STC12602-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12602-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00194-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado 28 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Leidy Janeth Rojas Mej\u00eda contra los Juzgados Promiscuo del Circuito y Primero Promiscuo Municipal de Guaduas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por conducto de apoderado, acudi\u00f3 al presente instrumento con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales \u00abal debido proceso [y] acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Dijo que formul\u00f3 solicitud de prueba anticipada \u00abconcerniente al interrogatorio judicial de Carlos Harold Garc\u00e9s Molano derivado de la responsabilidad civil extracontractual por la mordida de un perro de propiedad del solicitado\u00bb cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guaduas, despacho que, con auto de 6 de noviembre de 2020 la inadmiti\u00f3 \u00abindicando que deber\u00eda allegar evidencia sobre el otorgamiento de poder por mensaje de datos\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que present\u00f3 la respectiva \u00absubsanaci\u00f3n dejando claro que no existe disposici\u00f3n legal o reglamentaria que indique u obligue a satisfacer la exigencia esgrimida por el ad quo\u00bb; sin embargo, mediante providencia de 4 de diciembre siguiente la c\u00e9lula judicial rechaz\u00f3 su petici\u00f3n \u00abarguyendo que la misma no fue subsanada\u00bb. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n, resalt\u00f3, interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo resuelto el primero por el despacho cognoscente, el 2 de febrero del cursante a\u00f1o en el sentido de mantener la decisi\u00f3n inicial. La alzada fue desatada el pasado 16 de marzo, ratificando lo dispuesto por el a quo. <\/p>\n
3. Para la censora, las autoridades judiciales convocadas incurrieron en un \u00abdefecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb en la medida que el apoderamiento, de conformidad con las reglas establecidas por el Decreto 806 de 2020 \u00abestablece una presunci\u00f3n de autenticidad\u00bb sobre el poder otorgado, al tiempo que \u00abelimina el requisito de presentaci\u00f3n personal\u00bb y la firma digital respecto de aquellos mandatos conferidos mediante mensaje de datos. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abrevocar la decisi\u00f3n [de segunda instancia]\u2026 y\/o declarar la nulidad de la misma [y] ordenar al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guaduas\u2026 adoptar una decisi\u00f3n acorde a los postulados legales y jurisprudenciales para el caso concreto [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Juez Civil del Circuito de Guaduas se\u00f1al\u00f3 que en la actuaci\u00f3n sobre la que se cierne la queja \u00abse respetaron todas y cada una de las garant\u00edas fundamentales\u00bb de la gestora, y que la decisi\u00f3n reprochada se adopt\u00f3 con apoyo del precedente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal contenido en el \u00abauto de radicado 55194\u00bb de all\u00ed que se encuentre ajustada a derecho, por lo que solicit\u00f3 \u00abno se amparen los derechos fundamentales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Primera Promiscuo Municipal de aquella poblaci\u00f3n refiri\u00f3 que el resguardo \u00abno est\u00e1 llamado a prosperar por improcedente por cuanto en ning\u00fan momento se ha vulnerado derecho fundamental alguno\u2026 y lo actuado se ajust\u00f3 a las normas legales pertinentes\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca deneg\u00f3 el ruego por falta de legitimaci\u00f3n en la causa del profesional del derecho que promovi\u00f3 la acci\u00f3n, pues no aport\u00f3 poder debidamente conferido por la afectada comoquiera que \u00abel documento que allega como poder no cumple con ning\u00fan criterio para considerar que viene, efectivamente, de la persona que solicita el apoderamiento\u00bb pese a que desde el inicio del tr\u00e1mite fue requerido para que \u00abacreditara el mensaje de datos mediante el cual se le confiri\u00f3 ese poder que dice tener\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la quejosa pues considera equivocado el argumento de la colegiatura a quo, comoquiera que incurre en el mismo defecto de excesivo ritualismo atribuido a las c\u00e9lulas judiciales querelladas. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al confirmar el rechazo de la solicitud de prueba anticipada por cuanto no se acompa\u00f1\u00f3 elemento de juicio que diera cuenta del otorgamiento del poder al profesional del derecho que la represent\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo involucra los autos de 4 de diciembre de 2020 y 16 de marzo de 2021 proferidos por las autoridades convocadas, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al de segunda instancia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o disponer que es haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
3.1. Como se indic\u00f3, la queja constitucional recae sobre el auto del pasado 16 de marzo por medio del cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas confirm\u00f3 el proferido por el Primero Promiscuo Municipal de la misma poblaci\u00f3n el 4 de diciembre anterior, mediante el cual se rechaz\u00f3 la solicitud de prueba anticipada formulada por Leidy Janeth Rojas Medina a trav\u00e9s de apoderado. <\/p>\n
Para que el referido despacho adoptara tal determinaci\u00f3n dijo que si bien, \u00abel apoderado de la parte demandante allega poder en el cual se expresaba claramente la intensi\u00f3n del mismo, hacia qu\u00e9 procedimiento judicial iba dirigido, el nombre e identificaci\u00f3n de las partes y finalmente la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que deber\u00eda llevar el abogado aceptante\u00bb, y que el mandato, a la luz del reciente Decreto 806 de 2020 se pod\u00eda conferir exento de firma manuscrita o digital, lo cierto era que \u00abexiste la obligaci\u00f3n de que mediante mensaje de correo electr\u00f3nico, el poderdante exprese claramente la intenci\u00f3n de conferir el poder que se allega, pues como debe saber el profesional del derecho recurrente, el poder manifiesta una voluntad que debe ser demostrada\u00bb. <\/p>\n
Para la Corte, la motivaci\u00f3n adoptada por el juzgado accionado no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues en momento alguno denota ser irrazonable. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que la gestora del amparo disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, es decir, que desborden el orden jur\u00eddico, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
3.2. Al margen de lo anterior, debe advertirse que en el transcurso del presente tr\u00e1mite esta Sala tuvo comunicaci\u00f3n con la ciudadana Leidy Janeth Rojas Medina con el fin de indagar sobre el otorgamiento del poder al profesional del derecho que present\u00f3 la solicitud de prueba anticipada, tanto para incoar dicha actuaci\u00f3n, como el presente resguardo, obteniendo la siguiente informaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la se\u00f1ora Leidy Janeth Rojas Mej\u00eda, quien se identific\u00f3 con el n\u00famero de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 1.105.785.811\u2026 me inform\u00f3 que\u2026 le otorg\u00f3 poder al abogado Cristian Evaristo Nieto Cruz para que iniciara ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guaduas\u2026 el tr\u00e1mite que origin\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
\u2026 en efecto, confiri\u00f3 poder al abogado Cristian Evaristo Nieto Cruz para que, en su nombre, interpusiera la presente acci\u00f3n de tutela contra los Juzgados (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Esta circunstancia era desconocida por los despachos convocados al momento de resolver sobre la admisibilidad de la referida solicitud e incluso al desatar la alzada, confirm\u00e1ndose as\u00ed la ausencia de lesi\u00f3n a los derechos fundamentales de la gestora por cuanto las decisiones cuestionadas se adoptaron con base en las pruebas e informaci\u00f3n con que contaban en las respectivas instancias. <\/p>\n
Sin embargo, en aras de garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, estima la Corte que, en este puntual caso, deber\u00e1n dejarse sin efectos las providencias censuradas con el fin de que el juzgado de primer grado vuelva a examinar la situaci\u00f3n a la luz de la evidencia recientemente recopilada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Si bien en el presente asunto no existi\u00f3 lesi\u00f3n a las prerrogativas iusfundamentales de Leidy Janeth Rojas Mej\u00eda y que las decisiones censuradas no comportan desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; se dejar\u00e1n sin efectos los prove\u00eddos de 4 de diciembre de 2020 y 16 de marzo de 2021 para que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guaduas vuelva a realizar el estudio sobre la admisibilidad de la solicitud de prueba anticipada, a la luz de la evidencia recolectada en el transcurso de este tr\u00e1mite constitucional. Para tal efecto, se remitir\u00e1 copia de las constancias recopiladas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR el fallo impugnado y en su lugar TUTELAR el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la gestora. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los autos de 4 de diciembre de 2020 y 16 de marzo de 2021 por medio de los cuales las autoridades judiciales convocadas rechazaron y confirmaron el rechazo, respectivamente, de la solicitud de prueba anticipada presentada por Leidy Janeth Rojas Medina. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guaduas que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, vuelva a realizar el an\u00e1lisis de admisibilidad de la solicitud de prueba anticipada formulada por la promotora del amparo, a la luz de la evidencia recopilada en el tr\u00e1mite constitucional. Por secretar\u00eda se remitir\u00e1 copia de la constancia suscrita por el empleado de esa dependencia el pasado 22 de julio. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00194-01 <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n mayoritaria de conceder el amparo y revocar los autos que rechazaron la prueba anticipada y exigieron presentar poder mediante \u00abmensaje de correo electr\u00f3nico\u00bb donde la \u00abpoderdante exprese claramente la intenci\u00f3n de conferir[lo]\u00bb, me veo obligado a discrepar de que la argumentaci\u00f3n plasmada en las providencias que originaron la presente acci\u00f3n de tutela sea razonable. Por el contrario, el Juzgado del Circuito accionado s\u00ed lesion\u00f3 el derecho objetivo e incurri\u00f3 en defecto procedimental al equiparar los conceptos de \u00abmensaje de datos\u00bb y \u00abmensaje de correo electr\u00f3nico\u00bb, posici\u00f3n que no s\u00f3lo desconoce las normas imperativas sobre la matera sino que tambi\u00e9n significa un retroceso en los avances que se han ido alcanzando para la puesta en marcha sin cortapisas de la justicia digital. <\/p>\n
1. Los administradores de justicia tienen el deber de procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n (TIC) en la actividad judicial (regla 95 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia -n.\u00b0 270- y primer p\u00e1rrafo del canon 103 del C\u00f3digo General del Proceso), como ha reconocido de manera consolidada esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (CSJ SC2420-2019, rad. 2017-01497, 4 jul. 2019, reiterada en SC4253-2019, rad. 2019-01228, 8 oct. 2019). <\/p>\n
Si bien el C\u00f3digo General del Proceso fue concebido para que los tr\u00e1mites se desarrollaran principalmente de forma presencial, respald\u00f3 de manera decidida el uso de las TIC en la administraci\u00f3n de justicia porque, adem\u00e1s de consagrar el referido imperativo, permiti\u00f3 realizar actuaciones judiciales \u00aba trav\u00e9s de mensajes de datos\u00bb y remiti\u00f3 a las disposiciones compatibles de la ley 527 de 1999 (art. 103). <\/p>\n
La ley 1564 de 2012 tambi\u00e9n aval\u00f3 la posibilidad de empoderar a profesionales del derecho para fines espec\u00edficos mediante escrito \u00abpresentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario\u00bb o \u00abpor mensaje de datos con firma digital\u00bb, radicar demandas \u00aben mensaje de datos\u00bb y comunicarse tanto las autoridades judiciales entre s\u00ed como con las partes \u00aba trav\u00e9s de mensajes de datos\u00bb (arts. 74, 82 y 111). <\/p>\n
La noci\u00f3n de \u00abmensaje de datos\u00bb no es extra\u00f1a dentro de la estructura del C\u00f3digo General del Proceso. Fue acogida en su seno para que falladores y usuarios del servicio de justicia pudieran actuar por medio de las TIC. De ah\u00ed que ese concepto fuera retomado por el decreto 806 de 2020, por supuesto, con un enfoque adicional: hacer a un lado algunas formalidades (como la firma digital o presentaciones personales, por ejemplo) con miras a cumplir su finalidad de \u00abimplementar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el tr\u00e1mite de los procesos judiciales ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u2026\u00bb, \u00abflexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivaci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas que dependen de este\u00bb, todo ello para hacer frente a las circunstancias ocasionadas por la pandemia del virus Covid-19 (art. 1\u00ba). <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, el art\u00edculo 5\u00ba del citado decreto estableci\u00f3 que \u00ab[l]os poderes especiales para cualquier actuaci\u00f3n judicial se podr\u00e1n conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos y no requerir\u00e1n de ninguna presentaci\u00f3n personal o reconocimiento\u00bb. Esto se traduce en que debe considerarse que el poder tiene un autor conocido (pues a eso apunta la presunci\u00f3n de autenticidad) y ser\u00e1 eficaz, siempre que, adem\u00e1s de otorgarse a un profesional del derecho, se confiera por mensaje de datos y tenga la antefirma del otorgante, sin necesidad de presentaci\u00f3n personal, reconocimiento notarial, firma manuscrita o digital. <\/p>\n
2. Asimilar sin fundamento normativo las nociones de \u00abmensaje de datos\u00bb y \u00abmensaje de correo electr\u00f3nico\u00bb (o, lo que puede ser peor, desatender las normas que imponen diferenciarlas) significa un retroceso en perjuicio de la evoluci\u00f3n que -como resultado de la armonizaci\u00f3n del derecho- han experimentado las fuentes jur\u00eddicas para derrumbar los obst\u00e1culos que impiden aprovechar las ventajas de las TIC en el proceso judicial, lo cual obliga dejar constancia de la presente discrepancia, la cual tiene como epicentro el concepto de mensaje de datos referido por el precepto 5\u00ba del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
El mandato 28 del C\u00f3digo Civil impone entender las \u00abpalabras de la ley\u2026 en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas\u00bb, a menos que \u00abel legislador las haya definido expresamente para ciertas materias\u00bb, caso en que \u00abse les dar\u00e1 en estas su significado legal\u00bb. <\/p>\n
El sentido natural y obvio de \u00abmensaje\u00bb, seg\u00fan la definici\u00f3n de la Real Academia Espa\u00f1ola1, corresponder\u00eda al recado que una persona env\u00eda a otra o a la informaci\u00f3n remitida a un destinatario; es decir, el sentido coloquial de esa expresi\u00f3n tiene tres elementos: informaci\u00f3n, remitente y destinatario. <\/p>\n
No obstante, \u00abmensaje de datos\u00bb est\u00e1 lejos de ser una locuci\u00f3n natural, obvia o coloquial que permita adoptar su definici\u00f3n com\u00fan pues, adem\u00e1s de que ha sido empleada en varias oportunidades por el legislador nacional (arts. 82, 74, 103 y 111 del CGP, 5\u00ba 6\u00ba, 8\u00ba y 11 del decreto 806 de 2020) posee una definici\u00f3n legal que debe primar: <\/p>\n
\u00ab[l]a informaci\u00f3n generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electr\u00f3nico de Datos (EDI), Internet, el correo electr\u00f3nico, el telegrama, el t\u00e9lex o el telefax\u00bb (literal a del canon 2\u00ba de la ley 527 de 1999). <\/p>\n
Seg\u00fan el criterio hermen\u00e9utico plasmado en el precepto 28 del C\u00f3digo Civil, por mensaje de datos no puede entenderse solamente la informaci\u00f3n remitida a un destinatario (equivalente a un mensaje de correo electr\u00f3nico), sino que debe acogerse el sentido legal que le otorga el literal a) del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 527 de 1999: informaci\u00f3n generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada con un soporte electr\u00f3nico, digital, \u00f3ptico o similar. As\u00ed las cosas, mensaje de datos no es solamente el que se env\u00eda a un destinatario o circula por medio de las TIC sino cualquier dato, declaraci\u00f3n o informaci\u00f3n que repose en un continente tecnol\u00f3gico. <\/p>\n
3. La raz\u00f3n del legislador patrio para definir de esa forma el \u00abmensaje de datos\u00bb no fue caprichosa, sino que estuvo justificada en la armonizaci\u00f3n del derecho. La ley 527 de 1999 fue resultado de que el Congreso de la Rep\u00fablica aprobara con ligeros ajustes la Ley Modelo de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL) sobre Comercio Electr\u00f3nico de 19962, como tambi\u00e9n han hecho m\u00e1s de 70 Estados que la han incorporado a su derecho interno3. <\/p>\n
Ello explica que el art\u00edculo 3\u00ba de la ley 527 de 1999 ordene su interpretaci\u00f3n atendiendo \u00absu origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicaci\u00f3n y la observancia de la buena fe\u00bb, as\u00ed como dirimir los asuntos no regulados con los principios que la inspiran, tales como la equivalencia funcional y la neutralidad tecnol\u00f3gica. <\/p>\n
El principio de la equivalencia funcional consiste en que, si bien los documentos f\u00edsicos, las firmas manuscritas y el original tangible no son id\u00e9nticos a sus equivalentes electr\u00f3nicos, s\u00ed cumplen las mismas funciones y, por tanto, ameritan la misma eficacia jur\u00eddica. La neutralidad tecnol\u00f3gica, por su parte, admite las diversas tecnolog\u00edas disponibles para enviar, generar, recibir, almacenar o comunicar documentos, firmas, originales electr\u00f3nicos o mensajes de datos y, generalmente, proscribe acoger una sola de ellas en particular, porque los avances tecnol\u00f3gicos pueden hacerla caduca con el paso del tiempo o que no est\u00e9 disponible para todos los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Precisamente la Gu\u00eda de Incorporaci\u00f3n al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico explica: <\/p>\n
El concepto de \u201cmensaje de datos\u201d no se limita a la comunicaci\u00f3n sino que pretende tambi\u00e9n englobar cualquier informaci\u00f3n consignada sobre un soporte inform\u00e1tico que no est\u00e9 destinada a ser comunicada. As\u00ed pues, el concepto de \u201cmensaje\u201d incluye el de informaci\u00f3n meramente consignada. <\/p>\n
Vistas las cosas de esta manera, \u00abmensaje de datos\u00bb es un concepto legal (las leyes 527 de 1999, 1564 de 2012 y decreto 806 de 2020, entre otras disposiciones) tomado de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico que, se repite, cobija la informaci\u00f3n enviada, generada, recibida, almacenada o comunicada en formatos electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o similares, como es el caso del poder arrimado en formato \u00abpdf\u00bb a la petici\u00f3n de prueba extraprocesal en el caso concreto. <\/p>\n
Esta interpretaci\u00f3n resulta acorde con el art\u00edculo 3\u00ba de la ley 527 de 1999 que impone su aplicaci\u00f3n de acuerdo con su origen internacional (al ser producto del trabajo de una comisi\u00f3n de las Naciones Unidas), procurando su aplicaci\u00f3n uniforme (es decir, atendiendo las recomendaciones compatibles de su gu\u00eda para la incorporaci\u00f3n al derecho interno) y el postulado de la buena fe (que por mandato del art\u00edculo 83 constitucional se presume a favor de los particulares que act\u00faan ante las autoridades p\u00fablicas). <\/p>\n
Precisamente, al asimilar \u00abmensaje de datos\u00bb a \u00abmensaje de correo electr\u00f3nico\u00bb, la decisi\u00f3n mayoritaria: <\/p>\n
A) Desatendi\u00f3 el origen internacional de la primera definici\u00f3n tomada por Colombia y otros 76 Estados de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico; <\/p>\n
B) Se abstuvo injustificadamente de aplicar el entendimiento uniforme de esa noci\u00f3n porque, seg\u00fan la Gu\u00eda de Incorporaci\u00f3n al Derecho Interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electr\u00f3nico, \u00abmensaje de datos\u00bb engloba toda la informaci\u00f3n consignada sobre un soporte inform\u00e1tico as\u00ed no est\u00e9 destinada comunicarse; <\/p>\n
C) Hizo a un lado el postulado de la buena fe del togado que actu\u00f3 en el tr\u00e1mite judicial aportando un poder en \u00abpdf\u00bb, que termin\u00f3 siendo ratificada al corroborar que no hab\u00eda razones para desconfiar de la manifestaci\u00f3n del profesional del derecho en punto a que hab\u00eda sido apoderado; <\/p>\n
D) Desconoci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad que cobijaba el poder aportado en mensaje de datos sin aplicar los mecanismos correspondientes, adem\u00e1s de que la Sala termin\u00f3 concediendo el amparo porque la poderdante s\u00ed confiri\u00f3 el poder; <\/p>\n
E) Vulner\u00f3 el principio general de la neutralidad tecnol\u00f3gica por preferir una tecnolog\u00eda particular (correo electr\u00f3nico) en desmedro de otras formas digitales de comunicaci\u00f3n, al prohijar que el poder deb\u00eda presentarse mediante \u00abcorreo electr\u00f3nico\u00bb de la poderdante, a pesar de que el apoderamiento reposa en mensaje de datos con su antefirma; y <\/p>\n
F) Justific\u00f3 que los jueces puedan exigir o cumplir formalidades innecesarias (como la de imponer que el poder se allegue de una manera en particular) a pesar de que deben abstenerse de hacerlo seg\u00fan el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el imperio de las fuentes jur\u00eddicas aplicables a la controversia -al que por mandato del art\u00edculo 230 constitucional est\u00e1n sometidas la Sala y la entidad judicial accionada- impon\u00eda darle curso sin mayores tr\u00e1mites a la petici\u00f3n de prueba extraprocesal, en raz\u00f3n a que el poder se alleg\u00f3 en mensaje de datos como permite el decreto 806 de 2020, sin que sea razonable exigir que el acto de apoderamiento deba aportarse por correo electr\u00f3nico como sin fundamento alguno exigi\u00f3 el juzgado competente e, infortunadamente, prohij\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil en esta oportunidad. La corporaci\u00f3n ha sentado como precedente una posici\u00f3n contraria a la que permitir\u00eda seguir avanzando en el aprovechamiento de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n en la actividad judicial e incentiva la imposici\u00f3n de requisitos electr\u00f3nicos inocuos y ausentes de las normas legales, lo cual es un indiscutible obst\u00e1culo para el acceso de los usuarios a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
4. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignadas las motivaciones que en esta oportunidad me imponen aclarar el voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 https:\/\/dle.rae.es\/mensaje. <\/A><\/p>\n 2\u0002 Su contenido, junto con la gu\u00eda de incorporaci\u00f3n al derecho interno, pueden consultarse en https:\/\/uncitral.un.org\/sites\/uncitral.un.org\/files\/media-documents\/uncitral\/es\/05-89453_s_ebook.pdf. <\/A><\/p>\n