STC12756-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12756-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03395-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la Cl\u00ednica Portoazul S.A. frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte actora reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones proferidas en ambas instancias, en el marco del proceso ejecutivo singular que promovi\u00f3 frente a C\u00e9sar Emilio Mart\u00ednez de Luque y Jessica Mart\u00ednez Dur\u00e1n, con radicado No. 2016-00588-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, para que se \u00abrevo[quen]\u00bb las decisiones proferidas el 12 de enero y 27 de julio de 2021, respectivamente, al interior de la aludida contienda. <\/p>\n
2. En apoyo de tal pretensi\u00f3n aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que \u00abactu[\u00f3] de buena fe y siempre con la convicci\u00f3n que las personas que signaron el t\u00edtulo valor\u00bb eran los ejecutados, de quienes \u00abrecibi\u00f3\u00bb el documento cambiario para garantizar el pago de los servicios m\u00e9dicos que prest\u00f3 a uno de ellos por valor de $165.190.440,oo, dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla declar\u00f3 probada la tacha de falsedad del pagar\u00e9 alegada por Mart\u00ednez de Luque, y, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria pretendida por Mart\u00ednez Dur\u00e1n, aplicando la sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 274 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, pues no solo, \u00abal ser una sanci\u00f3n, est\u00e1 sujeta a los procedimientos contemplados en la ley procesal para su aplicaci\u00f3n, lo cual implica el ejercicio al derecho de defensa y (\u2026), las sanciones se aplican como una consecuencia de la probanza de la responsabilidad subjetiva del sujeto\u00bb, sino que, adem\u00e1s, denunci\u00f3 por \u00abESTAFA, FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO y ALZAMIENTO DE BIENES\u00bb a los ejecutados, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa misma urbe confirm\u00f3 en su integridad lo resuelto, atribuy\u00e9ndole mala fe a su actuar, circunstancia que, dice, hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 17 de septiembre de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla precis\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de la sociedad actora, pues en la decisi\u00f3n criticada \u00abestudi\u00f3 todo el caudal probatorio, que incluye los dos dict\u00e1menes grafol\u00f3gicos obrantes en el expediente, el aportado en primera instancia por el ejecutado para acreditar la tacha de falsedad, as\u00ed como el decretado de oficio en segunda instancia. Comoquiera que la parte actora pretend\u00eda que al momento de la ponderaci\u00f3n se tuviera en cuenta que los servicios cl\u00ednicos si fueron prestados al ejecutado C\u00e9sar Mart\u00ednez De Luque, tal como lo revel\u00f3 este \u00faltimo en su interrogatorio de parte, se decant\u00f3 que no es que se hayan dejado de valorar elementos, sino que, dada la naturaleza ejecutiva \u2013 que no declarativa \u2013 del proceso promovido, resultaba inocuo el conocimiento que ciertos elementos revelaban frente a la tacha de falsedad que se hall\u00f3 probada\u00bb. <\/p>\n
c. El se\u00f1or C\u00e9sar Emilio Mart\u00ednez de Luque a trav\u00e9s de mandataria judicial, despu\u00e9s de pronunciarse respecto a cada uno de los hechos del escrito de tutela, se\u00f1al\u00f3 que la sociedad accionante no \u00abactu\u00f3 de Buena Fe; est\u00e1 cobrando (\u2026) un pagare que jam\u00e1s suscribi\u00f3; La cl\u00ednica ten\u00edan unas facturas cambiarias que pod\u00edan cobrar a el (sic) SOAT, o a la EPS y no lo hicieron a sabiendas que se trataba de un accidente de tr\u00e1nsito\u00bb. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la Cl\u00ednica Portoazul S.A. est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra lo determinado el 27 de julio de la presente anualidad por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, de mantener \u00edntegramente lo decidido el 12 de enero anterior por el Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma localidad, esto es, \u00abDeclarase probada la excepci\u00f3n de no haber sido el demandado quien suscribi\u00f3 el t\u00edtulo\u00bb, y \u00abCondenase a la Cl\u00ednica (\u2026) en costas (\u2026), las cuales se tasan en suma equivalente al veinte por ciento (20%) de las obligaciones contenidas en el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n\u00bb, en el marco de la ejecuci\u00f3n que la aqu\u00ed tutelante adelant\u00f3 frente a C\u00e9sar Mart\u00ednez de Luque y Jessica Mart\u00ednez Dur\u00e1n, pues seg\u00fan su criterio, se desconoci\u00f3 que siempre actu\u00f3 de buena fe, por lo que no hab\u00eda lugar a la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n alguna. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla \u2013Sala Civil Familia, en lo que interesa y es objeto de queja constitucional, para mantener la decisi\u00f3n de primer grado, y en \u00faltimas, declarar probada la tacha de falsedad alegada por el extremo obligado, y por tanto, imponer a la C\u00ednica Portoazul SA, aqu\u00ed inconforme, el castigo citado en precedencia, con base en el dictamen grafol\u00f3gico aportado con la contestaci\u00f3n de la demanda respecto del t\u00edtulo valor base de recaudo, y el que posteriormente se practic\u00f3 en la segunda instancia, precis\u00f3 que ambos son concluyentes en determinar, que en \u00abla firma del documento dubitado, no corresponde a esa espec\u00edfica persona\u00bb, sin que sea probable acoger la inconformidad de la parte apelante relativa a \u00abno haber analizado la historia y circunstancias cl\u00ednicas del ejecutado para la \u00e9poca en que fue suscrito el pagar\u00e9\u00bb pues \u00ab[l]o que interesa principalmente en este proceso, no es otra cosa que el an\u00e1lisis grafosc\u00f3pico, para efectos de acreditar o descartar la autenticidad de la firma del se\u00f1or C\u00e9sar Emilio Mart\u00ednez De Luque en el pagar\u00e9 base de recaudo; no obstante, ambos peritazgos reflejan un estudio que trasciende el mero estudio de los grafismos y se adentra en el \u00e1mbito subjetivo, tal como se observa en la descripci\u00f3n del m\u00e9todo utilizado por el perito Nayarit Giraldo (\u2026), la habilidad caligr\u00e1fica descrita (\u2026) y las conclusiones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, de cara a la queja referida a que el a quo s\u00f3lo estudi\u00f3 el citado medio de prueba, puntualiz\u00f3 la Colegiatura criticada que \u00ab[a]l hacer un estudio detallado del expediente, (\u2026) [se] no encuentra ninguna prueba de tipo documental que d\u00e9 cuenta de la autenticidad del t\u00edtulo valor, no fue allegado ning\u00fan documento tendiente a tal demostraci\u00f3n, ni con la demanda, ni con el traslado de las excepciones. Tampoco fue allegado con ninguna otra actuaci\u00f3n\u00bb, y si bien en el interrogatorio de parte el ejecutado \u00abreconoci\u00f3 que fue paciente de la Cl\u00ednica Portoazul y recibi\u00f3 servicios\u00bb, lo cierto es que, \u00aben todo momento neg\u00f3 haber suscrito documento alguno, pues dijo que no pod\u00eda valerse por s\u00ed mismo ni era consciente de nada, ni se dio cuenta de nada, que no estaba en condiciones f\u00edsicas ni mentales de realizarlo\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abno puede perderse de vista que este no es un proceso ejecutivo en el que se discuta la prestaci\u00f3n del servicio de salud para efectos de declarar la existencia de la obligaci\u00f3n en comento; sino un proceso ejecutivo en el que se pone en marcha la acci\u00f3n cambiaria para obtener el recaudo de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, contenida en un t\u00edtulo que presta m\u00e9rito ejecutivo \u2013 en principio-\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto refiere a la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 274 del C.G. del P. y el presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial, indic\u00f3 el Tribunal que \u00ab[c]laramente las circunstancias no son iguales, ni siquiera similares a las aqu\u00ed presentadas, en las cuales si se tiene en cuenta que los informes periciales recabados dan cuenta de una contundente discrepancia entre la firma del t\u00edtulo valor y la que realmente corresponde al se\u00f1or C\u00e9sar Emilio Mart\u00ednez De Luque. Debe agregarse, que en el interrogatorio de parte se logra verificar que el ejecutado se encontraba en un grave estado de salud que le limitaba la consciencia para firmar el documento en cuesti\u00f3n, incluso, expres\u00f3 que su atenci\u00f3n m\u00e9dica y recuperaci\u00f3n culmin\u00f3 en la Cl\u00ednica La Asunci\u00f3n, a la que fue traslado estando a\u00fan convaleciente\u00bb, concluyendo entonces, que \u00abes f\u00e1cilmente perceptible que la conducta desplegada por la ejecutante Cl\u00ednica Portoazul no es que se haya enmarcado en la buena fe y la lealtad procesal, pues incluso hasta esta instancia ha insistido en la autenticidad del t\u00edtulo valor con base en pruebas inexistentes\u00bb. <\/p>\n
4. De esta forma, con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal Superior de Barranquilla, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la sociedad peticionaria del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, la autoridad judicial convocada no solo tuvo en cuenta los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, sino adem\u00e1s, los medios de prueba debidamente recaudados en el juicio, los que demostraban que en efecto, aunque el se\u00f1or C\u00e9sar Emilio Mart\u00ednez de Luque recibi\u00f3 atenci\u00f3n m\u00e9dica por parte de la Cl\u00ednica aqu\u00ed inconforme, lo cierto es que no suscribi\u00f3 el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, circunstancia que por la naturaleza del asunto, conllevaba a declarar la tacha alegada por aqu\u00e9l. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que la Colegiatura convocada, contrario al dicho de la sociedad quejosa, para imponer la sanci\u00f3n en comento, analiz\u00f3 la conducta de la parte actora, precisamente por haber sido quien aport\u00f3 el t\u00edtulo valor que result\u00f3 espurio, e insisti\u00f3 en la persecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, denotando con ello, sin duda, un actuar temerario en perjuicio del citado ciudadano1. <\/p>\n
5. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Ver STC063-2017. <\/p>\n
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