STC12761-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12761-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01477-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que John Jairo Mart\u00ednez Bravo le instaur\u00f3 a la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga y Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. – Coomeva E.P.S., extensiva al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle del Cauca, Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., Delima Marsh S.A., as\u00ed como a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00b0 765203110001201800206. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderada, suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abdignidad humana\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb, \u00ablibertad\u00bb e \u00abigualdad ante la ley\u00bb y, en consecuencia, exigi\u00f3 que se ordene, al \u00abtribunal, que profiera una nueva decisi\u00f3n dentro de la tutela radicada bajo el no 76-520-40-71-001-2018-00206-00, en la que se [le] garantice (\u2026) el m\u00ednimo vital\u00bb, o subsidiariamente: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00aba Manuelita S.A., que reciba las incapacidades generadas desde el mes de enero de 2018 y proceda a su pago, el cual deber\u00e1 realizar hasta tanto cesen las incapacidades, o se defina la situaci\u00f3n del accionante respecto del origen de la p\u00e9rdida de capacidad. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00aba la E.P.S. COOMEVA, que reciba las incapacidades generadas desde el mes de enero de 2018 y proceda a su pago, el cual deber\u00e1 realizar hasta tanto cesen las incapacidades, o se defina la situaci\u00f3n del accionante respecto del origen de la p\u00e9rdida de capacidad. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. O en subsidio, se realice \u00abun an\u00e1lisis jur\u00eddico del caso, para definir si es posible el cambio del origen de una pensi\u00f3n de invalidez, cuando se han pagado mesadas pensionales por un t\u00f3pico diferente. (\u2026) con el fin de saber si el hecho de que mi poderdante realice los tr\u00e1mites para la pensi\u00f3n de invalidez por origen com\u00fan, le impedir\u00eda una vez quede en firme la decisi\u00f3n que se adopte dentro del proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, reclamar la pensi\u00f3n de invalidez de origen laboral. <\/p>\n
Adujo que le promovi\u00f3 \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb a Manuelita S.A., la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle del Cauca, Coomeva E.P.S., y Colpensiones, para que \u00abse reanudara el pago de las incapacidades\u00bb y realizara \u00abuna nueva calificaci\u00f3n\u00bb teniendo en cuenta el dictamen de la ARL (rad. 2018-00206), concedida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, quien dispuso que la E.P.S. \u00abprocediera con el reconocimiento y pago de las incapacidades generadas (\u2026) desde el 1 de enero de 2018 al 14 de mayo de 2018 (fecha en que finaliza la \u00faltima incapacidad m\u00e9dica). As\u00ed [como de las ocasionadas] (\u2026) con posterioridad al 14 de mayo de 2018, hasta que se restablezca su salud, se reintegre a sus labores o se conlleve a un posible reconocimiento pensional\u00bb, pero neg\u00f3 lo concerniente al nuevo dictamen y calificaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el superior revoc\u00f3 tal veredicto, lo inst\u00f3 a iniciar \u00abel tr\u00e1mite tendiente a obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb y orden\u00f3 a Colpensiones que \u00abprocediera dentro del t\u00e9rmino de ley (4 meses) a reconocer[le] y pagar[le]\u00bb dicha prestaci\u00f3n (15 ag. 2018). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 26 de junio de 2019 se admiti\u00f3 la demanda ordinaria laboral que le inco\u00f3 a la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle del Cauca, Coomeva E.P.S. S.A., Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., Manuelita S.A. y Delima Marsh S.A., para que se declarara que las patolog\u00edas que padece son de origen laboral y, por ende, ordenara el pago de las incapacidades generadas desde el mes de enero de 2018; litigio que se encuentra en curso (rad. 2019-00223). <\/p>\n
Finalmente, aclar\u00f3 que \u00abaunque esta tutela comparte identidad procesal con la (\u2026) radicada bajo el No 2018-00206-00, no estamos frente al fen\u00f3meno de cosa Juzgada, toda vez que el origen de la enfermedad es objeto de controversia judicial\u00bb, y \u00abno existe otro mecanismo para resolver de forma provisional la situaci\u00f3n por la cual atraviesa\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo de Familia reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por \u00abno ha[ber] vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al accionante\u00bb en el tr\u00e1mite del auxilio n\u00ba 2018-00206. <\/p>\n
Colpensiones resalt\u00f3 la inviabilidad del ruego, dado que el gestor: i) No le ha requerido el pago de incapacidades, la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de la capacidad laboral ni el reconocimiento de pensi\u00f3n de invalidez y, ii) Debe acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral para obtener el \u00abreconocimiento de los derechos\u00bb que persigue, m\u00e1xime cuando no acredit\u00f3 la grave afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital. <\/p>\n
El Tribunal de Buga defendi\u00f3 la legalidad de la determinaci\u00f3n confutada y destac\u00f3 que la guarda \u00abno cumple con el requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
Manuelita S.A. manifest\u00f3 que: a) Existe \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, porque \u00abhabi\u00e9ndose absuelto por parte del Tribunal de Buga a Coomeva EPS del pago de las incapacidades (\u2026), consecuentemente, MANUELITA S.A. ha sido liberada de la obligaci\u00f3n de gestionar el pago de tales auxilios de incapacidad\u00bb; b) Debido a la \u00abnegligencia\u00bb del actor para solicitar la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan, \u00e9ste no ha podido disfrutar de sus \u00abderechos\u00bb, pese a que el juez constitucional en otra \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb decidi\u00f3 lo concerniente al pago de las incapacidades y lo exhort\u00f3 a proceder en dicho sentido, lo que tiene efecto de \u00abcosa juzgada\u00bb; c) El cambio del origen de la invalidez est\u00e1 siendo debatido ante la justicia ordinaria (rad. n\u00ba 2016-223); d) La \u00abacci\u00f3n de tutela no constituye un mecanismo consultivo, a trav\u00e9s del cual se le puedan pedir conceptos a la Corte Suprema de Justicia\u00bb y, e) El \u00abderecho al m\u00ednimo vital\u00bb del libelista no se est\u00e1 afectando, ya que \u00e9ste afirm\u00f3 estar percibiendo el pago de arriendos y prestaciones del contrato de trabajo que mantiene con tal empresa. <\/p>\n
La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle del Cauca sostuvo que el 12 de julio de 2017 declar\u00f3 la firmeza del dictamen de p\u00e9rdida de la capacidad laboral, en atenci\u00f3n a que no fue objeto de recurso y destac\u00f3 la improcedencia del resguardo por inobservancia de los requisitos temporal y de subsidiaridad, en tanto la controversia relacionada con el aludido concepto t\u00e9cnico ha de ser desatada por la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
Coomeva E.P.S. inform\u00f3 que el accionante registra como afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de \u00abcotizante\u00bb en estado \u00abactivo\u00bb, sin que le hubiese negado el acceso al sistema de salud. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego porque el fallo reprochado \u00abdata del 15 de agosto de 2018 y la solicitud de amparo fue interpuesta pasados cerca de tres a\u00f1os\u00bb y, adem\u00e1s, fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, pero el accionante no inst\u00f3 su selecci\u00f3n, siendo excluido de tal estudio y, por tanto, adquiriendo \u00abefectos de cosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
4.- El precursor impugn\u00f3 destacando que: 1) La orden que se le imparti\u00f3 en el \u00abamparo\u00bb anterior lo obliga a \u00abreclamar un derecho bajo el presupuesto de que la invalidez es derivada de un origen que no se comparte\u00bb, lo que le impide acceder a la pensi\u00f3n hasta tanto se emita sentencia que quede ejecutoriada en el proceso ordinario laboral y, 2) Que el a quo no resolvi\u00f3 las inquietudes que plante\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.1.- De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, la \u00abtutela contra tutela es improcedente\u00bb, salvo cuando en el procedimiento seguido se desconozca de manera flagrante la \u00abgarant\u00eda al debido proceso\u00bb, esto es, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00), siempre y cuando se cumplan los \u00abpresupuesto de procedibilidad\u00bb de la misma. <\/p>\n
1.2.- Pues bien, en el sub lite, se inobserv\u00f3 sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el requisito temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Ello, en vista que, examinado el expediente rebatido, se logr\u00f3 establecer que entre el veredicto emitido en la tutela n\u00ba 2018-00206 (15 ag. 2018) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (19 jul. 2021), transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os y once (11) meses; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha expresado que <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC4535-2020). <\/p>\n
De manera que, si el quejoso se demor\u00f3 en activar este dispositivo, de su mutismo deriv\u00f3 dicha secuela, m\u00e1xime cuando no adujo ni demostr\u00f3 circunstancia alguna que permita tener por superado el aludido \u00abpresupuesto temporal\u00bb. <\/p>\n
1.3.- Adem\u00e1s, lo controvertido por Mart\u00ednez Bravo no es la falta o indebida notificaci\u00f3n o integraci\u00f3n del contradictorio, \u00fanicos eventos en los que ser\u00eda admisible el \u00abexamen supralegal\u00bb de otra causa similar, sino el sentido mismo de la sentencia dictada por la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, que defini\u00f3 lo pretendido en anterior acci\u00f3n de an\u00e1logo tenor (rad. n\u00ba 2018-00206). <\/p>\n
1.4.- Finalmente, se advierte que no resulta procedente resolver los interrogantes planteados por Mart\u00ednez Bravo en el escrito introductor y en la impugnaci\u00f3n, ya que est\u00e1 Sala no es un \u00f3rgano consultivo. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, se avalar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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