STC12727-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC12727-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03297-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que Cristi\u00e1n Ignacio Murillo Mendoza le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los intervinientes en el consecutivo 50540. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb\u00bb para que, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia de 4 de marzo de 2020. <\/p>\n
Del complejo y amplio manuscrito se extrae que la Sala de Casaci\u00f3n Penal acatando \u00abfallo de tutela\u00bb que le orden\u00f3 \u00aben el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] sentencia, proceda a dar tr\u00e1mite al recurso de impugnaci\u00f3n especial promovido por el tutelante, contra la sentencia dictada el 24 de marzo de 2017, por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, conforme con las consideraciones expuestas en la parte motiva\u00bb (STC13920-2019, 10 oct.) en la causa adelantada en su contra por el delito de extorsi\u00f3n agravada en modalidad tentada, emiti\u00f3 una decisi\u00f3n en la que \u00abincurri\u00f3 en muchas irregularidades encontradas en sus consideraciones y sin controversia se evidencia que la Honorable no valor\u00f3, no examin\u00f3 en ning\u00fan momento, lo sustentado por el suscrito en el recurso de impugnaci\u00f3n especial donde evidenci\u00f3 innumerables falencias en el proceso\u00bb (4 mar. 2020). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que tambi\u00e9n \u00abincumpli\u00f3 lo ordenado en la sentencia de tutela, en la cual le orden\u00f3 que le diera tr\u00e1mite a [su] recurso de impugnaci\u00f3n especial, pues la verdad verdadera es que le dio tr\u00e1mite a un \u201crecurso de casaci\u00f3n penal\u201d como qued\u00f3 plasmado en el audio de la audiencia donde se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n, por tanto, se desacat\u00f3 con lo ordenado, porque lo que se orden\u00f3 fue darle tr\u00e1mite al recurso de impugnaci\u00f3n especial\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso al resguardo, por cuanto \u00abteniendo en cuenta los extensos argumentos presentados por el accionante, este Despacho se remite a las consideraciones expuestas por la Sala en la decisi\u00f3n de 04 de marzo de 2020, sentencia emitida con respeto a las garant\u00edas de las partes e intervinientes y con apego a la Constitucional y la Ley, inadvirtiendo esta Corporaci\u00f3n la configuraci\u00f3n de cualquier defecto que haga procedente el amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda S\u00e9ptima Seccional de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que \u00abal accionante no le obra raz\u00f3n en sus apreciaciones de car\u00e1cter subjetivas, por desconocerse sus pretensiones o no acceder a ellas, debido a que el tr\u00e1mite procesal surtido en segunda instancia le fue notificada en debida forma y tuvo acceso a su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Jos\u00e9 Abac\u00fa Hern\u00e1ndez Rojas (v\u00edctima), requiri\u00f3 \u00abnegar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales solicitados y declarar que el obrar del operador judicial demandado, estuvo ajustado a la Constituci\u00f3n y la Ley adem\u00e1s el tutelante actu\u00f3 en las etapas procesales teniendo la oportunidad de presentar los recursos de ley y aportar pruebas\u00bb. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 expres\u00f3 que \u00abel accionante se limita a proponer su interpretaci\u00f3n probatoria limitando sus inconformidades a la diferencia con las asumidas por la Sala, pretendiendo convertir m\u00e1s de cuatro a\u00f1os despu\u00e9s el tr\u00e1mite de tutela en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se advierte el fracaso del ruego, porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, el requisito de inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque entre la fecha del prove\u00eddo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por medio del cual cumpli\u00f3 la orden de auxilio (4 mar. 2020) y la radicaci\u00f3n de la demanda constitucional (9 sep. 2021), transcurrieron un (1) a\u00f1o y seis (6) meses, esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si el interesado se demor\u00f3 en incoar la guarda, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la autoridad denunciada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte de la ayuda. <\/p>\n
2.- Sin perjuicio de lo anterior, si en criterio del quejoso, con la determinaci\u00f3n reprochada no se atendi\u00f3 lo mandado por esta Sala en la STC13920-2019 (10 oct.), la salvaguarda tampoco puede prosperar, en tanto no se satisfizo el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que cuenta con otro mecanismo, como el incidente de desacato consagrado en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, con el fin de obtener el \u00abcumplimiento del fallo\u00bb que concedi\u00f3 el amparo, cuando el obligado no la materializa en los t\u00e9rminos en que fue impartido; caso en el cual se podr\u00e1 sancionar al responsable y al superior, en concordancia con lo normado en el art\u00edculo 52 ib\u00eddem. <\/p>\n
En ese aspecto, la jurisprudencia de la Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00abEl incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n
\u00abPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento\u00bb. (CSJ STC831-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la ayuda superlativa resulta a todas luces inviable, por cuanto el impulsor no acredit\u00f3 haber agotado el referido instrumento de defensa, \u00ablo que denota tambi\u00e9n la improcedencia del amparo\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela reclamada por Cristi\u00e1n Ignacio Murillo Mendoza. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los interesados lo resuelto y, de no impugnarse el fallo, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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