STC12763-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12763-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que Proyectos Negocios y Bienes S.A.S. le instaur\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, extensiva a CIU Colombia S.A.S. y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00371. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La sociedad gestora, actuando a trav\u00e9s de apoderada, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abdefensa\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara \u00ab(\u2026) dejar sin efecto el auto que declar\u00f3 la preclusi\u00f3n del per\u00edodo probatorio y se reabra el debate para que mis representados ejerzan su derecho de defensa en el proceso y, por ende, dejar sin efectos la sentencia\u00bb. <\/p>\n
De la evidencia allegada al plenario se constat\u00f3 que: <\/p>\n
a.)- En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, cursa el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado por mora en el pago del canon, que CIU Colombia S.A.S. adelant\u00f3 en contra de Proyectos Negocios y Bienes S.A.S. (rad. 2019-00371-00). <\/p>\n
b.)- El 20 de febrero de 2020 la parte actora contest\u00f3 la demanda y propuso excepciones de m\u00e9rito, de las que se orden\u00f3 correr traslado (16 mar.), decisi\u00f3n que, v\u00eda reposici\u00f3n, se mantuvo inc\u00f3lume eximiendo al \u00abdemandado de cancelar los c\u00e1nones de arrendamiento que la parte demandante inform\u00f3 le son adeudados; sin embargo, deber\u00e1 consignar a \u00f3rdenes del Despacho los c\u00e1nones causados en el transcurso del proceso, so pena de no ser escuchado en la tramitaci\u00f3n\u00bb (22 jul.). <\/p>\n
c.)- CIU Colombia S.A.S. solicit\u00f3 amparo constitucional \u00aben virtud de que el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BELLO, no repuso el auto que decret\u00f3 pruebas en especial, el nombramiento de un perito avaluador de las mejoras solicitadas por la parte demandada\u00bb, salvaguarda que deneg\u00f3 el Tribunal de Medell\u00edn y confirm\u00f3 esta Sala (STC4924-2021, 6 may.). <\/p>\n
d.)- El juzgado encartado \u00abcon el fin de evitar un eventual incidente por desacato, habida cuenta que, tanto la parte considerativa como resolutiva de una decisi\u00f3n constitucional como la referenciada precedentemente, es vinculante para las partes involucradas en la misma; y ya que, seg\u00fan se desprende del reporte de t\u00edtulos judiciales que antecede, la parte demandada se sustrajo de su obligaci\u00f3n de cancelar los c\u00e1nones de arrendamiento que se causaron al interior del presente tr\u00e1mite, de conformidad con lo se\u00f1alado en el numeral tercero del auto que admiti\u00f3 la demanda en concordancia con lo dispuesto en el art\u00edculo 384 del CGP, se le pone de presente a la parte demandada que dejar\u00e1 de ser o\u00eddo dentro de este proceso\u00bb, declar\u00f3 precluido el periodo probatorio (21 jun. 2021). <\/p>\n
Proyectos Negocios y Bienes S.A.S. interpuso apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, concedida en el efecto devolutivo (22 jul.); <\/p>\n
e.)- El d\u00eda 27 siguiente se dict\u00f3 sentencia que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
f.)- CIU Colombia S.A.S. recurri\u00f3 en reposici\u00f3n el prove\u00eddo que concedi\u00f3 la alzada (22 jul. 2021) y la sentencia (27 jul. 2021). Proyectos Negocios y Bienes S.A.S. formul\u00f3 nulidad, apelaci\u00f3n, queja respecto del fallo y apelaci\u00f3n, en subsidio queja, frente al auto de 22 de julio. <\/p>\n
El despacho querellado, resolvi\u00f3: <\/p>\n
i). \u00abfrente al recurso de reposici\u00f3n presentado por la parte demandante frente a la sentencia que puso fin a la instancia, se rechaza el mismo por improcedente por cuanto dicho medio impugnaci\u00f3n solo procede contra los autos que dicte el juez y como bien lo dice el recurrente en la presente oportunidad estamos de cara a una sentencia. Igualmente se le pone de presente (\u2026) este asunto es de \u00fanica instancia (numeral 9 del art 384). <\/p>\n
ii). \u00abRespecto del recurso instaurado por la parte demandante frente al auto que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n (\u2026), se proceder\u00e1 a dar traslado del mismo (\u2026). <\/p>\n
iii). \u00abAhora bien, se le reitera a la parte demandada que, tal y como se indic\u00f3 en auto anterior, no ser\u00e1 escuchado en el proceso hasta que demuestre el pago total de los c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
Adujo la accionante, no entender como \u00abel despacho otorga el recurso de apelaci\u00f3n y lo notifica el 28 de julio, a sabiendas que el mismo 28 de julio notifica la sentencia de car\u00e1cter declarativa y accede a todas las pretensiones de la demanda. El anterior acto procesal viola el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa y se encuadra perfectamente dentro de las causales de nulidad procesal omitiendo la oportunidad de practicar pruebas, como tambi\u00e9n omite la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n, o para sustentar un recurso o descorrer su traslado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello allego link de acceso al expediente digitalizado y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
CIU Colombia S.A.S. se opuso al auxilio y sostuvo que \u00ab(\u2026) no existe una v\u00eda de hecho, debido a que la parte demandada cuestiona y esgrime agresi\u00f3n por el no otorgamiento de un recurso de apelaci\u00f3n y de queja, respecto de un auto que hace parte de un proceso de UNICA INSTANCIA, donde es improcedente a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela habilitar recursos no otorgados por la ley, como lo es este caso, ya que el art\u00edculo 384 numeral 9 del CGP nos dice taxativamente que este proceso es de \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir que \u00ab(\u2026) todas las decisiones proferidas por el funcionario cognoscente del proceso y reprochadas por la tutelista, han sido emitidas con apego a la normativa constitucional y legal, sustentos jurisprudenciales, y fundamentos f\u00e1cticos aplicables al asunto debatido, de los que no se evidencia que fueron emitidas a su antojo, de forma irracional o desmedida; s\u00ed en cambio, se encuentran soportadas en argumentos que, como bien lo dijo el reclamado, estando al l\u00edmite interpretativo de que est\u00e1 investido; actuaciones que de ninguna manera pueden catalogarse como vulneradoras de los derechos por los que pidi\u00f3 protecci\u00f3n la reclamante, no se incurre en v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Replic\u00f3 la precursora, requiriendo \u00abtener en cuenta, fallo de la Honorable Corte Constitucional, sala quinta de Revisi\u00f3n, sentencia T-5482\/20 del Magistrado sustanciador ANTONIO JOS\u00c9 LIZARAZO OCAMPO, en el cual se advierte: (\u2026) Frente a un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en que se alega la falta de pago de la renta, se presenta incertidumbre sobre la existencia del negocio jur\u00eddico. Se reitera, que las cargas probatorias contenidas en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, referente al pago de los c\u00e1nones adeudados en la demanda y de los que se causen durante el juicio no son exigibles en un proceso de restituci\u00f3n de inmueble, no son exigibles, cuando se presente incertidumbre sobre la existencia del contrato de arrendamiento y tal supuesto de hecho hubiere sido alegado oportunamente por este o constatado directamente por el juez. Lo anterior, no fue tenido en cuenta por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN -SALA CUARTA DE DECISI\u00d3N CIVIL, toda vez que con el auto que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n del decreto de pruebas se cercen\u00f3 y se acall\u00f3 el derecho de defensa de la demandada, violando as\u00ed el derecho de defensa y la oportunidad probatoria de demostrar las condiciones superfluas de la demandante, para acallar a la demandada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite Proyectos Negocios y Bienes S.A.S. critica el interlocutorio expedido el 21 de junio \u00faltimo por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, por medio del cual \u00abdeclara precluido el periodo probatorio\u00bb. <\/p>\n
No obstante, la Sala advierte el fracaso de la tutela y la confirmaci\u00f3n de lo opugnado, por prematura, comoquiera que, de las evidencias allegadas al plenario se advierte que la precursora interpuso \u00abapelaci\u00f3n\u00bb contra dicho prove\u00eddo, concedida en \u00abefecto devolutivo\u00bb, en auto de 22 de julio, que a su vez CIU Colombia S.A.S. atac\u00f3 en reposici\u00f3n, recursos todos que no han sido resueltos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al hallarse latente la definici\u00f3n de dichos pedimentos al tiempo de la proposici\u00f3n del socorro, este se torna presuroso, si se tiene en cuenta que es el juez ordinario quien debe dirimir la problem\u00e1tica sometida a su escrutinio. <\/p>\n
En ese sentido, ha dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u00ab(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01; STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01 y STC1441-2021) \u2013 Subrayado y Negrita Adrede. <\/p>\n
2.- Finalmente, en torno a lo requerido en el escrito de impugnaci\u00f3n, en el sentido de \u00abtener en cuenta, fallo de la Honorable Corte Constitucional, sala quinta de Revisi\u00f3n, sentencia T-5482\/20 (\u2026)\u00bb, se memora que, como en otras ocasiones se ha sostenido, los pronunciamientos dictados \u00abv\u00eda tutela\u00bb surten efectos \u00abinter partes [y] que no [tienen] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que plantea en relaci\u00f3n con [la interesada] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01 citada en STC4595-2021 y STC6512-2021); adem\u00e1s, debe atenderse el supuesto de \u00absubsidiaridad\u00bb antes de adentrarse en el examen de la existencia o no de vulneraci\u00f3n, lo que impide aplicar por s\u00ed la analog\u00eda que predica la recurrente. <\/p>\n
3.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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