STC12730-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12730-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-03421-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que \u00c1lvaro Ar\u00edstides Ib\u00e1\u00f1ez Trespalacios le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensivo a los intervinientes en la causa penal n\u00ba 58.340. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, actuando mediante apoderado, pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que, en consecuencia, se \u00abi) [deje] sin efectos tanto la sentencia que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial como la providencia que resuelve la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n presentada oportunamente y, ii) [declarar] que la acci\u00f3n penal est\u00e1 prescrita y por ende debe cesar todo procedimiento en su favor\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta lo absolvi\u00f3 por el delito de prevaricato por acci\u00f3n (27 en. 2020), decisi\u00f3n revocada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, quien lo conden\u00f3 como autor de dicho il\u00edcito a treinta y nueve (39) meses de prisi\u00f3n, multa de cincuenta y siete (57) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y sesenta y dos (62) meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas (19 ag.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la Magistratura acusada convalid\u00f3 en todas sus partes el veredicto sancionatorio al dirimir la impugnaci\u00f3n especial que interpuso de \u00abacuerdo a la doble conformidad prevista en el acto legislativo n\u00b0 01 de 2018\u00bb (26 may. 2021) y rechaz\u00f3 la solicitud de \u00abreforma y adici\u00f3n\u00bb que frente a esa resoluci\u00f3n formul\u00f3 (4 ag.) <\/p>\n
En su criterio, las dos \u00faltimas providencias lesionaron sus garant\u00edas, puesto que \u00abal resolverse la impugnaci\u00f3n especial en su sentir se entendi\u00f3 que fue condenado por el delito de Prevaricato por Acci\u00f3n Agravado, por el solo hecho de ser un funcionario p\u00fablico experimentado, sin tener en cuenta que ni en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n ni en la sentencia condenatoria se le conden\u00f3 por el delito de Prevaricato por Acci\u00f3n Agravado lo cual vulnera el principio de la congruencia (\u2026) y no fue observado que en el presente caso oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal al incurrir en un error aritm\u00e9tico, pues se est\u00e1 partiendo de la premisa que no son 5 a\u00f1os el t\u00e9rmino prescriptivo en la etapa de juicio, sino que son 6 a\u00f1os y 8 meses, transgrediendo los art\u00edculos 86 y 412 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal pues las matem\u00e1ticas son exactas y debi\u00f3 respetarse el t\u00e9rmino de 5 a\u00f1os, pues al no haberse imputado circunstancias de mayor punibilidad, art\u00edculo 58 del C\u00f3digo Penal se aplic\u00f3 el art\u00edculo 83, inciso 6, \u00eddem\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el dossier cuestionado y manifest\u00f3 que \u00abactu\u00f3 conforme a la norma y a la jurisprudencia penal vigente, sin atentar contra los derechos fundamentales del actor\u00bb. <\/p>\n
El Fiscal Tercero de la Unidad delegada ante el Tribunal de esa ciudad indic\u00f3 que \u00aben el a\u00f1o 2009 orden\u00f3 compulsar copias para que se investigara penalmente al accionante, por las presuntas irregularidades cometidas dentro del proceso 55475 y por tal raz\u00f3n despu\u00e9s se declar\u00f3 impedido para conocer de actuaci\u00f3n que se adelante contra el actor\u00bb. <\/p>\n
La Procuradora 360 Judicial II Penal de esa urbe se opuso al amparo, ya que \u00abequivocada e inexplicablemente el accionante, hace elucubraciones del art. 58 del C\u00f3digo Penal del que entre otras cosas, no cita cu\u00e1l causal supuestamente le fue aplicada de las all\u00ed catalogadas, sin que en ninguna de las providencias se halla hecho alusi\u00f3n a ello, pues, de manera clara, precisa y did\u00e1ctica la Magistratura aplic\u00f3 lo normado por el art. 83, llamando la atenci\u00f3n el desconocimiento normativo del reclamante, lo que torna improcedente su pedimento, ello en concordancia con lo preceptuado por el art. 412 de la Ley 600 de 2000 al no avizorarse ninguna omisi\u00f3n sustancial en la parte resolutiva del fallo que afecte la decisi\u00f3n en si misma\u00bb. <\/p>\n
El Fiscal Sexto delegado ante el Tribunal requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Procuradora Tercera delegada para la Casaci\u00f3n Penal demand\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la acci\u00f3n de tutela y en consecuencia, no impartir orden alguna de amparo que vincule a [esa] Agencia del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub lite se observa que en el prove\u00eddo por medio del cual se resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial promovida por el querellante (26 may. 2021), se expusieron los motivos para \u00abconfirmar\u00bb la sentencia condenatoria dictada en segunda instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser censurada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, frente al reparo del sedicente en el sentido que \u00abla Sala ad quem, err\u00f3neamente, acredit\u00f3 el dolo \u00fanicamente a partir de su experiencia como fiscal y conocimiento especializado en derecho penal, empero, la vasta experiencia profesional, per se, no torna en prevaricadora su conducta\u00bb, la Colegiatura esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En primer lugar, no es cierto que la tipicidad subjetiva requerida por el art. 413 del C.P. se hubiera acreditado, simple y llanamente, con referencia a la experiencia del acusado como fiscal. Tal aserto tergiversa y desconoce la estructura probatoria en el que efectivamente se soporta la acreditaci\u00f3n de un actuar doloso en el acusado, al proferir la consabida resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Es bien sabido que la experiencia, experticia o formaci\u00f3n acad\u00e9mica en un \u00e1rea del derecho no prueban de suyo el dolo en el prevaricato. Esos antecedentes, por s\u00ed mismos, nada dicen sobre la intencionalidad del sujeto agente (cfr., entre otras CSJSP2438-2019, rad. 53.651 y SP3270-2020, rad. 55.508). Empero, el ad quem no finc\u00f3 el juicio positivo de tipicidad subjetiva dolosa en ese factor aislado. <\/p>\n
La rese\u00f1a de los fundamentos de la decisi\u00f3n impugnada (num. 2.2.1.1. al 2.2.1.6. supra) pone de manifiesto que el dolo se infiri\u00f3 de m\u00faltiples hechos indicadores de un actuar caprichoso y arbitrario, que evidencian la intencionalidad del procesado de dictar la ilegal resoluci\u00f3n. <\/p>\n
El conocimiento sobre la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n contraventora de los arts. 39, 232 y 238 del C.P.P., as\u00ed como la voluntad de proceder de esa manera se afirm\u00f3, articuladamente, de: i) la deficient\u00edsima motivaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n; ii) la absoluta inobservancia (falta de apreciaci\u00f3n) de los medios de conocimiento indicativos de la existencia de la conducta t\u00edpica y la responsabilidad del sindicado; iii) el entendimiento que el fiscal acusado, ten\u00eda del contenido de dichos medios de prueba, evidenciado en la decisi\u00f3n de abrir instrucci\u00f3n y la utilizaci\u00f3n de ellos para confrontar al sindicado en la indagatoria; iv) el haber dispuesto la preclusi\u00f3n sin practicar las pruebas de corroboraci\u00f3n decretadas al abrir investigaci\u00f3n; v) la falta de valoraci\u00f3n de las exculpaciones del indagado y vi) la injustificada abstenci\u00f3n de resolver situaci\u00f3n jur\u00eddica, as\u00ed como la incomprensible liberaci\u00f3n del sindicado, bajo el pretexto que \u201ceste tiene dificultades para comunicarse y est\u00e1 al parecer fuera de la realidad presente, no obstante, se defendi\u00f3 de los cargos que se le imputan\u201d. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a dichas circunstancias, el ad qem afirm\u00f3 el dolo en el comportamiento atribuido al fiscal acusado, sin que la conducta fuera producto de ignorancia o impericia. Fue en este \u00faltimo aspecto en que se tuvo en cuenta la experiencia del fiscal, pero no como un aspecto auto justificante del dolo, sino como factor evidenciado en la fijaci\u00f3n de los requerimientos normativos pertinentes para precluir\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en torno a que \u00abel 12 de junio de 2020 prescribi\u00f3 la acci\u00f3n penal, ya que transcurrieron m\u00e1s de cinco a\u00f1os desde que qued\u00f3 ejecutoriada la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, proferida por la Fiscal\u00eda delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta, sin que se hubiera dictado sentencia de segunda instancia\u00bb, afirm\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) preliminarmente, no es cierto que la acci\u00f3n penal est\u00e9 prescrita. Ese reclamo se advierte infundado de entrada, pues desconoce que, habi\u00e9ndose juzgado al acusado (servidor p\u00fablico) por una conducta ejecutada en ejercicio de su cargo y funciones, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en la etapa de juzgamiento no es de cinco a\u00f1os, sino de seis a\u00f1os y ocho meses, como se extracta del art. 83 inc. 5\u00b0 original del C.P. (cfr., entre otras, CSJ SP4701-2018). <\/p>\n
De ah\u00ed que, habiendo cobrado ejecutoria la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n el 12 de junio de 2015, seg\u00fan constancia secretarial de la Fiscal\u00eda 2\u00b0 delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta, la prescripci\u00f3n se consolidar\u00eda el 13 de febrero de 2022. <\/p>\n
5.2. Como punto de partida, ha de enfatizarse que tanto el tribunal como la sala ad quem coinciden, sin que los impugnantes as\u00ed lo cuestionen, en que la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n dictada por el acusado es manifiestamente contraria a la ley. Y en ello concuerda la Sala, dada la contraevidente fundamentaci\u00f3n probatoria en que se soport\u00f3 la supuesta atipicidad de los hechos materia de investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela el tutelante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, insistente en STC-5974-2021). <\/p>\n
Frente a situaciones similares a las que aqu\u00ed se presenta, en punto a la forma de contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n con el incremento por la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico, la Sala de Casaci\u00f3n Penal estableci\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEn efecto, de conformidad con la preceptiva contenida en el art\u00edculo 83 de la Ley 599 de 2000 (que corresponde al art\u00edculo 80 del anterior estatuto penal), durante la etapa instructiva la acci\u00f3n penal prescribe en un t\u00e9rmino igual al m\u00e1ximo de la pena establecida en la ley, pero en ning\u00fan caso en un lapso inferior a cinco (5) a\u00f1os. Durante la fase de juzgamiento tal t\u00e9rmino comienza a contarse de nuevo a partir de la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n por un tiempo igual a la mitad del establecido para la etapa de instrucci\u00f3n, sin que pueda ser inferior a cinco (5) a\u00f1os. <\/p>\n
21. En relaci\u00f3n con el incremento del t\u00e9rmino prescriptivo cuando la conducta punible es perpetrada por un servidor p\u00fablico en ejercicio de sus funciones, de su cargo, o con ocasi\u00f3n de \u00e9l, el referido art\u00edculo 83 del r\u00e9gimen punitivo de 2000 \u2013sin la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de la Ley 1474 de 2011- y el 82 del Decreto 100 de 1980, prev\u00e9n una extensi\u00f3n de la tercera parte en el t\u00e9rmino prescriptivo; por lo cual, que tal per\u00edodo nunca podr\u00e1 ser inferior a seis (6) a\u00f1os ocho (8) meses, tanto en la instrucci\u00f3n como en el juzgamiento\u00bb. (SP5512-2018, radicado 51643). <\/p>\n
3. De otra parte, no se advierte irregularidad alguna con la disposici\u00f3n que \u00ab[rechaz\u00f3] por su notoria improcedencia las solicitudes de reforma y adici\u00f3n\u00bb de la providencia que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial incoada por el precursor (4 ag. 2021), por cuanto en esa determinaci\u00f3n se exterioriz\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn este asunto es claro que las solicitudes presentadas por el defensor son manifiestamente improcedentes, por lo que han de rechazarse de plano. <\/p>\n
Seg\u00fan el art. 412 de la Ley 600 de 2000, la sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisi\u00f3n que la hubiere dictado, salvo, entre otros eventos, omisi\u00f3n sustancial en la parte resolutiva. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, salta a la vista que en la determinaci\u00f3n censurada no se dej\u00f3 de lado ning\u00fan pronunciamiento que por ley deba emitirse. Antes bien, el mismo defensor pone de presente la ausencia de fundamento de su solicitud al sostener que la Sala equivocadamente neg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal al tener en cuenta el art. 83 inc. 6\u00b0 del C.P. <\/p>\n
En ese sentido, en la sentencia que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial se expuso: <\/p>\n
Pues bien, preliminarmente, no es cierto que la acci\u00f3n penal est\u00e9 prescrita. Ese reclamo se advierte infundado de entrada, pues desconoce que, habi\u00e9ndose juzgado al acusado (servidor p\u00fablico) por una conducta ejecutada en ejercicio de su cargo y funciones, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en la etapa de juzgamiento no es de cinco a\u00f1os, sino de seis a\u00f1os y ocho meses, como se extracta del art. 83 inc. 5\u00b0 original del C.P. (cfr., entre otras, CSJ SP4701-2018) <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
Lo cierto es que en el fallo no hay nada que reformar ni complementar. La consideraci\u00f3n atinente a que la acci\u00f3n penal no prescribi\u00f3 no tiene por qu\u00e9 verse reflejada en una \u201cnegativa de la cesaci\u00f3n de procedimiento\u201d, que echa de menos el defensor. No. La Sala verific\u00f3 tal aspecto a fin de constatar que estaban dados los presupuestos para dictar decisi\u00f3n de fondo sobre la responsabilidad. <\/p>\n
El defensor, en verdad, no busca la resoluci\u00f3n de un asunto omitido, sino el replanteamiento de un aspecto ya definido con efectos de cosa juzgada. <\/p>\n
Al margen de ello, su disenso parte de una premisa equivocada, cifrada en comprender el art 83 inc. 6\u00b0 como una \u201ccausal gen\u00e9rica de mayor punibilidad\u201d, cuya aplicaci\u00f3n est\u00e1 condicionada a que se \u201cimpute en la acusaci\u00f3n\u201d. Ello carece de todo fundamento, por cuanto, de un lado, la fijaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para funcionarios p\u00fablicos que delinquen en ejercicio de sus funciones es un aspecto de orden p\u00fablico ajeno a la atribuci\u00f3n de circunstancias f\u00e1cticas agravantes; de otro, el solicitante pasa por alto que esa condici\u00f3n del acusado (servidor p\u00fablico-fiscal) se verific\u00f3 al emitir un juicio positivo de adecuaci\u00f3n t\u00edpica por el delito de prevaricato por acci\u00f3n, tipo penal de sujeto activo calificado. <\/p>\n
En consecuencia, el desatino del peticionario es palmario, pues pretende desconocer la ejecutoria de la decisi\u00f3n reclamando una adici\u00f3n de algo que no se pas\u00f3 por alto, sino que efectivamente fue descartado. Adem\u00e1s, sus c\u00e1lculos de prescripci\u00f3n, como se puso de presente en la sentencia, son del todo imprecisos\u00bb. <\/p>\n
4. Son estas razones las que conllevan el fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA el amparo instado por \u00c1lvaro Ar\u00edstides Ib\u00e1\u00f1ez Trespalacios. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto y, de no impugnarse el fallo, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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