STC12757-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12757-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03299-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Silvia del Socorro Henao de Carmona contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcadas por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haberle negado en ambas instancias, la nulidad formulada en el marco del proceso verbal de nulidad de contrato de promesa que Leonardo Guar\u00edn Bocanegra promovi\u00f3 en su contra, con radicado n.\u00ba 2020-00025-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta senda excepcional se acceda a la protecci\u00f3n rogada, ordenando, en \u00faltimas, que se revoque la decisi\u00f3n proferida el 9 de agosto pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, a trav\u00e9s de la cual se confirm\u00f3 \u00abel auto proferido el 28 de junio de 2021 por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, Boyac\u00e1, dentro del presente proceso verbal de nulidad de contrato de promesa de compraventa\u00bb, y que en su lugar, se disponga \u00abrehacer lo actuado con la notificaci\u00f3n de la demanda al demandado como en derecho corresponde concediendo los t\u00e9rminos procesales para su contestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, expuso que el precitado juicio correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, autoridad ante la cual pidi\u00f3 \u00abel otorgamiento de personer\u00eda para actuar en nombre de mi representada, as\u00ed como la notificaci\u00f3n de la demanda para proceder a su contestaci\u00f3n\u00bb; que el 16 de septiembre anterior, el Despacho le remiti\u00f3 copia del acta de notificaci\u00f3n, la demanda y los anexos, pero esos archivos \u00abno se pudieron abrir\u00bb, raz\u00f3n por la cual, en posterior ocasi\u00f3n, le fue \u00abenviado copia virtual del proceso hasta el folio 119 del mismo\u00bb, sin que se resolviera sobre el reconocimiento de la personer\u00eda del profesional que la representa, y mucho menos sobre su vinculaci\u00f3n al juicio. <\/p>\n
Pese a lo anterior, la c\u00e9lula judicial convocada realiz\u00f3 la audiencia prevista en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, y aunque, dijo, en dicha oportunidad insisti\u00f3 en la necesidad de su enteramiento, pidiendo para ello un saneamiento dentro del proceso en ese particular sentido, su aspiraci\u00f3n fue despachada de forma adversa, pretextando que \u00abya estaba notificado de la demanda, sin estarlo\u00bb, raz\u00f3n que la motiv\u00f3, sin \u00e9xito, a acudir en alzada. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, mediante decisi\u00f3n del 9 de agosto de los corrientes, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales mantuvo inc\u00f3lume esa determinaci\u00f3n, con con base en razones similares a las previamente expuestas, desconociendo, dice, que jam\u00e1s se profiri\u00f3 auto que le reconociera personer\u00eda a su poderdante, impidi\u00e9ndole actuar dentro del asunto, situaci\u00f3n que resulta lesiva de sus intereses, raz\u00f3n por la cual acude a la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 20 de septiembre de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 precis\u00f3, que la demandada fue debidamente enterada del asunto desde el 16 de septiembre de 2020, cuando por solicitud de su poderdante pidi\u00f3 acceso al expediente; que \u00absorpresivamente\u00bb, el apoderado de la tutelante \u00abmanifest\u00f3 que s[u] procurada no hab\u00eda sido notificada de la demanda\u00bb, y pidi\u00f3 \u00abdar aplicaci\u00f3n a la notificaci\u00f3n por conducta concluyente contenida en el canon 301 del estatuto procesal, que desata sus efectos a partir del auto que le reconoce personer\u00eda judicial\u00bb, pues en su criterio, \u00abel acta de notificaci\u00f3n personal [remitida junto con el acceso al expediente] no suple lo dispuesto por la norma adjetiva\u00bb, situaci\u00f3n que desfasa la realidad procesal, raz\u00f3n por la que resolvi\u00f3 de forma adversa la nulidad en su oportunidad elevada, y pide denegar el resguardo reclamado. <\/p>\n
b. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales dijo, que en el tr\u00e1mite constitucional \u00abno concurre ning\u00fan vicio o defecto en la actuaci\u00f3n surtida en el proceso base de la presente acci\u00f3n, y al no existir vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales que sea imputable a esta Corporaci\u00f3n\u00bb, resulta imperioso desestimar la salvaguarda. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la ciudadana Silvia del Socorro est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el auto dictado el 9 de agosto del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR\u00bb lo decidido el 28 de junio anterior por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, de negar la invalidez invocada dentro del proceso verbal que Leonardo Guar\u00edn Bocanegra promovi\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Tribunal Superior de Manizales para mantener \u00edntegramente la decisi\u00f3n del Juez cognoscente y concluir, que no hab\u00eda lugar a declarar la invalidez procesal invocada por la aqu\u00ed interesada, puntualiz\u00f3 que en relaci\u00f3n al supuesto previsto en los numerales 5\u00ba, 6\u00ba y 8\u00ba del art\u00edculo 133 del Estatuto Procesal Civil vigente, \u00abla situaci\u00f3n planteada por el memorialista no tiene la aptitud de engendrar la invalidaci\u00f3n del proceso, pues, en el sub examine, esta irregularidad se presentar\u00eda en el evento en que la demandada no hubiera sido notificada; sin embargo, dicha circunstancia es ajena al tr\u00e1mite surtido\u00bb, en ese orden, precis\u00f3, la \u00ab[l]a demanda radicada el 6 de febrero de 2020, fue admitida mediante auto del 27 de febrero siguiente; orden\u00e1ndose la notificaci\u00f3n y traslado a la contraparte\u00bb, y para surtir el acto de notificaci\u00f3n a la contraparte se \u00abremiti\u00f3 el citatorio de notificaci\u00f3n personal a la pasiva, a trav\u00e9s de correo certificado que fue devuelto con la anotaci\u00f3n \u201cresidente ausente\u201d\u00bb. <\/p>\n
Entonces, a solicitud del apoderado de la all\u00ed demandada elevada \u00abmediante correo electr\u00f3nico del 15 de septiembre de 2020\u00bb, quien contaba con facultad expresa para que en nombre y representaci\u00f3n de aqu\u00e9lla \u00abse notifique y de (sic) contestaci\u00f3n a la demanda de referencia\u00bb, pidi\u00f3 \u00abel reconocimiento de personer\u00eda y la notificaci\u00f3n de su prohijada\u00bb, por lo que la c\u00e9lula encartada \u00able comparti\u00f3 el enlace del expediente digital junto con un documento denominado \u201cacta de notificaci\u00f3n personal demandado\u201d. Minutos despu\u00e9s, el mentado apoderado remiti\u00f3 un mensaje con la siguiente leyenda: \u201cno se puede abrir\u201d, raz\u00f3n por la cual, el despacho procedi\u00f3 a reenviarle el archivo\u00bb, sin que dentro del t\u00e9rmino de traslado se hubiere realizado pronunciamiento alguno, entendiendo con ello superada dicha falencia, circunstancia que impuls\u00f3 al Despacho a fijar fecha y hora \u00abpara la audiencia concentrada y decret\u00f3 pruebas\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea de tiempo, concluy\u00f3 la Magistratura convocada, \u00abno se evidencia yerro alguno en la notificaci\u00f3n practicada a la parte convocada, quien, a trav\u00e9s de apoderado expresamente facultado para ello, se enter\u00f3 de manera personal de la demanda formulada en su contra, lo que se desprende del conocimiento que tuvo su representante judicial del expediente desde el 16 de septiembre de 2020, cuando le fue enviado el enlace de acceso por parte del juzgado\u00bb, actuaci\u00f3n que \u00abse ci\u00f1\u00f3 a lo previsto en numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, solo que, desde luego, la misma se desarroll\u00f3 de manera virtual\u00bb, recabando en que \u00abel apoderado, en ejercicio de las facultades conferidas en el poder y que seg\u00fan el art\u00edculo 77 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), se dirigi\u00f3 al despacho a trav\u00e9s de los canales digitales dispuestos para ello y solicit\u00f3 el enteramiento de su prohijada, por lo que se le permiti\u00f3 el acceso al expediente digital a trav\u00e9s del enlace que le fue compartido, con todo que desde ese mismo momento, el litigante tuvo conocimiento del proceso y de la demanda formulada en contra de su representada; circunstancia que \u00e9l mismo reconoci\u00f3 en la solicitud de la nulidad cuando expres\u00f3: \u201cy s\u00ed, tengo conocimiento del proceso, pero no estoy habilitado, considero yo de manera respetuosa, no estoy habilitado para actuar porque mi representante no est\u00e1 notificada y por tal raz\u00f3n no se dio contestaci\u00f3n de la demanda\u201d (min. 21:48 a 21:57)\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de los derroteros contemplados en el canon 8 del Decreto 806 de 2020 precis\u00f3, que esa normativa \u00abno modific\u00f3 y mucho menos derog\u00f3 el r\u00e9gimen de notificaciones previsto en los art\u00edculos 289 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, pues, a decir verdad, solo lo complement\u00f3 con la implementaci\u00f3n de otros medios alternativos de notificaci\u00f3n, atendiendo las circunstancias propias de las medidas de asilamiento, las restricciones de acceso a las sedes judiciales y el desarrollo de las actuaciones de manera virtual a trav\u00e9s del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, y en lo relativo a la petici\u00f3n de notificarla por conducta concluyente, anot\u00f3 que el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abcomprende dos eventos distintos. El primero, se sustenta en la declaraci\u00f3n inequ\u00edvoca de una parte o un tercero de conocer determinada decisi\u00f3n judicial, lo que tambi\u00e9n se entiende con su menci\u00f3n en alg\u00fan escrito que lleve su firma o durante alguna audiencia o diligencia, con todo que, ante tal manifestaci\u00f3n, el sujeto procesal queda notificado de dicha decisi\u00f3n judicial desde el momento en que expres\u00f3 conocerla. Entretanto, la segunda hip\u00f3tesis revela una circunstancia f\u00e1ctica diferente, pues esta se presenta cuando un sujeto procesal que a\u00fan no est\u00e1 notificado constituye apoderado judicial para que lo represente sin expresar que conoce de determinada providencia, ya que, con dicho acto, se le tendr\u00e1 por enterado de todas las providencias dictadas dentro del proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda, el d\u00eda en que se notifique la providencia que reconoce la personer\u00eda\u00bb, y en el caso bajo estudio, \u00abno se configur\u00f3 ninguno de los dos supuestos factuales regulados en la norma\u00bb. <\/p>\n
A esa conclusi\u00f3n arrib\u00f3, luego de explicar que en el mandato conferido al profesional del derecho, no se expres\u00f3 \u00abde forma inequ\u00edvoca que la demandada tuviera conocimiento del auto admisorio de la demanda u otra providencia y el segundo tampoco, en raz\u00f3n a que el litigante, junto con el mandato radicado, deprec\u00f3 el enteramiento de su representada, quien, por tanto, qued\u00f3 notificada de manera personal a trav\u00e9s de su apoderado cuando este recibi\u00f3 el correo electr\u00f3nico del expediente y tuvo acceso al mismo; de modo que el auto de reconocimiento de personer\u00eda, aun cuando se hubiera proferido, carec\u00eda de la funci\u00f3n notificadora aducida por el apelante, pues, se itera, la notificaci\u00f3n ya estaba practicada\u00bb. <\/p>\n
3.2. De conformidad con lo expuesto, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la promotora del amparo (all\u00ed demandada), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
Ciertamente, el Tribunal Superior de Manizales tuvo en cuenta los hechos expuestos y los normas que rigen la materia, los que permitieron advertir que, en efecto, muy a pesar de lo considerado por el profesional del derecho de la aqu\u00ed actora, no hab\u00eda lugar a declarar la nulidad de lo actuado en el tr\u00e1mite verbal, pues, desde el 16 de septiembre de 2020 el mandatario judicial, quien contaba con facultad expresa para notificarse, tuvo acceso al expediente, por lo que desde entonces pudo ejercer la defensa de su poderdante, aqu\u00ed tutelante, sin que la ausencia del reconocimiento de personer\u00eda para actuar dentro del tr\u00e1mite fuera \u00f3bice para impedir su actuaci\u00f3n, siendo su actitud pasiva la que redund\u00f3 en el adelantamiento del tr\u00e1mite sin su participaci\u00f3n, situaci\u00f3n que no configuraba alguna de las causales previstas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.3. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC7502 -2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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