STC12738-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12738-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03369-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la Carlos Antonio Solano Vergara contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla\u00b8 tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso verbal de responsabilidad civil contractual que junto con Jhonatan Ardila \u00c1lvarez, promovi\u00f3 contra Seguros del Estado S.A., Finanzauto S.A. y Promotec S.A. Corredores de Seguros, con radicado No. 2018-00270-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, \u00abanular la sentencia de segunda instancia de fecha 27 de agosto de 2021 (\u2026) que decidi\u00f3 no conceder[le] ninguna indemnizaci\u00f3n (\u2026) porque ello se basar\u00eda en una \u201ccausa diferente\u201d a la pedida en la demanda, sin haberse vulnerado si el principio de congruencia de la sentencia, consagrado en el art\u00edculo 281 del C.G.P\u00bb, o en subsidio, \u00abproferir las \u00f3rdenes que resulten pertinentes para modificar la sentencia teniendo en cuenta que en este caso NO hay causa diferente que impida estudia las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que inici\u00f3 el referido juicio por el incumplimiento de un contrato de seguro, y no obstante logr\u00f3 probar ese hecho y la vigencia de la p\u00f3liza al momento de ocurrencia del siniestro, la Colegiatura convocada en sentencia del 27 de agosto pasado, resolvi\u00f3 no reconocerle indemnizaci\u00f3n alguna, con el argumento que la no concesi\u00f3n de la pretensi\u00f3n primera de la demanda tra\u00eda como consecuencia negar los pedimentos \u00absegundo, tercero y cuarto\u00bb, porque, \u00absi se estudiaban entonces su soluci\u00f3n se basar\u00eda en una \u201ccausa diferente\u201d a la pedida en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Explica que en la pretensi\u00f3n primera pidi\u00f3 que se declarara que la p\u00f3liza de seguro fue revocada unilateralmente por Seguros del Estado S.A., pero en la segunda, sin que fuera consecuencia de la primera, busc\u00f3 declarar infundada la objeci\u00f3n que present\u00f3 la aseguradora frente a su reclamaci\u00f3n del amparo, lo que, dice, signific\u00f3 el incumplimiento del contrato de seguro e implic\u00f3 se accediera a la consecuente indemnizaci\u00f3n reclamada en las pretensiones tercera y cuarta. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que esa es la interpretaci\u00f3n que corresponde dar a la demanda, ya que en ese sentido iba el sustento f\u00e1ctico de la misma, y la indemnizaci\u00f3n reclamada en las pretensiones tercera y cuarta fue la base para calcular el juramento estimatorio y la cuant\u00eda de lo reclamado, situaci\u00f3n que, asegura, s\u00ed advirti\u00f3 la Magistrada que salv\u00f3 el voto en la aludida decisi\u00f3n del Tribunal, quien consider\u00f3 que dichos pedimentos no eran consecuencia de una \u00abcausa diferente\u00bb a la pedida en el libelo, ya que \u00e9sta ten\u00eda como prop\u00f3sito que se indemnizara el incumplimiento de un contrato de seguro, a lo cual hab\u00eda lugar por haberse probado que la objeci\u00f3n que elev\u00f3 la aseguradora a la reclamaci\u00f3n del amparo fue infundada, circunstancias que, en su criterio, abren paso a la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 16 de septiembre hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Tribunal Superior de Barranquilla por intermedio del Magistrado ponente de la sentencia cuestionada a esa autoridad, inform\u00f3 que en la misma desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de 9 de febrero de 2021 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, sin que lo decidido haya sido atacado mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Precis\u00f3, que la \u00abrevocatoria unilateral\u00bb a que alude la pretensi\u00f3n primera de la demanda, fue el fundamento de toda la misma, y no se encontr\u00f3 demostrado en el litigio, a lo cual agreg\u00f3, que \u00abcuando la aseguradora aport\u00f3, con su contestaci\u00f3n de la demanda el documento que acreditaba la real fecha en que se expidi\u00f3 el anexo de cancelaci\u00f3n del amparo, ten\u00eda la parte demandante la oportunidad procesal de reformar la demanda, para adecuarla a ese nuevo conocimiento, pero no lo hizo, sigui\u00f3 insistiendo a lo largo del proceso, en que ese \u201cefecto retroactivo\u201d de la mencionada cancelaci\u00f3n, era el soporte de sus pretensiones, puede verse esa afirmaci\u00f3n incluso en el escrito de abril del presente a\u00f1o, donde sustent\u00f3 sus inconformidades frente a la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
b). Antonio Jos\u00e9 Restrepo Lince, quien dijo ser apoderado judicial de Promotec Ltda y Finanzauto S.A. BIC, indic\u00f3 que esas sociedades no debieron ser vinculadas al juicio criticado, en raz\u00f3n a que no estaban legal ni contractualmente obligadas a asumir siniestro alguno, a lo cual agreg\u00f3, que lo pretendido por el gestor es el reestudio de la inconformidad ya abordada por el juez natural del caso. <\/p>\n
c). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n alejada del r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En este caso, el ciudadano Solano Vergara cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, el prove\u00eddo del 27 de agosto del a\u00f1o que avanza de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que modific\u00f3 la sentencia de 9 de febrero anterior del Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, que neg\u00f3 todas las pretensiones del proceso verbal que aqu\u00e9l junto con Jhonatan Ardila \u00c1lvarez, promovi\u00f3 frente a Seguros del Estado S.A. y otros, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la inadecuada interpretaci\u00f3n del escrito introductorio, ya que debieron concederse las pretensiones indemnizatorias reclamadas. <\/p>\n
3. Tienen trascendencia para la presente decisi\u00f3n los siguientes hechos probados dentro del expediente constitucional: <\/p>\n
3.1. De la revisi\u00f3n del escrito con que el aqu\u00ed interesado promovi\u00f3 el referido juicio, se observa que all\u00ed se pretendi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab1) que se declare a Seguros del Estado S.A., Finanzauto S.A. y Promotec S.A. solidaria y civilmente responsables de los perjuicios y\/o da\u00f1os que ocasion\u00f3 en su patrimonio a mis mandantes Carlos Antonio Solano Vergara y Jhonatan Ardila \u00c1lvarez como consecuencia de haber revocado unilateralmente con efectos retroactivos el d\u00eda 23 de diciembre de 2016 la p\u00f3liza de autom\u00f3viles septiembre de 2016 por la compa\u00f1\u00eda Seguros del Estado S.A. Con vigencia del 30 de octubre de 2016 al 30 de octubre de 2017 en la cual aparece como asegurado mi mandante Carlos Antonio Solano Vergara propietario de la buseta de placa TTY064 y tomador de la misma Finanzauto S.A. revocatoria que se hizo para no cubrir el siniestro Seguros del Estado #29358 de fecha 11 de diciembre de 2016 ocurrido en la ciudad de Barranquilla. <\/p>\n
2.) Que se declare como infundada, inseria y antijur\u00eddica, la objeci\u00f3n a la p\u00f3liza No. 101025821 que se invent\u00f3 Seguros del Estado S.A. con el documento C.R.V. 1514 R.C. de fecha 24 de febrero de 2017 \u2013 dos meses y medio despu\u00e9s de haber ocurrido el siniestro \u2013 para incumplir la reclamaci\u00f3n de ese siniestro #29358 de fecha 11 de diciembre de 2016 noticiado y\/o avisado oportunamente a esa compa\u00f1\u00eda. Objeci\u00f3n que ratific\u00f3 con el memorial C.R.V. 342 R.C. de fecha abril 4 de 2017 dirigido a mi mandante Carlos Antonio Solano Vergara como respuesta a una solicitud de reconsideraci\u00f3n a la objeci\u00f3n. <\/p>\n
3.) Que se ordene a los demandados resarcir, pagar, y\/o indemnizar a mis mandantes el da\u00f1o y\/o perjuicio que ocasion\u00f3 en el patrimonio de ellos como consecuencia del incumplimiento y de esa revocatoria unilateral con efectos Retroactivo de la p\u00f3liza No. 101025821 el d\u00eda 23 de diciembre del a\u00f1o 2016 (\u2026) <\/p>\n
4.) Que se ordene a los demandados Finanzauto S.A. Promotec S.A. y Seguros del Estado S.A. pagar las sumas de dinero que por Secretar\u00eda se liquiden a favor de mi mandante Carlos Antonio Solano Vergara con ocasi\u00f3n de esa revocatoria unilateral con efectos retroactivos e incumplimiento de la p\u00f3liza de autom\u00f3viles No. 101025821 y que resulten a partir del 25 de noviembre de 2018 hasta cuando se profiera la sentencia (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
3.2. Apelada la sentencia del 9 de febrero de 2021 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barraquilla, con que se negaron la totalidad de pretensiones de la demanda al prosperar una de las excepciones de m\u00e9rito, la decisi\u00f3n fue modificada el 27 de agosto pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, para entonces, negar los pedimentos pero por la falta de acreditaci\u00f3n de los fundamentos de hecho, es decir, no advertir probada la revocatoria unilateral de la p\u00f3liza alegada por el demandante, pues, en suma, \u00abaunque por esa raz\u00f3n de la fecha del anexo de revocaci\u00f3n se concluya que el amparo a los riesgos de la buseta TTY064 estaban vigentes al momento del siniestro, no puede concederse indemnizaci\u00f3n alguna a favor de la parte demandante, por cuanto eso ser\u00eda desconocer el principio de congruencia del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que tendr\u00edamos que soportar esta decisi\u00f3n en una \u201ccausa diferente\u201d a la alegada en el memorial demanda, puesto que sus soportes de hecho ser\u00edan distintos y con finalmente (sic) en el reconocimiento de una pretensi\u00f3n que no fue expresada de esa forma en ese memorial. <\/p>\n
La pretensi\u00f3n segunda de ese memorial no puede estudiarse y resolverse en forma independiente de la primera, dado que el apoderado de la parte demandante lo plante\u00f3 como consecuencia a la anterior y no como subsidiaria a la misma. <\/p>\n
Razones por las cuales ser revocar\u00e1n los numerales 1\u00ba y 2\u00ba de la sentencia de primera instancia, sin embargo, se confirmar\u00e1n los numerales tercero y cuarto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, las precitadas consideraciones dejan en evidencia que, a diferencia de lo alegado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Colegiatura accionada se soport\u00f3 precisamente en la revisi\u00f3n de la demanda, las actuaciones surtidas dentro del juicio y el razonable entendimiento de la normatividad procesal aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, el Tribunal Superior de Barranquilla advirti\u00f3, que no hab\u00eda lugar a estudiar las pretensiones segunda, tercera y cuarta del libelo, porque eran consecuencia de la prosperidad de la primera, la cual fue negada, an\u00e1lisis que realiz\u00f3 con sustento en la redacci\u00f3n de esos pedimentos, de los cuales, el tercero y el cuarto contienen las solicitudes de condena, las que, en efecto, dependen expresamente de la pretensi\u00f3n primera, al se\u00f1alar que tienen lugar como consecuencia de la \u00abrevocatoria unilateral con efectos retroactivos e incumplimiento de la p\u00f3liza\u00bb. <\/p>\n
5. Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar la postura adoptada por la Colegiatura accionada, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustantiva que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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