron pruebas en donde constaba que la actora se encontraba en controles pues ya no presentaba la patolog\u00eda por la cual se concedi\u00f3 el amparo constitucional\u00bb; que mal podr\u00eda someter a un arresto a una persona que actualmente no se encontraba en desacato conforme a las pruebas allegadas; que invit\u00f3 a la actora hacer uso de la herramienta judicial pertinente a fin de reclamar los dineros debidos y adeudados seg\u00fan su consideraci\u00f3n; que no se pod\u00eda dejar de lado que la parte sancionada hab\u00eda mostrado voluntad de cumplimiento al celebrar contratos hasta diciembre de 2020; que lo que pretend\u00eda la promotora era constituir nuevas instancias constitucionales a fin de controvertir la decisi\u00f3n judicial; que las determinaciones cuestionadas databan de m\u00e1s de 6 meses; que la peticionaria hab\u00eda contado con el tiempo suficiente para ejecutar las acciones de naturaleza ordinaria y no pretender suplir la v\u00eda judicial a trav\u00e9s de una acci\u00f3n constitucional; y que como consecuencia de la tutela que conoci\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en Salas Civil y Laboral, adversa a su inter\u00e9s, los denunci\u00f3 penal y disciplinariamente. <\/p>\n
2. La Gobernaci\u00f3n del Magdalena se pronunci\u00f3 frente a los hechos y se\u00f1al\u00f3 que conforme a las pruebas arrimadas en las m\u00faltiples tutelas y desacatos, no era de recibo que la gestora alegara dificultad para realizar sus labores, pues desde mayo a diciembre de 2020 ejecut\u00f3 actividades en el marco de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales entre ella y ese ente territorial; que desde el 2018 super\u00f3 la patolog\u00eda, por lo que variaron las circunstancias; que en la actualidad la gestora funge como apoderada del municipio de Pedraza (Magdalena); que en distintos incidentes de desacato alleg\u00f3 tres historias cl\u00ednicas que daban cuenta que ya no padec\u00eda la patolog\u00eda que en su momento sustent\u00f3 el amparo, sino que asist\u00eda a los controles; que no se pod\u00eda desnaturalizar la tutela ni el desacato; que el contrato inicial termin\u00f3 por expiraci\u00f3n del plazo, por lo que no estaba obligada a pedirle autorizaci\u00f3n al Ministerio de Trabajo; que no exist\u00eda una v\u00eda de hecho; que el tr\u00e1mite de desacato fue ajustado a la jurisprudencia; que se han garantizado los derechos de las partes; y que el estrado de peque\u00f1as causas acertadamente orden\u00f3 el archivo de la actuaci\u00f3n, empero, la accionante usando una historia cl\u00ednica de febrero de 2021 \u00abpretende mostrarse como una persona enferma y en ese papel se aclara que ya super\u00f3 la enfermedad, pero env\u00eda ex\u00e1menes para descartar recidivas por falta o inasistencia a controles imputables solo a la se\u00f1ora Acosta El\u00edas\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, ni el de la subsidiariedad, puesto que pod\u00eda acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria a debatir el pago de los honorarios que dice adeudados; que la sentencia de 31 de octubre de 2018 ni el fallo modulatorio consignaron la obligaci\u00f3n de pedir permiso ante el Ministerio de Trabajo; que la promotora no prob\u00f3 que subsistiera su patolog\u00eda; que la quejosa no hab\u00eda sido diligente; que no ser\u00eda l\u00f3gico \u00abpensar que la accionante debe ser contratada a perpetuidad porque los controles son para toda la vida luego de haber superado la enfermedad\u00bb; que hab\u00eda temeridad; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n pasiva frente al Ministerio de Trabajo; y que se opon\u00eda a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. El Ministerio de Salud adujo que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; y que deb\u00eda ser exonerado de cualquier responsabilidad, pues no era la entidad encargada de realizar actuaciones administrativas o judiciales tendientes a resolver las pretensiones de la accionante. <\/p>\n
4. El Ministerio de Trabajo sostuvo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno; que la Gobernaci\u00f3n vinculada no hab\u00eda radicado solicitud de autorizaci\u00f3n de despido, por lo que no conoc\u00eda los hechos ahora narrados; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
5. El Juzgado de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que la protecci\u00f3n concedida estaba condicionada a que no variaran las circunstancias por las cuales se dispuso la misma, las que si cambiaron; que la Gobernaci\u00f3n del Magdalena aport\u00f3 historias cl\u00ednicas emitidas en el mes de enero de 2020 que daban cuenta de que la accionante no presentaba patolog\u00eda ni masas; que la decisi\u00f3n adoptada en sede de consulta zanj\u00f3 la discusi\u00f3n en torno a si se manten\u00edan o no las condiciones en que se otorg\u00f3 la protecci\u00f3n; que el superior concluy\u00f3 que las probanzas aportadas daban cuenta de ese cambio, por lo que no era exigible ninguna otra renovaci\u00f3n del contrato y que cualquier discusi\u00f3n relacionada con el pago de honorarios deb\u00eda ser resuelta en sede ordinaria, disponiendo no darle apertura al desacato; que no proced\u00eda la acci\u00f3n de tutela contra las decisiones adoptadas en otro tr\u00e1mite de la misma naturaleza; que pese a que la accionante no se encontrara de acuerdo con las decisiones emitidas, deb\u00eda acatarlas; que la actuaci\u00f3n se hab\u00eda surtido con apego a la normatividad vigente y respeto de las garant\u00edas fundamentales de las partes. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 parcialmente el amparo al considerar que el prove\u00eddo de 27 de abril de 2021 conculcaba el debido proceso de la gestora, pues en ese incidente se aportaron nuevas pruebas que pretend\u00edan demostrar las condiciones m\u00e9dicas actuales, empero, el despacho criticado pretermiti\u00f3 su estudio, incurriendo as\u00ed en defecto f\u00e1ctico, pues no valor\u00f3 la integridad de los medios de convicci\u00f3n, teniendo la obligaci\u00f3n de hacerlo para evaluar la realidad del incumplimiento y determinar si era necesario darle apertura al incidente con miras a obtener la ejecuci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo frente a las dem\u00e1s pretensiones, puesto que la tutela no era procedente para el cumplimiento de una acci\u00f3n de la misma naturaleza -providencias 31 de octubre, 19 de diciembre de 2018, 29 de julio de 2019 y 2 de abril de 2020-; que tampoco era viable ordenar el pago de remuneraciones no recibidas entre su desvinculaci\u00f3n y la renovaci\u00f3n del contrato, dineros o la indemnizaci\u00f3n de 180 d\u00edas dispuesta en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, pues se trataba de derechos inciertos y discutibles, que deb\u00edan ser ventilados al interior de la jurisdicci\u00f3n ordinaria; que frente a las pretensiones especiales, como las solicitudes de clarificaci\u00f3n de las providencias emitidas, advert\u00eda que la tutela no estaba instituida para obtener una tercera opini\u00f3n sobre las mismas, sino que en su momento debi\u00f3 acudir a la aclaraci\u00f3n; que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez respecto de los autos de 21 de octubre y 6 de agosto de 2020, en los que se declar\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite del incidente de desacato; que no dejar\u00eda sin efectos el prove\u00eddo de 25 de noviembre siguiente, con el que se revoc\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta, pues el despacho acusado no conoci\u00f3 de las alegaciones ni de los medios de convicci\u00f3n que se pretenden ahora hacer valer, esto es, la prueba m\u00e9dica, en tanto que no se pod\u00edan controvertir providencias judiciales con nuevos elementos que no tuvo el despacho la oportunidad de conocer cuando adopt\u00f3 su decisi\u00f3n, en respeto al principio de la eventualidad procesal que regentaba el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Orden\u00f3 al estrado acusado que \u00abemita un nuevo auto en el que analice si abre o no el incidente de desacato teniendo en cuenta las consideraciones aqu\u00ed discurridas, previo decreto oficioso de pruebas de considerarlo necesario\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que no ha incurrido en actuaci\u00f3n temeraria; que sus condiciones f\u00edsicas, mentales y psicol\u00f3gicas se han disminuido por los tratamientos a los que ha sido sometida y las instancias judiciales recorridas; que no era cierto que no cumpliera con el requisito de la inmediatez, pues impetr\u00f3 tutela a tiempo ante la Corte Suprema de Justicia, en la que se orden\u00f3 la remisi\u00f3n de copias al Tribunal; que el cuidado de las personas con c\u00e1ncer no finalizaba cuando terminaba el tratamiento activo; que en cumplimiento de la orden de tutela de primer grado, el 20 de agosto de 2021 se dio apertura al incidente de desacato, en donde se consignaron las actuaciones realizadas por la Gobernaci\u00f3n de Magdalena, olvidando referirse a los escritos que ella alleg\u00f3; que el estrado de peque\u00f1as causas vinculado se abstuvo de imponerle sanci\u00f3n al Gobernador accionado y dio por terminado el incidente, adem\u00e1s deneg\u00f3 la petici\u00f3n de modulaci\u00f3n del fallo, desconociendo sus prerrogativas esenciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
3. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n presentada, vistos los anotados precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, encuentra la Corte que tal como lo indic\u00f3 el a-quo constitucional, la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues no es el instrumento para disponer el cumplimiento de acciones de la misma naturaleza como lo son las providencias de 31 de octubre, 19 de diciembre de 2018, 29 de julio de 2019 y 2 de abril de 2020, ni tampoco para ordenar el pago de salarios y dem\u00e1s prestaciones sociales, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Ahora bien, es de advertirse que el resguardo tambi\u00e9n es inviable respecto de las quejas formuladas frente a los prove\u00eddos de 6 de agosto, 21 de octubre y 25 de noviembre de 2020, mediante los cuales se declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n y se revoc\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta al accionado, pues los mismos no lucen arbitrarios, como pasa a verse. <\/p>\n
En efecto, en el primero de ellos, se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el tr\u00e1mite incidental tiene como fin darle la oportunidad de defensa a la parte acusada de desobedecer la obligaci\u00f3n impuesta en la sentencia, esto es, permitirle a ese sujeto dentro de un t\u00e9rmino prudencial, ofrecer las explicaciones pertinentes por las que se ha puesto en tal situaci\u00f3n, acorde a que no se trata de sancionar sin fundamento. <\/p>\n
Esta es la voluntad del legislador, de lo contrario no otra ser\u00eda la raz\u00f3n de ser de aqu\u00e9l, pues si as\u00ed no fuese bastar\u00eda con constatar la desobediencia para castigarla, lo que de suyo implicar\u00eda violaci\u00f3n de su derecho de defensa, siendo un aspecto de suma importancia el que se atiendan en debida forma las normas que regulan este tipo de tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Es el incumplimiento de las garant\u00edas legales y constitucionales relacionadas con el ejercicio y materializaci\u00f3n del derecho de defensa, como se viene sosteniendo, hacen necesario nulitar lo actuado, como quiera que tras revisar el expediente se advierte que, previo a la apertura del incidente, no se efectu\u00f3 en debida formal requerimiento a que se refiere el inciso 2\u00ba del art. 27 del Decreto 2591 de 1991, omisi\u00f3n que, como ya se precis\u00f3, quebranta la prerrogativa superior al debido proceso. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n similar a la que aqu\u00ed se expone es la contenida en el prove\u00eddo del pasado once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Ariel Salazar Ram\u00edrez, en el que al estudiar un pronunciamiento similar al que ahora nos ocupa\u2026 <\/p>\n
En este orden de exposici\u00f3n tenemos que, se profiri\u00f3 el auto del 8 de junio de 2020, en el cual se orden\u00f3 abrir del presente incidente de desacato este se hizo sin las observancias de las garant\u00edas constitucionales del llamado a cumplir pues se apertura el incidente sin requerimiento previo, se itera que no se efectu\u00f3 el requerimiento previo de que trata el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Dado lo anterior, mal podr\u00eda resolverse de fondo el asunto y omitir la forma irregular en que se adelant\u00f3 este tr\u00e1mite, aunque constitucional, se repite, no es extra\u00f1o a las reglas del Procedimiento Civil en lo que no se encuentra expresamente regulando en los decretos que gobiernan la acci\u00f3n constitucional en comento. <\/p>\n
El defecto anotado causa la configuraci\u00f3n de la causal de invalidez procesal consagrada en el art. 133 numeral 8\u00b0 del C.G.P., aplicable a este tr\u00e1mite por mandato del Art. 4o del Decreto 306 de 1.992, as\u00ed las cosas, se deber\u00e1 nulitarse lo actuado en este asunto a partir del auto admisorio, inclusive, para que se rehaga atendiendo los lineamientos indicados en precedencia. Eso s\u00ed, valga aclarar que las pruebas debidamente allegadas al legajo conservan plena validez. <\/p>\n
Sumado a lo anterior debe se\u00f1alar esta funcionaria que al tr\u00e1mite incidental no fueron anexadas las decisiones necesarias para constatar la responsabilidad del sancionado, por ende, deben anexarse al tr\u00e1mite incidental las sentencias de tutela que ampararon los derechos de la actora y las decisiones que efectuaron modulaciones. Se recomienda al Juzgado de Primer grado que proceda a la conformaci\u00f3n del expediente digital conforme los lineamientos realizados por el H. Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
A su vez, en el auto de 21 de octubre de 2020, se consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Es el incumplimiento de las garant\u00edas legales y constitucionales relacionadas con el ejercicio y materializaci\u00f3n del derecho de defensa, como se viene sosteniendo, hacen necesario nulitar lo actuado, como quiera que tras revisar el expediente se advierte que, no se practicaron las pruebas conducentes y pertinentes tendientes a demostrar el incumplimiento de la sentencia de tutela y la modulaci\u00f3n impartida. <\/p>\n
La incidentante LUZDARIS LEONOR ACOSTA ELIAS, radic\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la GOBERNACI\u00d3N DEL MAGDALENA, a fin de que se amparara su derecho fundamental a la salud y estabilidad ocupacional reforzada y, en fallo del 31 de octubre de 2018, se le ampar\u00f3 el derecho fundamental invocado, disponi\u00e9ndose en la parte resolutiva de ese prove\u00eddo, en lo pertinente\u2026 El referido fallo, fue modulado con providencia del 29 de julio de 2019, en la cual se resolvi\u00f3\u2026 <\/p>\n
Esta funcionaria mediante prove\u00eddo del 2 de abril de 2020, y dando cumplimiento a una acci\u00f3n de tutela incoada por la aqu\u00ed incidentante contra esa autoridad judicial, resolvi\u00f3 lo siguiente\u2026 <\/p>\n
Dado lo anterior, de la lectura del tr\u00e1mite procesal se advierte que el Juzgado Primero de Peque\u00f1as y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta ejercit\u00f3 una modulaci\u00f3n y en esta condicion\u00f3 la permanencia del amparo constitucional al hecho que se mantenga en tanto no var\u00eden las circunstancias por las cuales se dispuso la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada se mantenga en tanto no var\u00eden las circunstancias por las cuales se dispuso la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada. <\/p>\n
La parte incidentada en los escritos presentados al interior del tr\u00e1mite incidental se dirigi\u00f3 al juez solicitando que practicar\u00e1 prueba de oficio consistente en que requiera la historia cl\u00ednica de la paciente, toda vez que las pruebas allegadas por la misma incidentante permit\u00edan entrever que las circunstancias de salud amparadas se hab\u00edan modificado y superado. <\/p>\n
El Juez impuso sanci\u00f3n sin que se hubiera acreditado a trav\u00e9s del sistema probatorio que se realizaron todas las pruebas conducentes y pertinentes a establecer que las condiciones de salud de la paciente en cuanto al tumor cancer\u00edgeno a\u00fan se mantienen. <\/p>\n
Es de precisa importancia puntualizar que dada la reserva legal que se enmarca la historia cl\u00ednica el ente sancionado no puede aportar ni tener acceso al mismo. Se hace indispensable que el Juez de Instancia entre a constituir el acervo probatorio necesario para determinar la permanencia del amparo constitucional, es claro que el desarrollo que ha tenido en la jurisprudencia constitucional los deberes del juez en relaci\u00f3n al ejercicio probatorio de manera oficiosa. Sumado a esta argumentaci\u00f3n debe el Juez del Incidente de Desacato acreditar la situaci\u00f3n de salud de la paciente a fin de verificar la permanencia del, ya sea decretando un dictamen pericial m\u00e9dico a cargo de ambas partes o requiriendo copia completa de la historia cl\u00ednica de la paciente y con fundamento en ella se determine en las anotaciones si a\u00fan se mantiene las condiciones de salud que originaron la modulaci\u00f3n. <\/p>\n
En sentencia SU-034-18 la H. Corte Constitucional expuso\u2026 En esta misma de l\u00ednea de exposici\u00f3n la Corte Constitucional expuso en Sentencia T-280-17\u2026 <\/p>\n
Siguiendo con el an\u00e1lisis tenemos que, se profiri\u00f3 el auto del 28 de agosto de 2020, a trav\u00e9s del cual se abri\u00f3 el periodo probatorio al interior del presente incidente, se observa que a pesar que la modulaci\u00f3n efectuada sostiene el amparo constitucional otorgado bajo una condici\u00f3n, no se practicaron pruebas tendientes a verificar que su condici\u00f3n de salud a\u00fan se mantiene. <\/p>\n
Dado lo anterior, mal podr\u00eda resolverse de fondo el asunto y omitir la forma irregular en que se adelant\u00f3 este tr\u00e1mite, aunque constitucional, se repite, no es extra\u00f1o a las reglas del Procedimiento Civil en lo que no se encuentra expresamente regulando en los decretos que gobiernan la acci\u00f3n constitucional en comento. <\/p>\n
El Decreto 306 del 1992 en su Art. 4 regla\u2026 Establece el C.G.P. en su Art. 42 del C.G.P\u2026 A su vez El Art. 167 del C.G.P\u2026 <\/p>\n
El defecto anotado causa la configuraci\u00f3n de la causal de invalidez procesal consagrada en el art. 133 numeral 5 del C.G.P., aplicable a este tr\u00e1mite por mandato del Art. 5\u00b0 del Decreto 306 de 1.992, as\u00ed las cosas, se deber\u00e1 nulitarse lo actuado en este asunto a partir del auto probatorio del 28 de agosto de 2020, inclusive, para que se rehaga atendiendo los lineamientos indicados en precedencia. Eso s\u00ed, valga aclarar que las pruebas debidamente allegadas al legajo conservan plena validez. <\/p>\n
Y finalmente, en la providencia de 25 de noviembre de 2020, se puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Dentro del plenario la parte encartada present\u00f3 escritos y pruebas con lo que aleg\u00f3 que la accionante e incidentante se\u00f1ora LUZDARIS LEONOR ACOSTA ELIAS no se encontraba afiliada a COOMEVA EPS sino a SALUDTOTAL EPS. Dado lo anterior la prueba decretada no tuvo ning\u00fan efecto procesal pues COOMEVA EPS no atendi\u00f3 el requerimiento del Juzgado de Primer Grado, sea de precisar que la parte encartada puso tal circunstancia en conocimiento del Juez Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta. <\/p>\n
El Decreto 2591 de 1991 establece la figura del desacato y consiste en la sanci\u00f3n que impone el juez del conocimiento a la persona que incumpliere una orden proferida con base en un fallo de tutela. <\/p>\n
En los folios 34 al 36 del Cuaderno Principal se advierte que la parte encartada ha aportado una prueba existente en la Acci\u00f3n de Tutela Rad. 47-001-3333-003-2020-00215-00 del Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta. En donde consta que las condiciones de salud de la se\u00f1ora LUZDARIS LEONOR ACOSTA ELIAS han variado toda vez que se encuentra en controles posteriores a su patolog\u00eda. Lo anterior encuadra en la variaci\u00f3n de las condiciones en que se otorg\u00f3 el amparo constitucional. <\/p>\n
Esta funcionaria ha tratado y persistido en pro de las garant\u00edas constitucionales de las partes incidentante e incidentada se garanticen, por ello ha dirigido al Juez de Primer grado a constituir el acervo probatorio necesario para determinar la variaci\u00f3n de las condiciones de salud en las que se otorgaron el amparo, en esta instancia procesal se corrobora que hay una variaci\u00f3n, per lapso del instructor y de las partes han sido renuentes en aportar las pruebas necesarias para tener exactitud del alcance de las variaciones y la necesidad del amparo constitucional. <\/p>\n
Precisando que el desacato es un correctivo disciplinario que desencadena o no en una sanci\u00f3n, a \u00e9l debemos atender al principio de inocencia consagrado en nuestra Carta Pol\u00edtica en el art\u00edculo 29. Para el a\u00f1o de 1996 en sentencia C\/319 la Corte Constitucional aclar\u00f3 que \u201cLa Constituci\u00f3n no crea ese estado de inocencia: lo reconoce y ampara\u201d. <\/p>\n
Observa el despacho que la incidentada y sancionada fue notificada del auto mediante el cual se abri\u00f3 el incidente, adem\u00e1s de ello recibi\u00f3 noticia del auto que abri\u00f3 el debate probatorio, ante las mentadas notificaciones el incidentado mostr\u00f3 las razones por las cuales se abstiene de cumplir la sentencia de tutela durante el a\u00f1o 2019, explic\u00f3 de manera clara y suficiente las circunstancias que rodean la contrataci\u00f3n de la incidentante. <\/p>\n
Ante la prueba presentada, esta funcionaria no encuentra razones para mantener la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
Desatando el fondo del asunto lo reclamado por la incidentante se ci\u00f1e a que no se le hicieron pagos ni contratos desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el d\u00eda cuatro 4 de mayo de 2020, ya que el nuevo contrato que se le otorg\u00f3 inici\u00f3 el 5 de mayo de 2020. <\/p>\n
En Folio 70 la parte encartada expuso que el actual Gobernador CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR no fung\u00eda en el cargo durante el a\u00f1o 2019, sumado a ello expuso que hay normas presupuestales que impiden que se generen recursos para el a\u00f1o 2019 cuando la vigencia fiscal sobre la que se pretende emitir un nuevo contrato ya feneci\u00f3, y que la anterior administraci\u00f3n no realiz\u00f3 las gestiones econ\u00f3micas para tales fines, ante ello existe una imposibilidad presupuestal y legal para otorgar el contrato por el a\u00f1o 2019. <\/p>\n
La Corte Constitucional en T 766 dic 9 de 1998 expuso \u201cEl desacato consiste en una conducta que, mirada objetivamente por el juez, implica que el fallo o providencia de tutela no ha sido cumplido. Desde el punto de vista subjetivo, la responsabilidad de quien ha dado lugar a ese incumplimiento debe ser deducida en concreto, esa responsabilidad encierra como lo ha dicho la Corte Constitucional una responsabilidad subjetiva, pues debe de analizarse el comportamiento del incidentado ante la orden dada, y si nos detenemos en ello, encontramos que a pesar de haberse requerido a explicar si hab\u00eda cumplido o no el fallo, y de no haberlo cumplido sostuviera las razones por las que no acataban la orden judicial, la incidentada y sancionada demostr\u00f3 haber cumplido dentro de sus posibilidades la sentencia de tutela, sumado a ello debe resaltarse el hecho que actualmente la incidentante se encuentra contratada por la GOBERNACI\u00d3N DEL MAGDALENA. <\/p>\n
En suma, los comportamientos asumidos por la sancionada dan cabal cumplimiento a lo amparado en sede constitucional dentro de las posibilidades del caso, ahora las controversias suscitadas en cuanto a los dineros dejados de percibir y que se supuestamente se adeudan, deben ser determinados por la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria, pues el amparo constitucional se encuentra en un estadio legal limitado por las leyes presupuestales\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plantea la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en las providencias con las que se declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n y se revoc\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Finalmente, respecto a los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n atinentes a que en cumplimiento del fallo de tutela de primer grado, el estrado acusado dict\u00f3 auto que se abstuvo de imponer sanci\u00f3n de desacato, lo que considera que transgrede sus prerrogativas esenciales, se advierte que los mismos constituyen hechos nuevos, no incluidos en el libelo inicial, frente a los que no puede entrar a manifestarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026Es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
6. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12601-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12601-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2021-00175-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57789","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57789","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57789"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57789\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57789"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57789"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57789"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}