STC12758-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC12758-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00424-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Iv\u00e1n Dar\u00edo Palacio Campuzano le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades \u2013 Intendencia Regional de esa urbe -, extensiva a Max Hogares S.A.S., la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN -, el Municipio de Medell\u00edn, \u00d3scar Fabi\u00e1n Pino Lopera, Luz Marina Zuluaga Ocampo, Jenny Tatiana e Ignacio de Jes\u00fas Galeano Arango y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00b0 99367. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y buena fe\u00bb, para que se ordenara: i) Adecuar el tr\u00e1mite de Negociaci\u00f3n de Emergencia del Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n de Max Hogares S.A.S. a lo prescrito en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en la Ley 1116 de 2006 y en el Decreto 560 de 2020 y, ii) Aplicar las sanciones correspondientes a la mencionada sociedad, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 5\u00b0, numeral 5\u00b0 del R\u00e9gimen de Insolvencia Empresarial. <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3 que es acreedor de Max Hogares S.A.S. por la suma de seiscientos millones de pesos ($600.000.000,oo) y que el 28 de enero de 2021, \u00e9sta elev\u00f3 ante la autoridad acusada solicitud de \u00abNegociaci\u00f3n de Emergencia del Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n\u00bb, admitida el 4 de febrero siguiente. No obstante, no tuvo acceso al libelo contentivo de tal pedimento, al presentarse un error al consultarlo en el sitio web dispuesto por la encartada. <\/p>\n
Cont\u00f3 que el representante legal de la empresa no incluy\u00f3 su cr\u00e9dito en el proceso de reorganizaci\u00f3n, con pleno conocimiento de su existencia, tanto as\u00ed que concurre demanda ejecutiva adelantada en el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, por lo que formul\u00f3 petici\u00f3n de incorporaci\u00f3n de su acreencia ante la Superintendencia confutada (rad. 2021-01-050646, 23 feb). <\/p>\n
Sostuvo que lo mismo ocurri\u00f3 con el proyecto de acuerdo de reorganizaci\u00f3n, dado que lo conoci\u00f3 el 10 de agosto de los corrientes, cuando la audiencia de Resoluci\u00f3n de Inconformidades y Confirmaci\u00f3n del Acuerdo estaba programada para el d\u00eda 11 siguiente. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, iniciada la vista p\u00fablica, advirti\u00f3 que \u00abel proceso adolec\u00eda de situaciones que deb\u00edan ser saneadas como la no disposici\u00f3n del expediente del proceso en los canales oficiales, el desconocimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n y la violaci\u00f3n al debido proceso concursal y de defensa\u00bb, por lo que el Intendente Regional de Antioquia dispuso un receso hasta las 02.00 p.m., siendo en ese momento las 09:33 a.m., tiempo \u00abinsuficiente toda vez que para su revisi\u00f3n se requiere de un equipo interdisciplinario donde adem\u00e1s del abogado debe estar presente tambi\u00e9n el contador, y este \u00faltimo requiere tiempo para revisar uno a uno los documentos contables fundamento del acuerdo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, de lo revisado en el lapso concedido, encontr\u00f3 que \u00abel acuerdo fue suscrito solamente por las dos acreedoras internas y por la contadora de la sociedad, encontr\u00e1ndose que el c\u00e1lculo no correspond\u00eda a lo dispuesto en el inciso segundo del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, error que una vez corregido evidenciaba que los acreedores internos ostentaban m\u00e1s del 50% del total de los votos y que por esta raz\u00f3n la Superintendencia de Sociedades y el Promotor de la reorganizaci\u00f3n, debieron haberle dado aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 32 de la misma ley\u00bb, y que dicha falencia fue solventada sin realizarse \u00absiquiera una verificaci\u00f3n de la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica que ordena la norma\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, en tal virtud, propuso nulidad por indebida notificaci\u00f3n, bajo la causal 8\u00aa del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, denegada sin adoptar medidas de saneamiento y, que all\u00ed mismo se confirm\u00f3 el Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n allegado por Max Hogares. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN \u2013 rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Max Hogares S.A.S. y Jenny Tatiana Galeano Arango arguyeron que el activante \u00abest\u00e1 utilizando este mecanismo excepcional para volver alegar hechos que fueron resueltos por el juez del concurso y adicionalmente est\u00e1 utilizando este mecanismo para traer a colaci\u00f3n hechos que debieron ser debatidos dentro de la etapa procesal que trae el proceso de Negociaci\u00f3n de Emergencia de Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n regulado por el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 560 de 2020, situaci\u00f3n que vulnera el principio de subsidiariedad que regula este tipo de acciones constitucionales\u00bb. <\/p>\n
\u00d3scar Fabi\u00e1n Pino Lopera requiri\u00f3 se acojan las pretensiones del querellante. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 el auxilio porque no evidenci\u00f3 las irregularidades aducidas por el libelista. <\/p>\n
El accionante y \u00d3scar Fabi\u00e1n Pino Lopera impugnaron. El primero, esgrimi\u00f3 los mismos argumentos del escrito genitor y agreg\u00f3 la falta de aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 1\u00b0 y 8\u00b0 del Decreto 560 de 2020 toda vez que \u00abla Sociedad MAX HOGARES S.A.S. se encontraba afectada desde el a\u00f1o 2016, (\u2026) por ende, no fue consecuencia del Estado de Emergencia que se encontrara en causal de reorganizaci\u00f3n\u00bb y \u00abel Juez del Concurso (\u2026) en ning\u00fan momento agot\u00f3 la etapa procesal correspondiente al control de legalidad\u00bb, y que la radicaci\u00f3n del citado Acuerdo fue extempor\u00e1nea, puesto que \u00abel 4 de febrero de 2021 se decret\u00f3 la admisi\u00f3n de dicha solicitud y el documento de presentaci\u00f3n del acuerdo de negociaci\u00f3n se encuentra fechado del 11 de mayo del 2021 a las 10:55, seg\u00fan consta en sello de dicha entidad, lo que constituye prueba irrefutable\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, Pino Lopera agreg\u00f3 a lo anterior, que \u00abno fue notificado del auto de admisi\u00f3n\u00bb del litigio objetado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte la improcedencia de la salvaguarda y, por ende, la ratificaci\u00f3n del veredicto refutado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Iv\u00e1n Dar\u00edo Palacio Campuzano busca que \u00ab[s]e adecue el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de Emergencia del Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n de la Sociedad MAX HOGARES S.A.S. (\u2026) a lo prescrito en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como en la Ley 1116 de 2006, [Decreto] 560 de 2020 y las dem\u00e1s normas que complementan o modifican los procesos concursales\u00bb, porque, en su criterio, se quebrantaron sus garant\u00edas b\u00e1sicas, al no ser noticiado del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, no tener acceso al infolio a trav\u00e9s del portal web del organismo enjuiciado y no haber conocido el \u00abcontenido del proyecto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb adosado por la compa\u00f1\u00eda concursada. <\/p>\n
No obstante, la prueba obrante en el paginario permite colegir que ninguna irregularidad se desprende del rito del pleito conjurado, pues en \u00e9l se evidencia que: <\/p>\n
i)- La Superintendencia de Sociedades admiti\u00f3 la demanda en prove\u00eddo del 4 de febrero del a\u00f1o en curso, en el cual dispuso, entre otras cosas, la fijaci\u00f3n de un aviso que informara acerca de la iniciaci\u00f3n de dicho tr\u00e1mite, as\u00ed como la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil del domicilio de Max Hogares; por ende, se descarta la \u00abimposibilidad\u00bb del accionante de conocer el contenido de ese pronunciamiento. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto s\u00ed se enter\u00f3, tempestivamente, al punto que el d\u00eda 23 siguiente present\u00f3 su acreencia para que fuera tenida en cuenta. <\/p>\n
ii)- Lo mismo refulge en torno al acceso al expediente mediante el aplicativo de la Superintendencia de Sociedades \u201cbaranda virtual\u201d, dado que, la b\u00fasqueda del infolio puede realizarse con el n\u00famero de radicaci\u00f3n 99367 o con el nombre de la sociedad en reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
iii)- Frente al \u00abdesconocimiento del proyecto del acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb arrimado el 4 de mayo, se observa que desde esa calenda el sedicente no ventil\u00f3 la supuesta anomal\u00eda en la Litis confutada, ni ante Max Hogares, como lo habilitaba el aviso adiado 12 de febrero en su numeral 3\u00b0, seg\u00fan el cual \u201c(\u2026) los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran pertinente con el Representante Legal de la citada sociedad, se\u00f1or Ignacio de Jes\u00fas Galeano Arango, en la direcci\u00f3n Calle 91 No. 50C \u2013 32 en Medell\u00edn (Antioquia); tel\u00e9fono 3012522645; correo electr\u00f3nico maxhogaressas@gmail.com\u201d, sino que esper\u00f3 hasta el d\u00eda anterior a la vista p\u00fablica para comunicar tal circunstancia y, en efecto, Max Hogares le remiti\u00f3 copia de la documentaci\u00f3n reclamada por el precursor (10 ag.). <\/p>\n
Por tanto, correspond\u00eda a Palacio Campuzano, estar al pendiente del curso del proceso. Recu\u00e9rdese que \u00abes deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia\u00bb (CSJ STC15768-2016, STC11736-2020 y STC5977-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, valga aclarar que el \u00abProyecto de Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n\u00bb no fue aportado el pasado 11 de mayo de 2021 como lo afirma el tutelante, sino el d\u00eda 4 del mismo mes y a\u00f1o, seg\u00fan se pudo verificar en el archivo nominado \u201c2021-01-311432-000.pdf\u201d, donde se vislumbra que fue radicado en aquella data a las 16:33 horas, en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 560 de 2020. <\/p>\n
Por estas motivaciones, el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque ninguna trasgresi\u00f3n de atributos b\u00e1sicos se puede imputar a la Supersociedades. Frente al tema, esta Corporaci\u00f3n ha predicado, que \u00ab(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014; STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01 y STC197-2021, 22 en. 2021, rad.00302-01). <\/p>\n
Requiri\u00e9ndose, adem\u00e1s: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, STC8053-2019, 20 jun. 2019, rad. 00231-01 y STC197-2021). <\/p>\n
2.- Ahora en lo concerniente con la inconformidad con el \u00abc\u00e1lculo de derechos de voto que tienen los acreedores internos\u00bb, lo probado es que el Intendente denunciado explic\u00f3 a Iv\u00e1n Dar\u00edo la forma de calcular el voto de los acreedores internos, as\u00ed: \u201cdel activo se descuenta el valor del pasivo y la diferencia entre estos dos \u00edtems, se denomina patrimonio y (\u2026) ese patrimonio es el que le da derecho de voto a los acreedores internos que vienen a ser los socios de la [compa\u00f1\u00eda]; (\u2026) en el caso que nos avoca, la se\u00f1ora Yeni tiene una participaci\u00f3n accionaria del 73.33 y la se\u00f1ora Mar\u00eda Alejandra Jaramillo (sic) tiene el 26.67% (\u2026) estando correcto el c\u00e1lculo que se hizo del acreedor interno\u201d. <\/p>\n
En el caso concreto, concurrieron tres categor\u00edas de acreedores, a saber: categor\u00eda B (entidades p\u00fablicas) con una votaci\u00f3n de 0.0%; categor\u00eda D (internos), con votaci\u00f3n del 44.01% y, categor\u00eda E (acreedores externos), con votaci\u00f3n del 7.87%, para un total de 51.88% de votos; de donde se concluye que el acuerdo fue votado por dos de las tres categor\u00edas, obteniendo la mayor\u00eda requerida, lo que es suficiente para concluir que est\u00e1 conforme a derecho. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la determinaci\u00f3n de 11 de agosto de 2021 no se muestra arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, ya que, seg\u00fan lo ha dicho esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho \u2026\u201d (STC3850-2021). <\/p>\n
3.- Ahora, la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n del canon 1\u00b0 del Decreto 560 de 2020\u00bb esbozada en la impugnaci\u00f3n, constituye una nueva alegaci\u00f3n de la cual no tuvo conocimiento el a quo ni la Superintendencia de Sociedades, por lo que no puede ser objeto de pronunciamiento en esta instancia, ya que afectar\u00eda el \u00abderecho de defensa\u00bb de quien no tuvo la oportunidad de controvertir concretamente dicho aspecto. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa \u2026\u00bb (STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01; STC175-2017, 19 en. 2017, rad. 2016-02054-01 y STC8838-2021). <\/p>\n
4.- De otro lado, respecto de la aspiraci\u00f3n tendiente a que se oficie a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que certifique cu\u00e1ntas denuncias penales cursan en contra de Ignacio de Jes\u00fas y Jeny Tatiana Galeano Arango, debe tener en cuenta el actor que este mecanismo excepcional no fue estatuido con ese fin, sino para \u00abla protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb de los ciudadanos, adem\u00e1s, de que, puede acudir directamente ante dicha dependencia a formular las quejas que estime pertinentes; eso s\u00ed, asumiendo las consecuencias de su proceder. <\/p>\n
5.- Finalmente, en lo relacionado con la afirmaci\u00f3n del recurrente \u00d3scar Fabi\u00e1n Pino Lopera, en el sentido de que \u00abno fue notificado del auto de admisi\u00f3n\u00bb del pleito confutado, encuentra la Sala que Max Hogares efectu\u00f3 su enteramiento mediante misiva del 11 de febrero hoga\u00f1o, dirigido al correo electr\u00f3nico fabianines63@hotmail.com, misma cuenta que registra en el escrito impugnatorio, de manera que no puede alegar por este sendero especial, la falta de comunicaci\u00f3n de la rese\u00f1ada providencia. <\/p>\n
6.- Ergo, se convalidar\u00e1 la resoluci\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase lo actuado a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12758-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA STC12758-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2021-00424-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de septiembre de 2021 por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57807"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57807\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}